CONSULTA PREVIA: TRAMPA O TRABA?

Una de las consecuencias del “Baguazo” fue la aprobación por unanimidad de la Ley de Consulta Previa en setiembre del 2011 en el Congreso de la República. El gobierno de Ollanta Humala Tasso se estrenaba y recién se había firmado el acuerdo con los sectores de empresarios mineros sobre la conversión del “óbolo” voluntario por sobreganancias mineras del gobierno aprista en un gravamen obligatorio formal. De hecho, quienes suscribieron en su momento la ley quizás no se percataron de los efectos que podría tener para los intereses de concesionarios de proyectos mineros y de hidrocarburos. Hubo más de un congresista que, días después, “se arrepintió” de haberla firmado.

Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, deslizó  hace algunos días la idea de retirarnos del Convenio 169 para evitar la implementación de la Ley de Consulta. Foto: La República.

La reglamentación de la propia ley fue un proceso complejo, lento y con consecuencias disímiles. Participaron en el mismo las organizaciones del llamado Pacto de Unidad de las Asociaciones Interétnicas e Indígenas, pero que lamentablemente terminó con la separación de cuatro de las seis asociaciones convocadas y con poca legitimidad debido a la constricción de los derechos que la propia ley, y sobre todo, el Convenio 169, reconocían. Un tiempo después, el viceministro de Interculturalidad de ese entonces Iván La Negra renunció según dicen fuentes periodísticas por sus desacuerdos con la implementación de la famosa “base de datos” de pueblos indígenas, hoy publicada por la actual viceministra Patricia Balbuena.
A todo esto, el reglamento de la Ley de Consulta propuso en la práctica que “los resultados” de toda consulta no sean vinculantes: esto quiere decir que, una vez realizada la consulta y si los pueblos indígenas, por ejemplo, consideran que no procede un proyecto de exploración minera, el Estado peruano podría desconocer ese resultado. En palabras del Ministro de Cultura de ese entonces Luis Peirano: “Tal como establece la ley, la consulta previa es vinculante en el sentido que debe hacerse; el resultado de la consulta no es necesariamente vinculante”. Un juego de palabras que, en la realidad concreta, va en contra de lo que Montesquieu llamaba “el espíritu de la ley”. O como decían los funcionarios del virreinato: hecha la ley, hecha la trampa.

Pero esta semana Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, fue un poco más allá y deslizó la idea de retirarnos del Convenio 169 para evitar la implementación de la Ley de Consulta: “El país que denuncie el pacto puede hacerlo y salirse, pero tiene que esperar diez años a partir de la firma del convenio […] Lo cierto es que cualquier proceso de consulta previa mal utilizado puede hacer muchísimo daño”. Estas declaraciones, junto con otras dadas por el mismo presidente Ollanta Humala, en el sentido de “destrabar” los proyectos mineros y de hidrocarburos, algo que todas las compañías claman en coro y ejerciendo mucha presión, coincide también con la actitud de ex funcionarios, como Daniel Saba, quien en una entrevista al diario Gestión dijo: “No se perdía nada sin una Ley de Consulta Previa. Honestamente, no se perdía nada”.

Empresarios mineros y petroleros se encuentran enfrentados a los pueblos indígenas: como en otras circunstancias similares, la batalla es totalmente desigual y abusiva. Sin embargo, a diferencia de otros momentos de la vergonzosa historia de la infamia peruana, hoy los pueblos indígenas tienen la ley a su favor. Sin embargo, como diría Vallejo, “hasta cuándo la cena durará”.
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*Rocío Silva Santisteban (Lima, 1963). Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Doctora en Literatura por la Universidad de Boston. Ganó el Premio Copé de poesía con su poemario Ese oficio no me gusta (1990). Otras publicaciones: Mariposa negra (1993), Condenado amor y otros poemas (1995) y Turbulencias (2006). En 1994 publica su libro de relatos Me perturbas (1994). Actualmente es periodista y docente universitaria. Además es presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Servindi

DESNUTRICIÓN INFANTIL Y ANEMIA

La presentación de cifras publicadas el pasado día 3 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), registrando 1.9% de disminución en la pobreza ha tenido muchas reacciones triunfalistas en el gobierno, lo cual no ayuda a enfocar retos para enfrentar problemas centrales como desnutrición crónica infantil y anemia, enfermedades devastadoras que generan impactos irreversibles y aumentan el riesgo de mortalidad infantil. Cada año mueren alrededor de 4,000 recién nacidos antes de cumplir el primer mes de vida.

Tenemos más de 1.5 millones de niños con desnutrición crónica. Los últimos resultados preliminares 2013 de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2013) indican que la desnutrición crónica infantil descendió solo 0.6% respecto a 2012 (de 18.1 a 17.5%) mucho menor que en años anteriores, además, se incrementó en 6 regiones (Piura, Lambayeque, La Libertad, Arequipa Cajamarca y Pasco), y en el ámbito rural es 3 veces mayor que en el urbano. La meta del gobierno de reducirla hasta 10% al 2016 será imposible porque se requeriría disminuirla 2.5% anual.

Respecto a la anemia –deficiencia de hierro, ácido fólico, zinc y vitamina A y B12– el 2012 se registró una proporción de 45 de cada 100 niños con este severo problema de salud pública que afecta el desarrollo cognitivo infantil, las habilidades psicomotrices y de socialización, la actividad física, y además, resta coeficiente intelectual y capacidad de aprendizaje, lo cual traerá graves consecuencias para la productividad futura del país.

