AGRO NACIONAL: VEJEZ SIN FUTURO

El futuro de los peruanos es cada día más incierto, pues la gran mayoría no cuenta con una pensión digna para vivir, esta realidad se convierte en tragedia si hablamos de los trabajadores agropecuarios. Hoy, el 90% de los trabajadores agropecuarios vive sin seguro de pensiones. Sin embargo, los esfuerzos del Ejecutivo se centran principalmente en la agroexportación dejando de lado al agro nacional, cuyos limitados excedentes no permite generar algún ahorro. ¿Quién protege el futuro de los trabajadores agropecuarios?

Según un artículo de La revista AGRARIA, la población económicamente activa ocu­pada (PEA ocupada u ocupados) en el Perú alcanza las 15’683,616 personas, de las cuales el porcentaje mayor trabaja en actividades agrope­cuarias (3’759,261). Sin embargo, en esta rama, solo 389,716 trabajadores (10% del sector agropecuario) declaran aportar a algún sistema de pensiones. Así, mientras la minería, que genera menores puestos de trabajo en comparación con el agro, es la actividad con mayor tasa de protección social, los trabajadores agropecuarios son la última rueda del coche.

PEA ocupada según rama de actividad y afiliación al sistema de pensiones, 2013

Fuente: Cepes

Si tomamos la situación por edades las cosas tampoco pinta bien. En el sector agropecuario, el 74% de los ocupados se concentra en edades inter­medias (18 a 64 años), el 10% son menores de edad (14 a 17 años) y el 16% adultos mayores (60 a más). Los ocupados del rango de edad «65 a más» en el sector agropecuario representan el 10%; es decir, son más de 241 mil hombres y 172 mil mujeres los que, en este sector, aun contando con la edad de jubilación, continúan trabajando en la actividad. En conclusión, la mayoría de la población dedicada al agro es adulta y con importante participación de adultos mayores, incluso mucho más que en otras actividades de la economía. Esta situación, sumada a la bajísima tasa de afiliación, convierte al sector agropecuario en el sector más desprotegido del país.

En tanto, por categoría ocupacional, se observa que la afiliación de los asala­riados agropecuarios (empleados y obreros) en la costa es claramente mayor que en la sierra y la selva: el 6% de los empleados de la costa no aportan y 59% en el caso de los obreros. Resulta evidente que la con­centración de empresas agroindustriales, agroexportadoras, predios de gran tama­ño, y la mayor capitalización, juegan un rol crucial en este mayor aporte de la costa.

Dado que la actividad agropecuaria es fundamental para el desarrollo de la soberanía alimentaria en el país, resulta urgente resolver el problema de la se­guridad social de un sector caracterizado por ingresos bajos, poca conectividad, gran proporción de trabajadores adultos y adultos mayores, y escasa presencia de trabajo asalariado —sobre todo, en la sierra y la selva. La afiliación a un sistema de pensiones en favor de los trabajadores agropecuarios es un gran desafío que el presente y los futuros gobiernos deben afrontar.
Otra Mirada

NOBEL DE AGRICULTURA???????

Vivimos en un mundo al revés, en el que se premia a las multinacionales de la agricultura transgénica, mientras acaban con la agricultura y la agrodiversidad. El Premio Mundial de Alimentación 2013, lo que algunos llaman el Nobel de Agricultura, ha sido concedido este año a dos representantes de la industria transgénica: Robert Fraley de Monsanto y Mary-Dell Chilton de Syngenta. El tercer galardonado ha sido Marc Van Montagu de la Universidad de Gante (Bélgica). Todos ellos distinguidos por sus investigaciones a favor de una agricultura biotecnológica.

Y me pregunto: ¿Cómo puede ser que se conceda un galardón que, teóricamente, reconoce "las personas que han hecho avanzar (...) la calidad, la cantidad y el acceso a los alimentos" a quienes promueven un modelo agrícola que genera hambre, pobreza y desigualdad. Los mismos argumentos, imagino, que llevan a conceder el Nobel de la Paz a quienes fomentan la guerra. Como dice el escritor Eduardo Galeano, en su libro 'Patas arriba' (1998), "se premia al revés: se desprecia la honestidad, se castiga el trabajo, se recompensa la falta de escrúpulos y se alimenta el canibalismo".

