LA PARADOJA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático se caracteriza por una paradoja: gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, que causan el calentamiento global, proceden de los países más industrializados. Sin embargo, las peores consecuencias del cambio climático se experimentan en los países más pobres, principalmente por dos motivos: de un lado, muchas amenazas asociadas con el cambio climático se verifican en los países en desarrollo, por ejemplo los huracanes en Centroamérica y el Caribe o las sequías en África Subsahariana. De otro lado, la mayor vulnerabilidad de estos países hace que los fenómenos relacionados con el cambio climático tengan efectos más graves.

El cambio climático puede afectar gravemente las perspectivas de desarrollo de los países pobres y por ello los actores de la cooperación no pueden ignorar este fenómeno.

Los mecanismos internacionales de lucha contra el cambio climático, en particular la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, tienen en consideración esta paradoja y establecen el principio de responsabilidad común pero diferenciada, por el cual son los países ricos los que deben tomar la iniciativa y reducir las emisiones de forma más contundente. Además, tienen en cuenta las necesidades específicas de los países en desarrollo. Estos principios se han traducido en herramientas concretas cuyo propósito es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo, promover el desarrollo en los países pobres. El ejemplo más conocido es el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que permite financiar mediante la venta de bonos en el mercado de carbono, proyectos en países pobres de reducción de las emisiones que promuevan al mismo tiempo el desarrollo sostenible.
Sin embargo, muchos de estos proyectos han sido criticados porque no han integrado los resultados de desarrollo pretendidos o porque han causado violaciones de los derechos humanos.

En este ámbito, se identifica claramente un espacio de intervención de los actores de la cooperación que pueden aportar su know how para asegurar que los proyectos de mitigación del cambio climático en los países pobres sean también vectores del desarrollo. Dicha aportación se amplía también a todos los proyectos que se ejecutan en el marco de los mercados voluntarios de carbono, gracias a los cuales empresas, ciudadanos e instituciones deciden de compensar voluntariamente sus emisiones de carbono financiando proyectos de mitigación, muchos de ellos en países en desarrollo. La incorporación de los actores de la cooperación en dichos proyectos será una garantía de sostenibilidad y de aportación concreta al desarrollo local.

Si se puede afirmar que los instrumentos de lucha contra el cambio climático son una oportunidad para la incorporación de los actores de la cooperación para el desarrollo a la mitigación del cambio climático, también se puede aseverar que la cooperación es el marco idóneo para integrar la mitigación y la adaptación al cambio climático en la dinámicas de desarrollo de los países pobres. De hecho, en el marco del debate sobre la Agenda de Desarrollo posterior a 2015, el cambio climático se está perfilando como un tema central del desarrollo sostenible.

En España, muchos actores de la cooperación, en particular de la cooperación descentralizada y las Organizaciones no Gubernamentales, no incorporan aún el cambio climático en sus estrategias de cooperación para el desarrollo, perdiéndose una gran oportunidad para apoyar los países más pobres en el proceso de adaptación al cambio climático y en la implementación de modelos de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, muchos actores no aplican “la lente del clima” a la hora de planificar sus intervenciones de desarrollo, es decir no analizan sus programas y proyectos teniendo en cuenta los riesgos presentes y futuros derivados del cambio climático. Muchas iniciativas podrían ser afectadas a corto y medio plazo y sus impactos positivos en el desarrollo podrían ser cancelados por fenómenos relacionados con el cambio climático, con una evidente merma de la eficacia de la ayuda al desarrollo.

El estudio, la adaptación y la aplicación de metodologías para la incorporación de la lucha contra el cambio climático en la cooperación española para el desarrollo es urgente y la integración de estos dos ámbitos de acción se perfila como uno de los desafíos más interesantes para la comunidad internacional.

*Francesco Filippi es director del área de proyectos y fortalecimiento institucional de la Fundación MUSOL (Valencia, España) y autor del estudio “Cambio climático y desarrollo: una tarea global”.

LAS DIVERSAS POLÍTICAS DE ESTADO CONTINÚAN DISCRIMINANDO ALAS COMUNIDADES CAMPESINAS

No es ninguna novedad que las comunidades son invisibles para la clase política y la opinión pública en general. Sin embargo, en los últimos seis años, luego de los sucesos de Bagua, han regresado al primer plano por la obligación que tiene el Estado peruano de consultarlas cuando son afectadas por una actividad extractiva, en el marco del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

En pleno 2013, la discusión política gira en torno a si las 6,2771 comunidades campesinas —que nunca fueron consideradas en los grandes planes nacionales de desarrollo, como si no existieran— son o no son pueblos indígenas.

