LA PARADOJA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático se caracteriza por una paradoja: gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, que causan el calentamiento global, proceden de los países más industrializados. Sin embargo, las peores consecuencias del cambio climático se experimentan en los países más pobres, principalmente por dos motivos: de un lado, muchas amenazas asociadas con el cambio climático se verifican en los países en desarrollo, por ejemplo los huracanes en Centroamérica y el Caribe o las sequías en África Subsahariana. De otro lado, la mayor vulnerabilidad de estos países hace que los fenómenos relacionados con el cambio climático tengan efectos más graves.

El cambio climático puede afectar gravemente las perspectivas de desarrollo de los países pobres y por ello los actores de la cooperación no pueden ignorar este fenómeno.

Los mecanismos internacionales de lucha contra el cambio climático, en particular la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, tienen en consideración esta paradoja y establecen el principio de responsabilidad común pero diferenciada, por el cual son los países ricos los que deben tomar la iniciativa y reducir las emisiones de forma más contundente. Además, tienen en cuenta las necesidades específicas de los países en desarrollo. Estos principios se han traducido en herramientas concretas cuyo propósito es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo, promover el desarrollo en los países pobres. El ejemplo más conocido es el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que permite financiar mediante la venta de bonos en el mercado de carbono, proyectos en países pobres de reducción de las emisiones que promuevan al mismo tiempo el desarrollo sostenible.
Sin embargo, muchos de estos proyectos han sido criticados porque no han integrado los resultados de desarrollo pretendidos o porque han causado violaciones de los derechos humanos.

En este ámbito, se identifica claramente un espacio de intervención de los actores de la cooperación que pueden aportar su know how para asegurar que los proyectos de mitigación del cambio climático en los países pobres sean también vectores del desarrollo. Dicha aportación se amplía también a todos los proyectos que se ejecutan en el marco de los mercados voluntarios de carbono, gracias a los cuales empresas, ciudadanos e instituciones deciden de compensar voluntariamente sus emisiones de carbono financiando proyectos de mitigación, muchos de ellos en países en desarrollo. La incorporación de los actores de la cooperación en dichos proyectos será una garantía de sostenibilidad y de aportación concreta al desarrollo local.

Si se puede afirmar que los instrumentos de lucha contra el cambio climático son una oportunidad para la incorporación de los actores de la cooperación para el desarrollo a la mitigación del cambio climático, también se puede aseverar que la cooperación es el marco idóneo para integrar la mitigación y la adaptación al cambio climático en la dinámicas de desarrollo de los países pobres. De hecho, en el marco del debate sobre la Agenda de Desarrollo posterior a 2015, el cambio climático se está perfilando como un tema central del desarrollo sostenible.

En España, muchos actores de la cooperación, en particular de la cooperación descentralizada y las Organizaciones no Gubernamentales, no incorporan aún el cambio climático en sus estrategias de cooperación para el desarrollo, perdiéndose una gran oportunidad para apoyar los países más pobres en el proceso de adaptación al cambio climático y en la implementación de modelos de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, muchos actores no aplican “la lente del clima” a la hora de planificar sus intervenciones de desarrollo, es decir no analizan sus programas y proyectos teniendo en cuenta los riesgos presentes y futuros derivados del cambio climático. Muchas iniciativas podrían ser afectadas a corto y medio plazo y sus impactos positivos en el desarrollo podrían ser cancelados por fenómenos relacionados con el cambio climático, con una evidente merma de la eficacia de la ayuda al desarrollo.

El estudio, la adaptación y la aplicación de metodologías para la incorporación de la lucha contra el cambio climático en la cooperación española para el desarrollo es urgente y la integración de estos dos ámbitos de acción se perfila como uno de los desafíos más interesantes para la comunidad internacional.

*Francesco Filippi es director del área de proyectos y fortalecimiento institucional de la Fundación MUSOL (Valencia, España) y autor del estudio “Cambio climático y desarrollo: una tarea global”.

RESPONSABLES DEL MAL MANEJO DE LAS OBRAS DE AGUA DEBEN SER SANCIONADOS

Clara en sus apreciaciones, la presidenta de la Junta de Fiscales, Carmen Miranda Vidaurre, sostiene que las investigaciones iniciadas en relación a los proyectos de saneamiento en Lambayeque y Chiclayo deben ser céleres y efectivas a fin de sancionar a los verdaderos responsables de la mala ejecución de estos y los presuntos delitos medioambientales y contra la salud generados a partir de la exposición de aguas servidas en las calles de ambas ciudades.

Empero, la fiscal decana refiere que la ciudadanía no puede asumir que el Ministerio Público es la única institución con capacidad de actuar ante las irregularidades que se estarían presentando en las obras de Lambayeque a cargo de los consorcios “San Pedro” y “Santiago”, y en la capital departamental encargadas al consorcio “Chiclayo”.

“Nosotros como Ministerio Público no tenemos la función de controlar o supervisar cómo es que se realizan las licitaciones de las obras y mucho menos de qué manera se ejecutan, hacer eso sería convertirnos en fiscalizadores de todo y eso no es bueno para la tranquilidad de la ciudanía. Cuando los vecinos elegimos una autoridad lo hacemos porque confiamos en ella, no porque sospechamos de ella, y lamentablemente ahora se sospecha de todo. El rol de los ciudadanos es confiar en su autoridad hasta que surjan indicios de irregularidades o corrupción, ante lo cual recién puede actuar el Ministerio Público, pero también la Contraloría y otros organismos que sí están llamados a vigilar la transparencia de los procedimientos públicos”, comenta.

Carmen Miranda añade que el poblador, que aún considera que todas las presunciones deben terminar en denuncia y sanción penal, debe entender que el Ministerio Pública únicamente es el persecutor del delito. “La prevención, en estos casos, está en manos de los órganos de control del Estado que deben actuar desde el momento en que se inicia un proceso de selección o contratación entre entidades públicas y empresas existiendo de por medio recursos públicos. La fiscalía actúa cuando el delito ya se cometió”, explica.

ASUNTOS A INVESTIGAR
A fines del 2012, la Procuraduría Pública Municipal de Chiclayo formuló las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público por el hallazgo de una docena de cartas fianzas falsas presentadas a la comuna por empresas contratistas con el propósito de hacerse de diversas licitaciones para la ejecución de obras. Entre las cartas figuran las del Consorcio Supervisor Chiclayo, responsable de la supervisión de la millonaria obra de saneamiento básico en el centro de la ciudad.