Nos quieren hacer creer que las políticas que nos han conducido a la presente situación de crisis alimentaria serán las soluciones, pero eso es mentira. La realidad tozuda nos demuestra, a pesar de los discursos oficiales, que el actual modelo de agricultura y alimentación es incapaz de dar de comer a la gente, cuidar de nuestras tierras y de aquellos que trabajan el campo. Hoy, a pesar de que, según datos del instituto GRAIN, la producción de alimentos se ha multiplicado por tres desde los años 60, mientras que la población mundial desde entonces tan solo se ha duplicado, 870 millones de personas en el mundo pasan hambre. Hambre, pues, en un planeta de la abundancia de la comida.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, reconoce que en los últimos cien años han desaparecido el 75% de las variedades agrícolas. Nuestra seguridad alimentaria no está garantizada, al depender de un abanico cada vez más reducido de especies animales y vegetales. En definitiva, se promueven aquellas variedades que más se adecuan a los estándares de la agroindustria (que pueden viajar miles de kilómetros antes de llegar a nuestro plato, que tengan un buen aspecto en las estanterías del supermercado, etc.). Dejando de lado otros criterios como la calidad y la diversidad de lo que comemos.

Se nos dice que para acabar con el hambre en el mundo hay que producir más alimentos y, en consecuencia, que es necesaria una agricultura transgénica. Pero hoy de comida no falta sino sobra. No tenemos un problema de producción, sino de acceso. Y la agricultura transgénica no democratiza el sistema alimentario; al contrario, privatiza las semillas, promueve la dependencia campesina, contamina la agricultura convencional y ecológica e impone sus intereses particulares al principio de precaución que debería de prevalecer.

Marie Monique Robin, autora del libro y el documental 'El mundo según Monsanto' (2008), lo deja claro: estas empresas quieren "controlar la cadena alimentaria" y "los transgénicos son un medio para conseguir este objetivo". Premios como los concedidos a Monsanto y Syngenta son una farsa, ante la que sólo hay una respuesta posible: la denuncia. Y señalar que otra agricultura sólo será posible al margen de los intereses de estas multinacionales.
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DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN...PARA CELEBRAR?

Foto: Oxfam

En el Día Mundial de la Alimentación, hay poco por celebrar y mucho por hacer. Según la FAO, en América Latina 49 millones de personas pasan hambre. Si bien en los últimos 20 años se registran avances importantes, y 16 millones de personas menos padecen hambre en la región, la cifra aún es alarmante, más aún si tomamos en cuenta que América Latina produce suficientes alimentos para cubrir las necesidades de todos sus habitantes.

Pero esta situación será más difícil de revertir si los gobiernos de la región continúan impulsando principalmente a los sectores agroexportadores, postergando la agricultura a pequeña escala, que es la base de la alimentación de millones de personas de la región y que genera altos niveles de empleo en el campo. “Los gobiernos de la región deben aprovechar el actual momento de crecimiento económico que experimentan muchos países, plasmando en los presupuestos del 2013 un incremento en la inversión de la agricultura familiar y campesina, especialmente en las mujeres, que tanto potencial tienen para aumentar su productividad de manera sostenible. Este es el camino más viable para eliminar el hambre en la región”, dijo Antonio Hill, representante de la campaña Crece de Oxfam para América Latina.

De acuerdo con Hill, los gobiernos requieren cambiar su enfoque sobre las políticas agrarias, y deben dejar de ver únicamente la rentabilidad en la exportación de alimentos, para ver en la pequeña agricultura la garantía de la alimentación de todos y todas. “Hay que mirar la pequeña agricultura como rentable, primero porque es la despensa alimentaria del pueblo en la región, y segundo, porque sigue siendo una fuente muy importante de empleo. Fortalecerla a través de mayor inversión en tecnificación agraria o políticas de adaptación al cambio climático es un camino no solo para reducir el hambre sino también para blindar a la región contra la crisis económica en Europa y otras partes del mundo”, dice Antonio Hill.

Para contrarrestar la volatilidad y proteger a los ciudadanos más vulnerables, los gobiernos de la región deben invertir en la productividad sostenible de pequeños productores, en el marco de políticas de seguridad alimentaria que permitan garantizar la provisión de alimentos para todos y todas. Pero los gobiernos de América Latina no están priorizando la inversión en agricultura a pequeña escala, que pierde peso con respecto al presupuesto nacional.

En Perú, por ejemplo, un estudio del Grupo Propuesta Ciudadana muestra que el peso de la pequeña agricultura en el presupuesto nacional es cada vez menor, pues mientras en 2008 representaba el 2,8 del presupuesto, en 2012 su participación disminuyó a 2,4%.

De igual manera, el gasto público destinado al sector agrícola en República Dominicana ha bajado del 2.22% del gasto total en 2010 a 1.46% en 2012. En el caso del gasto por persona empleada en el sector, bajó de $342 a $316 en el mismo periodo.

