23 julio 2010

Controversia entre DIGESA e IIAP sobre impacto del derrame en el río Marañón

Una controversia sobre los impactos del derrame de más de 300 barriles de crudo de petróleo en el río Marañón se ha producido entre la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP).
Mientras que para la DIGESA la contaminación iniciada el 19 de junio es mínima, para el IIAP se trata de un impacto importante que debe ser monitoreado.

Las muestras tomadas en el río Marañón, indica el IIAP, “presentan un alto contenido de aceites y grasas que sobrepasan en más de cien veces los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, establecidos en el D.S. 002-2008 MINAM para las aguas de Categoría”. Según informe del laboratorio de Control Ambiental y Análisis Fisioquímico de Agua de la DIGESA seis de siete muestra indican menos de 0,01 mg/L de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH). Otra muestra a tres kilómetros aguas abajo de la confluencia con la quebrada Parinari, margen derecha del río, arroja 0,02mg/L de TPH.

Sin embargo, el IIAP, en las muestras realizadas el 22 de junio obtuvo los siguientes resultados: Saramuro; 110.00 mg/L, 113.00 mg/L y 109.00 mg/L. El IIAP recomienda un monitoreo integral de los impactos que se podrían generar a corto y mediano plazo en el agua, sedimento, flora y fauna del área impactada. Ello es necesario, más aún debido a que se han utilizado dispersantes para el crudo derramado que han provocado su disolución y precipitación al fondo del río.

La debilidades del DIGESA
Al respecto, Petronila Chumpi, secretaria de organización de Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (FECONACO), afirmó que “DIGESA tiene muchas debilidades a la hora de hacer sus análisis en muestreos por contaminación”.

Chumpi señaló que en el caso del río Corrientes la DIGESA “tuvo muchas contradicciones. Por esto Feconaco tuvo que acudir a otras instituciones independientes para obtener muestras para los análisis”. “Los resultados indicaron positivo, es decir, que las aguas estaban contaminadas con plomo y cadmio. Por esto nació el Acta de Dorissa. Hasta entonces, la DIGESA minimizaba el hecho doloroso” sostuvo la lideresa indígena.

Protestan contra Plus Petrol
El martes 20 cientos de pobladores de Iquitos acompañaron a los 62 apus a exigir a la empresa petrolera Plus Petrol que atienda a las comunidades afectadas. Son cerca de 23,340 habitantes afectados por el derrame de petróleo que han perdido su principal fuente del líquido vital y hasta la fecha no pueden alimentarse adecuadamente y presentan complicaciones de salud. Alfonso López Tejada, Apu de la comunidad 02 de Mayo de San Pablo de Tipishca dijo que ellos no tienen agua potable y los niños tienen enfermedades a la piel y sufren de diarreas.

“La Pluspetrol dice que ya culminó las labores de limpieza del río, pero el petróleo sigue avanzando por el Marañón y podría llegar hasta Iquitos. La ayuda que nos han brindado no es suficiente, solo alcanzó para unos días”, afirmó. Yván Vásquez Valera, presidente regional con licencia y actual candidato a la región presentó una denuncia penal contra la empresa Pluspetrol ante el Ministerio Público. La denuncia también alcanza a la empresa Transportes y Servicios Challenger E.I.R.L. que trasladaba el tanque N°4 que sufrió la fisura que originó el derrame de crudo en el río Marañón.
Servindi

22 julio 2010

El Perú pierde 150 mil Hectáreas de Bosques anuales

Debido a la tala ilegal, la agricultura migratoria y el desarrollo desordenado el Perú pierde anualmente 150 mil hectáreas de bosques.Así lo denunció la Defensoría del Pueblo, en el informe “La Política Forestal y la Amazonía Peruana: Avances y obstáculos en el camino hacia la sostenibilidad” que se puede descargar en formato pdf y que consta de 299 páginas. La cantidad de área deforestada cada año equivale a diez veces la superficie de toda la Provincia Constitucional del Callao. El documento se elaboró con el objetivo de dar cuenta de la situación real en la que se encuentran los bosques naturales y cuáles son las limitaciones y avances del Estado peruano para su preservación. La Defensoría del Pueblo reconoce el gran potencial de desarrollo sostenible que los recursos forestales podrían brindar al país si se implementará una adecuada política forestal.