En tanto el 28 de febrero pasado la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lambayeque, con disposición N° 03, determinó que existen razones de peso para que se inicie la investigación preparatoria a los funcionarios municipales y responsables del consorcio “San Pedro” por la ejecución de los trabajos de renovación y ampliación de las redes de agua y alcantarillado en la ciudad de Lambayeque; así como a los funcionarios de EPSEL y el consorcio “Santiago”, ejecutores de la renovación de los colectores Sur y Castilla de la “Ciudad Evocadora” por la presunta comisión de delitos como contaminación del ambiente, contaminación de bienes o insumos destinados al uso o consumo humano, y colusión. “Hay investigaciones ya en marcha y estas deberán dar sus resultados”, señala la titular del Ministerio Público en Lambayeque, quien considera que la ciudadanía debe evaluar el rol que cumple cada órgano de control y si estos cumplen con su labor en defensa de los intereses de la ciudadanía y el Estado.


POSTURA FISCAL
Si bien la presidenta de la Junta de Fiscales deja clara la responsabilidad que tiene los organismos supervisores, reconoce también que la inexistencia de una fiscalía especializada en materia medioambiental limita la función preventiva frente a la comisión de delitos por contaminación, como los que se generarían con las obras de saneamiento en ejecución tanto en Lambayeque como en Chiclayo.

“Pese a la limitación hacemos todo lo necesario, lo posible, pero muchas veces se escapa de nuestras manos abarcar tantas deficiencias de naturaleza administrativa que tienen los alcaldes y allí está, por ejemplo, el distrito José Leonardo Ortiz lleno de basura, falta de limpieza pública y otros problemas que se ven en todo lugar al que concurrimos. Pero hay que ser francos y reconocer que no todo puede ser responsabilidad de las autoridades, los ciudadanos debemos tener clara la visión de la ciudad en la que queremos vivir y contribuir a que esta sea mejor. La tranquilidad de los vecinos de Chiclayo y Lambayeque se ha visto superada por la deficiencia e ineptitud de las autoridades, pero también por sus propios errores como colectividad”, indica.

Carmen Miranda refiere que con el puntual trabajo de los fiscales en las investigaciones iniciadas se buscará sanción para los responsables de los malos trabajos en las obras de saneamiento, cuyo impacto negativo en la ciudadanía, el ornato y las actividades comerciales son preocupantes.

“Ante los problemas presentados para las autoridades es fácil deslindar responsabilidades y señalar a otros, sin embargo con una buena investigación vamos a dar con los responsables y buscar una sanción en la medida que sus actos estén previstos como delitos, pero también debe tenerse en cuenta que no todos los hechos son delitos y por el contrario deben ser canalizados administrativamente, donde el Ministerio Público no tiene nada que ver. Nosotros no podemos sobrepasar nuestras atribuciones y asumir funciones que le competen a otros entes”, manifiesta.

En tal sentido, la autoridad del Ministerio Público refiere que los fiscales deben actuar con celeridad. “He dado algunas instrucciones a los fiscales para que actúen de inmediato e identifiquen a los autores de la penosa situación que atraviesan Chiclayo y Lambayeque. Todos sabemos que hay empresas que no han cumplido, que las obras han estado o están abandonadas y que los supervisores no están desempeñándose adecuadamente, lo que está generando graves problemas a los que el Ministerio Público no puede ser ajeno”, señala.

META ANUAL
Por otro lado, en relación a lo proyectado para este año por el Ministerio Público de Lambayeque respecto a la resolución de casos, Miranda Vidaurre sostiene que la meta es llegar a dos puntos más sobre la meta alcanzada en el 2012, cuando ella se desempeñó como fiscal coordinadora del distrito judicial. Quiere decir que para este año se estima que los fiscales resolverán el 87% de las denuncias que se presenten asegurando la celeridad y eficacia que el Nuevo Código Procesal Penal garantiza a los ciudadanos.

Desde abril del 2009, en que se implementó el Nuevo Código en Lambayeque, a enero de este año, se han logrado seis mil 700 condenas gracias al trabajo fiscal, 20 de las cuales, en el 2012, fueron a cadena perpetua por casos como violación de menores y robo agravado. En estos casi cuatro años el Ministerio Público en su ámbito regional ha resuelto 86 mil 80 casos, exponiendo como otros logros un total de tres mil 467 cuadernos de ejecución de sentencia. Miranda Vidaurre, quien entre el 2009 y el 2010 presidió por primera vez la Junta de Fiscales de Lambayeque, indica que uno de los lineamientos de su política de gestión es que el fiscal esté a tiempo en los sucesos que se presentan, sobre todo en los que hay que recoger evidencia criminal que servirá como base de la investigación.

“A veces la población se puede quejar de algunas deficiencias que nosotros aceptamos, toda vez que estamos en un proceso de implementación del Nuevo Código Procesal Penal porque recién tenemos cuatro años desde que se aplicó su uso y sobre todo porque muchos de los fiscales con los que iniciamos el proceso han sido reemplazados por fiscales titulares que tiene que seguir adaptándose al nuevo sistema”, explica.

Resultados de la eficiencia lograda en el Ministerio Público de Lambayeque es que el año pasado 14 despachos fiscales de la jurisdicción se hicieron acreedores del bono de productividad siendo reconocidos a nivel nacional. “Desde mi cargo como presidenta de la junta no dirijo el trabajo de los fiscales, pues ellos gozan de total independencia en su trabajo. Sin embargo, es bueno que ellos sepan cuáles son las demandas de la población, las quejas que esta tiene y cómo perciben la labor que ellos desempeñan”, señala.

CONTRA LA CRIMINALIDAD
El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público ha identificado, tras evaluar los informes alcanzados por los fiscales de Lambayeque, cinco “puntos calientes” de incidencia delictiva en la región. Estos puntos son, además de espacios geográficos determinados, problemas como delincuencia común, microcomercialización de drogas y trata de personas.

“Hemos elaborado un plan operativo anual para atacar todos esos puntos y necesitamos, lógicamente, la colaboración de la Policía Nacional, porque nosotros no tenemos ni el equipamiento ni la fuerza que esta posee. Hasta el momento nuestras actividades respecto a la lucha contra la delincuencia no han sido incluidas en el Plan Regional de Seguridad Ciudadana que tiene el consejo que lidera el Gobierno Regional, pero confiamos en que esto se dará en las próximas semanas porque ya se ha informado sobre la estrategia que desarrollamos nosotros”, refiere.

Precisamente en relación al desempeño del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, Miranda Vidaurre lamenta que ya no se ejecuten evaluaciones trimestrales como se realizaban cuando presidía el gobierno lambayecano Nery Saldarriaga de Kroll, lo que posibilitaba la medición de resultados conjuntos con el trabajo de todas las instituciones participantes.

