17 julio 2009

La Nueva Concentración de la Propiedad Rural

A partir de la década de los 90 empieza a emerger en el campo peruano, en forma cada vez más nítida, un nuevo actor: la gran propiedad agroindustrial. Adquiriendo propiedades por diversas vías, pero principalmente por adjudicación de tierras eriazas por el Estado, compra de acciones en empresas azucareras y adquisición de grandes parcelas en las subastas públicas de proyectos de irrigación, un grupo de empresas y grupos económicos viene acumulando grandes cantidades de tierras.
Este mapa —que no pretende ser exhaustivo, sino que se basa en la información dispersa y poco sistematizada que caracteriza a este dinámico fenómeno— da cuenta de lo avanzado que se encuentra el proceso. (El mapa no registra la concentración de tierra en industrias extractivas como la minería, petróleo o madera.) Alrededor de un cuarto de millón de hectáreas ya se encuentran en manos de un puñado de estas empresas agroindustriales.
Como puede observarse, este proceso se viene dando con mayor fuerza en los departamentos de la costa norte y centro-sur. Destaca La Libertad, que, con cerca de 100,000 hectáreas en manos de 13 propietarios, presenta un nivel de concentración de tierras muy elevado, resultado de la doble presencia de Chavimochic y varios de los complejos azucareros más importantes. La presencia de San Martín se debe básicamente a las plantaciones de palma aceitera del Grupo Romero.
Mas información:
http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra107/LRA-107.pdf

15 julio 2009

La Disputa por los Recursos

Dos son los hechos que están marcando la coyuntura política del país: la movilización de las poblaciones amazónicas en protesta por los decretos legislativos que amenazan sus derechos sobre las tierras que ocupan ancestralmente, y la propuesta de los parlamentarios apristas de establecer el límite de 40 mil hectáreas de tierra agrícola para las propiedades en la costa.
Los dos hechos están vinculados, pues se ubican en la perspectiva amplia de disputa por los recursos naturales —en este caso, la tierra y las riquezas que encierra—, cuyo control recae cada vez más en las manos de grandes inversionistas. No solo son las tierras agrícolas, sino también las que encierran recursos mineros, petroleros y forestales. Este proceso de disputa se hace en condiciones totalmente desiguales, pues, por un lado, están los poderosos grupos económicos, extranjeros y nacionales, apoyados por los gobiernos de las últimas dos décadas; y, por otro, poblaciones que ocupan gran parte de esas tierras, sobre las que ejercen un derecho consuetudinario —es el caso de las comunidades campesinas y nativas—, o pequeños propietarios obligados a vender por carecer de recursos económicos y estar marginados de las políticas públicas. Es preciso notar que, aunque este proceso de concentración de control de la tierra y otros recursos data de la década pasada, es este gobierno el que ha puesto especial esmero en su ampliación y consolidación. Clara expresión de ello es el manifiesto del presidente Alan García, El síndrome del perro del hortelano, que afirma de manera casi literal que los campesinos no están en capacidad de utilizar sus recursos, pues son ignorantes y pobres, razón por la cual sus derechos de propiedad no son sino aparentes y, por consiguiente, deben ser transferidos a la gran inversión. Este manifiesto, publicado por El Comercio el 28 de octubre de 2007, es en realidad la exposición de motivos de los decretos legislativos de junio de 2008, varios de los cuales lesionan los derechos de campesinos y poblaciones nativas y continúan motivando la decidida oposición de estas últimas.
El que los congresistas reconozcan la inconstitucionalidad del D.Leg. 1090 y propongan, al mismo tiempo, que no puede haber propiedades de más de 40 mil hectáreas en la costa —una extensión mayor que la mayoría de los valles costeños—, muestra una grave inconsistencia de su posición con respecto a la disputa por el control del recurso tierra. Como se documenta en este número de LRA, se están formando latifundios más grandes que los que existían en esta región antes de la reforma agraria de 1969 —ninguno llegó a las 30 mil hectáreas—, con todo lo que ello significa de concentración, no solo de poder económico, sino político, social y territorial, amén del riesgo de un nuevo gamonalismo —moderno, sí, pero finalmente gamonalismo—. En realidad, la propuesta congresal da mayor fuerza legal a la formación de latifundios.
Más Información:
www.cepes.org.pe/revista/agraria.htm

14 julio 2009

Forum Evaluación de la Campaña Arrocera 2008 - 2009 - Acciones y estrategias para el Futuro Arrocero Regional

