QUE NOS DICE EL NUEVO CENSO AGRARIO?

Después de 18 años, el Perú cuenta con un Censo Agropecuario (IV Cenagro) que nos muestra la realidad del mundo agrario peruano. Antes, se planificaba las políticas del sector con cifras de 1994, lo que muestra la desidia de los distintos gobiernos respecto a este tema. Ahora,  con los datos del IV Cenagro, resulta fundamental mirar la problemática actual del agro. A continuación, trataremos dos aspectos claves que poco o nada se quieren discutir: el regreso del latifundismo y el impacto de la pequeña agricultura en la seguridad alimentaria (Revista Agraria Nº 155).

El regreso del latifundismo
Desde hace unos años, un nuevo proceso de concentración de tierras se viene extendiendo de forma incontrolable en el país. Luego de la Reforma Agraria, que democratizó la sociedad rural poniendo fin al gamonalismo y a las relaciones serviles, en la década de 1990 se inició un ciclo de liberalización del mercado de tierras. Según el sociólogo Fernando Eguren, en las unidades agropecuarias (UA) por encima de las 500 hectáreas ya existiría concentración de la propiedad, lo que significa cerca de la cuarta parte de todas las tierras de cultivo del país. En tanto, los “neolatifundios” —aquellas UA que tienen más de mil hectáreas—concentran más de la quinta parte de todas las tierras de cultivo.

Eguren señala que en la costa se da la mayor concentración de la propiedad de las tierras de cultivo. En esta región, el 36.4% de las tierras están concentradas en UA de 500 hectáreas o más. “En este subgrupo de grandes propiedades, los latifundios de más de mil hectáreas poseen el 34% de las tierras de la costa (¡más de un tercio!)”.

La concentración de la propiedad en pocas manos es un modelo de desarrollo excluyente porque la tierra no es sólo un factor de producción, sino también de riqueza, prestigio y poder. ¿Se atreverá el gobierno a plantear una alternativa para frenar el creciente “neolatifundismo”?

La pequeña agricultura es importante
¿Cuán importante es la pequeña agricultura para la seguridad alimentaria de los peruanos? El IV Cenagro no solo confirma la importancia de la pequeña agricultura sino que muestra que esta es mayor a la estimada. La mayor parte de las tierras dedicadas a cultivos alimenticios transitorios corresponden a la pequeña agricultura. Así, en el caso de las leguminosas, el 82% del área sembrada corresponde a la pequeña agricultura, y también corresponde a esta el 76% del área sembrada para los tubérculos, el 74% de la sembrada para los cereales, el 72% de la sembrada para las hortalizas y el 63% de la sembrada para las frutas. Las UA de mayor tamaño destinan muy pocas tierras a la producción de alimentos para el mercado interno.

Entonces, la seguridad alimentaria del Perú depende en gran parte de la pequeña agricultura, cuyo papel, en una perspectiva de soberanía alimentaria, es estratégico.

Por lo expuesto, resulta fundamental que el actual gobierno entienda la nueva realidad del agro nacional, plantee una alternativa para frenar la acumulación de tierras y la conformación de “neolatifundios”, y al mismo tiempo, promueva políticas de desarrollo para la pequeña agricultura, cuyo aporte a la alimentación de los peruanos conocemos ahora en su real dimensión.
Otra Mirada

QUE NOS DICE EL CENSO AGROPECUARIO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Recientemente se difundió un avance de los resultados definitivos del IV Censo Nacional Agropecuario realizado el año 2012. Algunos de los cuadros presentados nos llamaron la atención por su posible relación con los efectos del cambio climático. Uno de estos cuadros fue el relativo a tierra agrícola no trabajada y razón por la que no será trabajada. Como puede observarse en el gráfico siguiente, la principal razón, esgrimida por el 48.9% de los productores agropecuarios para no trabajar sus tierras fue la falta de agua. Comparativamente, en el Censo del año 1994, solamente 18% de los productores a nivel nacional señalaban la falta de agua como una razón para no trabajar sus tierras.

La costa fue la región donde más se percibió la insuficiencia del recurso, pero también en la sierra, uno de cada tres agricultores que declaró que no trabaja sus tierras agrícolas manifestó que la razón fue la falta de agua.

Este aumento en la cantidad de agricultores que afirman que no trabajan sus tierras debido a la falta de agua no necesariamente se explica por una menor oferta hídrica. Podría explicarse por diversos factores, como la expectativa de los empresarios en Chavimochic y otros proyectos de irrigación en la costa que esperan disponer de más agua en los próximos años para cultivar áreas que actualmente no son trabajadas. Pero no hay duda de que cada vez más productores agropecuarios encuentran insuficiente la cantidad de agua de que disponen.

Otro dato del CENAGRO IV relacionado al cambio climático es el relativo a “Superficie agrícola según riego o secano”, en que se muestra que las tierras regadas solo con agua de las lluvias representan más del 60% del total nacional, especialmente en la sierra (51%) y selva (44.5%). Esto es importante porque al depender de la lluvia, los agricultores son más vulnerables a los posibles cambios en los patrones de precipitación como consecuencia del cambio climático. Si bien es cierto que la superficie con riego ha aumentado de 31.6% a 36.2% entre 1994 y 2012, aún falta mucho por hacer.

Si a estos datos del Censo Agropecuario añadimos los resultados de diversos estudios que advierten sobre una menor disponibilidad de agua durante la época de estiaje en las próximas décadas (1), encontramos un escenario en que es muy probable que se presente una mayor competencia por el recurso hídrico en el país, y no solamente entre los productores agropecuarios. Como consecuencia del aumento de la población y del crecimiento económico, otros usuarios de agua -como las empresas generadoras de energía, las mineras, o la población urbana- están aumentando su demanda del recurso, por lo que es esencial aplicar los principios de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, permitiendo la participación equitativa de todos los usuarios de agua en la gestión del recurso, y contribuyendo así a la prevención y solución de conflictos, debido a varios factores entre los cuales se encuentra el cambio climático.

(1) Por ejemplo, el estudio “Cambio climático en la Cordillera Blanca: retroceso de los glaciares y los recursos hídricos” Por Michel Baraer, Bryan Mark, Adam French, Jeffrey McKenzie y Ricardo Jesús Gómez López que muestra que el retroceso continuo de los glaciares en la Cordillera Blanca tendrá impactos importantes tanto en la cantidad como en la calidad del agua del Río Santa en el futuro, sobre todo en época de estiaje. Con la probabilidad de que la disponibilidad futura de agua durante la época de estiaje sea aproximadamente 30% inferior a la disponibilidad actual. 