“Un plan de seguridad lo puede presentar cualquiera, pero el asunto está en las acciones y resultados que se tienen. Yo considero que está faltando control, seguimiento, monitoreo e informes periódicos de lo que se está haciendo. Se necesita más articulación del trabajo que realiza cada institución de manera independiente”, asevera la presidenta de la Junta de Fiscales.

+ NOTICIAS
• Los fiscales César Bravo Llaque, Giovana Del Río Carreño, Marena Mendoza Sánchez, Mariana Vásquez Zagaceta y Mercedes Pintado Delgado disputan las tres plazas para titulares superiores (dos penales y una civil), al ser los únicos que calificaron las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura.
• El Distrito Judicial de Lambayeque tiene 185 fiscales.
• Para este año se tiene programada la construcción del Módulo Básico de Justicia de José Leonardo Ortiz.
Semanario Expresión

PROYECTOS MINEROS US$ 13,295 MILLONES EN MACRO REGION NORTE

La Macro Región Norte concentra proyectos de inversión minera estimados en 13,295 millones de dólares, cifra que representa el 24.9 por ciento de la inversión total en el país, informó hoy la Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios (Perucámaras).

Detalló que el 57 por ciento de esos proyectos, que tiene un valor de 7,575 millones de dólares, se encuentra en la fase de exploración; el 36.1 por ciento (4,800 millones de dólares) cuenta con Estudios de Impacto Ambiental (EIA) aprobados; y el 6.9 por ciento (920 millones de dólares) se encuentra en la etapa de ampliación.

El conjunto de proyectos que se ejecutarían en la Macro Región Norte significa el 24.9 por ciento de la cartera de inversión total en el país, que asciende a 53,423 millones de dólares y está compuesta por 52 principales proyectos, según el informe del Centro de Investigación Empresarial de Perucámaras.

Esta cartera incluye proyectos de ampliación en unidades mineras, proyectos en etapa de exploración avanzada, así como proyectos con estudio ambiental aprobado o en proceso de evaluación. En la Macro Región Norte, para el año 2014 se esperan inversiones por 705 millones de dólares, focalizadas en Cajamarca y en Piura.

En Cajamarca, la inversión ascendería a 185 millones de dólares en el proyecto Shahuindo de oro, que se encuentra en etapa de exploración y está a cargo de Minera Sulliden Shahuindo de capitales canadienses. En Piura, la inversión asciende a 520 millones de dólares en el proyecto Ampliación Bayovar, a cargo de Compañía Minera Miski Mayo de capitales brasileños.

Para el 2016, se prevé el inicio de operaciones de cuatro proyectos con una inversión de 5,700 millones de dólares, todos vinculados a la explotación de cobre.

Tres de ellos se ubican en Cajamarca: Galeno de Lumina Copper, con una inversión de 2,500 millones de dólares; La Granja a cargo de Río Tinto Minera Perú Limitada, con una inversión de 1,000 millones de dólares y el proyecto Michiquillay de Anglo American Michiquillay,  con una inversión de 700 millones de dólares.

En tanto, el cuarto proyecto, Río Blanco se ubica en la región Piura y está a cargo de Río Blanco Copper y demandará una inversión de 1,500 millones de dólares.

Para el 2017, en la cartera de proyectos figura el inicio de las operaciones del proyecto Conga en Cajamarca.  En el caso de la Macro Región Norte, el inicio de operaciones de tres proyectos, que suman los 2,090 millones de dólares, aún está por definir.

Uno de ellos es la Ampliación Lagunas Norte, ubicado en La Libertad a cargo de Minera Barrick Misquichilca,  que está en la etapa de ampliación y demandaría  una inversión de 400 millones de dólares  para la explotación de oro.

Otro es el de la empresa Cañariaco Copper Perú en Lambayeque, que invertirá 1,565 millones de dólares en el proyecto Cañariaco para la explotación de cobre y oro, y aún se encuentra en la etapa de exploración.

El tercer proyecto es Salmueras de Sechura en Piura, a cargo de la firma Americas Potash Perú, que invertirá US$ 125 millones en la explotación de potasio y que actualmente se encuentra en la etapa de exploración.
Andina

EPSEL RESPONDE A CUESTIONAMIENTOS DE SUPERVISOR:

“Las dificultades que se observan en las obras del centro histórico de Chiclayo, a consecuencia del proceso contractivo de la obra de saneamiento básico en el centro de la ciudad, y que vienen afectando e incomodando a los usuarios y a la colectividad en general, no se pueden atribuir a la elaboración del expediente técnico, mayor razón si este ha sido modificado de forma sustancial al que inicialmente planteó EPSEL”, así responde el ingeniero Néstor Salinas Vásquez, gerente de Proyectos y Obras de la empresa de saneamiento, tras las aseveraciones dadas por el supervisor del proyecto, José María Cajo Ramírez, a nuestro medio en la edición 790.

Salinas Vásquez precisó que la planificación de los frentes de ejecución de la obra, su organización para poder asignar recursos de mano de obra, equipos y la logística necesaria, corresponden y están bajo la responsabilidad del Consorcio Chiclayo como ejecutor de los trabajos y este debe contar con la aprobación y autorización del supervisor en concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, habiéndose producido en estas circunstancias afectación de la infraestructura existente que opera EPSEL, por lo que la empresa de saneamiento es perjudicada en su imagen, toda vez que los vecinos le reclaman por una obra que no ejecuta ni supervisa, no obstante a que próximamente será quien reciba para su operación las nuevas redes de saneamiento.

Elaboración del expediente
El funcionario informó a Expresión que en la elaboración del expediente técnico participaron el ingeniero sanitario Edgard Muñico Osorio y los ingenieros civiles Jorge Alvarado Quiroz, José Quiñones Yahiro, Manuel Irigoyen Tenorio y Ángel Meléndrez Temoche, los mismos que sometieron a revisión del Área Técnica el documento que se aprobó en agosto del 2009 con Resolución de Gerencia General N°193-2009-EPSEL S.A/GG por un monto de 29 millones 419 mil 533.82 soles.