A partir de este debate, los discursos contra ellas son muy agresivos, demuestran la actual posición del Estado y reflejan el predominio de privilegios de grupos de poder (empresas extractivas) que ven a las comunidades, y sus derechos colectivos sobre los recursos naturales, como agentes que no permitirían el desarrollo del país.

Así, desde el «síndrome del perro del hortelano», «todos tienen costumbres occidentales, todos utilizan celulares», «hace tiempo las comunidades campesinas dejaron de existir» y «solo existen para hacer política, obtener dinero de empresas mineras o petroleras y beneficiar a sus dirigentes», todos estos son discursos que provienen de un supuesto «sentido común», que viene ganando adeptos, pero que en realidad muestran una carga discriminadora muy fuerte. Veamos cómo esto se traduce en políticas de Estado.

Comunidades, ¡presente!
Aproximadamente cuatro millones y medio de personas —es decir, tres de cada cinco peruanos que viven en el campo— son comuneros, controlan 2.6 de cada 6 hectáreas de la superficie agropecuaria nacional y viven organizados en 6,277 comunidades campesinas que se encuentran en todo el Perú. Según el reciente censo agropecuario, manejan el 42.2% de superficie agropecuaria del país2 y el 18.74% de todo el territorio nacional 3.

Sus tierras encierran posiblemente la gran parte de la biodiversidad andina, y son los comuneros quienes se encargan de mantenerla y desarrollarla. En sus tierras se originan las fuentes de agua que se utilizan para el consumo humano y como recurso indispensable para el desarrollo de modelo agroexportador vigente, y es en donde se encuentran los minerales que anhelan las empresas extractivas.

La consulta  
Presionados por el recuerdo de los sucesos de Bagua del 5 de junio de 2009, el actual Congreso de la República aprobó con inusitada rapidez la «Ley del derecho a la consulta previa». Como resultado de ello, grupos de poder y sus principales voceros, hasta ese momento críticos a la vigencia del Convenio 169, saludaron a pie juntillas la norma porque justamente no incorporaba al total de las comunidades campesinas como sujetos de derecho. Ello tiene mucho sentido si consideramos, por ejemplo, que el 20.3% del total de la superficie nacional está sujeto a una concesión minera 4.

El gran argumento del Estado para no reconocerles este derecho a las comunidades campesinas radica en su «mestizaje», bajo la premisa de que son una mezcla de culturas que dan origen a una nueva. Por ello, según sus detractores, ellas no son pueblos indígenas, pues están sustantivamente vinculadas a la ciudad (usan celulares y jeans), al comercio, a los servicios del Estado, y no conservan sus tradiciones ancestrales.

El fantasma o amenaza de que se resistan a las actividades mineras, pero con la fuerza de una ley, hace que se niegue su existencia, afirmando que en los Andes no existen indígenas. Al parecer, para dichos sectores, no ha sido suficiente marginar a las comunidades campesinas de las políticas públicas, sino que también es necesario desaparecerlas para negarles derechos que les corresponden.

Base de datos 
El famoso y esperado documento de gestión que por fin nos iba a resolver la gran pregunta: ¿cuántas comunidades campesinas forman parte de los pueblos indígenas?, acaba de publicarse (27 de octubre) y dice muy poco al respecto. Lo que se sabe es que 1,992 comunidades reconocidas no son consideradas como parte de los pueblos indígenas. Si descontamos las 174 de la costa y las 90 de la selva, tenemos que 1,728 comunidades ubicadas en los Andes no son consideradas como indígenas. ¿Qué criterios se emplearon? ¿Se aplicó algún peritaje antropológico para señalar que el 28% del total de comunidades reconocidas no forman parte de ningún pueblo? Nadie, fuera del Ministerio de Cultura, lo sabe.