Otro estudio difundido este año -”Estado actual de los glaciares en los Andes tropicales” por A. Rabatel, Wilson Suarez, Francou B., A. Soruco, Jesús Gómez López, B. Cáceres, J. L. Ceballos y R. Basantes advierte que los glaciares menores a 5,400 metros s.n.m. podrían desaparecer en este siglo, afectando a las regiones que se abastecen de agua proveniente de glaciares, especialmente durante la época de estiaje.

Observatorio de Cambio Climático

EMPRESARIOS INTERESADOS EN LA ADQUISICIÓN DE LOTES EN OLMOS

Debido al interés en las tierras de Olmos de varias empresas peruanas del sector agroindustrial, Odebrecht está iniciando el proceso de venta de 5,750 hectáreas de tierras ubicadas en el Proyecto de Irrigación Olmos. 

“Estamos comenzando con entregar información a las empresas interesadas sobre las condiciones que tiene cada uno de los 8 lotes. Son 5 lotes de mil hectáreas y 3 lotes de 250 hectáreas. Si bien el proceso de venta es privado, las empresas interesadas deberán cumplir con los requisitos de las bases para obtener la calificación legal y financiera requerida en este proceso”, informó Alfonso Pinillos Moncloa, Gerente General de H2Olmos.

Además se está coordinado con los gremios empresariales lambayecanos para que a través de ellos se facilite programar reuniones con empresarios de la región que tengan interés en adquirir tierras. Cabe mencionar que tal como fuera establecido en las dos Subastas Públicas del Proyecto Olmos, ahora también será posible que varias empresas se junten para formar un consorcio y acceder a alguno de los lotes disponibles, sostuvo Pinillos Moncloa.

Se ha realizado un estudio de operaciones de compra-venta de tierras en el norte del Perú, en donde encontramos que diferentes variables como clima, suelo, dotación de agua, tamaño del lote, infraestructura, cercanía a puerto, facilidades logísticas y disponibilidad de mano de obra son los principales factores que determinan los valores de los terrenos agrícolas.

Hemos visto que los precios de los terrenos de cultivo se incrementan todos los años, observando operaciones de hasta 10 a 15 mil dólares por hectárea en la Región Lambayeque. Si bien las obras de irrigación se completarán el próximo año entregando el agua a partir de noviembre 2014, hoy tanto los inversionistas de Tierras Nuevas como los agricultores del Valle Viejo ya han visto que el precio de sus tierras se ha revalorizado tremendamente, explica Pinillos Moncloa.

El estudio realizado concluye que en el año 2009 una hectárea en el Valle Viejo costaba entre 2000 a 3000 soles. Cuando se firmó el Contrato de Concesión del Proyecto de Irrigación (2010), los precios subieron a 2000 dólares hectárea y luego de la Subasta en el 2012 llegaron a 5000 dólares, lo que representa un claro beneficio para los agricultores y miembros de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos propietarios de las 5500 hectáreas del Valle.

Hoy hemos considerado un precio base de US$ 6,500/ha para la ventas de los lotes de 1000 ha y US$ 7,500/ha en el caso de los lotes de 250 ha.

El proceso de venta incluye el registro como empresa interesada para poder acceder a Sala de Datos Virtual donde se encuentran los Estudios y Reportes relacionados a los lotes y al Proyecto de Irrigación, así como las condiciones respectivas.

Obras avanzan
A la fecha las obras de irrigación están en un 35% de avance y contamos con 8 frentes de trabajo. En las obras del Valle Viejo las obras permitirán dotar de agua a 5,500 Ha correspondientes a los Bloques 1, 2, 3, 4 y 9, beneficiando a más de 500 predios. Los trabajos de limpieza y descolmatación de la bocatoma La Juliana, la ejecución el canal trapezoidal que se inicia en el Partidor la Juliana y el Desarenador han sido completados. En los bloques de riego 1 y 9 ya se han instalado tuberías de 1 metro de diámetro por más de 2 kilómetros.

Como es de conocimiento, los primeros beneficiarios del proyecto en recibir el agua serán los agricultores del Valle de Olmos, en donde se espera las obras estén terminadas para fin de año. En cuanto a las Obras de Captación, la Bocatoma Miraflores permitirá captar un caudal de 22 m3/s del cauce del rio Olmos, en donde se vienen ejecutando los trabajos de colocación de acero, encofrado y vaciados de concreto en la Poza Disipadora y Estructura de Regulación que corresponden a la ejecución del barraje móvil de la Bocatoma.

Los trabajos de excavación del Túnel de irrigación se realizan por ambos frentes trabajando las 24 horas, con un avance promedio de 10 metros diarios y un avance de 340 metros del total de 1925 metros. La instalación de tuberías en Tierras Nuevas avanza tal lo previsto, tanto en el ramal norte como en el ramal sur. A la fecha se han instalado de 22 km de un total de 47 km.

La conclusión de la obras está programada para noviembre del 2014, con lo cual habremos sentado las bases para que ahora sea Lambayeque el motor del próximo gran desarrollo Agroindustrial en el Perú.

Notorio interés en el proyecto
“Estamos recibiendo visitas de empresarios, autoridades civiles y eclesiásticas, la Comunidad de Olmos, los Colegios de Ingenieros, Universidades, entre otros que pueden apreciar que las obras son una realidad”, siendo el comentario muy positivo, explica el funcionario.
Semanario Expresión

EL VALOR DE LAS TIERRAS AGRÍCOLAS EN LAMBAYEQUE SE HA QUINTUPLICADO

La región toma cada día mayor posicionamiento en el rubro agroexportador por el incremento de las tierras destinadas para dicha actividad, así como por los excelentes resultados que se logran en productos de alta demanda en el mercado internacional. Estas condiciones, según señala el experto en temas agrarios Fernando Cillóniz Benavides, han generado que las tierras agrícolas tengan mayor valor, pero también que escaseen por la expansión urbana. 