“Con Oficio N°029-2009-MPCH/GPP, del 21 de septiembre del 2009, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad de Chiclayo, economista Víctor Vallejos Díaz, hizo llegar el Informe N°106-2009-MPCH-SGPI-CTI, donde se indica que la comuna tiene la Capacidad Técnica y Operativa para la Ejecución del Proyecto, solicitando a la vez que esta sea la Unidad Ejecutora, por lo que con oficio N°1051-2009-EPSEL S.A/GG, de fecha 19 de noviembre del 2009, el Gerente General de aquel entonces efectuó el trámite correspondiente a la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas, autorizándose el cambio de la Unidad Ejecutora del proyecto de inversión a favor de la municipalidad provincial”, detalla.

Los cambios realizados
En este estado de cosas – añade Salinas Vásquez - siendo la Municipalidad Provincial de Chiclayo la Unidad Ejecutora, “decide proceder, sin autorización, a realizar modificaciones sustanciales al expediente que aprobó EPSEL, cambios que repercuten en el sistema hidráulico y operativo de las redes de alcantarillado, haciendo suyo el expediente y aprobándolo con Memorándum 1019-2011-MPCH de fecha 19 de octubre del 2011. Estos cambios en el expediente modificado no cuentan con las firmas ni visto bueno de los profesionales que elaboraron el proyecto inicial, por lo que el expediente que viene ejecutando la Municipalidad de Chiclayo ya no corresponde a EPSEL S.A, desde la fecha de su nueva aprobación como unidad ejecutora”, asevera, rechazando de esta manera las imputaciones realizadas por Cajo Ramírez, quien sostiene que la empresa de saneamiento es responsable de los errores existentes en el expediente.

En esta serie de modificaciones, por ejemplo, se redujo el presupuesto asignado para la Mitigación de Impacto Ambiental, toda vez que el expediente inicial consideró, en el 2009, una partida de 400 mil soles, pero la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad de Chiclayo la redujo a 364 mil aun cuando dicha partida debió incrementarse con la actualización de costos en el 2011. Además, los recursos fijados en el proyecto de EPSEL para Información y Educación Sanitaria en 130 mil soles, fueron rebajados a 40 mil, por lo que resulta limitada la capacidad para que ahora la población entienda la problemática temporal que toda obra de saneamiento genera.

“Recientemente al advertir esta problemática, el Sub Gerente de Estudios y Proyectos de la municipalidad viene solicitando opinión técnica para nuevas modificaciones de ruta o trazo, como es el caso del colector Principal de la calle Francisco Cabrera a la calle Izaga, aun generando riesgo de derrumbe de casas antiguas. EPSEL a considerando que esto no es factible, mayor razón cuando por dicha zona pasa la línea de impulsión de 400 milímetros de diámetro hacia el tanque elevado ubicado en la avenida Grau, que ante cualquier percance podría generar desabastecimiento de agua a la ciudad, además de las redes subterráneas de energía eléctrica y de agua y alcantarillado”, señala Néstor Salinas Vásquez, reforzando la opinión que en la edición 791 alcanzara el ingeniero Edgar Muñico Osorio.

El Gerente de Proyectos y Obras de la empresa de saneamiento refiriere finalmente que EPSEL S.A ha cursado sendas comunicaciones a la Municipalidad Provincial de Chiclayo a lo largo del proceso de ejecución de la obra, dando a conocer las observaciones a los diferentes pasos constructivos y al cumplimiento de las especificaciones técnicas en función a su labor de coordinador y observador del desarrollo del proyecto de agua y alcantarillado.

“Los cambios en el expediente modificado no cuentan con las firmas ni visto bueno de los profesionales que elaboraron el proyecto inicial”.

CIFRAS:
• El ingeniero José Sosa Saavedra era Gerente de Infraestructura de la comuna provincial cuando se realizaron los cambios al expediente de EPSEL. Es él quien firmó la selección del Consorcio Chiclayo como ejecutor de la obra.

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CUESTIONAMIENTOS DEL SUPERVISOR 
En la edición anterior recogimos las declaraciones del representante del Consorcio Supervisor Chiclayo, José María Cajo Ramírez, quien expuso una serie de razones por las que el proyecto de saneamiento en el casco urbano de la ciudad presenta retrasos y genera tanto malestar a los vecinos, refiriendo en todo momento que la responsabilidad recae sobre EPSEL al haber elaborado inicialmente el expediente técnico.

Cajo Ramírez cuestionó, por ejemplo, que EPSEL no haya reunido a personal calificado y con experiencia para la elaboración del expediente y que este haya empleado planos de gabinete (históricos), que distan mucho de la realidad actual de las redes de agua y alcantarillado en el centro de la ciudad. “El proyectista no ha reunido la información suficiente para elaborar un expediente técnico consistente con la realidad que se tiene. No se han contrastado los planos de gabinete que posee EPSEL con las necesidades actuales del sistema de saneamiento, es decir el expediente técnico de obra de agua de Chiclayo está mal hecho”, señaló.

Asimismo, consideró insuficientes los presupuestos para la Mitigación del Impacto Ambiental al suponer que era EPSEL quien los había fijado, y que la actitud de la empresa resultaba negligente por no dar tratamiento adecuado a la red antigua, razón que origina los atoros y filtraciones de aguas servidas en las calles donde ya se han renovado las tuberías. “Por más que se quiera y se instalen las redes en algunos tramos, el sistema no funcionará adecuadamente porque se sigue operando con la red antigua”, expresó el supervisor.
Semanario Expresión

INSTALACIÓN DE AUTORIDAD PORTUARIA REGIONAL

La Autoridad Portuaria Regional-APR, se encargará de conducir el proceso hacia la construcción del terminal marítimo de Lambayeque, otro proyecto emblemático de esta región del norte. El acto protocolar contó con la asistencia del vicepresidente regional, Lic. Juan Pablo Horna Santa Cruz; el gerente general del Gobierno Regional, Ing. Francisco Cardoso Romero; consejeros y gerentes regionales, alcaldes, gremios empresariales y sociedad civil.

En un primer momento, el gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional, Ing. Gerardo Pérez Delgado, procedió a juramentar al mandatario regional, Ing. Humberto Acuña Peralta como presidente del directorio de la APR. El titular del Gobierno Regional hizo lo propio con el alcalde provincial de Chiclayo, Roberto Torres Gonzáles; el presidente de la Cámara de Comercio, Otto Zoeger Navarro y el representante de la Autoridad Portuaria Nacional, Ricardo Guimaray Hernández, como directores de la APR.

