Según refiere Amancio Fernández, en el 2005 se observó el referido Informe, toda vez que al momento de solicitar los permisos correspondientes la empresa minera La Purísima, titular de la concesión minera de explotación metálica en el sector Cushuro, no tomó en cuenta que todo lo actuado debía remitirse a INRENA para su opinión. Es más, la solicitud de la autorización para el uso del agua fue postergada dado a que se efectuó sin que el estudio de Impacto Ambiental fuera presentado al Ministerio de Energía y Minas para su evaluación y aprobación como especifica el proceso minero.
Pese a que en su oportunidad fueron planteadas las observaciones, el presidente de la Comisión de Regantes de Mocupe opina que a la fecha se evalúa formular las mismas críticas ante el Ministerio del Ambiente y a la Autoridad Nacional del Agua – ANA, dado a que aún se mantiene vigente la intención de la empresa de pretender retomar las acciones emprendidas años atrás; más aún cuando en el 2003 se registró un incidente en el que se produjo la muerte de más de tres mil truchas en el río que discurre por la zona a explotar. El documento al que Amancio Fernández hace mención ponía freno al otorgamiento del permiso para la explotación minera en la Cuenca del Zaña, dado a que aún existen pasivos ambientales como el caso del Río Llaucano, motivo por el que no se puede ejecutar la II Etapa de Tinajones. Pasivo – refiere el dirigente - que no lo asume el Estado ni las empresas mineras responsables y que su recuperación tardará muchos años, aún con tecnología de punta. “Naturalmente es un proceso irreversible que tardaría decenas de años, por tanto, la Cuenca del Zaña no quiere que se repita esa mala experiencia que limitaría la existencia de todo ser viviente”, acotó.El impedimento para el otorgamiento del permiso estaría respaldado – argumenta el dirigente – dado a que en el 2003, durante la etapa de exploración de esta empresa se produjo un vertimiento de efluentes líquidos y sólidos de los socavones, registrándose una mortandad de más de tres mil truchas en la comprensión de Taulis Calquis y Taulis Playa.
“La empresa aludida empleó componentes químicos para iniciar el proceso de separación de los minerales. Fue en esa etapa que se registró la muerte de truchas en Cushuro – Taulas Playa, en un radio de 2 kilómetros, perjudicando las especies que en los ríos habita. Se piensa que hubo un rebose en una pequeña posa implementada por la empresa minera donde habían realizado sus operaciones exploratorias”, afirma Fernández, destacando que esta situación fuepuesta de manifiesto por la propia población organizada, sin embargo en ningún momento el reclamo fue atendido. Y ello – asegura - se puede probar porque especialistas de la Universidad Nacional de Trujillo comprobaron que la contaminación de las aguas del río Zaña se dio, luego de realizarse sendos estudios de impacto ambiental.
“Como la longitud del río es corta desde la minera Cushuro, aproximadamente 120 kilómetros, implica que la contaminación de las aguas de este río van a generar un impacto en la población y a aproximadamente 37 mil hectáreas dedicadas a labores agrícolas, así como perjudicará a la actividad ganadera”, refiere Amancio Fernández.
Precisamente la preocupación se origina porque en estas zonas la actividad agrícola y pecuaria constituye la base económica de más de 80 mil habitantes de la Cuenca de Zaña, que nace en el distrito de Calquis en la provincia de San Miguel y concluye en el distrito de Lagunas en la provincia de Chiclayo.
Amancio Fernández enfatiza que a la fecha existe una posibilidad que con la nueva Ley de Aguas, de manera colegiada – tanto la Junta y las Comisiones de Regantes – puedan terminar otorgándole a la empresa minera la licencia para el inicio de operaciones y, por ende, para el uso de las aguas.
“Uno de los aspectos que debería tomarse como punto de partida es el impacto ambiental que genera esta explotación minera, las consecuencias a futuro, las normas de calidad que aplica para el aspecto de eliminación de desechos tóxicos. Debemos considerar como participantes no solo a la comunidad, si no a instituciones como Dirección General de Salud, al Consejo Nacional de Medio Ambiente, entre otros.
Finalmente, sostiene que se debe realizar un estudio exhaustivo con la participación de personas especialistas en gestión ambiental; considerando inclusive que se podría solicitar la colaboración de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo o alguna universidad de la región para la realización de un Proyecto de Medición de Impacto Ambiental producto de la explotación minera.
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