El presidente de la consultora Inform@ción refiere que no existe un precio definido por las tierras cultivables que se venden en Lambayeque y el resto del país. Sin embargo, se estima que el crecimiento de la valoración en los últimos años es tal que hoy por una hectárea puede pagarse hasta cinco veces más de lo que se ofrecía hace una década

“Cada terreno tiene ciertos atributos como accesibilidad, disponibilidad de agua, de energía, cercanía a pueblos para conseguir mano de obra, proximidad a puertos en el caso de los destinado a agroexportación, tipos de suelo y condiciones de clima, por lo que los precios son variables”, explica.

Hace diez años, el costo de una hectárea agrícola en Lambayeque oscilaba entre los dos mil y cuatro mil dólares, sobre todo en los espacios cercanos a Chiclayo y las otras dos capitales provinciales.

“Nosotros sabemos de operaciones en las que se están pagando hasta 15 mil dólares por hectárea y así como sucede en Lambayeque, también en Piura, La Libertad, Ica y otras regiones se están comprando tierras por valores similares”, señala Fernando Cillóniz, quien presidió el Comité de Subasta de las tierras del Proyecto Olmos.

Consecuencia del crecimiento
Para el analista, lo que está pasando responde a una tendencia mundial, motivada por migración de familias rurales a la ciudad, fenómeno que desencadena mayor demanda de alimentos.

“Hoy los jóvenes, sobre todo, prefieren emigrar a las ciudades y en el Perú se vive un gran proceso migratorio de la sierra a la costa y de las comunidades agrarias de la costa a las ciudades. Esto genera que las ciudades se expandan y que zonas agrícolas periféricas, como el entorno de Chiclayo, por ejemplo, dejen de serlo para dar pase a las habilitaciones urbanas. En consecuencia, cada vez hay menos tierra arable, menos tierra cultivable y todo lo que disminuye en el mercado sube de precio, más aún en un contexto en el que hay que elevar la producción porque hay que alimentar a más gente. De allí que el precio de las hectáreas para cultivo se incrementa año a año”, manifiesta.

Según un estudio realizado por Inform@ción, el precio de las tierras cultivables en el Perú, entre el 2002 y el 2012, crece alrededor del 15% cada año. Es decir, es uno de los productos que más se ha valorizado en la canasta de bienes y servicios que se ofrece.

Pérdida de tierras
Empero, factores en contra como la salinización de las tierras, que para el caso de la Lambayeque afecta a más de 50 mil hectáreas que perdieron su capacidad productiva, originan también el alza del precio por hectárea, debido a que se reduce la oferta de áreas para la actividad agrícola.

“Un ejemplo del problema es que el gran Proyecto Olmos no alcanza para sustituir la cantidad de tierras perdidas por salinización, a lo que debemos sumar la expansión de las ciudades que, como he dicho, recorta el área agrícola con mayor accesibilidad”, comenta, añadiendo que las tierras duplican su valor cada cinco años.

Fernando Cillóniz considera que la compra de grandes cantidades de tierras por el capital privado para la agroexportación no puede verse como un retorno al sistema gamonal, debido a que ahora resulta mucho más importante que se eleven los índices de producción que a su vez generan empleo y rentabilidad al país, antes de mantener extensiones de terreno ociosas.

“En estos tiempos la disyuntiva ya no es grande o pequeño, sino cuán productivo o improductivo se es. Hoy pueden existir pequeños agricultores productivos como también grandes empresas improductivas y quebradas financieramente. Con la dinámica actual, los que van a quedarse en las tierras son los productivos”, afirma.

La capacitación, asistencia en tecnología, locación y financiamiento, son – precisa – beneficios que el Estado debe generar para que los pequeños agricultores puedan incluirse a cadenas productivas eficientes y con mejores resultados en el mercado, sea nacional o extranjero.

Añade que la tenencia de las hectáreas cultivables no necesariamente tiene que quedar en manos de las grandes empresas, porque en contrapeso se pueden promover iniciativas de asociatividad e integración entre los propietarios de pequeños predios agrícolas.

“Insisto, las tierras van a quedar en manos de los eficientes, porque la agricultura precaria, sea grande o pequeña, está condenada a desaparecer”, precisa el presidente de Inform@ción.

Ejemplo en gestión
Lambayeque, al igual que otras regiones del país, posee interesantes proyectos que de ejecutarse permitirán ampliar la frontera agrícola y dotar de mayor agua para riego a los cultivos ya existentes. Básicamente, el departamento cuenta con el Plan Hídrico Regional, que considera la construcción de 19 represas en los cinco valles, destacando La Calzada, en el valle La Leche; Las Delicias, en el valle Zaña, y Montería, en el valle Chancay.

Fernando Cillóniz refiere que si algo debe reconocerse a Lambayeque es que ha podido, de manera ejemplar, llevar adelante la puesta en marcha de Olmos como proyecto de irrigación, en tanto en el resto del país se sigue a la espera de la intervención directa del Estado para la ejecución de obras similares.

“Todas las regiones tienen planes para potenciar su agricultura, pero muy pocas han tenido la efectividad de ejecución que ha logrado Lambayeque. Los iqueños, por ejemplo, se preguntan cómo salió Olmos y por qué no sale el Proyecto Choclococha y la respuesta es muy sencilla. En Lambayeque se supo gestionar y por ello existe el mérito en muchas autoridades regionales y nacionales. En el país hay planes, pero no hay capacidad de ejecución”, señala.

Manejo del agua
Cillóniz Benavides precisa que el agro lambayecano tiene aún grandes retos y uno de ellos, quizá el principal, es el adecuado manejo del recurso hídrico.

“En Lambayeque se emplea muy mal el agua y en ese sentido hay mucho por hacer. Olmos será una vitrina de cómo se debe usar correctamente el recurso hídrico y ese avance debe replicarse en el resto de la región. De lograrlo, los beneficios serán aún mayores”, asevera.

Diversificación productiva
El experto señala que de continuar la dinámica de avance en el rubro agroexportador, Lambayeque podrá, en un tiempo no muy lejano, disputar el liderazgo productivo que, a nivel nacional, por ahora mantiene Ica.

Las potencialidades de la región con mucho más ventajosas, como el hecho de contar con mayor superficie para conquistar con proyectos de irrigación y explotación de los acuíferos.

“Estoy seguro que en cuestión de pocos años Lambayeque superará a Ica. Más bien, debe mirarse como competencia fuerte a Piura. Ambas regiones son dos gigantes y están llamadas a ser fuertes núcleos de la fruti y horticultura a nivel mundial”, acota.