El acto marca un hito en la historia regional y es considerado como el primer paso concreto en el objetivo de lograr la ejecución del terminal marítimo para Lambayeque, que contribuirá con su desarrollo y progreso integral. “Hoy en un día histórico y Lambayeque celebra el primer paso para concretar otro de sus proyectos emblemáticos. Desde que asumimos la gestión el terminal marítimo se convirtió en nuestra prioridad y vamos por el camino correcto”, indicó Acuña Peralta. El presidente regional, saludó el compromiso del jefe de Estado, Ollanta Humala, de apostar por el terminal marítimo, ya que se constituirá en una herramienta estratégica para la exportación de los productos agrícolas del Proyecto Olmos. Por su parte, el gerente general de la APN, Gerardo Pérez ratificó el compromiso de su gestión para articular los planes portuarios y generar el marco legal para concretar este anhelo lambayecano. “El 90% del comercio exterior en el Perú se moviliza por un puerto.

El terminal es una herramienta para el desarrollo y el boom agroexportador del proyecto Olmos deberá aprovecharse”, manifestó. Como se recuerda la APR Lambayeque, tendrá entre sus funciones principales la elaboración de un Plan Regional para el Desarrollo Portuario, así como los planes maestros de los principales puertos de Lambayeque, entre ellos, Pimentel y Puerto Eten. Pimentel en mérito a las remodelaciones que vienen efectuándose en su malecón y su histórico muelle, presenta su ventaja comparativa principalmente en la actividad turística. Mientras que Puerto Eten sobre los diversos estudios efectuados desde 1976, mantiene su ventaja comparativa para la actividad comercial de mercaderías y mercancías a nivel nacional e internacional. DEBE SABER La Ley del Sistema Portuario, establece que una Autoridad Portuaria Regional estará integrada sólo por representantes de la Autoridad Portuaria Nacional, Gobierno Regional, de la Municipalidad Provincial, Sector Privado y Trabajadores Portuarios de la Región.

El procedimiento de su acreditación como miembros está regido por el Reglamento para la Instalación de los Directorios de las Autoridades Portuarias Regionales y para la Designación y Nombramiento de sus Directores. NO OLVIDAR La instalación de la Autoridad Portuaria Regional se da luego que la gestión del presidente regional, Ing. Humberto Acuña, lograra ante las autoridades nacionales la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Portuario-PNDR, que incluyó recién a Lambayeque como área de desarrollo portuario.
GRL

PROYECTO VENTARRÓN VISLUMBRA EL PASADO DE LAMBAYEQUE

Cerca de 32 niños, entre 5 y 14 años, participan en talleres de lectura para revalorar el  centroarqueológico Ventarrón , un proyecto que emprendió el arqueólogo Ignacio Alva en el 2007 con la iniciativa de involucrar activamente a la población que vive cerca del complejo Ventarrón, ubicado en el distrito de Pomalca, Lambayeque. 

Ignacio Alva, quien ocupó el tercer lugar del Premio Integración en el 2011, dirige dinámicas que permiten a los pequeños familiarizarse con el hábito de la lectura, conocer fábulas, mitos locales y la historia del templo de Ventarrón, los talleres se realizan con el apoyo de la poeta chiclayana Milagros Nevado.

El trabajo de Ignacio es incansable, tiene previsto desarrollar una serie de proyectos a favor de la comunidad, por ello, en coordinación con la operadora de turismo Chasqui Ventura planea crear una biblioteca, un biohuerto, un parque de recreación, mejorar el jardín botánico y construir un albergue para realizar turismo rural comunitario.

La investigación arqueológica y el proyecto que emprendió Alva hace 5 años le han brindado grandes satisfacciones. “Se ha descubierto las raíces de la historia lambayecana, antes solo se sabía de los momentos correspondientes a los Mochica y Lambayeque. El templo más antiguo que se encontró en la excavación data de hace 4,500 años”, afirma el arqueólogo.

Ahora, Alva está culminando un expediente con los resultados del estudio, que se requiere presentar ante el Ministerio de Cultura con la finalidad de elevar al complejo Ventarrón a la categoría de paisaje cultural.
RPP

EN MÓRROPE APROVECHAN ESTIÉRCOL PARA LA PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLE Y FERTILIZANTE

Familias del centro poblado El Romero, en el distrito lambayecano de Mórrope, serán beneficiadas con cocinas que usarán energía no convencial obtenida de la planta de procesamiento de estiércol, como parte de un proyecto que busca reducir la tala ilegal de bosques secos, informó hoy una fuente local.

Segundo Guzmán Ballena, gerente del Instituto de Desarrollo del Sector Informal (Idesi) de Lambayeque, que ejecuta la iniciativa, dijo que también se busca reducir los males respiratorios por el uso de la leña como combustible. A través del proyecto “Recursos locales para generar bionegocios y energía no convencional en la comunidad campesina San Pedro de Mórrope” se promueve la producción de combustible orgánico o biogás para que las familias rurales disminuyan la tala indiscriminada de bosques secos.

Unos 60 integrantes de la asociación agrícola El Campesino, de Mórrope, recolectan estiércol fresco y residuos orgánicos para la producción del biogás, compost y humus, y abonos orgánicos, que son comercializados a empresas agroindustriales y agricultores locales. La planta para la obtención de biogás y abonos orgánicos ocupa una hectárea y mensualmente procesa unas 60 toneladas de estiércol, apuntó en declaraciones a la Agencia Andina.

Guzmán indicó que las familias rurales han aprendido que algo que ellos botan puede generarles ingresos económicos, además de contribuir a la protección del medio ambiente. “Al limpiar sus corrales desechan los residuos orgánicos en los caminos para luego quemarlos generando una gran contaminación ambiental”, comentó. Se espera que a partir de junio se adjudiquen 30 cocinas con sus respectivos biodigestores para que familias utilicen en sus viviendas energía amigable con el medio ambiente, refirió. El especialista resaltó, además, el buen rendimiento obtenido luego del uso de abonos orgánicos. “Los productores obtenían 120 quintales por hectárea de maíz y actualmente, con el uso de los abonos orgánicos, alcanzan unos 200 quintales/hectárea”, subrayó.

El proyecto también ha permitido cambiar algunos hábitos de los agricultores, quienes antes usaban cinco bolsas de urea por una hectárea de maíz, y hoy solo emplean dos y diez bolsas de humus. Guzmán recordó que el proyecto económico-social es financiado por el Fondo de las Américas con un aporte de 100,000 dólares. Se inició en enero pasado y durará dos años. Al término de ese período, los beneficiarios conducirán la planta para lo cual se les otorgará un fondo de 10,000 dólares para dar sostenibilidad a la iniciativa en esta zona rural de Lambayeque.
Andina

¿Y SI PARARA LA INVERSION MINERA?: HACIENDO NÚMEROS

Ni siquiera los anti-extractivistas más extremos, proponen que se detenga totalmente la inversión minera. Pero deben establecerse regulaciones ambientales que reduzcan la contaminación al mínimo, implementar en serio la consulta previa a las poblaciones afectadas y asegurarse que los campesinos y agricultores no se vean afectados por la pérdida de agua, y con esas medidas habría algunos proyectos mineros que no saldrían adelante.