Según la organización internacional Acción Contra el Hambre (ACF) afecta más de 50% de nuestros niños en edad preescolar, a 42% de madres gestantes y a 40% de mujeres en edad fértil, niveles que nos ubican como el país con mayor incidencia de anemia en Sudamérica (solo igual que Guyana) y en situación comparable a muchos países de África.

Bajo este panorama, son permanentes las advertencias de organismos internacionales sobre la grave desnutrición crónica infantil y anemia que hay en el Perú. A pesar de existir planes y proyectos de protección social así como aumentos de presupuesto y ampliaciones de coberturas de salud, estas prevalencias no disminuyen, principalmente por falta de calidad de los planes y programas, deficiente estructura de rendición de cuentas, mal monitoreo de resultados de asistencia y salud, y falta de una cultura de prevención y nutrición en la primera infancia.
Expreso

EPSEL RECIBE DONACIÓN JAPONESA: OCHO MILLONES DE SOLES EN MAQUINARIA

En los próximos días al Entidad Prestadora del Servicio de Saneamiento de Lambayeque - EPSEL incrementará la maquinaria pesada a su disposición en beneficio de los usuarios, que con frecuencia necesitan ser atendidos ante un eventual colapso del alcantarillado en diferentes partes de la región.

Esto gracias a la ayuda del gobierno japonés que donará aproximadamente ocho millones de soles en maquinaria y equipamiento moderno para ponerla al servicio de la comunidad lambayecana, aunque por el momento se busca que las autoridades peruanas cubran los cerca de dos millones de soles en impuestos por concepto de desaduanaje.

El gerente general de EPSEL, Juan Valdivia Goycochea, explicó que el proceso se inició en noviembre del 2011, cuando el Ministerio de Vivienda recibió la propuesta del gobierno japonés con la intención de apoyar a las regiones que habían sufrido los estragos del cambio climático.

"Nos propusieron junto a Piura, Tumbes y Puno. Luego de eso asistimos a reuniones de trabajo en el Ministerio de Vivienda donde expusimos las necesidades de la empresa. En base a eso se determinó lo que se iba a donar a cada una de las entidades prestadoras de servicio. En nuestro caso fuimos favorecidos con tres hidrojets, cinco cisternas, dos volquetes, un cargador frontal y una excavadora", refirió .

Agregó que adicionalmente la donación se ampliará con 12 motobombas de seis pulgadas y dos cisternas más producto de un saldo que sobró durante la adquisición. "Con esto estimamos que en enero las tres gerencias zonales cuenten con un camión hidrojet, una cisterna, una motobomba de seis pulgadas y un juego de máquina de balde", apuntó.

No obstante, la maquinaria que llegará en algunos días desde Japón tiene que pasar por un proceso de desaduanaje que alcanza los cerca de dos millones de soles en impuestos, motivo por el cual se está tramitando la exoneración de dicho pago para facilitar su arribo.

"Esto es algo incongruente porque mientras el gobierno japonés nos dona aproximadamente ocho millones de soles, el gobierno peruano nos está cobrando esos impuestos. Es por eso que solicitamos apoyo a los cinco congresistas lambayecanos a quienes enviamos la respectiva documentación. Al cabo de algunos días solo recibimos respuesta del legislador Yehude Simon Munaro, quien nos adjuntó la respuesta ofrecida del Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNAT diciendo que tal pedido era improcedente", remarcó Valdivia.

Ante esta situación, EPSEL se vio obligado a solicitar un crédito de dos millones de soles al Banco Interbank para poder cubrir los referidos impuestos por el envío de la donación. Dicho endeudamiento deberá ser amortizado en un plazo máximo de un año.

PROCESO DE LICITACIÓN
Por otro lado, con más de 66 millones de soles asegurados la Entidad Prestadora del Servicio de Saneamiento de Lambayeque se prepara a poner fin a uno de los problemas más álgidos de los chiclayanos como es el colapso de las alcantarillas y la falta de agua en distritos como José Leonardo Ortiz y La Victoria.

El mismo gerente general de la entidad administradora del recurso hídrico explicó que el presupuesto desembolsado por el Ministerio de Economía y Finanzas se materializará en el transcurso de los próximos 18 meses, tiempo estimado para la renovación de los emisores principales, cuyo proceso de licitación ya empezó.

"El monto que nos han desembolsado representa el 75% del financiamiento total del proyecto de mejoramiento de los emisores principales de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria cuyo monto total bordea los 90 millones de soles. Respecto al proceso de licitación ya se ha conformado el Comité de acuerdo a las exigencias de la ley con dos miembros natos, es decir que ya están determinados por la misma ley como es el subgerente de Logística de EPSEL que tiene a cargo la responsabilidad de las adquisiciones, mientras que el otro miembro del comité es el gerente de Proyectos de Obras de Epsel, Néstor Salinas, quien estará a cargo de la elaboración de expedientes técnicos. Este último es además miembro de la junta directiva del Colegios de Ingenieros de Lambayeque", precisó el funcionario.

Valdivia remarcó que la doble función que ostenta Salinas no es incompatible ni se contradicen puesto que él es trabajador de planta de EPSEL, donde asumió la gerencia de Proyecto de Obras un año antes que sea elegido miembro de la junta directiva de la institución colegiada. En entrevista exclusiva con el Semanario Expresión, Juan Valdivia mencionó que al promediar el 21 de este mes se conocerá a la empresa ganadora del proceso de licitación. Hasta la fecha hay seis interesadas, de las cuales aparentemente solo dos tienen experiencia en ejecución de obras públicas.

