04 julio 2013

40% DE LOS GLACIARES SE REDUJERON POR EL CALENTAMIENTO GLOBAL

En los últimos 30 años la superficie glaciar del Perú se ha reducido en un 40% a causa del calentamiento global, y se estima que en el decenio 2020-2030 los glaciares por debajo de los cinco mil metros sobre el nivel del mar habrá desaparecido.
Durante la inauguración del primer Foro Internacional de Glaciares “Retos de la investigación al servicio de la sociedad” en la ciudad de Huaraz, el jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Hugo Jara Facundo, señaló que en 30 años la superficie glaciar del Perú se ha reducido en un 40% a causa del calentamiento global, y se estima que en el decenio 2020-2030 los glaciares por debajo de los cinco mil metros sobre el nivel del mar habrá desaparecido.

Además, sostuvo que los glaciares peruanos están distribuidos en 20 regiones montañosas que cubren unos 2 mil kilómetros cuadrados, por lo que es imprescindible e impostergable que se tomen las medidas de adaptación necesarias para combatir los efectos del calentamiento global.

La ANA detalló que el Perú es uno de los 10 países megadiversos del mundo que, después de Brasil, tiene el bosque amazónico más extenso, la cadena de montañas tropical de mayor superficie, el 71% de los glaciares tropicales, 84 de las 104 zonas de vida identificadas en el planeta y 27 de los 32 climas del mundo. Esta megadiversidad se halla gravemente amenazada por el cambio climático.

“La pérdida de los glaciares no solo tiene un impacto en la disponibilidad de agua, sino que aumenta el riesgo de aludes y aluviones por el incremento del número de lagunas que se forman a la par de la desglaciación. Consideramos que es urgente implementar políticas y estrategias de adaptación”, dijo la institución.

El foro internacional de glaciares tiene como fin sensibilizar a la población sobre la importancia que tienen los glaciares como reserva del recurso hídrico y de determinar las estrategias necesarias para una adaptación al cambio climático.

El foro internacional va del 1 al 4 de julio y contará con las exposiciones de especialistas de la Unidad de Glaciología de la ANA, así como de científicos de las universidades de Zúrich de Alemania, de Albany de EEUU, de Innsbruck de Austria y del Instituto de Investigación para el Desarrollo IRD de Francia.
Eco Portal.Net

02 julio 2013

LA MARCA DEPREDADORA: IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES DE LAS MULTINACIONALES EN AMÉRICA LATINA

La idea de que la atracción y exportación de capital transnacional es la principal fuente de crecimiento económico, progreso y “desarrollo” se ha consolidado, como si de un axioma irrefutable se tratase, en el actual orden neoliberal. Pero atraer y promover la Inversión Extranjera Directa (IED) deja, en multitud de territorios y poblaciones, una marca que poco tiene que ver con los banales (y ciertamente poco responsables) discursos del tipo “marca España”. Una de esas huellas, profunda y, en muchos casos, irremediable, es la derivada de los impactos socioambientales que provocan las grandes corporaciones. La llegada de multinacionales, especialmente a lugares donde abundan los recursos naturales, desmonta la sobre-extendida ecuación que equipara inversión extranjera y desarrollo.

Los análisis clásicos sobre el desarrollo tienden a plantearse en un nivel teórico que ignora deliberadamente la interdependencia del sistema económico con otras dimensiones de la realidad. Sin embargo, tal y como establece el marco del Desarrollo Humano Sostenible, existe una serie de variables de carácter no económico que constituyen condiciones indispensables para que los procesos de desarrollo[1] sean posibles. Una de ellas es la medioambiental.

La economía ecológica explica que economía, sociedad y naturaleza no son partes diferentes y aisladas. Al contrario: todo sistema económico es producto de un sistema social que, a su vez, vive, se organiza y extrae los recursos que necesita de un ecosistema. El ecosistema ofrece determinadas posibilidades e impone unos límites físicos al modelo de organización social y económico. Preservar el equilibrio ecológico pasa por respetar estos límites. Es decir, para ser sostenible, el sistema debe consumir energía y recursos y generar residuos en la medida en que la tierra es capaz de renovarlos y asimilarlos. Desde esta perspectiva, es evidente que el capitalismo, un sistema que para su propia supervivencia precisa mantener un consumo creciente de recursos y energía y que está orientado exclusivamente hacia la maximización del lucro individual, es medioambientalmente insostenible.