¿Cuánto perdería el Perú con una política de ese tipo? Junto con Vicente Sotelo quisimos responder con números a esa pregunta. Calculamos que hubiera pasado si las elecciones del 2006 las ganaba Ollanta Humala y, consecuente con su prédica anti-neoliberal de entonces, tomaba la medida extrema de no permitir ningún proyecto minero nuevo y establecía un 50% de impuesto a las sobreganancias mineras.

El primer cálculo que hicimos es qué pasaba con los ingresos fiscales. Entre el 2007 y el 2010, con un impuesto a las sobreganancias de esta magnitud, se hubiera recaudado 41,977 millones de soles, lo que equivale a 23 veces el presupuesto del Seguro Integral de Salud o 18 veces el presupuesto del Programa Juntos.

El segundo cálculo es qué hubiera pasado con las cuentas externas. Por un lado, la inversión minera de varios proyectos grandes no hubiera ocurrido, por lo que habrían entrado US$ 2,440 millones de dólares menos a nuestra economía. Habrían habido 5,600 millones de dólares menos de exportaciones, pero también 2,500 millones menos de importaciones (insumos y maquinaria). Pero el efecto más importante es que, producto del impuesto a las sobreganancias, las utilidades que las trasnacionales se llevan habrían disminuido en 11,100 millones de dólares. Sumando todo, con estas medidas nuestra balanza de pagos habría estado MEJOR, no peor, en 5,600 millones de dólares.

En otras palabras, el ingreso nacional hubiera sido 5,600 millones de dólares MAYOR, no menor, que lo que fue. Con esta política, lo recaudado con un buen impuesto a las sobreganancias mineras se podría inyectar a nuestra economía, mediante inversiones públicas, salud y educación, promoviendo nuevas actividades productivas y el aprovechamiento económico de nuestra biodiversidad.

Lo que se ganaría de esa manera compensaría largamente el menor crecimiento de la minería en algunas zonas del país. Es importante recordar que estas estimaciones se han hecho bajo el escenario extremo de una paralización de todas las inversiones mineras.

Pero si, como es razonable, se permiten los proyectos extractivos compatibles con un desarrollo nacional sostenible, los resultados económicos serían mejores. Es mentira que no se pueda pensar en un modelo de desarrollo distinto al actual, centrado en la minería y permisivo de empresas contaminadoras y antidemocráticas como Yanacocha. Otro desarrollo, con justicia social, democracia y sostenibilidad ambiental, es posible.
Por Pedro Francke - Coordinador del Grupo Bajo La Lupa 
Análisis y propuestas para el país Grupo Bajo La Lupa

AGUA SI, CONGA NO!!...EFECTOS DE LA RESISTENCIA MINERA EN AMÉRICA LATINA

América Latina está expresando su voluntad crítica a la minería con mayor claridad. Las protestas que más de una década atrás eran un intento por ser infructuosamente escuchados, hoy es una advertencia material, concreta, sustantiva.

El caso Conga que mostró la inconsistencia de un gobierno barnizado de progresismo por un lado, y la arrogancia técnica y económica de una empresa con nutrido prontuario social y ambiental por otro, hoy comparte la información en los medios de comunicación de la región donde, a la vez, se levantan voces antimineras reclamando derechos no respetados en prácticamente todos los rincones de América Latina.

Una de las manifestaciones regionales más contundentes a la invasión minera, fue la expresada en Puno el 2011 y que fue suspendida pues peligraba la elección de Humala en la segunda vuelta electoral del Perú.

Puno puso en jaque la política minera peruana siempre dispuesta a sacrificar ambiente y a las comunidades en aras de los intereses transnacionales. (http://www.conflictosmineros.net/contenidos/19-peru/8130-aseguran-que-impediran-mineria-en-el-sur-de-peru)

No obstante antes que Puno, también en el sur del Perú se había levantado la población de Islay contra el proyecto Tía María de la empresa Southern, propiedad del grupo México. El proyecto debió ser suspendido y el gobierno de Alan García se escudó tras las Naciones Unidas para que sus expertos se pronunciaran sobre el estudio de impacto ambiental. Una situación extraña en un país con experiencia minera suficiente, pero tal vez con cobardía política, en este caso del gobierno de la época, frente a la oposición decidida de la comunidad de Islay. Una de las pocas rupturas políticas por sostener la consistencia socioambiental la constituyó la renuncia del viceministro de ambiente de Humala, José de Echave, justamente por el conflicto Conga.

Hace poco, los indígenas panameños, nuevamente pusieron en duda la capacidad del gobierno de ese país para imponer la minería mediante reformas legislativas que benefician a las transnacionales, y con nombre y apellido. Ya había celebrado el embajador de Corea del Sur la aprobación de leyes que le permitían a una minera coreana desarrollar un proyecto ampliamente rechazado por las comunidades. Luego de largas jornadas de lucha, paralización y ocupación de vías el gobierno tuvo en ese entonces que de dar pie atrás. (http://www.conflictosmineros.net/contenidos/26-panama/6881-presidente-panameno-anuncia-derogacion-de-reforma-minera)

Nuevamente la pasada semana se repitió un escenario parecido. Ahora con víctimas fatales, heridos y desaparecidos el gobierno tuvo que sentarse a la mesa de negociación a discutir lo que sucederá con la minería, y precisamente con los afectados.

Argentina es otro ejemplo de resistencia minera contundente y decidida a pesar del entreguismo del gobierno de Cristina a las transnacionales y especialmente a la empresa Barrick, conocida por un nutrido prontuario y una historia de reputación extremadamente cuestionable. Es claro que en ciertas zonas de Argentina, donde las mineras tienen sus proyectos, estas mandan a través de los administradores de las provincias. No basta sin embargo el aval del gobierno central, la apuesta es dominar a las provincias y de esta forma acallar las voces de protesta y las acciones de entorpecimiento de las faenas mineras.

Aun así, con corrupción, desprestigio, represión, amenazas, criminalización y atropello a los derechos humanos, las comunidades obtienen de la fuerza de sus convicciones de defensa de la naturaleza, el agua, sus territorios y sus derechos la entereza para levantar la mano en alto y detener el paso de camiones mineros ya sea que se dirijan a La Alumbrera o amenacen el cerro El Famatina.

