LA DEFORESTACIÓN.... QUE GRAN PROBLEMA!

La Amazonía perdió 2.765,62 kilómetros cuadrados de selva entre agosto de 2012 y julio de 2013 -el año pluviométrico que el Gobierno brasileño usa como referencia-, según datos del sistema de vigilancia por satélite DETER, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), por su sigla en portugués).

El dato de deforestación es un 34,84 % superior a la superficie talada detectada por satélite en el año pluviométrico anterior (2.050,97 kilómetros cuadrados, entre agosto de 2011 y julio de 2012). Estos datos son incompletos, porque dependen de la densidad de las nubes y porque el satélite sólo detecta áreas taladas de gran tamaño, de más de 25 kilómetros cuadrados, por lo que el Gobierno posteriormente revisa esas cifras al alza usando otras fuentes de información, con lo que llega a duplicar los cálculos del INPE.

De este modo, el balance oficial del Gobierno entre agosto de 2011 y julio de 2012 reflejó que la selva amazónica perdió en ese período 4.571 kilómetros cuadrados, lo que fue la menor cifra desde 1988, cuando se comenzaron las mediciones.

El estado de Mato Grosso, una pujante región agrícola en el límite sur de la selva, fue responsable del 42,8 % de la deforestación del ecosistema amazónico en el último año, según los datos del INPE. El INPE también divulgó hoy el dato del pasado agosto, cuando se arrasaron 288,6 kilómetros cuadrados de selva, cifra que supuso una mejoría del 44,74 % con respecto al mismo mes de 2012.

En su plan contra el cambio climático, Brasil se ha comprometido voluntariamente a reducir la deforestación de la Amazonía hasta 2020 en un 80 % en relación a la cifra de 1990, lo que supone una meta de destrucción anual de 3.925 kilómetros cuadrados. La deforestación es la principal causa de la emisión de CO2 a la atmósfera en Brasil, tanto por los gases que se liberan con los incendios forestales como por el oxígeno que se deja de generar.

BOSQUES EN PELIGRO

Hace unas semanas una investigación realizada por IDL-Reporteros puso la alerta sobre el peligro en que se encuentran los bosques de nuestra Amazonía. Si bien, la devastación que causa la minería ilegal en Madre de Dios causa un serio perjuicio al pulmón de nuestro país, hay además otra amenaza. Este es el caso de la palma aceitera, un cultivo promovido como alternativa de recuperación de terrenos deforestados, ocupados por la coca, desde hace muchos años.

La amenaza consiste en los cuatro proyectos del Grupo Palmas, grupo que forma parte del Grupo Romero, que eliminarían más de 23 mil hectáreas de bosques primarios. El Grupo Palmas inició sus actividades con Palmas del Espino en el Alto Huallaga en 1979. Ahora, presenta cuatro nuevos proyectos: Tierra Blanca, Santa Catalina, Santa Cecilia y Manití que, como señala la ONG inglesa Enviromental Investigation Agency, implicaría la deforestación de 23 mil 143 hectáreas de bosques primarios y bosques de producción permanente. Sin embargo, esta cifra corresponde a 6 mil 424 hectáreas más de las que el Grupo Palmas reconoce en sus estudios.

Todo esto ocurre por ciertos factores que deberían remediarse de inmediato. Por ejemplo, el hecho de que existan contradicciones entre unas leyes y otras y la falta de aprobación del reglamento para que la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre entre en vigencia. Sólo así el Ministerio de Ambiente podrá tener una opinión vinculante en estos temas que le atañen directamente, y no dejará toda la decisión al Ministerio de Agricultura como actualmente sucede.

El caso del Grupo Palmas se explica justamente por estos vacíos que permiten ciertas maniobras. El proyecto no debería expandirse a los bosques primarios o bosques vírgenes donde no ha intervenido el ser humano. Sin embargo, pese a que estos últimos se encuentran protegidos legalmente en nuestro país, se considera que si el suelo de uno de estos boques es apto para la agricultura puede ser deforestado mediante la tala, la quema, etc. Por ello urge la aprobación del reglamento de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Si bien en los Estudios de Impacto Ambiental presentados por el Grupo Palmas, 20 mil 947 hectáreas de las que quieren deforestar son bosques primarios, los representantes de la empresa han negado a IDL-Reporteros
que fueran a entrar a los mismos. Sin embargo, la alerta continúa porque este grupo ya ha obtenido un permiso parcial por parte del Ministerio de Agricultura para uno de sus cuatro proyectos. Mucho cuidado con eso.