Cillóniz Benavides expone que la diversificación de cultivos agroexportables ayudaría notablemente a la consolidación regional en el rubro, considerando que productos como el espárrago atraviesan un buen momento por su valoración en el mercado internacional.

Precisa que cerca a Olmos se han instalado esparragueras bastante interesantes por sus resultados y que están en ventaja frente a las de Ica, debido a que son más jóvenes.

“Ica está cayendo en la producción de espárragos por el envejecimiento de las esparragueras, por lo que el norte tranquilamente puede tomar el liderazgo en este producto. En el caso de las uvas de mesa, Lambayeque tiene para largo, porque se ha demostrado que el clima y suelo son adecuados para el desarrollo de la viticultura. Lo que sí debería ampliarse en la producción de banano orgánico, que impera en Piura y Tumbes”, detalla.

Agrega que no se puede dejar de lado a los cultivos industriales como la caña de azúcar, el arroz, maíz y algodón. “Está clarísimo que Olmos, inicialmente, será enteramente de cultivos industriales como caña y pasturas, y que poco a poco se irán incorporando las hortalizas y frutas, que son cultivos de mayor rentabilidad y demanda de mano de obra”, explica.

El ex presidente del Comité de Subasta del Proyecto Olmos, refiere que una de las principales preocupaciones de los empresarios que han adquirido las 38 mil hectáreas a irrigar es de dónde saldrá la mano de obra suficiente para cubrir las necesidades de los cultivos horti y frutícolas.

“Por eso es entendible que al inicio se instalen cultivos industriales que requieren de menor cantidad de mano de obra en tanto se va capacitando a la gente para que pueda trabajar en los sembríos de agroexportación”, señala.

Destaca que instituciones superiores como SENATI, por ejemplo, ya estén pensando en acrecentar su oferta educativa en manejo industrial, sobre todo en ramas como riego tecnificado, mecánica, hidráulica y electricidad.“La agricultura que se emprenderá en Olmos requerirá de mucha energía y para ello también se necesitarán profesionales competentes que ya deben empezar a formarse".

Cuidado del acuífero
Según la Autoridad Nacional del Agua – ANA, la explotación irracional del acuífero (agua subterránea) iqueño ha general tal situación que se estima que en diez años este desaparecerá y lo mismo se teme con el acuífero de valles como el de Motupe, donde existen, de acuerdo a reportes de la Autoridad Local de Aguas, más de cinco mil pozos clandestinos, de los que 350 únicamente son legales.
Situaciones como esta son las que deben evitarse en la región, indica Fernando Cillóniz, explicando que los acuíferos tienen una capacidad limitada y por lo tanto debe pensarse en su uso responsable. La sobreexplotación del agua del subsuelo puede generar que el área de cultivo se salinice y con ello se pierda para la agricultura.

“Los acuíferos tienen que estar absolutamente regulados para que sean sostenibles en el tiempo. Es verdad que estos se recargan con las avenidas de agua, pero la disponibilidad de metros cúbicos de agua es siempre limitada y hay que controlarla”, indica.

“Cada vez hay menos tierra arable, menos tierra cultivable y todo lo que disminuye en el mercado sube de precio”.
Semanario Expresión

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD MINERA EN LAMBAYEQUE

Hablar de minería, en estos tiempos, es despertar diversas posturas, unas a favor y otras en contra, pero todas coincidentes en que desarrollar la extracción de los recursos de nuestro subsuelo permite el crecimiento de la economía, siempre y cuando esta sea responsable y no deje pasivos ambientales y sociales imposibles de revertir. La contaminación ambiental y la vulneración de los derechos de las comunidades siguen siendo asuntos estrechamente ligados al minero y corresponde al Estado y a las empresas demostrar que sí es posible el entendimiento que beneficie a todos por igual.

Sin embargo, el reclamo justificado de poblaciones enteras, asociaciones, frentes de defensa y organizaciones medioambientales se hace desequilibrado cuando echan por tierra los ofrecimientos de responsabilidad social y ambiental de las empresas mineras por considerarlas trasgresoras de todo orden legal, pero olvidan que la minería informal y también la no metálica ilegal generan grandes perjuicios por carecer de control y, peor aún, evadir el pago de impuestos y sustentarse en la explotación de personas e incluso menores de edad.

En Lambayeque, según la Dirección de Energía y Minas de la Gerencia de Desarrollo Productivo del Gobierno Regional, existen un total de 716 Derechos Mineros de los cuales 475 están Titulados, 199 en Trámite y 42 Extinguidos.

A ello debe sumarse que se mantienen registradas un total de 168 Concesiones Mineras No Metálicas, es decir aquellas que explotan recursos empleados principalmente en el rubro de la construcción y donde también deben manejarse medidas de mitigación ambiental que, en la práctica, no se ejecutan.

Como lugares registrados para la extracción no metálica oficialmente están las canteras de Pátapo, Mesones Muro y La Viña – Jayanca, para agregados de construcción, en tanto la de Mórrope para la producción de yeso y Zaña para cal.

El ingeniero Jony Villalobos Cabrera, titular de la Dirección de Energía y Minas, refiere que en la jurisdicción regional se tiene conocimiento de las operaciones de 50 pequeñas empresas mineras no metálicas, de las que aproximadamente el 90% son informales.

“Los recursos no metálicos de mayor explotación son los agregados de construcción, más aún por el crecimiento del mercado inmobiliario y el desarrollo de obras públicas. Como dirección realizamos visitas técnicas de fiscalización periódica a la minería no regularizada con el propósito de motivar su formalización”, indica.

Refiere que a la fecha se tramitan 199 denuncios de minería no metálica en Lambayeque, lo que supone el esfuerzo futuro de la dirección a su cargo para ejercer el correcto control de las actividades extractivas.

De conformidad al Artículo 13° del Texto Único Ordenado - UNO de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, las concesiones mineras que se otorgan a partir del 15 de diciembre de 1991 se clasifican en metálicas y no metálicas, según la clase de sustancia, sin superposición ni prioridad entre ellas.

Empero, resulta fundamental dejar claro qué es una concesión, porque muchas veces el desconocimiento de este beneficio que otorga el Estado puede desencadenar confusiones respecto a la intencionalidad de las empresas extractoras de recursos mineros.

¿Qué es la concesión minera?
Villalobos Cabrera explica que todos los recursos minerales del suelo y el subsuelo del territorio nacional, así como del dominio marítimo, pertenecen al Estado y que el aprovechamiento de estos se realiza mediante el régimen de concesiones.