El escenario ha estado agitado los últimos meses. Desde México y la defensa de los sitios sagrados de Wirikuta amenazada por las mineras canadienses, pasando por Centroamérica y luego Colombia con la oposición a La Colosa en Cajamarca, siguiendo con la Vale en Brasil, elegida por Public Eye como la peor transnacional del 2011 hasta llegar a la patagonia, sin olvidar las criticas a la política pro-minera del Ecuador, la oposición a la minería crece, se especializa, se fortalece, se articula, se expresa cada vez mas clara y convincentemente.

Del otro lado, las empresas mineras canadienses han acusado el golpe y expresan su creciente desesperación frente al incremento de la resistencia minera en América Latina.

Recientemente quedó manifiesta dicha preocupación al presionar a la agencia de cooperación canadiense, ACDI, con el apoyo de algunas ONGs para apoyar con financiamiento proyectos de responsabilidad social empresarial en comunidades afectadas por la minería. Según Catherine Coumans, investigadora de Mining Watch Canadá, una ONG crítica a la intervención minera canadiense en el mundo, ACDI habría destinado 6,7 millones de dolares para tres proyectos de este tipo. (http://www.conflictosmineros.net/contenidos/18-internacional/9561-la-historia-de-fondo-de-las-asociaciones-de-acdi-con-empresas-mineras)

ACDI, una agencia de cooperación que alguna vez apoyó ONGs críticas a la minería, hoy se pone cada vez mas al servicio de los intereses de la industria minera canadiense, lo que expone la política del gobierno en materia minera exterior.

Pero existen también otras estrategias implementadas que muestran la desesperación de industria minera frente a la creciente resistencia.

Recientemente en Andalgalá, Argentina donde la canadiense Yamana Gold tiene concesiones en el yacimiento Agua Rica, se denunció la intervención de patotas pro-mineras realizando actividades de control en vías públicas con el objeto de interferir la oposición a la minería. Con controles al estilo policial en carreteras para impedir el paso de antimineros, las patotas intentaron frenar el efecto de la resistencia minera. Esta actividad, expresan los denunciantes de este hecho, se realizó con la significativa ausencia de la policía, lo que se interpreta como una acción plenamente organizada que obedece a estrategias de protección a la minería transnacional atropellando los derechos civiles y humanos. (http://boletinmovidaambiental.blogspot.com/2012/02/andalgala-sitiada-por-patotas.html)

Son expresiones de la desesperación minera que ha llegado a cobrar incluso la vida de opositores, activistas y líderes en toda la región, especialmente en México, El Salvador, Perú y Colombia.

La importancia de Conga en Perú y el proceso que llevó el conflicto de Cajamarca a todo el país mediante la “marcha del agua” marca un hito fundamental en ese país. Plantea reformas profundas que permitan proteger de forma cada vez más integral las bases del desarrollo local y evitar la destrucción ambiental y el atropello a las comunidades que dependen especialmente del agua.

Las propuestas de la marcha que se materializan también en proyectos de ley, apuntan a la protección efectiva de las cabeceras de cuencas para la conservación y el desarrollo de los recursos hídricos. Ello lleva a considerar que las cabeceras de cuencas debieran ser zonas intangibles para todas las actividades que amenacen su conservación. Sin duda un importante avance legislativo si se logra este objetivo de la marcha del agua.

Otro aspecto esta relacionado con la prohibición de sustancias químicas y peligrosas como son el cianuro y el mercurio en la minería. Actualmente la gran minería de oro y plata depende en gran medida del uso del cianuro de sodio para procesar los metales preciosos. La minería artesanal depende también del mercurio para el proceso de refinación del oro.

Sin embargo menos conocido es que la mayoría de los yacimientos de oro y plata contienen importantes cantidades de mercurio, que ya ha causado desastres como el acontecido en Choropampa en Cajamarca cuando un camión al servicio de la conocida mina Yanacocha de Newmont derramó ese tóxico metal con consecuencias desastrosas hasta el día de hoy.(http://www.conflictosmineros.net/contenidos/19-peru/5577-choropampa-10-anos-despues-del-desastre )

Con estos antecedentes vemos que las reivindicaciones de las comunidades y los movimientos sociales comienzan a expandirse, mas allá de un NO a la minería que aunque legítimo en la mayoría de los casos abarca propuestas de protección y desarrollo desde dentro, sin depender de las inversiones mineras que más que todo exacerban la “maldición de la abundancia” y que poco o nada aportan a resolver nuestros problemas principales. Por el contrario, dejan tras si un legado de degradación ambiental, social e incluso moral, extremadamente difícil de reparar.(http://www.albasud.org/noticia/es/70/quot-la-maldicion-de-la-abundancia-quot-nuevo-libro-de-alberto-acosta)

Una de las noticias alentadoras para las luchas mineras en América Latina es el creciente rechazo a esa actividad en otras partes del mundo y que se transforma en una eventual oportunidad para la internalización de la lucha de resistencia a la minería. Una amenaza mayor que causaría tal vez una extrema reacción de temor de la industria minera transnacional que habría que evaluar en su momento.

Coumans nos menciona en su articulo sobre la agencia de cooperación canadiense ACDI que “Hay al menos 10 moratorias provinciales y 32 municipales a la minería a gran escala en las Filipinas, que condujeron a una resolución presentada en la Cámara de Representantes en 2010, donde se pide una moratoria sobre la minería a gran escala en el país en su conjunto” (http://www.conflictosmineros.net/contenidos/18-internacional/9561-la-historia-de-fondo-de-las-asociaciones-de-acdi-con-empresas-mineras)

Si bien es cierto la resistencia minera es el pilar de las luchas por recuperación y ejercicio de derechos frente a esta contaminante y destructora industria, también lo son las estrategias hacia la consolidación de una política tanto nacional como ha sido el caso de Costa Rica su prohibición a la minería a cielo abierto, las reivindicaciones de los movimientos sociales en Perú con la marcha del agua, como en toda Latinoamerica, a través de uno o más movimientos articulados y enfrentados al mismo desafío: librarse de la minería como eje central de las políticas económicas de la región. Una tarea emprendida y un camino lento pero sostenido, aún por recorrer.

Observatorio de Conflictos Mineros de América OCMAL
César Padilla,
www.ocmal.org
Escrito por www.alainet.org 

PROTEGERÁN SITIOS ARQUEOLÓGICOS CON TÉCNICA USADA EN CUBA

Los principales monumentos arqueológicos de la región Lambayeque podrían ser protegidos con técnicas que ya han sido usadas en Cuba y España, consistentes en estructuras inflables, señalaron en la Unidad Ejecutora Naylamp N° 05.