El Congreso de la República
El ataque sistemático contras las comunidades campesinas proviene de todos lados. Un grupo de parlamentarios nacionalistas ha presentado un proyecto de ley (2462-2012-CR) el 15 de julio último, resucitando los cuestionados e infames decretos legislativos del gobierno de Alan García. Lo peligroso de este proyecto es que, a efectos de promover y facilitar la inversión privada en tierras comunales, disminuyen el número de votos necesarios para disponer de dichas tierras, al igual que los decretos de García. Lo particular de esta última iniciativa legislativa es que solo es aplicable a las comunidades campesinas. A la fecha, no se sabe el destino final de esta propuesta del Congreso.

Adicionalmente, el gobierno humalista parece estar en una campaña para borrar de los predios congresales todo aquello que pueda promover la interpretación de que el íntegro de las comunidades campesinas forman parte de los pueblos indígenas, pues podría traer como consecuencia la exigencia de la consulta a favor de todas ellas.

Esa es la única explicación para que, recientemente, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología haya aceptado incorporar la categoría de pueblos indígenas en una reciente fórmula legal que promueve la coordinación entre los diferentes sistemas de justicia comunal que existen en el Perú. Estamos hablando de una propuesta (proyecto de ley 313-2011- PJ) que fue saludada por diferentes expertos que veían en ella el cumplimiento de una deuda que tenía el Estado con los sistemas de justicia comunales del país. dentro del Congreso.

Lamentablemente, está primando el enfoque restrictivo de derechos que plantea una antinomia entre «pueblos indígenas» y «comunidades». Lo que podría ser una categoría (pueblos indígenas) que incorpore al conjunto de comunidades, termina siendo perjudicial, pues, en la visión estatal, sin mediar razón alguna, no todas las comunidades son indígenas.

La regla general debe ser que a todos, sin distingo de ningún tipo, les corresponde la consulta si se piensa realizar una inversión extractiva que restrinja el uso de recursos naturales necesarios para el desarrollo de sus vidas. Lastimosamente, el actual esquema económico nos induce a creer que no es compatible el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas (léase, también, comunidades) con el modelo de acumulación de riquezas vigente desde los años noventa. El Convenio 169, lejos de convertirse en una oportunidad para reconciliar a los peruanos del «campo» y la «ciudad», está siendo utilizado para excluir aún más. La clase política gobernante no entiende que a mayor número de sujetos de consulta, menor sería el número de conflictos por el aprovechamiento de recursos naturales.

Notas 
1 IV Censo Nacional Agropecuario (IV Cenagro),
 de 2012. Para mayor detalle  puede verse LRA 155.
2 16’359,073.76 ha (IV Cenagro).
3 23’643,958.06 ha (Cofopri 2010).
4 26 millones 85 mil 500 ha. CooperAcción 2013.
La Revista Agraria

DERECHOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS

Aproximadamente cuatro millones y medio de peruanos viven organizados en las 6,069 comunidades campesinas que se encuentran en todo el Perú y controlan un total de 23’643,958.06 hectáreas, es decir el 18.74% del territorio nacional.

Las comunidades campesinas son importantes abastecedoras de alimentos para el mercado interno y son guardianas de nuestra gran diversidad biológica y cultural. Uno de sus múltiples problemas es el desconocimiento de sus derechos, sobre todo en lo concerniente al aprovechamiento de los recursos naturales ubicados en sus tierras. El problema se agudiza por las políticas que favorecen las grandes inversiones privadas en sus tierras.

Esta compilación de normas legales busca contribuir a llenar ese vacío, poniendo en manos de los comuneros y comuneras y de las dirigencias comunales una herramienta que les permita contar con información legal pertinente y actualizada, que se convierta en un instrumento para fortalecer su acción en el marco del respeto a sus derechos.

Esta es la tercera edición de esta compilación, lo que confirma su importancia y el compromiso de nuestras instituciones con las comunidades. Esta nueva entrega, además de incluir dos nuevos reglamentos (que corresponden a la Ley de Recursos Hídricos y a la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas), contiene una breve información de la situación de las comunidades en materia de reconocimiento y titulación de sus tierras.
Documento Completo

DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El mundo celebra hoy el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en medio de un escenario de conflictos generados principalmente por proyectos de infraestructura, mineros y petroleros que afectan sus ambientes y territorios. Al despojo y avasallamiento se agrega la situación histórica de exclusión, discriminación étnica y empobrecimiento al cual se ven compelidas. Según datos de las Naciones Unidas existen 5,000 pueblos indígenas compuestos de unos 370 millones de personas que viven en más de 70 países a nivel mundial, lo que reprsentaría el 5 por ciento de la población mundial.