“Las actividades de exploración, explotación, beneficio, labor general y transporte minero son ejecutadas por personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, a través del sistema de concesiones mineras”, señala.

¿Por qué el otorgamiento de la concesión minera no afecta los derechos colectivos de los pueblos indígenas ni los de la población en general? El funcionario indica que esto se da porque no concesiona territorios (predios, terrenos, tierras o cualquier denominación que se refiera a dicho bien), pues de conformidad con el Artículo 9º del TUO de la Ley General de Minería, la concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentra ubicada, correspondiendo al Estado garantizar el derecho de propiedad sobre la tierra, conforme lo establecen los Artículos 70º y 88º de la Constitución Política del Perú.

Además, la concesión minera únicamente reconoce “derechos” exclusivos a un particular sobre el yacimiento mineral, el cual es de todos los peruanos mientras no sea extraído, conforme así lo establece el artículo 66º de la Constitución Política del Perú, al señalar que los recursos naturales pertenecen a la Nación, esto es a todos los peruanos; lo que concuerda con el artículo 4º de la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, que señala que estos mantenidos en su fuente son patrimonio de todos los peruanos, tratamiento que también resulta concordante con el Código Civil.

La concesión minera no autoriza la utilización del predio o terreno para la realización de actividades mineras, conforme expresamente lo regula el artículo 7º de la Ley Nº 26505, Ley de Promoción de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas, que establece que la utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario o la culminación del procedimiento de servidumbre.

Asimismo, la concesión minera no autoriza la búsqueda ni la extracción de los minerales en predios o terrenos, ya que el inicio de dichas actividades deben ser autorizadas mediante otras medidas administrativas sustentadas en estudios de impacto ambiental y permisos que se gestionan con posterioridad al otorgamiento de la concesión; conforme así lo señala entre otras, la Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, y el inciso 12.2 del artículo 12º de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley Nº 27446.

Finalmente, la concesión minera no contiene información sobre proyectos mineros, ni aprueba proyectos de exploración ni de explotación, ya que dichos proyectos son elaborados con posterioridad al otorgamiento de la concesión minera y son autorizados por el Ministerio de Energía y Minas y por los Gobiernos Regionales para el caso de pequeña minería y minería artesanal, en base a los estudios ambientales que aprueba, los cuales contienen información sobre los impactos ambientales (físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales) como sobre el plan de manejo ambiental (medidas para prevenir, controlar y/o mitigar los impactos ambientales), los cuales determinan la viabilidad ambiental del proyecto, conforme lo señala el Decreto Supremo Nº 020-2008-EM, Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, y el Decreto Supremo Nº 016-93-EM, Reglamento del Título Décimo Quinto del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, sobre el medio ambiente.

En consecuencia, no puede entenderse que una concesión minera es ya un atentado contra el medio ambiente, los derechos de las comunidades y, más aún, una dádiva del Estado al sector privado, toda vez que para iniciar la exploración y/o explotación de los recursos deben cumplirse diversos procedimientos de orden legal. Es decir, tener una concesión titulada no es una carta libre al aprovechamiento de los recursos.

El director de Energía y Minas explica que para que esto último suceda el concesionario debe gestionar la aprobación del Ministerio de Cultura de las declaraciones, autorizaciones o certificados que son necesarios para el ejercicio de las actividades mineras; contar con la certificación ambiental emitida por la autoridad ambiental competente, con sujeción a las normas de participación ciudadana; obtener el permiso para la utilización de tierras mediante acuerdo previo con el propietario del terreno superficial o la culminación del procedimiento de servidumbre administrativa, conforme a la reglamentación sobre la materia; obtener las demás licencias, permisos y autorizaciones que son requeridos en la legislación vigente, de acuerdo con la naturaleza y localización de las actividades que va a desarrollar.

La trasgresión y/o incumplimiento de todo o parte de esto, da lugar a la aplicación de las sanciones y multas por parte de las autoridades fiscalizadoras, sin perjuicio de las demás responsabilidades atribuibles a los infractores.

“Actualmente, en la Dirección de Energía y Minas de Lambayeque se tramitan aquellos petitorios mineros que pertenecen al estrato de Pequeño Productor Minero (menos de dos mil hectáreas) y Productor Minero Artesanal (Menos de mil hectáreas), debido a que cuando el petitorio supera las dos mil hectáreas es considerado en el Régimen General y el trámite debe realizarse en el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET”, señala Villalobos Cabrera.

Minería metálica en Lambayeque
Entre los metales de mayor existencia en la región se encuentran el hierro, el cobre, el oro y la plata, y el único proyecto minero en fase de exploración es Cañarico, que mantiene Candente Copper en el distrito de Cañaris.

Jony Villalobos precisa que en la actualidad se tramitan 169 concesiones mineras en el departamento, sin que – como se ha dicho – ello ya represente afección directa al medio ambiente o las poblaciones.

Tuvimos la visita de la empresa Minera Santa Elisa SAC, que mantiene la intención de realizar labores exploratorias en la concesión minera Cueva Blanca ubicada en el SECTOR La Humildad del distrito de Incahuasi. Asimismo, en Pequeña Minería tenemos empresas que están realizando sus trámites en esta Dirección para desarrollar actividad minera de explotación de mineral de hierro”, manifiesta el funcionario.

Las empresas interesadas en la extracción del hierro son: Ringa Limited SAC, ubicada en el distrito de Oyotún; Minera Mercedes Acuarios SAC, Candelaria Medano SAC, SMRL GIJUPI I y MENNOIA en el distrito de Olmos.

Actividad necesaria
A decir del economista Lindon Vela Meléndez, gerente general de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, naturalmente la minería genera impactos ambientales, pero estos deben estar dentro los parámetros exigidos por la legislación peruana e internacional.

“No debe olvidarse que las empresas mineras cotizan en Bolsa y tienen parámetros exigentes. Sin embargo los impactos económicos son muy importantes, y si manejamos adecuadamente los recursos se pueden solucionar muchos problemas de poblaciones que históricamente están sumidas en la pobreza”, señala.

Refiere que debido a las tensiones del caso Cañariaco, la Cámara de Comercio de Lambayeque registra el alejamiento de la cartera de asociados vinculados al sector minero, lo que es una mala señal para el crecimiento de las inversiones en la región.

