Debido a la tala ilegal, la agricultura migratoria y el desarrollo desordenado el Perú pierde anualmente 150 mil hectáreas de bosques.Así lo denunció la Defensoría del Pueblo, en el informe “La Política Forestal y la Amazonía Peruana: Avances y obstáculos en el camino hacia la sostenibilidad” que se puede descargar en formato pdf y que consta de 299 páginas. La cantidad de área deforestada cada año equivale a diez veces la superficie de toda la Provincia Constitucional del Callao. El documento se elaboró con el objetivo de dar cuenta de la situación real en la que se encuentran los bosques naturales y cuáles son las limitaciones y avances del Estado peruano para su preservación. La Defensoría del Pueblo reconoce el gran potencial de desarrollo sostenible que los recursos forestales podrían brindar al país si se implementará una adecuada política forestal.La Dra. Beatríz Merino, Defensora del Pueblo, afirmó que tras la supervisión se detectaron serias deficiencias en la mayoría de oficinas de control forestal. Solo tres poseen camionetas operativas y una de ellas conserva un bote operativo. “Se ha encontrado muy poco personal. En promedio tres personas por cada oficina, que para las enormes extensiones del territorio a resguardar es insuficiente. Pareciera responder a un diseño establecido para que no funcione ni se controle nada”, manifestó Merino.
El informe
El primer capítulo evalúa la Política Nacional Forestal, la legislación forestal, la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal. Además, de la Estrategia Nacional Forestal, la Política Nacional del Ambiente y la institucionalidad actual del sector forestal. El segundo capítulo revisa la reforma de la política forestal, el proceso de revisión y actualización de la legislación forestal y de fauna silvestre, el proceso de descentralización de funciones en materia forestal y la transparencia y acceso a la información pública. En el tercer capítulo se exponen los resultados de la segunda supervisión forestal, las sedes y puestos de control, las jefaturas de áreas protegidas, los gobiernos regionales y oficinas desconcentradas del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.
Pueblos Indígenas deben participar del debate de la Ley Forestal
El informe finalmente exhorta al Congreso de la República a priorizar el debate de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre presentada por el Poder Ejecutivo. Recomienda al Congreso incorporar a los pueblos indígenas en el debate mediante sus instituciones representativas , tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, recomienda a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio del Ambiente elaborar un proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial que integre el ordenamiento forestal con otras actividades como la turística, las áreas protegidas, entre otras.
También, exhorta al Ministerio de Agricultura culminar la elaboración y aprobar la Política Nacional Forestal e implementar el Plan Nacional Anticorrupción del Sector Forestal en el marco de una plataforma como la Comisión Nacional de Lucha contra la Tala Ilegal. Entre otras recomendaciones, pide al Ministerio de Agricultura, al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa) y a los Gobiernos Regionales fortalecer las capacidades de las comunidades nativas para el aprovechamiento sostenible y comercialización de los recursos forestales. Además, demanda al Ministerio de Economía y Finanzas transferir los recursos necesarios a los Gobiernos Regionales de San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios para que tales funciones sean debidamente ejecutadas.
Recomienda al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre diseñar e implementar un programa especial dirigido a fortalecer las capacidades de los funcionarios asignados a sus oficinas.
Click aquí para acceder al informe de la Defensoría del Pueblo
Servindi
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