En esta fecha, los pueblos indígenas u originarios celebrarán su resistencia, el no haber sucumbido al exterminio y a la colonización, con diversos actos en los que primarán la defensa de sus derechos y la preservación de las tierras que ocupan. Por ejemplo, la Organización de las Nacionaes Unidas desarrolla en su sede en New York una serie de actividades donde el secretario general de la ONU, el presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, un delegado de Panamá, un representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y un representante indígena.

Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, exhortó hoy a todos los gobiernos respetar los acuerdos con los pueblos indígenas con la intención de “comprender más cabalmente las opiniones y valores” de estos colectivos.

El relator especial recordó que respetar esos tratados, sean nuevos o antiguos, permiten sentar las bases de la reconciliación y superar los obstáculos a la plena realización de los derechos de las comunidades indígenas. Por ello para este año 2013 la Organización de las Naciones Unidas estableció como tema “Pueblos indígenas construyendo alianzas: En honor a los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos”.

Celebración en América Latina

En América Latina la población indígena suma 50 millones y alrededor de 3,5 millones en EE.UU. y Canadá.
En Guatemala, donde el 42 por ciento de la población se reconoce como indígena, se realizarán manifestaciones para exigir políticas públicas en contra del racismo y a favor de la inclusión y el respeto de su identidad. En México, cuya población autóctona está constituida por 15,7 millones de personas (14 % del total), miles de indígenas participan desde hoy en las celebraciones para conmemorar este día, en las que se ha recordado el rezago educativo y la marginación que sufren.

En tanto, en Colombia, con 1,4 millones de indígenas (3,4 % de la población), unos 3.500 aborígenes marcharán en la capital como parte de un encuentro con el que se busca garantizar instancias propias de participación e interlocución. Y en Venezuela, cuya población indígena es de 725.128 personas y donde diversas ONG denunciaron en septiembre de 2012 la matanza de 80 miembros de la etnia yanomami en una zona fronteriza con Brasil, algo que fue negado por el Gobierno, este viernes se condecorará a líderes indígenas con la Orden Miguel Ángel Jusayuu.

Conflictos sociales y ambientales
En Perú la empresa Pluspetrol pretende ampliar el proyecto Camisea en el Lote 88, una reserva donde habitan pueblos en aislamiento y en contacto inicial. Diferentes organizaciones se han manifestado en defensa de la vida y de sus derechos de estos pueblos. La Defensoría del Pueblo aconsejó que el Ministerio de Cultura notifique inmediatamente la Resolución Viceministerial N° 005-2013-VMI-MC del 12 de julio de 2013 a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas.
Dicha resolución plantea 83 observaciones al Estudio de Impacto Ambiental de la ampliación del Lote 88 de la petrolera de capitales argentinos.

En Chile persiste una grave situación en la zona de La Araucanía, donde la etnia mapuche, que suma unas 600.000 personas, mantiene desde los años noventa un conflicto con empresas agrícolas y forestales por la propiedad de tierras que considera ancestrales. En Bolivia, dónde el 41 % de la población es indígena, según los resultados del Censo 2012, también se mantiene una confrontación con nativos de la Amazonía que rechazan el proyecto gubernamental de una carretera que atraviese el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

En Brasil, según un informe del Consejo Indigenista Misionero, 43 indios brasileños fueron asesinados en 2011 en medio de esos conflictos en las reservas de tierras. Salil Shetty, Secretario general de Amnistía Internacional, de visita en Brasil, abordó el tema de la tierra y la exigencia de consultar sobre temas como la hidroeléctrica que se construye en la Amazonía sobre el río Xingú.

Igualmente en Paraguay, Amnistía Internacional ha asegurado que el Gobierno “ha incumplido de manera íntegra” con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que dictaminaron que tenía que devolver a tres comunidades indígenas sus tierras ancestrales. El Gobierno de Panamá, otra nación en la que estos pueblos han realizado numerosas protestas en defensa de sus tierras frente a la minería, anunció esta semana que propondrá la creación del Viceministerio de Asuntos Indígenas.

