Esto último quedó expresamente demostrado el miércoles 15 d.c. cuando el alcalde provincial se presentó ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República para responder a los cuestionamientos recogidos a partir del informe de veeduría levantado por la Oficina Regional de Control y la visita del secretario de dicho grupo de trabajo, congresista Segundo Tapia Bernal, quien constató el calamitoso estado de las calles intervenidas por la obra de renovación de las redes de agua y alcantarillado.
En la sesión, Torres Gonzales aseveró que “intereses políticos de un cierto grupo de la sociedad” intentan desprestigiarlo a raíz de la denuncia por peculado de uso que formulara en su contra el Ministerio Público y cuya sentencia fue anulada en abril pasado por el Tribunal Constitucional.
Además, el edil rehuyó a las interrogantes formuladas por los parlamentarios, sin explicar, por ejemplo, quiénes fueron los ingenieros que formularon el expediente técnico de la obra; si el Consorcio Chiclayo (ejecutor del proyecto), tenía experiencia en trabajos de saneamiento y quién ocupaba la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad de Chiclayo cuando se realizaron las modificaciones al expediente, pese a que sabe que fue el ingeniero José Sosa Saavedra, quien efectuó dichas acciones con su anuencia.
Según la información que dio el alcalde a la comisión, la obra de saneamiento, iniciada hace un año, presenta un 39% de avance. Sin embargo, su respuesta fue rebatida por el director nacional del Programa de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Richard Acosta, quien señaló que los trabajos tienen solo el 28% de avance de obras físicas y un gasto superior al 60% del presupuesto, es decir, poco más de 15 millones de soles. (El valor de la obra es de 28 millones)
La comisión tiene 40 días para emitir su informe final y determinar si se amerita que el caso pase al pleno del Congreso y se proceda al encausamiento judicial de los hechos irregulares presentados en la ejecución del proyecto de agua y desagüe.
Saben la problemática
A decir del vocero del colectivo Chiclayo Despierta, abogado Pedro Torres Fernández, el trabajo realizado por el congresista Segundo Tapia Bernal es bastante importante, porque pudo verificar que lo denunciado por la sociedad civil a través de los medios de comunicación es cierto y que existen razones de responsabilidad contra la autoridad municipal.
“Fue notorio que previo a la visita del congresista a Chiclayo algunas calles fueron tapadas para evitar la presentación tal cual la vivimos nosotros día a día. Eso fue importante porque sensibiliza a los congresistas respecto a aquello que es materia de investigación y de lo que el alcalde tiene que decir y responder sobre una serie de cuestionamientos a la obra de agua y desagüe y que además él mismo ha reconocido, sabiendo que la lógica de solución al problema del saneamiento requería, primero, la renovación de los emisores principales, cosa que no se hizo”, señala.
Y es que la gestión municipal prefirió realizar una obra que, según el análisis formulado por el Colegio de Ingenieros – Consejo Departamental de Lambayeque y expertos en saneamiento básico, no significa ninguna mejora, porque se está cambiando tuberías de nueve pulgadas por otras del mismo diámetro, sin considerar el proceso de crecimiento urbano ni el incremento de las construcciones verticales en el centro de la ciudad que generan mayor fuerza sobre las redes del servicio básico.
“Se está haciendo más de lo mismo, se están poniendo tubos para conducir las aguas servidas a emisores que no han sido renovados y por lo tanto la problemática va a continuar”, expresa el vocero del colectivo.
Torres Fernández cuestiona también que la comuna haya procedió a ejecutar la renovación de redes sin tener presupuesto para la reposición de la carpeta asfáltica.
“Es decir, desde la concepción la obra estuvo mal diseñada, a lo que se suman los trabajos sin dirección ni planeamiento. Abren una zanja hoy, la cierran, las vuelven a abrir, el tránsito sigue siendo caótico, a los ciudadanos nos toma cada vez más tiempo ir de un lado a otro, las pistas siguen deterioradas, se generan problemas en los negocios y en la salud de los vecinos. Todo es un caos, aunque la autoridad diga que no”, añade.
Determinar responsabilidades
En tal sentido, señala que el colectivo que representa confía que tras la presentación de Roberto Torres en la comisión de Fiscalización, el grupo de trabajo tendrá la motivación suficiente para establecer responsabilidades que deben ser denunciadas ante los organismos competentes para que se apliquen las sanciones del caso.
Agrega que conductas como la del congresista fujimorista Alejandro Aguinaga Recuenco, representante por Lambayeque y miembro titular de la comisión, resultan lamentables, toda vez que durante la presentación del alcalde este defendió su accionar y avaló las afirmaciones hechas por Torres Gonzales sobre pretensiones políticas de desprestigio en su contra.
“Siendo crudos y realistas, nosotros sabemos que las denuncias contra el alcalde hasta ahora no han producido resultados porque hay toda una estrategia, operadores políticos y grandes influencias que él maneja. Por esta razón, es que tenemos, por ejemplo, sentencias como la del Tribunal Constitucional que es ampliamente cuestionada y que no toma en cuenta, siquiera, jurisprudencia que el mismo órgano ha generado”, refiere el abogado.
La voz ciudadana
Por esta razón Pedro Torres considera necesario que los ciudadanos continúen ejerciendo el derecho de protesta amparado por la Constitución, con el que se apunta a ejercer válida presión sobre los órganos llamados a investigar a profundidad los presuntos casos de corrupción en la administración municipal.
“Nosotros como colectivo somos plenamente conscientes que las cosas van a seguir igual hasta que los ciudadanos no decidamos ser parte de la solución. Mientras sigamos asistiendo como meros expectadores de lo que sucede, dando opiniones en charlas de café, en conversaciones por teléfono o por las redes sociales, las cosas no van a cambiar en nuestra ciudad. Cuando decidamos exigir respeto a nuestros derechos y confrontar a la corrupción que está en todos lados, en ese momento las cosas van a cambiar. Debemos seguir empleando los canales formales que la democracia y el orden jurídico nos permiten para castigar a quien incumple su función. Mientras la ciudadanía no respalde esto, no se tendrá los resultados que quisiéramos, por ello Las protestas ciudadanas contra el caos deben continuar”, indica.
Torres Fernández señala que la ciudadanía debe permanecer activa, representada por organizaciones no vinculadas a partidos o propósitos electorales y que puedan decir las cosas claras y directas sin tener temor a que el poder político intente avasallarlas.
“Se ha demostrado que sí existe un sentimiento de descontento y rechazo al estado de la ciudad. Las manifestaciones populares dadas en los meses previos van más allá de ser solo expresiones de un grupo de personas. Las organizaciones de la sociedad civil están simplemente a la espera de una nueva convocatoria para nuevamente protestar en masa por el abandono de Chiclayo en las calles”, manifiesta.
+ NOTICIAS
• Chiclayano Despierta ha iniciado un interesante trabajo de concientización difundiendo un video a través de las redes sociales donde aparecen rostros conocidos, gente común y que representa a los miles de ciudadanos preocupados por los problemas de Chiclayo y en el que se deja clara la identidad del colectivo, rechazando las imputaciones políticas que se hacen desde el aparato municipal.
• El 22 de mayo, al cumplirse un año de la sentencia dada contra Roberto Torres, el colectivo realizaría una nueva incursión urbana de rechazo a la no solución de los problemas de la ciudad.
“Sabemos que las denuncias contra el alcalde hasta ahora no han producido resultados porque hay toda una estrategia, operadores políticos y grandes influencias que él maneja”.
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