Pero más allá del planteamiento de la economía ecológica, existe un amplio consenso en torno al papel de los ecosistemas en la economía y el bienestar humano, hasta el punto de que la sostenibilidad ha sido asumida e incorporada a la agenda de la cooperación internacional. Así, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) formulados por Naciones Unidas, a través del objetivo 7 (que pretende garantizar la sostenibilidad ambiental), incluyen metas e indicadores que ver con:

La incorporación de los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y la reducción de la pérdida de recursos del medio ambiente;

  • La pérdida de biodiversidad;
  • El acceso a agua potable y servicios básicos de saneamiento;
  • La mejora de la vida de las y los habitantes de barrios marginales.

Hoy, uno de los escenarios clave para comprender las fuertes interdependencias que vinculan el bienestar humano con el entorno es América Latina. Y es que es ésta una región estratégica a nivel global que, como subraya la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “presta importantes servicios ecosistémicos globales”, como “la regulación de la contaminación atmosférica, la regulación de los ciclos hidrológicos y climatológicos, la regeneración de la fertilidad de los suelos, la descomposición de residuos, la absorción de contaminantes y la polinización de cultivos”[2].

ODM, transnacionales, medioambiente y desarrollo
El consenso internacional en torno a la relevancia de la preservación medioambiental, así como las denuncias de múltiples colectivos sociales, han hecho que las multinacionales dediquen muchos esfuerzos en proyectar una imagen de sostenibilidad que legitime sus acciones. De la retórica de la Responsabilidad Social Corporativa a discursos más sofisticados, apoyados en investigaciones “académicas” de numerosos think tanks[3], las multinacionales pretenden erigirse en la actualidad en “actores protagonistas” de las políticas y discursos sobre el desarrollo sostenible.

Sin embargo, las transnacionales son responsables de innumerables impactos socioambientales. Sus prácticas, según muestran multitud de investigaciones, son sistemáticas y requisito indispensable para la obtención de la máxima rentabilidad, objetivo último (en eso sí coinciden todos los análisis) de las grandes empresas.

Si tenemos en cuenta, simplemente, los limitados parámetros propuestos por el ODM 7, y analizamos la contribución de la inversión extranjera directa y las transnacionales a cada una de esas metas en América Latina, llegamos a la conclusión de que sus prácticas no contribuyen en modo alguno al desarrollo.

En este sentido y partiendo de esas metas, podríamos categorizar los impactos generados por las multinacionales. Impactos que no sólo no ayudan a alcanzar dichas metas, sino que más bien caminan en sentido contrario a las propuestas de la ONU sobre el desarrollo sostenible.

En cuanto a la meta 1 (incorporación de principios del desarrollo sostenible en políticas y programas nacionales y reducción de la pérdida de recursos del medio ambiente), las multinacionales en América Latina han fomentado el modelo extractivista imperante en la región gracias a la asimetría jurídica comercial y al poder de sus lobbies, que inhiben en muchos países la puesta en marcha de legislaciones para preservar el medioambiente.

El alza de los precios de las materias primas en los mercados internacionales en los últimos años se ha traducido en una tendencia neoextractivista de las economías de América Latina. La explotación de grandes minas de carbón, oro y otros recursos naturales para la exportación está atrayendo crecientes flujos de IED: en 2010 el 43 por ciento del total de la entrada de IED en Sudamérica estuvo destinada a la explotación de materias primas, fundamentalmente minería metálica, hidrocarburos y alimentos.

Precisamente la actividad petrolera y gasista tiene impactos particularmente graves para los ecosistemas: desplazamientos de tierra y modificación del curso de las corrientes de agua (en la fase de exploración), deforestación, destrucción del entorno (para la construcción de plantas y vías de acceso), vertidos, incineración de sustancias, fugas y derrames, emisión de gases contaminantes y lluvias ácidas, entre otros. Las corporaciones más denunciadas por sus impactos medioambientales son las dedicadas al sector minero y petrolero. El papel crucial de estos sectores en el capitalismo hace que, a pesar de estar bajo protección, muchas regiones con alto valor ecológico estén siendo explotadas y destruidas.