"Es responsabilidad del comité hacer las evaluaciones correspondientes como órgano autónomo que es. No podría adelantar opinión sobre qué empresa sería la ganadora cuando todavía no hay una evaluación porque hay que recordar que el proceso tiene tres etapas que se inicia con la inscripción, luego de ser admitidos presentan sus propuestas y/o observaciones. En estos momentos puedo adelantar que la buena pro no será ni el 13 ni 14 de este mes porque ya hay una empresa que ha elevado una observación al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE respecto a la compra de bases efectuada por una de las empresas interesadas", precisó Valdivia.

Agregó que el OSCE deberá pronunciarse en un plazo máximo de 10 días y en caso de no efectuarse se dará como denegada la observación referida a la tubería propuesta en el expediente técnico. "Los ingenieros propusieron que las tuberías sean de fibra de vidrio que es lo más moderno que se usa en estos casos porque ofrecen mayor resistencia y duración, sin embargo, aparentemente la empresa que realizó la observación propone que se utilice otro tipo de material", detalló.

DETALLES DEL PROCESO
Valdivia Goycochea recordó que la obra está prevista a ejecutarse en el transcurso de 540 días, lo que permitirá mejorar la evacuación de aguas servidas de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria. "Sabemos que los actuales emisores tienen varios puntos de colapso, impidiendo el libre flujo hacia las lagunas de estabilización. Como han explicado los ingenieros las zonas más bajas de la ciudad son las más perjudicadas debido al represamiento de los subcolectores porque los emisores están obstruidos", refirió.

El gerente general de EPSEL comentó también que en estos momentos se encuentran trabajando en el colector ubicado a la altura del estadio Elías Aguirre donde se colocaron 4 maquinarias de balde para extraer gran cantidad de desechos sólidos que obstruían las tuberías.

"Estas acciones se logran gracias a que tenemos ocho maquinas de balde y que más adelante pondremos más en operatividad con la finalidad de cumplir la meta que tiene el directorio y la gerencia general incluyendo la dotación de equipamiento y maquinaria a las administraciones logísticas para que de alguna manera vayan teniendo más autonomía debido a que todo se resuelve la central. Dios mediante, en diciembre o enero del próximo año debemos contar con tres hidrojets más que se sumarán a las cinco que tenemos, pero de las cuales solo dos están operativas y tres se encuentran en mantenimiento. A esto debemos sumarle otras tres hidrojets que son de donación japonesa, pero que en su momento lo daremos a conocer al público porque todavía no se pueden tocar hasta su llegada", resaltó Valdivia.

LAGUNAS DE OXIDACIÓN
Sobre la supuesta contaminación que estarían ocasionando las lagunas de oxidación en el distrito de San José, el funcionario admitió que no se ha hecho el mantenimiento respectivo desde hace algunos años, pero al mismo tiempo expresó que es falso que estas estén generando contaminación.

"Las aguas son tratadas al momento de su salida de las lagunas de estabilización, es por eso que luego son utilizadas en cultivos de tallo alto por dos comunidades campesinas de San José. Hay que ser claros. Los que ocurre es que como no habido un mantenimiento adecuado en gestiones anteriores, en algunas zonas de las lagunas se ha formado una especie de isla. En términos prácticos, la colmatación o acumulación de sólidos se ha incrementado hasta salirse a la superficie, generando fuertes olores. Esto ha sido aprovechado por el alcalde del distrito para iniciar una cruzada solicitando que trasladen las lagunas a otro sitio, siendo esto casi imposible", aclaró Valdivia.

Sobre algunas discrepancias con el burgomaestre de la localidad, Víctor Paiva Llenque, el gerente general de EPSEL precisó que siempre están abiertos a mantener el diálogo para encontrar las mejores soluciones.
"Lo que pasa es que a veces no entiendo al alcalde porque nos reunimos, asumimos compromisos y tratamos de cumplirlos. Hay que tener en cuenta también que las redes de alcantarillado de San José ya cumplieron su ciclo de vida útil, además que están bastante deterioradas. Igualmente, al estar ubicados cerca a la playa, los buzones se acumulan de arena, generando los colapsos permanentes. Entonces, el alcalde tiene bajo el brazo un proyecto integral para la renovación de redes", señaló.

CALLES INUNDADAS
Uno de los mayores dolores de cabeza de los chiclayanos es sin duda el continuo colapso de las alcantarillas en el centro de la ciudad, perjudicando no solo a los transeúntes, sino también para los empresarios cuyos negocios, en su mayoría restaurantes, sufren por los pestilentes olores que ahuyenta a los clientes.

"Tenemos una norma que regula los valores máximos admisibles de descarga a los colectores. Al respeto, los comerciantes están siendo notificados sobre esta para que tomen sus precauciones debido a que podrían ser multados por la municipalidad de Chiclayo. Pues como se sabe la comuna emitió una ordenanza donde obliga a los comerciantes a colocar una reja o malla en los buzones que sirva como trampa para evitar que se colmaten con el paso de residuos sólidos. Esto es comprensible puesto que los restaurantes arrojan los desperdicios de la comida, más la grasa; los pelos de las peluquerías también perjudican. Es un cúmulo de cosas que se agravan con la antigüedad de las redes de alcantarillado", remarcó.

Por último, respondió una de las mayores interrogantes que se hacen los chiclayanos sobre porqué las obras ejecutadas en el centro de la ciudad no se hacen a tiempo completo con la finalidad de culminarlas cuanto antes.

"El tema es que cuando se diseñan los expedientes técnicos no se prevé esto. En todo caso, se habría tenido que diseñar de acuerdo a estos requerimientos. Hay que tener en cuenta que las normas laborales establecen que los trabajos ejecutados por las mañanas tiene un costo y por las noches es otro. Hay que agregar que al trabajar en las noches se tiene que gastar energía para la iluminación. Todos estos gastos no estuvieron considerados", aclaró.

