Escuchamos, cada vez con mayor frecuencia, que si el Perú no hace nada para enfrentar el cambio climático las consecuencias serán devastadoras. El planeta se calienta y la costa peruana sufrirá escasez de agua, se elevará el nivel y la temperatura del mar. El cambio de las condiciones climáticas, afectará seriamente a la agricultura y ganadería; pero también a nuestra exuberante flora y fauna.
Estas y otras predicciones y evidencias científicas parecen no alarmarnos. Tampoco las primeras cuentas generales que se hacen de las pérdidas que podría ocasionar el cambio climático para el Perú. Se dice que al 2030, las pérdidas económicas por cambio climático serán del 6,9% del PBI y al 2050 del 20%. Si tomamos en cuenta que nuestro mayor crecimiento ha sido a un ritmo del 6%, se hace evidente que estaremos en graves aprietos. Es más, actualmente, la degradación ambiental anual, según el Banco Mundial, es de aproximadamente el 3,9% del PBI.
Ante la urgencia y gravedad del tema, las respuestas del sector público son lentas y de poca trascendencia. Se busca cambiar la estrategia nacional de cambio climático, sin tomar en cuenta por qué no funcionó, pero además sin plantear metas precisas ni un plan de acción que nos señale el camino por dónde podemos y debemos transitar. Se dice que de lo que se trata, es que cada sector defina lo que hará. Todos sabemos, que eso puede demorar años, y sin embargo insistimos en ello.
Es decir, estamos viviendo los descuentos con una pasividad impresionante. Estamos dejando pasar tiempo valioso que nos debería servir para saber qué hacer, dotarnos de lo necesario y movilizar con decisión las fuerzas de la sociedad hacia objetivos claros y concretos.
Es obvio que esa pasividad tiene que ver con una falta de voluntad política, y la pregunta a responder es ¿por qué ni siquiera la realización de la COP20 en Lima y el rol de anfitrión del Perú han podido cambiar esta actitud despreocupada? Muestra de ello es la ausencia del tema en los discursos presidenciales de 28 de julio; pero además, la existencia de un conjunto de medidas que se han venido dando desde hace más de un año (D.S. 054-2013-PCM, D.S. 060-2013-PCM, D.S. 054-2013-EM, D.S. 120-2014-MEM-DM, Ley 30230 y otras que se anuncian) para facilitar la inversión, a costa de debilitar el sistema de gestión ambiental y las competencias del Ministerio del Ambiente.
Hace unos días, el Presidente de la República del Perú dijo en Nueva York que el cambio climático nos exige ponernos de acuerdo, y que ese acuerdo debe ser: justo y por lo tanto, partir de las responsabilidades diferenciadas de los países; equilibrado para permitir el crecimiento económico y la lucha contra la pobreza; equitativo, asegurando el apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo; transformador, de las fuentes energéticas, alentando la inversión privada y la competitividad baja en emisiones de carbono; y finalmente inclusivo, incorporando a todos los actores de la sociedad.
Para quienes vivimos en el Perú los discursos del Presidente de la República en reuniones internacionales sobre cambio climático no expresan compromisos al interior del país. Si hubiera una real preocupación, a estas alturas, habría una política transectorial definida, liderada por él. Tendríamos avances significativos en una estrategia que ya tiene más de diez años de existencia, y los recursos invertidos por el Estado serían mayores a los de la cooperación internacional.
Pero el problema no es solo del Presidente de la República, es de toda la clase política. Tiene que ver con su negativa a revisar el modelo de desarrollo en lo mínimo indispensable. Por eso, no nos extraña que esa clase política venga desmontando los Estudios de Impacto Ambiental, instrumento que podría ayudar a que en los proyectos de inversión se considere la variable cambio climático y se evite, en lo posible, agravar los problemas de disponibilidad de agua, desertificación, exposición a desastres, etc.
Esta clase política opone crecimiento económico a regulación, e intenta justificarla señalando que es necesario generar riqueza a cualquier costo, para aliviar la pobreza; olvidando que el cambio climático afecta principalmente a los más pobres.
Esta parálisis tiene que ver con decisiones que no se quieren tomar. ¿Quién afronta el cambio climático? ¿Es una tarea del Ministerio del Ambiente o involucra el comportamiento de todos los actores de la sociedad? ¿Bastan proyectos verdes o es necesario frenar la irracionalidad de iniciativas que destruyen el bosque amazónico para ampliar la frontera agrícola y cultivar agro combustibles? ¿Deberíamos seguir sacrificando lagunas o modificando el sistema hídrico para hacer posible actividades extractivas, cuando existirá menos disponibilidad de agua dulce? ¿Deberíamos seguir promoviendo la construcción de edificios habitacionales en el litoral, sin considerar la elevación del nivel del mar? ¿Debemos seguir creciendo sin apostar a un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero?