La Dra. Beatríz Merino, Defensora del Pueblo, afirmó que tras la supervisión se detectaron serias deficiencias en la mayoría de oficinas de control forestal. Solo tres poseen camionetas operativas y una de ellas conserva un bote operativo. “Se ha encontrado muy poco personal. En promedio tres personas por cada oficina, que para las enormes extensiones del territorio a resguardar es insuficiente. Pareciera responder a un diseño establecido para que no funcione ni se controle nada”, manifestó Merino.

El informe
El primer capítulo evalúa la Política Nacional Forestal, la legislación forestal, la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal. Además, de la Estrategia Nacional Forestal, la Política Nacional del Ambiente y la institucionalidad actual del sector forestal. El segundo capítulo revisa la reforma de la política forestal, el proceso de revisión y actualización de la legislación forestal y de fauna silvestre, el proceso de descentralización de funciones en materia forestal y la transparencia y acceso a la información pública. En el tercer capítulo se exponen los resultados de la segunda supervisión forestal, las sedes y puestos de control, las jefaturas de áreas protegidas, los gobiernos regionales y oficinas desconcentradas del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.

Pueblos Indígenas deben participar del debate de la Ley Forestal
El informe finalmente exhorta al Congreso de la República a priorizar el debate de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre presentada por el Poder Ejecutivo. Recomienda al Congreso incorporar a los pueblos indígenas en el debate mediante sus instituciones representativas , tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, recomienda a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio del Ambiente elaborar un proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial que integre el ordenamiento forestal con otras actividades como la turística, las áreas protegidas, entre otras.

También, exhorta al Ministerio de Agricultura culminar la elaboración y aprobar la Política Nacional Forestal e implementar el Plan Nacional Anticorrupción del Sector Forestal en el marco de una plataforma como la Comisión Nacional de Lucha contra la Tala Ilegal. Entre otras recomendaciones, pide al Ministerio de Agricultura, al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa) y a los Gobiernos Regionales fortalecer las capacidades de las comunidades nativas para el aprovechamiento sostenible y comercialización de los recursos forestales. Además, demanda al Ministerio de Economía y Finanzas transferir los recursos necesarios a los Gobiernos Regionales de San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios para que tales funciones sean debidamente ejecutadas.

Recomienda al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre diseñar e implementar un programa especial dirigido a fortalecer las capacidades de los funcionarios asignados a sus oficinas.

Click aquí para acceder al informe de la Defensoría del Pueblo
Servindi

21 julio 2010

CONCIENCIA AMBIENTAL: sanción más prevención

Finalmente, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha sancionado a la Compañía Minera Caudalosa por el daño irreparable que causaron sus relaves en perjuicio del río huancavelicano Escalera y sus afluentes, a fines del mes pasado. La medida es correcta, aunque no se puede decir lo mismo de la reacción de la empresa sancionada que, de acuerdo con lo informado, no solo está pidiendo explicaciones sobre el monto de la multa aplicada (36 millones de soles), sino que además cuestiona la autoridad de la ANA para fiscalizarla.

Sin duda, falta conciencia ambiental en todos los niveles. Desde la autoridad responsable que debe anticiparse a los atropellos que se perpetran contra el ecosistema, hasta las empresas que cumplen labores extractivas, llamadas a reconocer que más allá de las multas nada devolverá la situación al estado original.
Los ríos Escalera y sus afluentes —Huachocolpa, Opamayo y Lircay— fueron contaminados gravemente. Las concentraciones de metales en sus aguas, producto de los relaves que recibieron, sobrepasaron los límites permitidos, al punto que han quedado inutilizadas para el consumo humano y para la actividad agrícola. Es decir, un daño ecológico mayúsculo, invalorable porque no tiene precio, y que pudo evitarse. Más bien, lo que corresponde ahora es que la minera proceda de inmediato a presentar un plan de mitigación y restauración de la calidad del agua, que le ha exigido la ANA para, por lo menos, reducir la magnitud de perjuicios que en otros países —probablemente, con mayor conciencia ecológica— habrían ameritado incluso sanciones mucho más drásticas a las aplicadas por las autoridades peruanas.
Por su parte, dichas instancias públicas tienen que tomar nota de lo sucedido en Huancavelica y, como hemos señalado en este espacio, no conformarse con acudir solo cuando la crisis ya se produjo. Lo que se necesita es que actúen de manera preventiva para evitar mayores impactos ambientales.
Esto implica, a su vez, varias tareas que la ANA y, sobre todo, Osinergmin tendrían que cumplir, empezando por exigir sólidos estudios de impacto ambiental antes de autorizarse la realización de obras o proyectos de desarrollo. Esto compromete también a los gobiernos municipales y regionales que parecen actuar de convidados de piedra en estos casos. Se necesita revertir los procesos negativos en el ambiente, para lo cual se requiere hacer cumplir, supervisar y fomentar los programas de adecuación y manejo ambiental y los ISO 14000.
Nadie se opone a la inversión, y menos a la minera que tantos beneficios ha generado al país en los últimos años. Lo que se demanda es que los negocios se ajusten a las exigencias medioambientales mínimas, con base en un verdadero sistema nacional de gestión ambiental, que no está funcionando, para relanzar la responsabilidad social y empresarial en el tema.
Una empresa es socialmente responsable cuando vela por el bienestar de sus trabajadores y sus familias, así como cuando mantiene una coherente política hacia sus proveedores. Pero, además, cuando trabaja activamente en provecho del bienestar y del ecosistema de las jurisdicciones donde desarrolla sus actividades industriales, extractivas o comerciales.
El Comercio