Por otro lado, las multinacionales no sólo contribuyen a la pérdida de biodiversidad (meta 2) sobreexplotando especies (el caso del cultivo de camarón de la empresa Pescanova en Nicaragua, por ejemplo), sino también destruyendo hábitats mediante la deforestación y sustitución de bosque por tierras de pasto y por monocultivos; contaminando; introduciendo especies foráneas (incluidas las transgénicas, paradigmático es el caso de la soja y de multinacionales como Monsanto en Argentina); y fragmentando el territorio[4].

Un ejemplo significativo de los impactos de las multinacionales sobre la biodiversidad es el del parque nacional Aguaragüe en Bolivia[5]. Más allá de tener una importancia ecológica e hidrológica vital para la región (cerca del 70 por ciento del agua para consumo humano y agricultura del Chaco boliviano proviene de este parque)[6] y de ser territorio del pueblo guaraní, concentra multitud de intereses económicos que presionan e impactan sobre la biodiversidad y las poblaciones de toda la región (multinacionales de los hidrocarburos, infraestructuras, explotación maderera, monocultivos transgénicos e hidroeléctricas operan en el parque).

El cien por cien de la superficie del parque está sujeta a las actividades y concesiones hidrocarburíferas. Está atravesado por varios gaseoductos que trasladan el gas producido por empresas como Repsol, Petrobras, Petroandina, YPFB o British Gas. Varios informes denuncian la contaminación de cuencas y suelos que afectan a la biodiversidad, cultivos y salud.

La meta 3, que pretende asegurar el acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, se ve también obstaculizada por los intereses de las transnacionales, que juegan un papel fundamental en los procesos de privatización y acaparamiento del recurso. América Latina, la región más rica del mundo en agua dulce, es clave para las empresas que pretenden hacerse con la gestión del agua y saneamiento de sus ciudades. Al mismo tiempo, la creciente actividad de las corporaciones mineras tiene serios impactos sobre los recursos hídricos, con severos efectos sobre el medio ambiente y las poblaciones.

Es el caso de la mina de oro Cerro Blanco, de la canadiense Goldcorp, situada en Guatemala y que afecta a una de las reservas naturales más importantes de El Salvador, el lago de Güija. La mesa nacional contra la minería metálica informa de que el drenaje de aguas termales en la mina está contaminando el lago con metales pesados que, a su vez, llegan a la cuenca alta del río Lempa, columna vertebral de la red hídrica salvadoreña. El acaparamiento del recurso hídrico es otro de los impactos recogidos en el informe emitido por la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos del país: el procesamiento de los materiales para obtener oro y plata requiere el consumo de casi 4.000 litros de agua por cada onza de mineral extraído[7], lo que equivale a 95 veces el consumo medio diario de una persona.

¿Son las transnacionales esenciales para un desarrollo humano sostenible o más bien son protagonistas de la depredación socioambiental?


Ane Garay y Silvia M. Pérez son investigadoras del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

Este artículo ha sido publicado en el número 56 de Pueblos – Revista de Información y Debate, abril de 2013.

01 julio 2013

EPSEL EVITARÁ MAYORES IMPACTOS EN EJECUCIÓN DE OBRA DE EMISORES

Se solicitará crédito suplementario para financiar pago de elaboración de expediente técnico y de servidumbre.
Ante el alto sentido de sensibilidad existente en la población chiclayana, producto de los problemas suscitados durante ejecución de la obra de saneamiento en el casco urbano de la ciudad, Juan Valdivia, gerente general de EPSEL, destaca que harán su mayor esfuerzo para evitar mayores impactos durante la ejecución de obra de mejoramiento de los emisores principales.

Y es que cumplido el propósito que el Ministerio de Vivienda concretara su compromiso de financiar la ejecución del proyecto de renovación de los emisores principales del sistema de alcantarillado de Chiclayo, el gerente general de EPSEL, Juan Valdivia Goycochea, precisó que de ahora en adelante, la población en general debe prepararse y asumir un rol más consciente que este tipo de trabajos por ejecutarse demandarán un máximo esfuerzo y despliegue técnico para garantizar su ejecución.

