INSUMO. A diferencia de la carretera Interoceánica, la vía abierta por Luis Otsuka no tiene puestos de control del combustible destinado a los centros mineros. /Audrey Cordova
Un comunicado enviado por el Sernanp el 24 de setiembre indicó lo siguiente: “Esta medida de fuerza la han adoptado para exigir que el Sernanp retire la denuncia formulada contra las autoridades del Gobierno Regional de Madre de Dios por la ilegal construcción de una carretera de Nuevo Edén a Puerto Shipiteari (…). La denuncia se sustenta en que la construcción de esta carretera no cuenta con la opinión técnica favorable ni estudio de impacto ambiental, requisitos indispensables para el desarrollo de obras de esta magnitud (…). Además, que el expediente técnico aprobado para dicha construcción es para el mejoramiento de un camino vecinal y no una carretera que en la actualidad tiene una extensión de 25 metros de ancho y 3 km. de largo, que serviría para el desarrollo de actividades como tala y minería ilegal”.
El comunicado señalaba que el Gobierno Regional de Madre de Dios había hecho caso omiso a los continuos oficios de alerta de la Jefatura de la Reserva Comunal Amarakaeri, y que, en vez de enmendar la irregularidad, había continuado la construcción de la carretera, “azuzando a las comunidades”.
Los grupos indígenas de Madre de Dios no pueden afrontar los cambios sociales causados por la minería. Los liderazgos se han dispersado y las visiones foráneas se han filtrado.
En otras palabras, las personas que habían obstruido el paso a los visitantes extranjeros protestaban para que la carretera continuara en proceso de construcción a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios, es decir, del gobernador Luis Otsuka. En el 2012, como recordamos líneas arriba, Otsuka era el principal organizador y promotor de los paros de protesta contra el Gobierno como presidente de la Fedemin; esta vez, en el 2015, él ya había sido elegido como máxima autoridad política de esta región, aunque mantenía su férrea oposición a los intentos del Ejecutivo por controlar la minería informal e ilegal.
Hijo de un migrante japonés y de una mujer indígena, Otsuka vivió sus primeros años en la comunidad nativa El Pilar (distrito de Tambopata). A él le gusta contar que, cuando niño, debía caminar varios kilómetros –a veces descalzo- para conseguir agua potable o para ir a la escuela, y que para solventar la magra canasta familiar aprendió de muy chico a trabajar en minería artesanal. “Yo no he nacido en cuna de oro, yo sé lo que es la necesidad, por eso entiendo a los mineros informales, porque fui uno de ellos”, dijo un vez. Cuando se le interpeló por el hecho de construir una carretera en una zona de alto riesgo biológico, apeló a los mismos argumentos: pobreza, atraso, sensibilidad social. Otsuka alega que esa carretera ayuda a interconectar a las comunidades indígenas circundantes para que puedan comercializar sus productos y tener un contacto más rápido con Puerto Maldonado.
Ante las advertencias reiteradas de que esta vía beneficia directamente a mineros y madereros ilegales, además de los comerciantes informales de combustible, él lo niega o minimiza la situación. A veces también se victimiza, como en una reciente entrevista concedida a OjoPúblico: “Por esa carretera soy denunciado en Cusco como un vulgar delincuente por depredación, delitos ambientales. Yo no entiendo cómo nosotros podemos desarrollar nuestros pueblos si no tenemos una carretera”.
“Yo no he nacido en cuna de oro, yo sé lo que es la necesidad, por eso entiendo a los mineros informales, porque fui uno de ellos”.Luis Otsuka, gobernador de Madre de Dios
Otsuka ya no es un dirigente de un gremio civil, sino una autoridad sujeta a los controles del Estado, y por lo tanto la situación jurídica es distinta. Desde mediados del 2015, cuando el gobierno regional inició los trabajos para extender la carretera en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, hasta que se terminó la trocha, hubo seis modificaciones técnicas y los trabajos comenzaron sin el visto bueno del Ministerio del Ambiente. Tampoco se cumplió el proceso de consulta previa ante las comunidades que habitan la zona. Por tales razones, el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio-Ambiental de Cusco ordenó que se paralizaran las obras por “depredación de bosques”, y la fiscalía de Madre de Dios inició una investigación por presuntos delitos ambientales. Otsuka no solo no acató las indicaciones y no se allanó a las investigaciones, sino que tuvo constantes enfrentamientos verbales con el anterior ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.