La posibilidad de evasión de la realidad es solo temporal. Cuando más tarde asumamos nuestra responsabilidad, mayores serán las pérdidas y los costos para la sociedad, y lo que es peor aún, algunas situaciones se convertirán en irreversibles. En el Perú seguimos apostando a llorar sobre la leche derramada y a reparar antes que prevenir. Me pregunto, ¿por qué repetimos la misma historia y nos negamos a aprender? Con dinero o sin dinero, una y otra vez, siempre nos chocamos contra la misma pared.
Por Ana Leyva V
CooperAcción
Ante la urgencia y gravedad del tema, las respuestas del sector público son lentas y de poca trascendencia. Se busca cambiar la estrategia nacional de cambio climático, sin tomar en cuenta por qué no funcionó, pero además sin plantear metas precisas ni un plan de acción que nos señale el camino por dónde podemos y debemos transitar. Se dice que de lo que se trata, es que cada sector defina lo que hará. Todos sabemos, que eso puede demorar años, y sin embargo insistimos en ello.
Es decir, estamos viviendo los descuentos con una pasividad impresionante. Estamos dejando pasar tiempo valioso que nos debería servir para saber qué hacer, dotarnos de lo necesario y movilizar con decisión las fuerzas de la sociedad hacia objetivos claros y concretos.
Es obvio que esa pasividad tiene que ver con una falta de voluntad política, y la pregunta a responder es ¿por qué ni siquiera la realización de la COP20 en Lima y el rol de anfitrión del Perú han podido cambiar esta actitud despreocupada? Muestra de ello es la ausencia del tema en los discursos presidenciales de 28 de julio; pero además, la existencia de un conjunto de medidas que se han venido dando desde hace más de un año (D.S. 054-2013-PCM, D.S. 060-2013-PCM, D.S. 054-2013-EM, D.S. 120-2014-MEM-DM, Ley 30230 y otras que se anuncian) para facilitar la inversión, a costa de debilitar el sistema de gestión ambiental y las competencias del Ministerio del Ambiente.
Hace unos días, el Presidente de la República del Perú dijo en Nueva York que el cambio climático nos exige ponernos de acuerdo, y que ese acuerdo debe ser: justo y por lo tanto, partir de las responsabilidades diferenciadas de los países; equilibrado para permitir el crecimiento económico y la lucha contra la pobreza; equitativo, asegurando el apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo; transformador, de las fuentes energéticas, alentando la inversión privada y la competitividad baja en emisiones de carbono; y finalmente inclusivo, incorporando a todos los actores de la sociedad.
Para quienes vivimos en el Perú los discursos del Presidente de la República en reuniones internacionales sobre cambio climático no expresan compromisos al interior del país. Si hubiera una real preocupación, a estas alturas, habría una política transectorial definida, liderada por él. Tendríamos avances significativos en una estrategia que ya tiene más de diez años de existencia, y los recursos invertidos por el Estado serían mayores a los de la cooperación internacional.
Pero el problema no es solo del Presidente de la República, es de toda la clase política. Tiene que ver con su negativa a revisar el modelo de desarrollo en lo mínimo indispensable. Por eso, no nos extraña que esa clase política venga desmontando los Estudios de Impacto Ambiental, instrumento que podría ayudar a que en los proyectos de inversión se considere la variable cambio climático y se evite, en lo posible, agravar los problemas de disponibilidad de agua, desertificación, exposición a desastres, etc.
Esta clase política opone crecimiento económico a regulación, e intenta justificarla señalando que es necesario generar riqueza a cualquier costo, para aliviar la pobreza; olvidando que el cambio climático afecta principalmente a los más pobres.
Esta parálisis tiene que ver con decisiones que no se quieren tomar. ¿Quién afronta el cambio climático? ¿Es una tarea del Ministerio del Ambiente o involucra el comportamiento de todos los actores de la sociedad? ¿Bastan proyectos verdes o es necesario frenar la irracionalidad de iniciativas que destruyen el bosque amazónico para ampliar la frontera agrícola y cultivar agro combustibles? ¿Deberíamos seguir sacrificando lagunas o modificando el sistema hídrico para hacer posible actividades extractivas, cuando existirá menos disponibilidad de agua dulce? ¿Deberíamos seguir promoviendo la construcción de edificios habitacionales en el litoral, sin considerar la elevación del nivel del mar? ¿Debemos seguir creciendo sin apostar a un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero?
La posibilidad de evasión de la realidad es solo temporal. Cuando más tarde asumamos nuestra responsabilidad, mayores serán las pérdidas y los costos para la sociedad, y lo que es peor aún, algunas situaciones se convertirán en irreversibles. En el Perú seguimos apostando a llorar sobre la leche derramada y a reparar antes que prevenir. Me pregunto, ¿por qué repetimos la misma historia y nos negamos a aprender? Con dinero o sin dinero, una y otra vez, siempre nos chocamos contra la misma pared.
Por Ana Leyva V
CooperAcción
