Una de las consecuencias del “Baguazo” fue la aprobación por unanimidad de la Ley de Consulta Previa en setiembre del 2011 en el Congreso de la República. El gobierno de Ollanta Humala Tasso se estrenaba y recién se había firmado el acuerdo con los sectores de empresarios mineros sobre la conversión del “óbolo” voluntario por sobreganancias mineras del gobierno aprista en un gravamen obligatorio formal. De hecho, quienes suscribieron en su momento la ley quizás no se percataron de los efectos que podría tener para los intereses de concesionarios de proyectos mineros y de hidrocarburos. Hubo más de un congresista que, días después, “se arrepintió” de haberla firmado.
La reglamentación de la propia ley fue un proceso complejo, lento y con consecuencias disímiles. Participaron en el mismo las organizaciones del llamado Pacto de Unidad de las Asociaciones Interétnicas e Indígenas, pero que lamentablemente terminó con la separación de cuatro de las seis asociaciones convocadas y con poca legitimidad debido a la constricción de los derechos que la propia ley, y sobre todo, el Convenio 169, reconocían. Un tiempo después, el viceministro de Interculturalidad de ese entonces Iván La Negra renunció según dicen fuentes periodísticas por sus desacuerdos con la implementación de la famosa “base de datos” de pueblos indígenas, hoy publicada por la actual viceministra Patricia Balbuena.
A todo esto, el reglamento de la Ley de Consulta propuso en la práctica que “los resultados” de toda consulta no sean vinculantes: esto quiere decir que, una vez realizada la consulta y si los pueblos indígenas, por ejemplo, consideran que no procede un proyecto de exploración minera, el Estado peruano podría desconocer ese resultado. En palabras del Ministro de Cultura de ese entonces Luis Peirano: “Tal como establece la ley, la consulta previa es vinculante en el sentido que debe hacerse; el resultado de la consulta no es necesariamente vinculante”. Un juego de palabras que, en la realidad concreta, va en contra de lo que Montesquieu llamaba “el espíritu de la ley”. O como decían los funcionarios del virreinato: hecha la ley, hecha la trampa.
Pero esta semana Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, fue un poco más allá y deslizó la idea de retirarnos del Convenio 169 para evitar la implementación de la Ley de Consulta: “El país que denuncie el pacto puede hacerlo y salirse, pero tiene que esperar diez años a partir de la firma del convenio […] Lo cierto es que cualquier proceso de consulta previa mal utilizado puede hacer muchísimo daño”. Estas declaraciones, junto con otras dadas por el mismo presidente Ollanta Humala, en el sentido de “destrabar” los proyectos mineros y de hidrocarburos, algo que todas las compañías claman en coro y ejerciendo mucha presión, coincide también con la actitud de ex funcionarios, como Daniel Saba, quien en una entrevista al diario Gestión dijo: “No se perdía nada sin una Ley de Consulta Previa. Honestamente, no se perdía nada”.
Empresarios mineros y petroleros se encuentran enfrentados a los pueblos indígenas: como en otras circunstancias similares, la batalla es totalmente desigual y abusiva. Sin embargo, a diferencia de otros momentos de la vergonzosa historia de la infamia peruana, hoy los pueblos indígenas tienen la ley a su favor. Sin embargo, como diría Vallejo, “hasta cuándo la cena durará”.
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*Rocío Silva Santisteban (Lima, 1963). Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Doctora en Literatura por la Universidad de Boston. Ganó el Premio Copé de poesía con su poemario Ese oficio no me gusta (1990). Otras publicaciones: Mariposa negra (1993), Condenado amor y otros poemas (1995) y Turbulencias (2006). En 1994 publica su libro de relatos Me perturbas (1994). Actualmente es periodista y docente universitaria. Además es presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Servindi
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| Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, deslizó hace algunos días la idea de retirarnos del Convenio 169 para evitar la implementación de la Ley de Consulta. Foto: La República. |
A todo esto, el reglamento de la Ley de Consulta propuso en la práctica que “los resultados” de toda consulta no sean vinculantes: esto quiere decir que, una vez realizada la consulta y si los pueblos indígenas, por ejemplo, consideran que no procede un proyecto de exploración minera, el Estado peruano podría desconocer ese resultado. En palabras del Ministro de Cultura de ese entonces Luis Peirano: “Tal como establece la ley, la consulta previa es vinculante en el sentido que debe hacerse; el resultado de la consulta no es necesariamente vinculante”. Un juego de palabras que, en la realidad concreta, va en contra de lo que Montesquieu llamaba “el espíritu de la ley”. O como decían los funcionarios del virreinato: hecha la ley, hecha la trampa.
Pero esta semana Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, fue un poco más allá y deslizó la idea de retirarnos del Convenio 169 para evitar la implementación de la Ley de Consulta: “El país que denuncie el pacto puede hacerlo y salirse, pero tiene que esperar diez años a partir de la firma del convenio […] Lo cierto es que cualquier proceso de consulta previa mal utilizado puede hacer muchísimo daño”. Estas declaraciones, junto con otras dadas por el mismo presidente Ollanta Humala, en el sentido de “destrabar” los proyectos mineros y de hidrocarburos, algo que todas las compañías claman en coro y ejerciendo mucha presión, coincide también con la actitud de ex funcionarios, como Daniel Saba, quien en una entrevista al diario Gestión dijo: “No se perdía nada sin una Ley de Consulta Previa. Honestamente, no se perdía nada”.
Empresarios mineros y petroleros se encuentran enfrentados a los pueblos indígenas: como en otras circunstancias similares, la batalla es totalmente desigual y abusiva. Sin embargo, a diferencia de otros momentos de la vergonzosa historia de la infamia peruana, hoy los pueblos indígenas tienen la ley a su favor. Sin embargo, como diría Vallejo, “hasta cuándo la cena durará”.
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*Rocío Silva Santisteban (Lima, 1963). Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Doctora en Literatura por la Universidad de Boston. Ganó el Premio Copé de poesía con su poemario Ese oficio no me gusta (1990). Otras publicaciones: Mariposa negra (1993), Condenado amor y otros poemas (1995) y Turbulencias (2006). En 1994 publica su libro de relatos Me perturbas (1994). Actualmente es periodista y docente universitaria. Además es presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
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