“Para lograr que la población entienda la necesidad de la inversión minera deben realizarse capacitaciones continuas con información relevante sobre los mitos de la minería. Lamentablemente hay mucha información distorsionada a favor y en contra de esta actividad que sí puede ejecutarse de manera responsable y con el pleno respeto a la ley y los intereses de las comunidades”, asevera Lindon Vela.

Añade que realizar diagnósticos participativos en todos los elementos del medio ambiente que puede ser afectado y trabajar protocolos de intervención para el relacionamiento comunitario a fin que no pretendan sustituir al Estado, sino coadyuvar al fortalecimiento de capacidades en los gobiernos locales y regionales para el aprovechamiento de los recursos del canon u obras por impuestos, orientados a obras y proyectos de desarrollo que beneficien a la población más vulnerables, son reglas que deben cumplir las empresas mineras para ganar la confianza de la población y desarrollar con normalidad sus actividades.

“He sido testigo de largas listas de proyectos ofrecidos, los cuales no tienen plazos de ejecución, no están en perfiles y generan falsas expectativas que originan un efecto bumerán para las empresas, ya que al no cumplirse o cumplirse fuera de la fecha de expectativa de la población, acrecientan la desconfianza y entorpecen los procesos. Se reconoce el esfuerzo del Estado por mantener el espacio de diálogo y se lamenta la intransigencia de algunos dirigentes comunales que están influenciados por intereses políticos externos a la zona donde se desarrollará la minería”, reflexiona el gerente de la CCPL en referencia a Cañaris.

Las proyecciones de Cañarico
De continuar la exploración y posterior explotación del proyecto Cañariaco, estos serían algunos de los resultados que daría la primera iniciativa de gran minería en Lambayeque.

Las estimaciones que hasta el momento maneja Candente Copper, propietaria del 100% del proyecto, son obtener 262 millones de libras de cobre al año; 39 mil onzas de oro y 850 mil de plata, considerando un tiempo de vida de la mina, a tajo abierto, de 20 años de explotación continua.

Con ello, la empresa crearía dos mil puestos de trabajo en el proceso constructivo de la mina, 600 en el período de operación y dos mil 400 empleos indirectos, generando por impuestos y regalías dos mil 800 millones de dólares, de los que mil millones serían reinvertidos en Lambayeque y distribuidos de la siguiente manera: 32% en el distrito de Cañaris, 28% en la provincia de Ferreñafe (cuatro distritos restantes), 37% en la región y 4% como aporte a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

+ NOTICIAS
• A la fecha, aproximadamente el 20% del territorio lambayecano está concesionado.
Semanario Expresión

AMAZONÍA PERUANA ENRARECIDA

La cuenca amazónica cubre una superficie de 6,2 millones de km.2, abarcando ocho países amazónicos: Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Surinam, Guyana, más el territorio de la Guayana Francesa. Alberga el bosque tropical más grande del planeta, con aproximadamente el 20% de la reserva de agua dulce de la tierra, y el 28% del oxígeno proveniente de la amazonía; siendo considerado el principal sistema hidrográfico del mundo.

La amazonía como refugio natural de vida, es el más diverso y complejo, con diferentes tipos de ecosistemas, una gran variedad de flora y fauna, así como ingentes recursos energéticos y mineros, poblada por más de 400 pueblos originarios; habiendo sido nombrada como una de las siete maravillas naturales de la tierra.

Además de su gran biodiversidad, su importancia global y regional radica, en que los bosques cumplen un rol importantísimo como sumideros del dióxido de carbono, (uno de los principales gases que provoca el calentamiento global), regula el clima a nivel regional y planetario, proporciona oxígeno, también regula el curso de los ríos, al retener parte del agua proveniente de las lluvias, liberándola lentamente.

Tierra misteriosa y enigmática para unos, rica y salvaje para otros; respetada y preservada por sus culturas originarias, explotada y desvastada por el supuesto “desarrollo”; donde la abundancia y la escasez conviven separadas por una línea delgada; codiciada por países desarrollados, ofertada y vendida por gobiernos corruptos a la rapiña y lucro del gran capital, en nombre de la “civilización”.

La amazonía peruana con más de 77 millones de has. , representa el 60% del territorio nacional. Cobija al majestuoso río Amazonas, cuyo origen se encuentra en el nevado Quehuisha, a 5,170 m.s.n.m., en la quebrada Apacheta, provincia de Cailloma, en la Región de Arequipa, (Expedición Científica Amazon Source-1996; confirmada por la Sociedad Geográfica de Lima el 2010). Por lo cual pasaría a ser el río más largo y caudaloso del mundo, con 7.062 km., superando al río Nilo

Cual anaconda cósmica, el río Amazonas va serpenteando los bosques, cruzando o formando cochas, meandros, aguajales, restingas, playas, tahuampas, barreales etc., ofreciéndonos paradisíacos paisajes con una armoniosa y a la vez compleja biodiversidad, lleno de colores y matices, olores, sabores y sonidos que deleitan los sentidos y la inspiración.

Como una realidad que desafía la imaginación, se propagó un reportaje televisivo de la Zona Reservada “Sierra del Divisor”, (entre las Regiones de Ucayali y Loreto), donde en plena llanura amazónica emerge cual desafío de la naturaleza, una pirámide verde, denominada cerro El Cono: o aquellas cataratas gemelas donde brota agua caliente en una, y agua fría en la otra, lugar sacralizado por los shipibo. Zona en grave peligro por la tala y minería ilegal, perpetrado por hombres “civilizados”.

Nuestra amazonía, a pesar de ser una región privilegiada por su rica biodiversidad, con recursos naturales renovables (flora, fauna, suelos, agua) y no renovables (petróleo, gas, oro y otros recursos potenciales), se caracteriza por tener ecosistemas sumamente frágiles, cuyos suelos son mayormente pobres, cubiertos por una delgada y frágil capa de humus, propenso a la degradación por las constantes lluvias y la acción humana.
Es también rica y diversa culturalmente, poblada por aproximadamente 60 pueblos étnicos, pertenecientes a 12 familias lingüísticas, conformando más de 1,400 comunidades nativas reconocidas legalmente, con aproximadamente 400mil habitantes.

Con diversas lenguas, cosmovisiones, costumbres, conocimientos y saberes, las culturas amazónicas guardan una armoniosa simbiosis espiritual y de sabiduría de subsistencia con sus bosques, siendo su razón de existencia; por lo que son respetados, preservados y manejados, guardando un necesario equilibrio con la naturaleza.