Promete que desde la empresa que dirige harán lo posible en reducir el impacto de una obra que tiene alto sentido de sensibilidad, y que se motiva por las agudas críticas registradas durante el desarrollo de los trabajos de saneamiento en el casco urbano de la ciudad, cumplidas por el Consorcio Chiclayo.

No obstante ello, el funcionario asegura que la población deberá tomar en cuenta que la mayor parte de estos trabajos a cumplir se harán fuera de la ciudad – vale decir los emisores principales de Chiclayo– salvo algunas acciones pero serán por corto espacio de tiempo.

En decir, Epsel ha quedado expedita para tan pronto se le transfiera el primer desembolso lanzar la convocatoria pública de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y demás normas al respecto, para luego pasar a la puesta en marcha de las obras de los colectores principales de Chiclayo, que incluyen el Colector Sur, Colector Norte y Colector Norte Norte, que evacuan las aguas servidas de la ciudad y de los distritos conurbanos de La Victoria y José Leonardo Ortiz.

Independientemente de este aspecto, se conoció que Epsel no recibió la asistencia económica total para presupuestar la ejecución de este importante proyecto para la ciudad, porque si bien el costo de la obra bordea los 90 millones de nuevos soles, el funcionario destacó que una parte de este compromiso económico también deberá ser asumido – en menor proporción - por la empresa del agua. Vale decir, este año el Ministerio de Vivienda hará un desembolso del 75% del financiamiento total, que equivale a más de 66 millones de soles, para el inicio de la obra; y el próximo año el saldo de 22 millones de nuevos soles, aproximadamente, que significa el 25% del financiamiento.

“Lo que ha ocurrido es que el Ministerio de Vivienda decidió no financiar la servidumbre de paso, por lo que ese monto deberá ser asumido por la empresa, que aproximadamente asciende a 3 millones de soles; ni tampoco se nos va a financiar el expediente técnico, por lo que allí se había considerado otro millón de soles aproximadamente”, precisó.

Respecto al aspecto y al costo por la elaboración del expediente, Juan Valdivia acotó que el mismo está presupuestado y será asumido en su totalidad por Epsel, estando el 50% cancelado; mientras que en cuanto al saneamiento físico legal se tendría que proceder a la obtención de un crédito con la banca privada – que se concretará previo acuerdo de Directorio-, así como gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la obtención de un crédito suplementario para cubrir el monto requerido.
Asimismo el funcionario destacó que se hizo el máximo esfuerzo por lograr la presentación del expediente técnico a tiempo, no obstante hubo algunos detalles que vienen siendo superados con la estrecha participación de los profesionales contratados.

El diseño ha sido aceptado desde un primer momento, tan solo restaban algunos aspectos técnicos que eran adicionales, como planos de detalles, un informe de presupuesto, análisis de costos unitarios, de metrados, planos adicionales para la topografía que fueron solicitados posteriormente a la presentación y otros que uno a uno fueron presentándose y permitieron sustentar el presupuesto que se había solicitado ante el Ministerio de Vivienda.

“Los profesionales contratados por Epsel aún continúan afinando detalles de acuerdo al presupuesto ajustado que nos fue remitido por este portafolio para culminar definitivamente con los trabajos”, acotó Valdivia Goycochea.

Respecto a la labor que ha venido desempeñando el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo frente a la ejecución de los trabajos de saneamiento en el departamento, principalmente en Chiclayo, el funcionario de la empresa del agua expresó que su labor ha servido mucho en cuanto a la labor de sensibilización, conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, para que el Estado pueda considerar el proyecto de los emisores como prioritario y pueda ser ejecutado cuanto antes.

“Creo que el Ministerio Público y la propia Defensoría del Pueblo ha jugado un papel preponderante frente a este tema, por lo que gracias a Dios se ha logrado el financiamiento para cuanto antes se dé solución a este problema y pueda potenciarse el desarrollo de Chiclayo”, explicó.

Sanciones de ANA
Por otro lado, y aunque resulta un tema espinoso para la empresa del agua, Juan Valdivia se refirió al entrampamiento administrativo existente en el que se vio envuelto Epsel por derivar aguas de los desagües a las acequias de la ciudad ante la emergencia producida por el colapso registrado en las redes de Chiclayo y José Leonardo Ortiz.

