La Disputa por los Recursos

Dos son los hechos que están marcando la coyuntura política del país: la movilización de las poblaciones amazónicas en protesta por los decretos legislativos que amenazan sus derechos sobre las tierras que ocupan ancestralmente, y la propuesta de los parlamentarios apristas de establecer el límite de 40 mil hectáreas de tierra agrícola para las propiedades en la costa.
Los dos hechos están vinculados, pues se ubican en la perspectiva amplia de disputa por los recursos naturales —en este caso, la tierra y las riquezas que encierra—, cuyo control recae cada vez más en las manos de grandes inversionistas. No solo son las tierras agrícolas, sino también las que encierran recursos mineros, petroleros y forestales. Este proceso de disputa se hace en condiciones totalmente desiguales, pues, por un lado, están los poderosos grupos económicos, extranjeros y nacionales, apoyados por los gobiernos de las últimas dos décadas; y, por otro, poblaciones que ocupan gran parte de esas tierras, sobre las que ejercen un derecho consuetudinario —es el caso de las comunidades campesinas y nativas—, o pequeños propietarios obligados a vender por carecer de recursos económicos y estar marginados de las políticas públicas. Es preciso notar que, aunque este proceso de concentración de control de la tierra y otros recursos data de la década pasada, es este gobierno el que ha puesto especial esmero en su ampliación y consolidación. Clara expresión de ello es el manifiesto del presidente Alan García, El síndrome del perro del hortelano, que afirma de manera casi literal que los campesinos no están en capacidad de utilizar sus recursos, pues son ignorantes y pobres, razón por la cual sus derechos de propiedad no son sino aparentes y, por consiguiente, deben ser transferidos a la gran inversión. Este manifiesto, publicado por El Comercio el 28 de octubre de 2007, es en realidad la exposición de motivos de los decretos legislativos de junio de 2008, varios de los cuales lesionan los derechos de campesinos y poblaciones nativas y continúan motivando la decidida oposición de estas últimas.
El que los congresistas reconozcan la inconstitucionalidad del D.Leg. 1090 y propongan, al mismo tiempo, que no puede haber propiedades de más de 40 mil hectáreas en la costa —una extensión mayor que la mayoría de los valles costeños—, muestra una grave inconsistencia de su posición con respecto a la disputa por el control del recurso tierra. Como se documenta en este número de LRA, se están formando latifundios más grandes que los que existían en esta región antes de la reforma agraria de 1969 —ninguno llegó a las 30 mil hectáreas—, con todo lo que ello significa de concentración, no solo de poder económico, sino político, social y territorial, amén del riesgo de un nuevo gamonalismo —moderno, sí, pero finalmente gamonalismo—. En realidad, la propuesta congresal da mayor fuerza legal a la formación de latifundios.
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www.cepes.org.pe/revista/agraria.htm