El viernes de 10 de Julio del presente año se llevó a cabo el Forum en mención con la presencia más de 50 personas en el auditorio de la Junta de Usuarios Del Riego Chancay Lambayeque. La inauguración del evento estuvo a cargo del Presidente de la JURCHL Sr. Genaro Vera Roalcaba.
Las exposiciones para visualizar tal perspectiva comenzaron con la presencia de la Ing. Agrónoma Marilú Chacón Gonzáles quién habló acerca de los Lineamientos y Políticas Campaña Agro- Arrocera 2008-2009 en reemplazo del Ing. Leoncio Navarrte Moreno quién se encontraba de comisión en la capaital por ese día. Además recalcó que para lamabayeque se había programdo 28,000 Has a sembrar lamentablemente se han sembrado 54,800 Has. (es por ello el problema de la sobreproducción)
con la exposición Manejo integrado de Plagas-Agroquímicos Nocivos, Efectos en Cultivar Arroz el Ing. José Gonzáles del SENASA - Lambayeque, dió a conocer la importancia de la administración de las dosis de los químicos y como manejarlos (uso indiscriminado), problemática de las plagas, problemática del cultivo y de las consecuencias (eleva costos, incrementa la agresividad de plagas, contaminación, Hombre - ambiente).
De parte del INIA el Dr. carlos Bruzzone Córdova habló sobre los resultados de la campaña y de los factores que afectan el rendimiento y calidad del grano: la elección de la variedad, preparación del terreno y de la siembra oportuna.
Y para cerrar las exposiciones el Presidente del Consejo Directivo - AREPAL Sr. Divar Moya Zavaleta hizo exposición de los resultados socio económicos de la campaña 2008-2009.

Acuerdos y Conclusiones
*Lametablemente la ausencia de la Mesa Directiva de la JUDRCHL se hizo notar (para una próxima oportunidad deben de estar presentes).
*Los Agricultores si tienen visión empresarial, lamentablemente no cuentan con el apoyo del Gobierno central.
*Pensar que ya se esta sufriendo las consecuencias del Cambio Climático.
*Aplicar Nuevas técnicas de Riego como por ejemplo (El Riego Con Secas Intermitentes)
*Establecer una alianza estratégica para el desarrollo del Agro Lambayecano.
*No permitir la excesiva siembra (Planificación Técnica) para no salir perjudicados.
*Conjugar esfuerzos para poder solucionar los problemas.
*Constituir un comité técnico interinstitucional (multidisciplinario)para poder ejecutar propuestas que se propaguen.

13 julio 2009

La Ley de Recursos Hídricos y la Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Luego de la promulgación de la Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua -ANA- ha iniciado un procedimiento para cumplir con el encargo de elaborar el reglamento de esta Ley; desde aquí saludamos el enfoque de participación y transparencia que el Jefe de la ANA le está imprimiendo a este proceso –ojalá hubiese sido así el proceso de formulación de la Ley.
En nuestra opinión, la reglamentación de la Ley de RH no será suficiente para la gobernabilidad del agua si no se debaten y resuelven antes sus principales cuestionamientos.
En la Ley, uno de estos aspectos es la falta de representatividad del Sistema de RH (Art.11). El Directorio de la ANA no representa el Sistema de RH. Lo menos que podría hacerse es sustituir el directorio indicado en el Art. 19 por un representante de cada uno de los siete estamentos del "Sistema", más un representante destacado de la sociedad civil -refrendados por el Congreso. En lugar de eso, tenemos que ocho de los doce miembros son del sector público y el Jefe de la ANA es nombrado por el Ministro de Agricultura. Así, no habrá continuidad y la ANA no será nunca autoridad autónoma –estará sujeta como hasta ahora, al vaivén de la política y de los poderosos. El Jefe de la ANA ha publicado una nota en los diarios indicando cómo será la selección de los otros cuatro miembros del directorio, pero no dice cómo serán las reglas para el nombramiento de los otros ocho. Pensamos que el Directorio debería ser quien nombre al Jefe de la ANA y éste nombramiento refrendado por el Congreso.
Otro tema es el financiamiento. La ley dice que los recursos que se recaudan de los usuarios sirven para el financiamiento de la ANA (Art. 16.2), y que las contribuciones económicas son recursos de la ANA (Art.90). ¿No sería mejor que la ANA fiscalice y que los aportes de los usuarios sean para el funcionamiento de sus organizaciones, la protección del agua y de sus cuencas? La ANA no maneja el agua, debería de tener roles normativo, fiscalizador y dar asistencia técnica. La ANA debe funcionar principalmente con recursos del tesoro público –por ejemplo, con impuestos al petróleo y/o a los cigarrillos. Entre otras, vemos esas dos fallas que minan la autoridad de la ANA. Si no se resuelven, no obstante los aspectos positivos del articulado de la Ley, tendremos el mismo problema de siempre: la falta de autoridad, autonomía y continuidad de la ANA, la confusión sobre las responsabilidades de los usuarios y sus organizaciones, la falta de recursos para ejecutar el desarrollo integrado del agua en las cuencas y ámbitos de organizaciones usuarias. No hemos tocado el tema de las organizaciones de usuarios y los consejos de cuenca que merece una discusión aparte. Una vez corregida la Ley, se podría conseguir la participación si se hiciese disponible un borrador del reglamento.