Muchos piensan que la selva es indestructible e invulnerable a los actos de los hombres, habiendo sido invadida por grandes y pequeñas empresas extractivas (legales e ilegales), tras la explotación depredadora de los diferentes “oros amazónicos”: oro negro (petróleo), oro rojo (maderas), oro verde (bosques), oro azul (agua), oro amarillo (oro y otros minerales), y aquel maligno y destructivo oro blanco (cocaína, narcotráfico). Provocando graves impactos ambientales y sociales, como la deforestación, degradación ecológica, pérdida de la biodiversidad, inseguridad alimentaria entre otros, con la consecuente generación de conflictos socio ambientales.

Más del 70% de la amazonía peruana se encuentra lotizada por concesiones petroleras, gasíferas, auríferas, madereras, agroindustriales, impuesto por el modelo económico neoliberal. Según cifras de Perú Petro, hay más de 90 lotes concesionados a la exploración y explotación de hidrocarburos, (existiendo otros tantos en proceso de negociación). Dándose una agresiva e intensa política de promoción de las inversiones extractivas por parte del Estado, sin tener en cuenta los derechos culturales y ambientales de los pueblos indígenas, ni criterios éticos, legales o de biodiversidad.

Aproximadamente unas 40 compañías petroleras, vienen operando en la amazonía peruana, muchos de estos lotes se superponen irregularmente sobre áreas naturales protegidas, reservas comunales, territorios de comunidades nativas etc. La Plataforma de Ordenamiento Territorial (conformada por diez asociaciones), destacó que 16 lotes de hidrocarburos se superponen sobre 12 áreas naturales protegidas.

Provocan además derrames de petróleo, residuos tóxicos, sísmica contaminante, vertimiento de aguas residuales con metales pesados, con el consecuente envenenamiento y contaminación de ríos, flora, fauna, así como de sus pueblos originarios, cuya lucha valiente y solitaria de resistencia al capitalismo salvaje, es desoída y ninguneada por los gobiernas de turno.

El actual modelo extractivista no da más, con extractores usureros e ilegales, corrupción gubernamental, festín de concesiones, inseguridad, violencia, desorden normativo, y la falta de gestión y control estatal, se avizora a mediano plazo la degradación y pérdida de los bosques, y la aparición de grandes sabanas con escasez de agua y vida.

No estamos en contra de la existencia de inversiones en la amazonía, pero, con empresas que tengan un manejo racional del medio ambiente, con tecnología de punta que asegure menos riesgos ambientales, con responsabilidad social práctica respetando los derechos de los pueblos indígenas, con una equitativa redistribución de la riqueza obtenida, con normas gubernamentales coherentes, y un adecuado ordenamiento territorial.

Pues, la amazonía se merece un futuro responsable y racional con su medio ambiente y biodiversidad así como un futuro equitativo y solidario con sus habitantes.
Servindi

COMUNEROS DE OLMOS PUGNAN POR 20% DEL PAGO DE SUBASTA DE TIERRAS

Informe Técnico del PEOT avala reconocer algún pago a fin de evitar conflictos sociales.
Argumentando que las tierras que acaba de subastar el Gobierno Regional de Lambayeque alguna vez le pertenecieron a la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, sus integrantes continúan exigiendo al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) – sin solución a la vista - el pago del 20% del total de la venta. Éstas, aseguran, les fueron confiscadas a finales de la década de los años 90 por el gobierno de Alberto Fujimori, y posteriormente inscritas a nombre del Estado para impulsar proyecto hidroenergético regional.

En calidad de ex presidente de dicha Comunidad Campesina y ex integrante del Consejo Directivo del PEOT, Grimaldo Monja Benites vuelve a hacer que recobre vigencia un asunto pendiente para los suyos.

Asegura que habiendo acreditado que a la Comunidad le asiste su derecho de propiedad histórica de las 38,500 de hectáreas de tierras recientemente subastadas, valiéndose para ello de títulos ancestrales y virreinales, el ex directivo destaca una vez más la intención de que sea el Gobierno Regional de Lambayeque el ente que cumpla con atender este pedido, previo respaldo del Consejo Regional.

La exigencia de los comuneros empezó a tomar fuerza en Asamblea General de Delegados, el pasado 31 de enero del 2011, fecha en que acuerdan solicitar, reclamar y exigir el justiprecio de las tierras; asimismo, se les destine el 20% del pago de la subasta de las tierras confiscadas por el Estado a esta comunidad. Dicho acuerdo incluso fue oportunamente presentado ante el directorio y gerencia general del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT). “El acuerdo de la Comunidad Campesina se dio en función al pedido comunal, el cual viene siendo tanto tiempo postergado, y que de aprobarse nos beneficiaría, máxime si se toma en cuenta que se cuenta con proyectos productivos en una visión de futuro para ir de la mano con todo lo que va a significar la marcha del proyecto Olmos y el distrito en específico”, afirma Monja Benites.

Informes respaldan pedido
Grimaldo Monja Benítez, delegado además de una Asociación que agrupa la Comunidad Campesina, argumenta que el pedido se torna factible toda vez que existe el Informe Técnico Nº 015-2011, firmado por la ingeniera Juliana Accinelli Oliva, responsable de la Unidad de Gestión Social y Desarrollo Económico del PEOT, a través del cual indica en sus recomendaciones que “el proceder al pago sí es accesible y no existe impedimento alguno”, tal como lo vuelve a destacar el ingeniero Juan Hernández Alcántara en su Informe Nº 006-2011 GRLAMB/PEOT-UGSD/JAO.

El gerente de Promoción de Inversiones, a través de su escrito, al igual que la ingeniera Accinelli, destaca igualmente que no existe impedimento alguno para hacer efectivo el pago del 20% de la subasta de tierras a favor de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos. Respecto al primero de los Informes Técnicos – el de la ingeniera Juliana Accinelli Oliva - éste contempla que si bien las tierras – en un área de 114 mil 231.75 hectáreas ya no pertenecen a la Comunidad Campesina sino al Estado, destaca que en forma ancestral estas tierras han pertenecido a la Comunidad, “por lo que se podría reconocer algún pago, teniendo en cuenta este componente social histórico”.