20 julio 2010

Rechazo la Minería

Las comunidades campesinas de los distritos de San José de Ticllas, Vinchos, Socos y Santiago de Pischa en Ayacucho y Santo Tomás de Pata, en Huancavelica, acordaron no suscribir ningún contrato de servidumbre para actividades mineras en sus territorios.
Señalan que la minería representa una amenaza a la agricultura, ganadería y fuentes de agua, y por el contrario impulsarán el desarrollo alternativo interdistrital haciendo realidad la forestación y reforestación total en el cerro Ccewahuillca y los cerros colindantes con los distritos Vinchos, Socos y Ticllas.
Como parte del fortalecimiento institucional acordaron concluir con el proceso de saneamiento físico y legal de sus territorios comunales, en particular, la titulación de tierras de las comunidades campesinas del distrito de San José de Ticllas.
El evento denominado II Encuentro Interdistrital Comunal Vinchos, Socos, San José de Ticllas, Santiago de Pischa, fue realizado en la cumbre del cerro Ccewahuillca, y contó con la asistencia de alrededor de 200 representantes así como de la congresista Juana Huancahuari.
La organización estuvo a cargo del Frente de Defensa de los recursos naturales y del medio ambiente de los distritos Vinchos, Socos y Ticcllas.
Por Vinchos asistieron los representantes de las comunidades de Ñaupallaccta, Opancca, Antapuna, Hatunpampa, Itanayoc, Paccha, Choccyacc y Vinchos.

Por Ticllas estuvieron presentes delegados de Campamento, Chullumpampa, Rumihuasi, Carmen Alto, Ticllas, Santa Rosa e Incapampa.
Por el distrito de Santiago de Pischa, las comunidades de Atacocha, Molinos, Titimina, Cachi, Piwan. Por Socos, Maucallaccta, Yanayaco y Pucaloma, Luyanta. También asistieron representantes de Cedro y los gobiernos locales, entre otros.
Por el distrito huancavelicano de Santo Tomás de Pata asistieron delegados de las comunidades de Patallaccta.
Los organizadores anunciaron que continuarán realizando eventos informativos y de capacitación en los distritos.
Servindi

19 julio 2010

Presentación del documental 'Madre de Dios, la oportunidad de los bosques'

Este documental preparado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) trata el tema de la deforestación en Madre de Dios, uno de los departamentos que alberga la mayor cantidad de bosque primario en nuestro país.
Los bosques albergan a muchas especies de plantas y animales, y nos proporcionan oxígeno y materia para fabricar muchas de las cosas que usamos. En Perú, Madre de Dios es uno de los departamentos con mayor superficie de bosque primario en nuestra Amazonía. A pesar de eso, más de 250,000 hectáreas han sido deforestadas hasta la fecha.
La preocupación de cuidar nuestros bosques no sólo responde al ciudado del medio ambiente, sino a un manejo sostenible de recursos naturales por parte de los seres humanos, para no arrasar con lo que la naturaleza no da y sufrir luego no sólo las consecuencias ambientales, sino también económicas y sociales.
En el documental "Madre de Dios, la oportunidad de los bosques", preparado por la SPDA, se trata el tema de la deforestación en este departamento, un problema causado en mayor medida por la tala ilegal y la agricultura invasiva

Están invitados a asistir a la presentación y conversatorio de este material audiovisual el día 21 de julio en el Hotel Plaza "El Bosque", ubicado en la Av. Paz Soldán 190, San Isidro. Los asistentes que se inscriban al correo adominguez@spda.com.pe o al teléfono 422-2720 anexo 122, recibirán un ejemplar del documental como obsequio.