En diálogo con CAOI, el representante boliviano dijo que el concepto de economía verde impulsado por los países ricos tiene un sesgo marcadamente ambientalista, es decir, no integra los pilares económico, social y ambiental. El peligro, advirtió, es que con el establecimiento de “buenas acciones ejemplares a seguir” y sistemas de monitoreo, se estaría recortando el derecho soberano de nuestros países a decidir nuestros propios modelos de desarrollo “en diálogo con nuestros pueblos”.
Los países industrializados se niegan a modificar sus patrones de consumo y buscan transferirnos su responsabilidad a través de la imposición de pagos de servicios ambientales, disminución del consumo de combustibles fósiles y mecanismos de uso eficiente del agua, señalando incluso cuáles son las actividades que supuestamente hacen ese uso eficiente. “Pareciera que nosotros somos responsables de la crisis climática, de la crisis financiera, y que los países ricos deben monitorearnos”, insistió Orellana.

Propone, asimismo, respetar el derecho a la soberanía de los países en desarrollo sobre sus recursos naturales y para decidir su modelo de desarrollo, sin sistemas de monitoreo que en la práctica representan una intromisión en nuestras políticas públicas. El delegado boliviano afirmó que los pueblos indígenas están presentes en el documento, a través, por ejemplo, del reconocimiento de la importancia de sus conocimientos tradicionales en agricultura, manejo de la biodiversidad y soberanía alimentaria. Destacó, finalmente, que la propuesta del Grupo 77 incluye el concepto de Madre Tierra.
En particular, Bolivia y Ecuador han planteado además el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Este tema ha sido incluido en el Capítulo I del Borrador Cero: Nuestra visión del desarrollo sostenible. “Son cuatro párrafos por los que vamos trabajar para que se mantengan en el documento de Río+20”, finalizó.
Servindi
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