Líneas más abajo, entre sus recomendaciones, la profesional precisa además que a fin de evitar conflictos sociales con la Comunidad Campesina, se les pueda asignar un porcentaje de la venta de las tierras, ya que según el Informe Legal Nº 067/2011-GR-LAMB/PEOT-GG-60, no existe impedimento legal. “Ambos informes técnicos fueron remitidos a finales de abril del 2011 para su opinión final al propio gerente del PEOT, Francisco Gayoso, sin que hasta la fecha se haya pronunciado al respecto”, precisó el ex presidente de la Comunidad Campesina.

No tan claros como los Informes Técnicos son los Informes Legales Nº 035 y 067-011/GR.LAMB/PEOT-GG-60, emitidos por el responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica del PEOT, Ramón Gonzáles Vélez, quien arriba a la conclusión que la Comunidad Campesina no ha cumplido con acreditar fehacientemente su derecho de propiedad sobre la Poligonal, por lo que su pedido de reconocimiento y pago del 20% de la venta de los terrenos del proceso de subasta, deviene en improcedente, pues carece de sustento legal y contractual.

No obstante, solicita a la Gerencia de Promoción de Inversiones, que a través de su equipo social, se pronuncie sobre el pedido formulado por la Comunidad y las fórmulas de solución para superar este impase que se tiene con ellos, que Grimaldo Monja asegura tampoco se ha cumplido.

Justo reclamo
En ese sentido, buscando planteamientos concretos, desde inicios del año pasado se ha venido de manera oportuna solicitando al presidente regional Humberto Acuña tratar particularmente el tema de las tierras de la Comunidad de Olmos, dándosele a la problemática citada un trato especial, caso contrario – aún se evalúa - adoptarían acciones legales pertinentes. Grimaldo Monja hace referencia a lo expuesto en su momento por el ingeniero Juan Hernández, en relación al tema, quien consideró oportuno que resultaría atendible una reunión con el presidente regional de Lambayeque; sin embargo, asegura que hasta cuando dejó de ser presidente de la Comunidad Campesina y directivo del PEOT no se atendió su pedido, que porfío y quedaron registrados en los acuerdos adoptados en el Consejo Directivo del PEOT Nº 017-2011, Nº 024-2011, Nº 025-2011, Nº 050-2011, Nº 068–2011 y Nº 079–2011.

“En una de las reuniones del PEOT, el pasado 4 de abril del 2011 para ser más precisos, el ingeniero Amilcare Gaita Zanatti sugirió incluso que previa a la reunión a pactarse con el mandatario regional se le debiera informársele técnica y legalmente respecto de las alternativas a adoptarse ante el pedido de nuestra Comunidad. No obstante ello, y la aprobación consecuente del Acuerdo de Consejo Directivo Nº 017-2011, esto no se cumplió”, reiteró.

Porfiando en la intención de arrancar una respuesta favorable, Grimaldo Monja no solo ha remitido los resultados de este acuerdo de los Comuneros el 31 de enero del 2011, hizo lo propio el 23 de febrero; mientras que el 4 de mayo, fue el gerente general del PEOT, ingeniero Francisco Gayoso Zevallos, quien al presidente regional Humberto Acuña remitió el informe técnico que refleja las apreciaciones sobre el pago del 20% de la venta de terrenos del proceso de subasta de tierras ante la propuesta presentada por la Comunidad Campesina.

Caja Rural
Según Grimaldo Monja, lo que se pretende es algo justo. Propone inclusive que el actual presidente de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, Omar Serrato Monja, actual miembro del consejo directivo del PEOT respalde este planteamiento, que permitirá la creación de la Caja Rural de Ahorro y Crédito de la Comunidad Campesina. “El informe técnico del ingeniero Hernández es puntual, que al amparo del informe legal, que precisa que no existe impedimento alguno, se nos otorgue un porcentaje de la venta de las tierras, específicamente del costo de la tierra eriaza – 650 dólares por hectárea -, lo cual arroja una cifra de 4 millones y medio de dólares”, puntualiza Grimaldo Monja.

Precisamente, embarcados en este proyecto, ya se cuenta con el perfil técnico, solo resta el expediente técnico, permitiendo darle vida a una entidad que permitirá otorgar créditos a bajos intereses a los comuneros olmanos, que por el momento reciben asesoría de otras entidades financieras afincadas en el distrito de Olmos.
● Grimaldo Monja plantea que Gobierno Regional plantee la conformación de una Mesa de Trabajo para abordar soluciones al planteamiento de la Comunidad Campesina.
● En diciembre del 2011, Comuneros solicitaron la mediación del consejero regional Antonio Eneque Soraluz. Aún aguardan resultados.
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CULTIVO DE PIÑON EN TIERRAS ERIAZAS PARA BIODIÉSEL

Foto: Andina

Alrededor de 50 hectáreas de tierras eriazas de la región Lambayeque son utilizadas para la siembra de piñón, que será destinado a la producción de biodiésel, informó el presidente de la Mesa de Concertación de Biocombustibles local, Hugo Pérez.

“El piñón es una alternativa para aquellos agricultores con problemas de riego. La planta es resistente a la sequía y de su fruto se extraerá el aceite vegetal para producir el biocombustible”, declaró a la Agencia Andina.

El piñón o tempate (Jatropha curcas) produce anualmente hasta 12 mil toneladas de almendra por hectárea, las cuales se convierten en 6 mil litros de biodiésel, indicó. Su aceite se extrae de las semillas de los frutos y es fácilmente transformado al combustible natural y como subproducto se obtiene glicerol, materia prima para elaborar jabones.

De la harina que queda como deshecho tras la extracción del aceite se pueden elaborar abonos orgánicos y alimento para ganado vacuno. Refirió que en el distrito de Motupe hay unas 25 hectáreas destinadas al cultivo, en Chongoyape - siete, en San José - diez, entre otras localidades lambayecanas. “En total suman 50 hectáreas en Lambayeque donde se trabaja en la producción de piñón”, acotó.

Pérez Cajo dijo que la primera producción del fruto se obtiene en cinco años y en Lambayeque "recién estamos en el cuarto año". La producción estándar mundial es de cuatro toneladas por hectárea. Destacó que Lambayeque tiene miles de hectáreas de tierras eriazas, que podrían ser aprovechadas para la siembra del rentable cultivo.

En Lambayeque se ha constituido la Mesa de Concertación de Biocombustibles como espacio de diálogo, consulta y propuesta para el desarrollo sostenible de los biocombustibles, en la cual participan los sectores público y privado.
Andina