El funcionario precisó que no obstante la empresa continúa solicitando la reconsideración de la imposición de la última multa por este concepto, se continúa buscando llegar a buen acuerdo con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para que no se proceda a aplicar la multa por arrojar aguas residuales al dren 4000, que confluye en el litoral lambayecano, a la altura del distrito de Santa Rosa. Sin embargo, reconoció que de producirse esto, se acumularía a las anteriores que en los últimos años le fueron impuestas a la empresa e incrementaría la deuda a más de un millón de nuevos soles, por lo que afirmó “se procedió a solicitar el fraccionamiento del pago de las mismas toda vez que en este último caso aún no se ha podido evitar su imposición”.

No obstante, el funcionario precisó continúan solicitando la reconsideración pues cancelar un millón de soles es una cifra que afecta la economía de la empresa, y que coincidentemente son deudas que se fueron generando años atrás y durante gestiones pasadas.

“Hemos encontrado que habías muchas cosas que no se pagaban, que incluye el crédito al gobierno francés, el Fonavi, por lo que a la fecha tenemos un aproximado de 5 millones de soles en deudas por concepto de servicios, y que en base a una política de cumplimiento de las obligaciones han empezado a cancelarse por año”, precisó.

Nuevo sindicato
Asimismo, el gerente general también se pronunció sobre la próxima conformación del Sindicato de Profesionales de Epsel. En ese sentido, aseguró que extraoficialmente ha tomado conocimiento y aunque no ha recibido documento alguno sobre ciertas peticiones, expresó que en la empresa hace 18 años no se produce ningún incremento, tanto a los funcionarios como a los profesionales, por lo que considera que el D.S. 015 ha quedado prácticamente desfasado y poniendo en evidencia que muchos de los obreros y empleados superan la remuneración de los profesionales; incluso de los mismos gerentes y subgerentes.

“Pienso que es un justo reclamo de los profesionales, 26 de ellos que tienen condición de funcionarios, el de plantear mejoras remunerativas”, acotó, enfatizando en que tiene conocimiento que desde el Ministerio de Vivienda se viene impulsando conjuntamente con la Ley de Modernización está propugnando el incremento salarial para los funcionarios en aproximadamente un 40%.

Según Valdivia, este incremento no perjudicaría la economía de la empresa, pues es un tema que se viene trabajando desde el año pasado y que desde ya han coberturado totalmente para el presente año fiscal.
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Máquinas de balde
Habiéndose procedido a adquirir a finales del año pasado 8 máquinas de balde, marca Lister Petter, para cumplir con el procedimiento de limpieza de las redes de la ciudad y otras localidades donde Epsel tiene bajo su administración el brindar su servicio, Valdivia Goycochea precisó que se llegó a tomar esta decisión toda vez que las adquiridas durante la gestión del entonces gerente Óscar Tirado Gálvez, de fabricación china, en la práctica nunca sirvieron.

“Se hizo una compra que nunca funcionó, y fue una inversión vana que se hizo en esa época, y sé también que aún no ha concluido el proceso judicial que se sigue contra quienes resultaron administrativamente responsables por esta adquisición, sin embargo, se ha dispuesto que éstas puedan ser repotenciadas con motores americanos Lister Petter, dado la fuerza que se requiere para que puedan servir en el apoyo de la eliminación de la colmatación de las redes de desagüe que cruzan la ciudad”, puntualizó.
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● Epsel inició proceso de acreditación de Laboratorio ante Indecopi. Primer paso fue compra de espectrofotómetro.
● Según ranking de buen gobierno, Epsel se ubica en el cuarto lugar, por delante de EPS Grau, Sedalib y Sedapal Arequipa.
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+ NOTICIAS
● Valdivia asegura que su permanencia en el cargo se dará hasta que no se implemente acuerdo de Directorio.
● Gerente de Epsel anunció que solicitarán crédito suplementario para ejecutar proyecto que permita dotar de servicios básicos a pueblos jóvenes ubicados en carretera a Pomalca.
● Desde el 15 de julio próximo, Epsel contará con nuevo cargador frontal.
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