+ NOTICIAS
• La planilla de EPSEL es de aproximadamente un millón 100 mil soles mensuales para cubrir a 700 trabajadores.
• El proyecto de cambio de los tres emisores implica la renovación de 23 kilómetros lineales de tubería de 36 y 60 pulgadas de diámetro.
• El cambio de emisores de Chiclayo está previsto ejecutar en 540 días calendarios
• Esta obra permitirá el mejoramiento de la evacuación de las aguas servidas de Chiclayo; incluidos Leonardo Ortiz y La Victoria, hacia su disposición final Las Lagunas de San José y Pampa de Perros.
• En La Victoria la renovación de los colectores se iniciará entre las calles Los Incas y Las Ñustas. En José Leonardo Ortiz será en la calle Venezuela.
• 66 millones 757 mil soles ha destinado el Ministerio de Economía y Finanzas para ejecutar emisores en la ciudad de Chiclayo.
Semanario Expresión

LAS DIVERSAS POLÍTICAS DE ESTADO CONTINÚAN DISCRIMINANDO ALAS COMUNIDADES CAMPESINAS

No es ninguna novedad que las comunidades son invisibles para la clase política y la opinión pública en general. Sin embargo, en los últimos seis años, luego de los sucesos de Bagua, han regresado al primer plano por la obligación que tiene el Estado peruano de consultarlas cuando son afectadas por una actividad extractiva, en el marco del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

En pleno 2013, la discusión política gira en torno a si las 6,2771 comunidades campesinas —que nunca fueron consideradas en los grandes planes nacionales de desarrollo, como si no existieran— son o no son pueblos indígenas.

A partir de este debate, los discursos contra ellas son muy agresivos, demuestran la actual posición del Estado y reflejan el predominio de privilegios de grupos de poder (empresas extractivas) que ven a las comunidades, y sus derechos colectivos sobre los recursos naturales, como agentes que no permitirían el desarrollo del país.

Así, desde el «síndrome del perro del hortelano», «todos tienen costumbres occidentales, todos utilizan celulares», «hace tiempo las comunidades campesinas dejaron de existir» y «solo existen para hacer política, obtener dinero de empresas mineras o petroleras y beneficiar a sus dirigentes», todos estos son discursos que provienen de un supuesto «sentido común», que viene ganando adeptos, pero que en realidad muestran una carga discriminadora muy fuerte. Veamos cómo esto se traduce en políticas de Estado.

Comunidades, ¡presente!
Aproximadamente cuatro millones y medio de personas —es decir, tres de cada cinco peruanos que viven en el campo— son comuneros, controlan 2.6 de cada 6 hectáreas de la superficie agropecuaria nacional y viven organizados en 6,277 comunidades campesinas que se encuentran en todo el Perú. Según el reciente censo agropecuario, manejan el 42.2% de superficie agropecuaria del país2 y el 18.74% de todo el territorio nacional 3.

Sus tierras encierran posiblemente la gran parte de la biodiversidad andina, y son los comuneros quienes se encargan de mantenerla y desarrollarla. En sus tierras se originan las fuentes de agua que se utilizan para el consumo humano y como recurso indispensable para el desarrollo de modelo agroexportador vigente, y es en donde se encuentran los minerales que anhelan las empresas extractivas.

La consulta  
Presionados por el recuerdo de los sucesos de Bagua del 5 de junio de 2009, el actual Congreso de la República aprobó con inusitada rapidez la «Ley del derecho a la consulta previa». Como resultado de ello, grupos de poder y sus principales voceros, hasta ese momento críticos a la vigencia del Convenio 169, saludaron a pie juntillas la norma porque justamente no incorporaba al total de las comunidades campesinas como sujetos de derecho. Ello tiene mucho sentido si consideramos, por ejemplo, que el 20.3% del total de la superficie nacional está sujeto a una concesión minera 4.

El gran argumento del Estado para no reconocerles este derecho a las comunidades campesinas radica en su «mestizaje», bajo la premisa de que son una mezcla de culturas que dan origen a una nueva. Por ello, según sus detractores, ellas no son pueblos indígenas, pues están sustantivamente vinculadas a la ciudad (usan celulares y jeans), al comercio, a los servicios del Estado, y no conservan sus tradiciones ancestrales.

El fantasma o amenaza de que se resistan a las actividades mineras, pero con la fuerza de una ley, hace que se niegue su existencia, afirmando que en los Andes no existen indígenas. Al parecer, para dichos sectores, no ha sido suficiente marginar a las comunidades campesinas de las políticas públicas, sino que también es necesario desaparecerlas para negarles derechos que les corresponden.

Base de datos 
El famoso y esperado documento de gestión que por fin nos iba a resolver la gran pregunta: ¿cuántas comunidades campesinas forman parte de los pueblos indígenas?, acaba de publicarse (27 de octubre) y dice muy poco al respecto. Lo que se sabe es que 1,992 comunidades reconocidas no son consideradas como parte de los pueblos indígenas. Si descontamos las 174 de la costa y las 90 de la selva, tenemos que 1,728 comunidades ubicadas en los Andes no son consideradas como indígenas. ¿Qué criterios se emplearon? ¿Se aplicó algún peritaje antropológico para señalar que el 28% del total de comunidades reconocidas no forman parte de ningún pueblo? Nadie, fuera del Ministerio de Cultura, lo sabe.