En Argentina, donde el 2,38 % de la población es indígena, se han intensificado sus movilizaciones en reivindicación de derechos y el fin de las agresiones a sus pueblos, especialmente tras la muerte en mayo pasado de un miembro de la etnia qom en choques con la policía.
Servindi

CORRUPCIÓN PODRÍA AMENAZAR LOS ESFUERZOS POR FRENAR LA PÉRDIDA DE LOS BOSQUES

Esfuerzos respaldados por la ONU para desacelerar la pérdida de los bosques podrían verse afectados por corrupción, por la existencia de una combinación potencialmente peligrosa: la oportunidad para hacer mucho dinero y una gobernanza débil.

A nivel global, el sector forestal es uno de los sectores más propensos a la corrupción.

Entre otras cosas, está amenazado por sobornos y derechos de tenencia de tierra poco claros, falta de acceso a información precisa y creíble, y una ausencia de transparencia en los flujos financieros, sostuvieron grupos de investigación y expertos ambientales en la Conferencia Internacional Anticorrupción, realizada en Brasilia, Brasil en noviembre de 2012.

Las malas prácticas, aseveran, podrían incluir desde la manipulación de las líneas de base, los reportes de emisiones de carbono y los sistemas de contabilidad hasta la violación de los derechos de las comunidades que habitan los bosques.

¿Pero es posible que los potenciales beneficios inesperados de REDD+ desencadenen un retorno a viejas costumbres?

Aled Williams, del Centro de Recursos Anticorrupción U4, considera que necesitamos adelantarnos al problema, identificar los obstáculos que han surgido en el sector forestal en el pasado.

“Pero esto no es sencillo”, dijo, resaltando que si por ejemplo nos centramos demasiado en la malversación de fondos por funcionarios públicos, es posible que no logremos identificar la corrupción vinculada a la distribución de beneficios.

“La mayor parte del tiempo estamos anticipando los riesgos potenciales de corrupción, en lugar de los riesgos actuales de corrupción”.

“Los casos reales también aportan lecciones importantes para el futuro”, Williams dijo.

Canal Azul 24

AMAZONÍA PERUANA ENRARECIDA

La cuenca amazónica cubre una superficie de 6,2 millones de km.2, abarcando ocho países amazónicos: Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Surinam, Guyana, más el territorio de la Guayana Francesa. Alberga el bosque tropical más grande del planeta, con aproximadamente el 20% de la reserva de agua dulce de la tierra, y el 28% del oxígeno proveniente de la amazonía; siendo considerado el principal sistema hidrográfico del mundo.

La amazonía como refugio natural de vida, es el más diverso y complejo, con diferentes tipos de ecosistemas, una gran variedad de flora y fauna, así como ingentes recursos energéticos y mineros, poblada por más de 400 pueblos originarios; habiendo sido nombrada como una de las siete maravillas naturales de la tierra.

Además de su gran biodiversidad, su importancia global y regional radica, en que los bosques cumplen un rol importantísimo como sumideros del dióxido de carbono, (uno de los principales gases que provoca el calentamiento global), regula el clima a nivel regional y planetario, proporciona oxígeno, también regula el curso de los ríos, al retener parte del agua proveniente de las lluvias, liberándola lentamente.

Tierra misteriosa y enigmática para unos, rica y salvaje para otros; respetada y preservada por sus culturas originarias, explotada y desvastada por el supuesto “desarrollo”; donde la abundancia y la escasez conviven separadas por una línea delgada; codiciada por países desarrollados, ofertada y vendida por gobiernos corruptos a la rapiña y lucro del gran capital, en nombre de la “civilización”.

La amazonía peruana con más de 77 millones de has. , representa el 60% del territorio nacional. Cobija al majestuoso río Amazonas, cuyo origen se encuentra en el nevado Quehuisha, a 5,170 m.s.n.m., en la quebrada Apacheta, provincia de Cailloma, en la Región de Arequipa, (Expedición Científica Amazon Source-1996; confirmada por la Sociedad Geográfica de Lima el 2010). Por lo cual pasaría a ser el río más largo y caudaloso del mundo, con 7.062 km., superando al río Nilo

Cual anaconda cósmica, el río Amazonas va serpenteando los bosques, cruzando o formando cochas, meandros, aguajales, restingas, playas, tahuampas, barreales etc., ofreciéndonos paradisíacos paisajes con una armoniosa y a la vez compleja biodiversidad, lleno de colores y matices, olores, sabores y sonidos que deleitan los sentidos y la inspiración.