Se informó que personal especialista de la Universidad Politécnica de Cataluña (España) y del Museo Brüning de Lambayeque, están visitando los principales monumentos arqueológicos que existen en las tres provincias para determinar el grado de vulnerabilidad en que se encuentran frente a la presencia de un fenómeno del Niño.

Luego de la inspección a los lugares arqueológicos Jotoro de Jayanca, Bandera de Pacora y Chotuna-Chornancap de Lambayeque, los especialistas españoles están planteando técnicas que fueron aplicadas en Cuba y España a través de sistema inflable a estructuras grandes, para poder prevenir los riesgos ocasionados por lluvias.

Los especialistas actualmente están diseñando las actividades preparatorias del proyecto, para ver la situación de riesgo de los monumentos arqueológicos, lo que será presentado ante la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que aportaría la parte económica a fin de concretizar el proyecto.

• Las inundaciones y lluvias del fenómeno del Niño han causado estragos a los monumentos. Túcume, Pampagrande, Batangrande, Chotuna, entre otros, necesitan protección.
• Todos los años en los meses de verano se registran lluvias, muchas de las cuales son torrenciales, ante lo cual se busca proteger los monumentos arqueológicos.
• US$ 250 cuesta el metro cuadrado de la protección.

RPP

PROYECTO ESPECIAL PARA LAS PIRAMIDES DE TUCUME - LAMBAYEQUE

Pondrán en valor complejo arqueológico Pirámides de Túcume en Lambayeque.
Proyecto Especial Naylamp y Plan Copesco destinarán alrededor de S/. 12 millones.

El Proyecto Especial Naylamp y el Plan Copesco destinarán alrededor de 12 millones de nuevos soles en la puesta en valor del complejo arqueológico Pirámides de Túcume y en la ampliación de su museo de sitio, en Lambayeque, para mejorar la oferta turística, se informó hoy.
La directora del museo de sitio de Túcume, Bernarda Delgado, manifestó que se busca atraer más visitantes a este complejo que data de 700 años después de Cristo y fue el segundo centro político de los Sicán, después del Bosque de Pómac.

“La iniciativa consiste en mejorar y ampliar el museo de sitio de Túcume, así como acondicionar y poner en valor de la huaca 1 y (el Templo de) Piedra Sagrada”.  Alrededor de siete millones de soles se invertirán en la remodelación, ampliación e implementación del museo, donde se construirá una sala de usos múltiples para exhibir los hallazgos en el complejo.

La investigadora lambayecana dijo que en una primera sala se mostrará el desarrollo cultural de Túcume, en el segundo el contexto religioso y el último ambiente estará dedicado a la vida en el bosque seco. Señaló que se ha convocado a licitación pública para la ejecución de las obras civiles. “Se estima que en setiembre u octubre próximo se inicien los trabajos que deben concluir ocho meses después”, indicó.

Delgado declaró que con unos cinco millones de soles se ejecutará la instalación de coberturas, el mejoramiento de caminos y la construcción de infraestructuras complementarias en este recurso turístico. Explicó que las coberturas permanentes en la huaca 1 y el Templo de la Piedra Sagrada serán similares a las instaladas en la huaca Las Balsa, que cuenta “con una gran pasarela que permite una visualización desde arriba, sin pisar el suelo arqueológico para la protección del sitio”.

La directora del museo de sitio de Túcume informó que al finalizar este año se espera la visita de 55,000 turistas nacionales y extranjeros. “Cerramos el 2010 con la afluencia de más de 47,000 visitantes y esperamos que con la puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura turística se registre un crecimiento de entre 10 por ciento y 18 por ciento”, mencionó.

Dijo que los visitantes extranjeros llegan mayormente de Estados Unidos, Europa y Asia. “Con el acondicionamiento de los nuevos espacios esperamos tener más turistas que no sólo podrán admirar la arqueología que concentra Túcume, sino su naturaleza y la cultura viva con sus chamanes (curanderos) y su comunidad organizada”, declaró. El complejo arqueológico de Túcume o Valle de las Pirámides alberga 26 monumentos, entre los que se destacan las huacas del Pueblo, La Raya, El Sol y Las Estacas.

Está ubicado a un kilómetro del pueblo de Túcume, cuyos habitantes están muy involucrados en la conservación de su patrimonio natural y cultural.
Andina

SEGUIRAN APLICANDO: SECAS INTERMITENTES EN PÍTIPO PARA CONTROLAR MALARIA

Con la finalidad de reducir las poblaciones del vector que produce la malaria, nuevamente el distrito de Pítipo en la provincia lambayecana de Ferreñafe, aplicará la técnica de Riego con Secas Intermitentes en el cultivo de arroz durante la presente campaña. Este año, la implementación del proyecto de investigación “Impacto de la técnica de riego de arroz con secas intermitentes en el control vectorial de la malaria y el desarrollo sostenible del ecosistema local en el distrito de Pítipo” que ejecuta el Gobierno Regional Lambayeque, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, se extenderá en su etapa final a 300 hectáreas de cultivo, atendiendo a un promedio de 70 agricultores cuyas parcelas se ubican entre los canales de riego Sencie, Espino y Piña Álamo. Además se continuará trabajando en el caserío Cachinche, como zona control de la intervención.

El incremento de hectáreas de cultivo atendidas por el proyecto, de 100 a 300 hectáreas, obedece al pedido de los agricultores para sumarse a la implementación de la técnica debido a los resultados positivos experimentados por sus vecinos en campañas anteriores. Sin embargo, a partir de la siguiente campaña, serán las comisiones de regantes quienes brinden esta asistencia técnica a sus asociados porque el proyecto se encuentra en su etapa final.

Con la instalación de la campaña, el equipo técnico agronómico inició la asistencia técnica permanente en campo, a los agricultores que este año se sumarán al proyecto.

Por su parte, el equipo de la dirección regional de Salud también dio inicio a sus actividades con la toma de muestras en el distrito de Pítipo y caserío Cachinche, para medir la población del vector de la malaria y que se reproduce en las pozas de arroz, mientras que por las noches, inició la captura de zancudos para medir la población adulta en las localidades indicadas.

Desde su implementación, los agricultores que aplicaron la técnica de riego con secas intermitentes en sus cultivos de arroz, han obtenido resultados positivos como el incremento de su producción, reducción de plagas, reducción de aplicaciones químicas para las plagas y enfermedades, reducción en los cosos de producción y un importante ahorro en el consumo de agua para riego.