Los gobiernos de la región deben redoblar esfuerzos para garantizar la alimentación de sus ciudadanos más vulnerables, sin ceder a intereses particulares del sector de los agronegocios, los cuales van muchas veces en contra de la generación y producción de alimentos básicos para las mayorías. “La estrecha relación entre las demandas de gremios poderosos y la asignación de presupuestos a favor de sus intereses no es secreto. La historia no contada es que los gobiernos acceden a esas presiones a costa de los derechos de casi 50 millones de los campesinos y consumidores más pobres y vulnerables en América Latina año tras año. O cambiamos estas tendencias o tiramos un sistema alimentario más justo por la borda”, dijo Hill.

Perú: Crecimiento económico sin agenda vinculada a la seguridad alimentaria
En el Perú a pesar del crecimiento económico sostenido, no se ha avanzado lo suficiente para implementar la agenda vinculada a la seguridad alimentaria ni se han asignado los recursos necesarios para este fin. Según el Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria a nivel distrital elaborado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimdes) en 2011, los departamentos de más alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria son Huancavelica (98%), Huánuco, (84%), Amazonas (82%) y Puno (80%).

De acuerdo con el Mimdes, el índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria alcanza al 47.5% de la población total del país; es decir, más de 13 millones de peruanos y peruanas no pueden cubrir sus requerimientos nutricionales con alimentos en cantidad y calidad suficiente para tener una vida saludable. Además, según el INEI, durante el primer trimestre de este año se incrementó en siete puntos porcentuales el déficit calórico en los hogares con niñas, niños y adolescentes de zonas rurales, con respecto al mismo periodo del 2011.

En el área urbana, el incremento del déficit calórico fue de 0,6%. Giovanna Vásquez, coordinadora de la Campaña Crece de Oxfam en Perú, sostiene que el diagnóstico sobre vulnerabilidad alimentaria en el país, sumado a un escenario de cambio climático y alta volatilidad en los precios de los alimentos, convierten este tema en una prioridad que debe abordarse desde los más altos niveles de decisión. “La conformación de una comisión multisectorial para la seguridad alimentaria, así como la reciente creación de una comisión para la promoción de la dieta andina son avances importantes para enfrentar el problema. Sin embargo, hace falta más claridad del Ejecutivo para delinear e implementar la agenda de seguridad alimentaria en el país, y para ello destinar recursos públicos es clave” dijo Vásquez.

Factores como el cambio climático (que golpea la producción de alimentos) y la volatilidad en los precios (que perjudica el acceso a los alimentos), pueden incrementar el número de personas en situación de hambre. En ese sentido, fortalecer e invertir en agricultura campesina, que genera más del 60% de los alimentos que consumimos en el país, es clave en una política nacional de seguridad alimentaria que busque garantizar alimentos para todos y todas. “Los cambios en los patrones de las lluvias y en las temperaturas golpean la producción de pequeños productores y productoras de papa, maíz, entre otros productos. Hay zonas del Perú donde la producción se reduce hasta en un 50%. Es urgente desplegar políticas y mayor presupuesto para impulsar una producción integrada, así como para apoyar la adaptación al cambio climático de miles de productores”, dice Vásquez.

Pero si bien el fortalecimiento de la pequeña agricultura es un elemento clave para la lucha contra el hambre y la desnutrición en el país, no hay una asignación de recursos acorde con la importancia social y económica de este sector. “El presupuesto para la pequeña agricultura sigue disminuyendo en términos relativos, pasando de 2.8% del presupuesto nacional en 2008 a 2.4% en 2012. De manera similar, mientras el presupuesto per cápita nacional aumentó en 51% entre 2006 y 2011, el correspondiente a la pequeña agricultura creció solo en 16%”, explica Epifanio Baca, investigador del Grupo Propuesta Ciudadana.
Servindi

NUESTRA SEGURIDAD ALIMENTARIA ¿DEPENDE DELA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS?

¿Es el Perú un país dependiente de las importaciones de alimentos? ¿Nuestra seguridad alimentaria está amenazada por las cíclicas elevaciones de precios? ¿Hay nubarrones, en el futuro, sobre nuestra seguridad alimentaria? La sequía en EE.UU. y una nueva alza de precios ponen nuevamente sobre el tapete un tema que es tanto global como nacional.

Según Alan García, la seguridad alimentaria era un concepto obsoleto, pues bastaba con tener suficientes recursos para importar alimentos cuando aquí faltasen: en el caso del Perú, gas por alimentos (1). Su ejemplo era el Japón. Podría también haber mencionado a Venezuela, que importa las tres cuartas partes de los alimentos que necesita.