El Congreso de la República
El ataque sistemático contras las comunidades campesinas proviene de todos lados. Un grupo de parlamentarios nacionalistas ha presentado un proyecto de ley (2462-2012-CR) el 15 de julio último, resucitando los cuestionados e infames decretos legislativos del gobierno de Alan García. Lo peligroso de este proyecto es que, a efectos de promover y facilitar la inversión privada en tierras comunales, disminuyen el número de votos necesarios para disponer de dichas tierras, al igual que los decretos de García. Lo particular de esta última iniciativa legislativa es que solo es aplicable a las comunidades campesinas. A la fecha, no se sabe el destino final de esta propuesta del Congreso.

Adicionalmente, el gobierno humalista parece estar en una campaña para borrar de los predios congresales todo aquello que pueda promover la interpretación de que el íntegro de las comunidades campesinas forman parte de los pueblos indígenas, pues podría traer como consecuencia la exigencia de la consulta a favor de todas ellas.

Esa es la única explicación para que, recientemente, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología haya aceptado incorporar la categoría de pueblos indígenas en una reciente fórmula legal que promueve la coordinación entre los diferentes sistemas de justicia comunal que existen en el Perú. Estamos hablando de una propuesta (proyecto de ley 313-2011- PJ) que fue saludada por diferentes expertos que veían en ella el cumplimiento de una deuda que tenía el Estado con los sistemas de justicia comunales del país. dentro del Congreso.

Lamentablemente, está primando el enfoque restrictivo de derechos que plantea una antinomia entre «pueblos indígenas» y «comunidades». Lo que podría ser una categoría (pueblos indígenas) que incorpore al conjunto de comunidades, termina siendo perjudicial, pues, en la visión estatal, sin mediar razón alguna, no todas las comunidades son indígenas.

La regla general debe ser que a todos, sin distingo de ningún tipo, les corresponde la consulta si se piensa realizar una inversión extractiva que restrinja el uso de recursos naturales necesarios para el desarrollo de sus vidas. Lastimosamente, el actual esquema económico nos induce a creer que no es compatible el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas (léase, también, comunidades) con el modelo de acumulación de riquezas vigente desde los años noventa. El Convenio 169, lejos de convertirse en una oportunidad para reconciliar a los peruanos del «campo» y la «ciudad», está siendo utilizado para excluir aún más. La clase política gobernante no entiende que a mayor número de sujetos de consulta, menor sería el número de conflictos por el aprovechamiento de recursos naturales.

Notas 
1 IV Censo Nacional Agropecuario (IV Cenagro),
 de 2012. Para mayor detalle  puede verse LRA 155.
2 16’359,073.76 ha (IV Cenagro).
3 23’643,958.06 ha (Cofopri 2010).
4 26 millones 85 mil 500 ha. CooperAcción 2013.
La Revista Agraria

SE TRIPLICA DEFORESTACIÓN POR LA MINERÍA EN LA SELVA

La tasa anual de deforestación en la región Madre de Dios, de la Amazonía peruana, se ha triplicado desde 2008 debido a la rápida extensión de la minería ilegal del oro alentada por los altos precios del metal precioso, según publicó hoy Proceedings of the National Academy of Sciences.

De acuerdo con el artículo, por primera vez los investigadores han compilado un mapa que muestra que la extensión de la minería en la región, de alta diversidad biológica, ha crecido un 400 por ciento entre 1999 y 2012. Hasta que se realizó este estudio, encabezado por Greg Asner de la Fundación Carnegie con la ayuda del Ministerio del Ambiente de Perú, miles de pequeñas explotaciones mineras clandestinas han aparecido y continúan sin vigilancia.

Para su investigación los científicos usaron el Sistema de Análisis Carnegie Landsat (CLASlite) que, a diferencia de otros métodos de cartografía desde satélites emplea algoritmos para detectar los cambios de la foresta en áreas de hasta apenas diez metros cuadrados. Esto permite que los científicos identifiquen los trastornos en pequeña escala que no detectan los métodos tradicionales de observación desde satélites y que ubiquen en mapas las operaciones mineras tanto grandes como pequeñas.

El equipo corroboró los resultados obtenidos desde satélite con las prospecciones en tierra y los datos del Observatorio Aéreo Carnegie cuya tecnología "barre" con luz láser a través del dosel de forestación para captar imágenes tridimensionales.

"Nuestros resultados revelan un daño al bosque lluvioso tropical mayor que el hasta ahora identificado por el Gobierno, las organizaciones no gubernamentales y otros investigadores", comentó Asner.

"Encontramos que la tasa de pérdida de foresta debida a la explotación del oro pasó de 2.166 hectáreas por año antes de 2008 a 6.145 hectáreas anuales después de la crisis financiera global de 2008 cuando los precios del oro subieron rápidamente", añadió.

Además del daño directo a la foresta tropical húmeda, la minería del oro vuelca sedimentos en los ríos que tienen un grave impacto sobre la vida acuática, agregó el artículo. Ernesto Ráez Luna, asesor del Ministerio del Ambiente peruano y coautor del artículo escribió que "hasta ahora ha sido particularmente difícil obtener una buena información sobre la minería ilegal del oro para orientar una política seria y las decisiones de control".

"Finalmente tenemos datos detallados y precisos que podemos convertir en acción del gobierno", añadió. "Este estudio nos sirve para advertir a los peruanos sobre el impacto terrible de la minería ilegal en uno de los enclaves de biodiversidad más importantes del mundo".

"Nadie debería comprar un gramo de este oro de la jungla", sostuvo Ráez. "Hay que poner fin a esa minería".