No sólo alarma el permiso parcial concedido al Grupo Palmas, lo cual motivó la preocupación del Ministerio de Ambiente que envió un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros con la finalidad de alertarlos sobre este problema; sino también el hecho de que se trata de un grupo que tiene ciertas demandas judiciales sin resolver, como aquella interpuesta por la procuraduría de delitos ambientales del Ministerio de Ambiente y la Fiscalía especializada en materia ambiental de San Martín, por haber deforestado mil 900 hectáreas de bosques al pretender expandir su frontera agrícola.

Las revelaciones presentadas en IDL-Reporteros cobran relevancia toda vez que ha habido una intención de eliminar, durante las últimas semanas, la minería informal e ilegal, de modo que se pueda preservar nuestros recursos naturales. Sin embargo, también cabe prestar atención a estas maniobras que emplean ciertas empresas para hacerse de mucho dinero a costa de dañar irreversiblemente nuestro territorio, en este caso con la siembra indiscriminada de palma aceitera.
Otra Mirada 

QUE NOS DICE EL NUEVO CENSO AGRARIO?

Después de 18 años, el Perú cuenta con un Censo Agropecuario (IV Cenagro) que nos muestra la realidad del mundo agrario peruano. Antes, se planificaba las políticas del sector con cifras de 1994, lo que muestra la desidia de los distintos gobiernos respecto a este tema. Ahora,  con los datos del IV Cenagro, resulta fundamental mirar la problemática actual del agro. A continuación, trataremos dos aspectos claves que poco o nada se quieren discutir: el regreso del latifundismo y el impacto de la pequeña agricultura en la seguridad alimentaria (Revista Agraria Nº 155).

El regreso del latifundismo
Desde hace unos años, un nuevo proceso de concentración de tierras se viene extendiendo de forma incontrolable en el país. Luego de la Reforma Agraria, que democratizó la sociedad rural poniendo fin al gamonalismo y a las relaciones serviles, en la década de 1990 se inició un ciclo de liberalización del mercado de tierras. Según el sociólogo Fernando Eguren, en las unidades agropecuarias (UA) por encima de las 500 hectáreas ya existiría concentración de la propiedad, lo que significa cerca de la cuarta parte de todas las tierras de cultivo del país. En tanto, los “neolatifundios” —aquellas UA que tienen más de mil hectáreas—concentran más de la quinta parte de todas las tierras de cultivo.

Eguren señala que en la costa se da la mayor concentración de la propiedad de las tierras de cultivo. En esta región, el 36.4% de las tierras están concentradas en UA de 500 hectáreas o más. “En este subgrupo de grandes propiedades, los latifundios de más de mil hectáreas poseen el 34% de las tierras de la costa (¡más de un tercio!)”.

La concentración de la propiedad en pocas manos es un modelo de desarrollo excluyente porque la tierra no es sólo un factor de producción, sino también de riqueza, prestigio y poder. ¿Se atreverá el gobierno a plantear una alternativa para frenar el creciente “neolatifundismo”?

La pequeña agricultura es importante
¿Cuán importante es la pequeña agricultura para la seguridad alimentaria de los peruanos? El IV Cenagro no solo confirma la importancia de la pequeña agricultura sino que muestra que esta es mayor a la estimada. La mayor parte de las tierras dedicadas a cultivos alimenticios transitorios corresponden a la pequeña agricultura. Así, en el caso de las leguminosas, el 82% del área sembrada corresponde a la pequeña agricultura, y también corresponde a esta el 76% del área sembrada para los tubérculos, el 74% de la sembrada para los cereales, el 72% de la sembrada para las hortalizas y el 63% de la sembrada para las frutas. Las UA de mayor tamaño destinan muy pocas tierras a la producción de alimentos para el mercado interno.

Entonces, la seguridad alimentaria del Perú depende en gran parte de la pequeña agricultura, cuyo papel, en una perspectiva de soberanía alimentaria, es estratégico.

Por lo expuesto, resulta fundamental que el actual gobierno entienda la nueva realidad del agro nacional, plantee una alternativa para frenar la acumulación de tierras y la conformación de “neolatifundios”, y al mismo tiempo, promueva políticas de desarrollo para la pequeña agricultura, cuyo aporte a la alimentación de los peruanos conocemos ahora en su real dimensión.
Otra Mirada