Como una realidad que desafía la imaginación, se propagó un reportaje televisivo de la Zona Reservada “Sierra del Divisor”, (entre las Regiones de Ucayali y Loreto), donde en plena llanura amazónica emerge cual desafío de la naturaleza, una pirámide verde, denominada cerro El Cono: o aquellas cataratas gemelas donde brota agua caliente en una, y agua fría en la otra, lugar sacralizado por los shipibo. Zona en grave peligro por la tala y minería ilegal, perpetrado por hombres “civilizados”.

Nuestra amazonía, a pesar de ser una región privilegiada por su rica biodiversidad, con recursos naturales renovables (flora, fauna, suelos, agua) y no renovables (petróleo, gas, oro y otros recursos potenciales), se caracteriza por tener ecosistemas sumamente frágiles, cuyos suelos son mayormente pobres, cubiertos por una delgada y frágil capa de humus, propenso a la degradación por las constantes lluvias y la acción humana.
Es también rica y diversa culturalmente, poblada por aproximadamente 60 pueblos étnicos, pertenecientes a 12 familias lingüísticas, conformando más de 1,400 comunidades nativas reconocidas legalmente, con aproximadamente 400mil habitantes.

Con diversas lenguas, cosmovisiones, costumbres, conocimientos y saberes, las culturas amazónicas guardan una armoniosa simbiosis espiritual y de sabiduría de subsistencia con sus bosques, siendo su razón de existencia; por lo que son respetados, preservados y manejados, guardando un necesario equilibrio con la naturaleza.

Muchos piensan que la selva es indestructible e invulnerable a los actos de los hombres, habiendo sido invadida por grandes y pequeñas empresas extractivas (legales e ilegales), tras la explotación depredadora de los diferentes “oros amazónicos”: oro negro (petróleo), oro rojo (maderas), oro verde (bosques), oro azul (agua), oro amarillo (oro y otros minerales), y aquel maligno y destructivo oro blanco (cocaína, narcotráfico). Provocando graves impactos ambientales y sociales, como la deforestación, degradación ecológica, pérdida de la biodiversidad, inseguridad alimentaria entre otros, con la consecuente generación de conflictos socio ambientales.

Más del 70% de la amazonía peruana se encuentra lotizada por concesiones petroleras, gasíferas, auríferas, madereras, agroindustriales, impuesto por el modelo económico neoliberal. Según cifras de Perú Petro, hay más de 90 lotes concesionados a la exploración y explotación de hidrocarburos, (existiendo otros tantos en proceso de negociación). Dándose una agresiva e intensa política de promoción de las inversiones extractivas por parte del Estado, sin tener en cuenta los derechos culturales y ambientales de los pueblos indígenas, ni criterios éticos, legales o de biodiversidad.

Aproximadamente unas 40 compañías petroleras, vienen operando en la amazonía peruana, muchos de estos lotes se superponen irregularmente sobre áreas naturales protegidas, reservas comunales, territorios de comunidades nativas etc. La Plataforma de Ordenamiento Territorial (conformada por diez asociaciones), destacó que 16 lotes de hidrocarburos se superponen sobre 12 áreas naturales protegidas.

Provocan además derrames de petróleo, residuos tóxicos, sísmica contaminante, vertimiento de aguas residuales con metales pesados, con el consecuente envenenamiento y contaminación de ríos, flora, fauna, así como de sus pueblos originarios, cuya lucha valiente y solitaria de resistencia al capitalismo salvaje, es desoída y ninguneada por los gobiernas de turno.

El actual modelo extractivista no da más, con extractores usureros e ilegales, corrupción gubernamental, festín de concesiones, inseguridad, violencia, desorden normativo, y la falta de gestión y control estatal, se avizora a mediano plazo la degradación y pérdida de los bosques, y la aparición de grandes sabanas con escasez de agua y vida.

No estamos en contra de la existencia de inversiones en la amazonía, pero, con empresas que tengan un manejo racional del medio ambiente, con tecnología de punta que asegure menos riesgos ambientales, con responsabilidad social práctica respetando los derechos de los pueblos indígenas, con una equitativa redistribución de la riqueza obtenida, con normas gubernamentales coherentes, y un adecuado ordenamiento territorial.

Pues, la amazonía se merece un futuro responsable y racional con su medio ambiente y biodiversidad así como un futuro equitativo y solidario con sus habitantes.
Servindi