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La muerte del nativo Francisco Areque en una protesta de mineros y la construcción forzosa de una carretera cerca de la Reserva Comunal Amarakaeri parecen hechos aislados, pero apuntan a una misma conclusión: la minería en Madre de Dios está desarticulando lenta pero sostenidamente la identidad indígena en esta región. Diversas personas consultadas para este reportaje, desde dirigentes indígenas actuales y anteriores hasta funcionarios del gobierno regional encargados de la vigilancia de las zonas comunales –quienes piden la reserva de sus nombres por temor a represalias de otros líderes o del propio Otsuka–, coinciden en que los indígenas manejan una agenda propia respecto de la actividad minera, y que no quieren ser vinculados a los gremios de mineros no nativos, pero están de acuerdo también en que cada comunidad afronta una situación particular. Algunas se oponen tajantemente a la presencia de cualquier foráneo que quiera extraer oro, pero otras en cambio permiten en cambio que trabajen en suelos comunales a cambio de regalías.
Los grupos indígenas de Madre de Dios, agrupados en la Fenamad, no pueden afrontar como un bloque los cambios sociales causados por los embates de la minería porque los liderazgos se han dispersado y las visiones foráneas se han filtrado.
En la comunidad de Puerto Luz la población está dividida entre quienes quieren trabajar minería artesanal (sin capacitaciones, sin herramientas, y por lo tanto sin mayores beneficios económicos) y los que prefieren percibir las regalías. En San José de Karene, la división es mayor, pues hay quienes rechazan cualquier tipo de actividad minera, los que aceptan la minería a pequeña escala (realizada por ellos mismos o por terceros que paguen regalías) y los que proponen abrir las puertas del territorio a la minería a gran escala, aquella que utiliza maquinaria pesada. La convivencia de indígenas y colonos en la misma comunidad ha derivado en estos enormes desacuerdos. En noviembre del 2015, una operación conjunta de la policía y el Sernanp detectó varias retroexcavadoras en la orilla de un río en Barranco Chico, con extensas porciones de tierra ya removida. El daño en este sector es muy severo.
A los perjuicios geográficos y paisajísticos se suma la presencia sensible del mercurio. En el 2013, la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios elaboró un estudio en pobladores de 24 comunidades de la región, con el apoyo del Instituto Carnegie para la Ciencia de la Universidad de Stanford. Aunque la cantidad máxima de mercurio en la sangre de una persona, aceptada por la Organización Mundial de la Salud, es de 1 parte por millón (ppm), el estudio amplió la valla y estableció el límite en 3 ppm. Las muestras de los pobladores de Diamante arrojaron entre 6 y 8 ppm.
Esta resumida historia de los encuentros y desencuentros entre indígenas y mineros, entre 2012 y 2016, ha corrido en paralelo a los cambios directivos en la Fenamad. Lo que no ha cambiado son las ideas. Las gestiones de Jaime Corisepa y Klaus Quicque coincidieron con el gobierno de Ollanta Humala, que más allá de intentos esporádicos y agresivos no redujo los daños ambientales y sociales de la minería informal e ilegal en esta región. El actual presidente de Fenamad, Julio Cusurichi, tiene enfrente a un nuevo Gobierno Central, con las oportunidades y nuevos márgenes que sobre el papel esto supone. En una entrevista concedida a comienzos de agosto a Radio Madre de Dios, Cusurichi comentó el interés que tenía por reunirse con el presidente Pedro Pablo Kuczynski para hablar del tema. “Pediremos una modificación para un régimen especial que vea el trabajo de minería responsable en comunidades. Son 10 comunidades nativas que trabajan la minería. Para eso vamos a plantear un régimen especial, responsable, ordenado”, dijo. El periodista radial le preguntó cuándo sería esa reunión, o si ya tenía una cita prevista. “Aún no sabemos la fecha, ojalá sea lo más pronto posible”, dijo el dirigente, casi en tono de súplica. Para los indígenas de Madre de Dios, por irónico que suene, el tiempo es oro.
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