Hacia 2012 las pequeñas minas ilegales representaban más de la mitad de todas las operaciones mineras en la región, indicó el estudio. Según Asner "la fiebre del oro en Madre de Dios excede los efectos combinados de todas las otras causas de pérdida de bosques en la región incluida la explotación maderera, la ganadería y la agricultura".
Radio Programas del Perú

EL VALOR DE LAS TIERRAS AGRÍCOLAS EN LAMBAYEQUE SE HA QUINTUPLICADO

La región toma cada día mayor posicionamiento en el rubro agroexportador por el incremento de las tierras destinadas para dicha actividad, así como por los excelentes resultados que se logran en productos de alta demanda en el mercado internacional. Estas condiciones, según señala el experto en temas agrarios Fernando Cillóniz Benavides, han generado que las tierras agrícolas tengan mayor valor, pero también que escaseen por la expansión urbana. 

El presidente de la consultora Inform@ción refiere que no existe un precio definido por las tierras cultivables que se venden en Lambayeque y el resto del país. Sin embargo, se estima que el crecimiento de la valoración en los últimos años es tal que hoy por una hectárea puede pagarse hasta cinco veces más de lo que se ofrecía hace una década

“Cada terreno tiene ciertos atributos como accesibilidad, disponibilidad de agua, de energía, cercanía a pueblos para conseguir mano de obra, proximidad a puertos en el caso de los destinado a agroexportación, tipos de suelo y condiciones de clima, por lo que los precios son variables”, explica.

Hace diez años, el costo de una hectárea agrícola en Lambayeque oscilaba entre los dos mil y cuatro mil dólares, sobre todo en los espacios cercanos a Chiclayo y las otras dos capitales provinciales.

“Nosotros sabemos de operaciones en las que se están pagando hasta 15 mil dólares por hectárea y así como sucede en Lambayeque, también en Piura, La Libertad, Ica y otras regiones se están comprando tierras por valores similares”, señala Fernando Cillóniz, quien presidió el Comité de Subasta de las tierras del Proyecto Olmos.

Consecuencia del crecimiento
Para el analista, lo que está pasando responde a una tendencia mundial, motivada por migración de familias rurales a la ciudad, fenómeno que desencadena mayor demanda de alimentos.

“Hoy los jóvenes, sobre todo, prefieren emigrar a las ciudades y en el Perú se vive un gran proceso migratorio de la sierra a la costa y de las comunidades agrarias de la costa a las ciudades. Esto genera que las ciudades se expandan y que zonas agrícolas periféricas, como el entorno de Chiclayo, por ejemplo, dejen de serlo para dar pase a las habilitaciones urbanas. En consecuencia, cada vez hay menos tierra arable, menos tierra cultivable y todo lo que disminuye en el mercado sube de precio, más aún en un contexto en el que hay que elevar la producción porque hay que alimentar a más gente. De allí que el precio de las hectáreas para cultivo se incrementa año a año”, manifiesta.

Según un estudio realizado por Inform@ción, el precio de las tierras cultivables en el Perú, entre el 2002 y el 2012, crece alrededor del 15% cada año. Es decir, es uno de los productos que más se ha valorizado en la canasta de bienes y servicios que se ofrece.

Pérdida de tierras
Empero, factores en contra como la salinización de las tierras, que para el caso de la Lambayeque afecta a más de 50 mil hectáreas que perdieron su capacidad productiva, originan también el alza del precio por hectárea, debido a que se reduce la oferta de áreas para la actividad agrícola.

“Un ejemplo del problema es que el gran Proyecto Olmos no alcanza para sustituir la cantidad de tierras perdidas por salinización, a lo que debemos sumar la expansión de las ciudades que, como he dicho, recorta el área agrícola con mayor accesibilidad”, comenta, añadiendo que las tierras duplican su valor cada cinco años.

Fernando Cillóniz considera que la compra de grandes cantidades de tierras por el capital privado para la agroexportación no puede verse como un retorno al sistema gamonal, debido a que ahora resulta mucho más importante que se eleven los índices de producción que a su vez generan empleo y rentabilidad al país, antes de mantener extensiones de terreno ociosas.

“En estos tiempos la disyuntiva ya no es grande o pequeño, sino cuán productivo o improductivo se es. Hoy pueden existir pequeños agricultores productivos como también grandes empresas improductivas y quebradas financieramente. Con la dinámica actual, los que van a quedarse en las tierras son los productivos”, afirma.

La capacitación, asistencia en tecnología, locación y financiamiento, son – precisa – beneficios que el Estado debe generar para que los pequeños agricultores puedan incluirse a cadenas productivas eficientes y con mejores resultados en el mercado, sea nacional o extranjero.

Añade que la tenencia de las hectáreas cultivables no necesariamente tiene que quedar en manos de las grandes empresas, porque en contrapeso se pueden promover iniciativas de asociatividad e integración entre los propietarios de pequeños predios agrícolas.

“Insisto, las tierras van a quedar en manos de los eficientes, porque la agricultura precaria, sea grande o pequeña, está condenada a desaparecer”, precisa el presidente de Inform@ción.

Ejemplo en gestión
Lambayeque, al igual que otras regiones del país, posee interesantes proyectos que de ejecutarse permitirán ampliar la frontera agrícola y dotar de mayor agua para riego a los cultivos ya existentes. Básicamente, el departamento cuenta con el Plan Hídrico Regional, que considera la construcción de 19 represas en los cinco valles, destacando La Calzada, en el valle La Leche; Las Delicias, en el valle Zaña, y Montería, en el valle Chancay.

Fernando Cillóniz refiere que si algo debe reconocerse a Lambayeque es que ha podido, de manera ejemplar, llevar adelante la puesta en marcha de Olmos como proyecto de irrigación, en tanto en el resto del país se sigue a la espera de la intervención directa del Estado para la ejecución de obras similares.