El problema es que el mercado internacional de alimentos no es, para nada, confiable. Todos los especialistas concuerdan en que los precios de los alimentos seguirán subiendo y en que se espera que el cambio climático produzca inesperadas variaciones en la producción. Apenas en el pasado mes de junio se esperaba que 2012 fuese un buen año agrícola; mes y medio después, el mundo está alarmado por la sequía en EE.UU. y en otros importantes productores de cereales, que ha empujado el alza de los precios.

Depender de los mercados externos es, pues, crecientemente más caro e inseguro. El Perú no puede darse ese lujo. No se trata de buscar una ilusoria autarquía, pero sí de dotarnos de una estrategia de seguridad alimentaria que nos proteja de los avatares del presente y de un futuro cada vez más impredecible. ¿Cuán dependiente es el Perú de los alimentos importados? No son muchos los alimentos que importamos, en parte por la rica biodiversidad y variedad climática que nos permiten tener una infinidad de alimentos todos los meses del año.

Pero los montos que importamos, de ese limitado número de alimentos, son importantes. El valor de las importaciones de alimentos fue, en 2011, de aproximadamente US$2.6 mil millones (7% de las importaciones totales, que alcanzaron los US$37 mil millones). Los cereales, junto con los tubérculos, conforman una parte sustancial de la dieta de los peruanos y son la principal fuente de calorías.

¿Cuán dependiente es el Perú de las importaciones de cereales?
El valor de la importación de cereales sumó, en 2011, el 60% del total de todas las importaciones de alimentos. El país depende en un 88.7% de las importaciones de trigo. La producción nacional es bastante pequeña, pues apenas supera las 200 mil toneladas, con rendimientos muy bajos de 1.3 toneladas promedio por hectárea. Prácticamente todo el pan, los fideos, las galletas y las harinas se hacen con trigo importado, sobre todo de Argentina y Canadá.

Cinco empresas importan la mayor parte de este cereal: el 77.8% (tan solo Alicorp importa el 42.3%) (2). Un estudio realizado por el Minag, en 2007, concluyó que, dado que las existencias de trigo en el mundo se hacen cada vez menores, «hay que estar prevenidos para enfrentar una escasez futura» (3).

¿Quién debe encargarse de la prevención? El propio Estado. Pero parece que aún prevalecen sobre el tema los puntos de vista de Alan García. También somos altamente dependientes de las importaciones de maíz amarillo duro. Sobre un total de un poco más de 3.1 millones de toneladas, se importó el 60%, principalmente de Argentina y EE.UU. Aquí también hay una concentración de las importaciones: 70% de estas son realizadas por cuatro empresas: San Fernando S.A., Contilatin del Perú S.A., Cargill América del Perú S.R.L. e Importadora de Cereales S.A. (4).

El maíz amarillo duro es el principal insumo alimenticio de la industria pollera, y el pollo es la principal fuente de proteínas de los peruanos. Las variaciones en el precio del maíz, obviamente, impactan en el de los pollos. Somos aún más dependientes de la soya. Así como el maíz amarillo duro, la torta de soya se utiliza sobre todo para la alimentación animal.

La producción en el país es casi inexistente, por lo que debemos importar de Bolivia, Paraguay y Argentina casi la totalidad del millón de toneladas que ingresan a nuestro territorio. Las principales empresas importadoras son ADM Andina y San Fernando S.A. (5). La importación de arroz, en cambio, es marginal (7% del total en 2011), siendo el Perú largamente autosuficiente. En cuanto a la cebada, prácticamente el íntegro que el Perú importa es maltera, destinada a la producción de cervezas. La principal importadora, y casi única, es la Cervecera Backus, que la compra mayoritariamente de la Argentina.

La cebada nacional se destina sobre todo a la alimentación y al forraje. Somos también grandes importadores de aceites vegetales, a un costo de más de US$400 millones. Asimismo, adquirimos frutas y menestras, pero en proporciones bastante menores. Es claro, pues, que los cereales son, entre los productos alimenticios en el mercado internacional, los que tienen los precios más volátiles. Impactan en los precios del pan, los fideos y los pollos, que son esenciales en la nutrición de la población. No es que los cereales vayan a faltar en los mercados, sino en las mesas de los más pobres, pues serán más caros.

Hasta el momento, los gobiernos de turno han actuado como si el Perú estuviese a salvo de la amenaza alimentaria o como si fuesen suficientes los programas de asistencia alimentaria. Por su alta vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, el tema merece una atención urgente del gobierno y, en primer lugar, del Ministerio de Agricultura.
La Revista Agraria