La política sobre industrias extractivas ha sido puesta nuevamente sobre el tablero. Tal cual es desarrollada no hace sino ocasionar daños al medio ambiente y a quienes habitan en los espacios donde esta se desarrolla. De esta manera, gesta conflictos sociales cuyos costos pagamos todos en una factura demasiado alta. La semana que pasó, Otra Mirada presentó el suplemento “Agenda para una Nueva Minería”, en el cual presenta los puntos que considera urgentes. Unos días después, otro texto hace lo propio y consideramos conveniente discutir al respecto.
Secada afirma que la propiedad del subsuelo no debería ser del Estado sino de los propietarios del suelo. De esta manera, las compañías que exploran minerales o hidrocarburos negociarían una participación en la propiedad de las eventuales minas y no derechos de paso o uso del suelo con los pobladores. Esta propuesta nos parece, cuando menos peligrosa. El subsuelo es de todos los peruanos, es un derecho de todos. En un país donde la concentración de tierras en pocas manos es una realidad y donde desde el Estado se ha impulsado esta concentración, apelar a la propiedad individual del subsuelo no es sólo alarmante, sino una intención con agenda. Pese a la noción peyorativa que manejan muchos del “Estado”, lo cierto es que a él le corresponde la distribución equitativa y justa de los recursos que son, también, de todos. No es “estatismo”, es distribución justa en lugar de una antojadiza que pudieran dirigir unos pocos.
Un segundo punto en la agenda del regidor es que la idea del canon sea descartada pues los ingresos extraordinarios deberían alimentar un “Fondo Soberano de Riqueza” que garantice la sostenibilidad de estos recursos en el tiempo y que sea invertido en planes de desarrollo que involucren educación, nutrición, infraestructura, etc. Y, además, indica que esta reforma requiere la voluntad política del MEF. Sin embargo, habría que ver si la voluntad política del MEF, diseñado para cerrar caja a inversiones urgentes en el país, se la quiere jugar realmente por estas necesidades urgentes. El MEF es en la actualidad un defensor del superávit fiscal antes que de la resolución de demandas de la población. El tema, en efecto, no es burocrático, sino de voluntad política. En los pasillos del MEF no la encontramos.
El tercer punto en la agenda propuesta por Pablo Secada es el relacionado a mejorar la evaluación y supervisión ambientales con lo cual estamos plenamente de acuerdo. Finalmente, es el cuidado del medio ambiente el que garantiza que podamos contar con recursos que nos brinden ingresos para todos al mediano y largo plazo. Este es un punto crucial. Sin embargo, Secada sugiere que esta evaluación sea realizada por los funcionarios experimentados del Ministerio de Energía y Minas. Aquí entra nuestra discrepancia.
Lo que necesitamos es contar con un Ministerio del Ambiente fuerte cuyas funciones sean claramente delimitadas y cuyas posturas sean respetadas por el gobierno y los ciudadanos. Que la evaluación ambiental se encuentre en manos de los funcionarios del MINEM es permitir la existencia de un conflicto de intereses innecesario. Si es el MINEM el encargado de velar por la inversión en los sectores de Energía y Minas, ¿cómo a ellos también les va a estar asignada la responsabilidad de ver si tal o cual proyecto causa o no estragos en el ambiente? Esta responsabilidad compete al Ministerio del Ambiente y a sus expertos.
Este debate es oportuno y necesario. Creemos que poniendo en agenda los temas en discusión se puede llegar, por fin, a diseñar una “Nueva minería” y eso es lo que hace falta ya que no se trata de eliminar la minería como actividad, sino de que esta sea desarrollada de la manera más óptima posible. Si bien, Secada considera que “no basta rechazar lo que está mal”, nosotros creemos que sí, hay que rechazar lo malo, para dar pie a nuevas propuestas.
Otra Mirada
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