“Todas las regiones tienen planes para potenciar su agricultura, pero muy pocas han tenido la efectividad de ejecución que ha logrado Lambayeque. Los iqueños, por ejemplo, se preguntan cómo salió Olmos y por qué no sale el Proyecto Choclococha y la respuesta es muy sencilla. En Lambayeque se supo gestionar y por ello existe el mérito en muchas autoridades regionales y nacionales. En el país hay planes, pero no hay capacidad de ejecución”, señala.

Manejo del agua
Cillóniz Benavides precisa que el agro lambayecano tiene aún grandes retos y uno de ellos, quizá el principal, es el adecuado manejo del recurso hídrico.

“En Lambayeque se emplea muy mal el agua y en ese sentido hay mucho por hacer. Olmos será una vitrina de cómo se debe usar correctamente el recurso hídrico y ese avance debe replicarse en el resto de la región. De lograrlo, los beneficios serán aún mayores”, asevera.

Diversificación productiva
El experto señala que de continuar la dinámica de avance en el rubro agroexportador, Lambayeque podrá, en un tiempo no muy lejano, disputar el liderazgo productivo que, a nivel nacional, por ahora mantiene Ica.

Las potencialidades de la región con mucho más ventajosas, como el hecho de contar con mayor superficie para conquistar con proyectos de irrigación y explotación de los acuíferos.

“Estoy seguro que en cuestión de pocos años Lambayeque superará a Ica. Más bien, debe mirarse como competencia fuerte a Piura. Ambas regiones son dos gigantes y están llamadas a ser fuertes núcleos de la fruti y horticultura a nivel mundial”, acota.

Cillóniz Benavides expone que la diversificación de cultivos agroexportables ayudaría notablemente a la consolidación regional en el rubro, considerando que productos como el espárrago atraviesan un buen momento por su valoración en el mercado internacional.

Precisa que cerca a Olmos se han instalado esparragueras bastante interesantes por sus resultados y que están en ventaja frente a las de Ica, debido a que son más jóvenes.

“Ica está cayendo en la producción de espárragos por el envejecimiento de las esparragueras, por lo que el norte tranquilamente puede tomar el liderazgo en este producto. En el caso de las uvas de mesa, Lambayeque tiene para largo, porque se ha demostrado que el clima y suelo son adecuados para el desarrollo de la viticultura. Lo que sí debería ampliarse en la producción de banano orgánico, que impera en Piura y Tumbes”, detalla.

Agrega que no se puede dejar de lado a los cultivos industriales como la caña de azúcar, el arroz, maíz y algodón. “Está clarísimo que Olmos, inicialmente, será enteramente de cultivos industriales como caña y pasturas, y que poco a poco se irán incorporando las hortalizas y frutas, que son cultivos de mayor rentabilidad y demanda de mano de obra”, explica.

El ex presidente del Comité de Subasta del Proyecto Olmos, refiere que una de las principales preocupaciones de los empresarios que han adquirido las 38 mil hectáreas a irrigar es de dónde saldrá la mano de obra suficiente para cubrir las necesidades de los cultivos horti y frutícolas.

“Por eso es entendible que al inicio se instalen cultivos industriales que requieren de menor cantidad de mano de obra en tanto se va capacitando a la gente para que pueda trabajar en los sembríos de agroexportación”, señala.

Destaca que instituciones superiores como SENATI, por ejemplo, ya estén pensando en acrecentar su oferta educativa en manejo industrial, sobre todo en ramas como riego tecnificado, mecánica, hidráulica y electricidad.“La agricultura que se emprenderá en Olmos requerirá de mucha energía y para ello también se necesitarán profesionales competentes que ya deben empezar a formarse".

Cuidado del acuífero
Según la Autoridad Nacional del Agua – ANA, la explotación irracional del acuífero (agua subterránea) iqueño ha general tal situación que se estima que en diez años este desaparecerá y lo mismo se teme con el acuífero de valles como el de Motupe, donde existen, de acuerdo a reportes de la Autoridad Local de Aguas, más de cinco mil pozos clandestinos, de los que 350 únicamente son legales.
Situaciones como esta son las que deben evitarse en la región, indica Fernando Cillóniz, explicando que los acuíferos tienen una capacidad limitada y por lo tanto debe pensarse en su uso responsable. La sobreexplotación del agua del subsuelo puede generar que el área de cultivo se salinice y con ello se pierda para la agricultura.

“Los acuíferos tienen que estar absolutamente regulados para que sean sostenibles en el tiempo. Es verdad que estos se recargan con las avenidas de agua, pero la disponibilidad de metros cúbicos de agua es siempre limitada y hay que controlarla”, indica.

“Cada vez hay menos tierra arable, menos tierra cultivable y todo lo que disminuye en el mercado sube de precio”.
Semanario Expresión

REDD DEFORESTACIÓN Y SUS CAUSAS

Resulta cada vez más evidente que los esfuerzos de los gobiernos, ONGs, instituciones y empresas para que REDD sea la principal estrategia de reducción de la deforestación no está dando buenos resultados en los países con bosques tropicales.

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La tala continúa a todo vapor impulsada por diferentes "proyectos de desarrollo” como la minería, las plantaciones industriales de palma aceitera, de soja y de otros cultivos, las hidroeléctricas y las infraestructuras para facilitar el desplazamiento de materias primas. Hasta el llamado "manejo forestal sustentable” termina provocando más destrucción.

También aumentan las evidencias de que los proyectos REDD, que se están promoviendo en diversos países con bosques tropicales, están causando muchos problemas a las comunidades locales, como lo muestran varios artículos de este boletín. Esta situación llevó al WRM a escribir, tomando como base esas experiencias, una cartilla para las comunidades, llamada "10 alertas sobre REDD para las comunidades”, que también se cita en esta edición. Uno de los principales problemas señalados por las comunidades son las restricciones que sufren en cuanto al uso que hacían tradicionalmente de los bosques y al control de sus territorios.

Cabe recordar que mucho antes que REDD apareciera, hasta los que conocen mínimamente la problemática de los bosques tropicales ya sabían que la mejor forma de combatir la destrucción de los bosques era garantizar, a los pueblos y las poblaciones que viven en los bosques y que dependen de ellos, los derechos sobre su territorio y sobre el uso de los bosques. Hay suficientes ejemplos en el mundo que comprueban que donde se garantizan estos derechos hay una mejor conservación de los bosques.

Quizás, uno de los pocos aspectos positivos de las recientes negociaciones sobre REDD a nivel de la Convención sobre el Cambio Climático de la ONU - que organiza una nueva ronda este mes en Doha, Qatar - sea el hecho de que se instala nuevamente una discusión sobre las causas de la deforestación. Desde que se empezó a hablar de REDD, una de las cuestiones que más ha perjudicado a los pueblos del bosque es que los países, en sus esfuerzos para estar "prontos para REDD”, han insistido en señalar a dichos pueblos como los principales responsables de la deforestación debido a "prácticas" como la agricultura itinerante. Del mismo modo, indigna que los "grandes proyectos de desarrollo” antes citados no reciban el mismo tratamiento, sino que, por el contrario, continúen promoviéndose como acciones importantes para el "desarrollo”, pe se a la destrucción que causan.

Además, con REDD y los crecientes intentos de comercializar también otros servicios ambientales, las grandes empresas involucradas en la destrucción de bosques tropicales están analizando la oportunidad de "compensar" sus acciones destructivas con proyectos REDD o con otros proyectos destinados a la comercialización de "servicios ambientales".

Aunque REDD llegue a tener sus días contados, a nivel internacional, debido a la falta de financiación, el afán de las grandes empresas por "compensar" sus acciones destructivas con acciones "verdes" -o sea, de justificar lo injustificable- no parece llegar a su fin. Para esas empresas, cada vez más grandes, es de suma importancia dicho tipo de mecanismo en este momento en el que las contradicciones del modelo destructivo de explotación de los recursos naturales comienzan a ser cada vez más explícitas, por ejemplo, en los efectos de los cambios climáticos, de la degradación ambiental y de la deforestación.

Creemos que solo con una gran resistencia y movilización de las comunidades afectadas por los megaproyectos de "desarrollo" junto con el apoyo de la solidaridad nacional e internacional se hace posible garantizar la fuerza suficiente para que los gobiernos adopten medidas efectivas con el fin de disminuir la deforestación, dirigiendo su mirada a quienes están causando realmente la destrucción.

Y aún más, es necesario tomar medidas urgentes contra las causas subyacentes de la deforestación, que incluyan, en especial, el cambio estructural del modelo de producción y consumo completamente insostenible en los países más industrializados. Esto no se logrará con actitudes individuales, sino que se requieren acciones enérgicas de los gobiernos para reducir el poder corporativo y el poder del gran capital, en general, y principalmente, del capital financiero. Además del reconocimiento de los derechos de los pueblos del bosque, éste es un camino indispensable si queremos disminuir realmente la deforestación.

COMUNIDADES Y BOSQUES AMENAZADOS POR REDD
A continuación sigue un resumen del contenido de la nueva publicación de contenido popular elaborada por el WRM. "10 alertas sobre REDD para comunidades” pretende dar información sobre el tema, resumiendo las experiencias concretas de diversas comunidades con proyectos REDD en todo el mundo, registradas por el WRM.

Casi 300 millones de personas en todo el mundo dependen de los bosques tropicales para vivir. Pero las grandes empresas con sus negocios de explotación de madera, petróleo, gas y carbón, de minería, de monocultivos agroindustriales – de árboles o alimentos -, de ganadería industrial, de grandes represas hidroeléctricas, están saqueando y destruyendo los bosques.

En respuesta a la deforestación, los gobiernos han impulsado planes tales como parques naturales o áreas protegidas, que, además de que no han dado resultado, muchas veces han perjudicado aún más a las comunidades que dependen de los bosques pues las han expulsado de sus territorios. ¡A ellas! para quienes la deforestación nunca ha sido una práctica común porque destruir el bosque sería como destruir su propia casa... Cortar algunos árboles para cubrir sus necesidades básicas o realizar agricultura itinerante en áreas que luego dejan regenerar no son en modo alguno las causas de la deforestación.

Los promotores presentan REDD y REDD+ como una solución al cambio climático y a la deforestación. Argumentan que el carbono liberado cuando se quema un árbol es parecido al carbono liberado cuando las empresas queman, por ejemplo, petróleo, que provoca cambios en el clima. Y gracias a REDD podrían seguir quemando petróleo en la medida que "compren” carbono – es decir, el derecho a liberar carbono – a alguien que lo esté ahorrando – por ejemplo, a alguien que asegure que va a mantener intocado el carbono almacenado en los árboles de un bosque.

Pero ésta es una propuesta que viene de fuera e impone restricciones y prohibiciones a las comunidades en sus formas de vida y de uso del bosque: en ocasiones no podrán cortar, ni siquiera un árbol para fabricar una canoa, tampoco cazar, pescar y recolectar frutas, plantas medicinales y alimentos del bosque. Si alguien desobedece debe enfrentarse a la policía o a algún guardia privado del proyecto REDD pudiendo perder su libertad. La comunidad como un todo pierde con eso. Las familias que se sienten más aisladas, sin condiciones de trabajar, comienzan a buscar alternativas fuera de la comunidad, generalmente en las ciudades, se van de la comunidad, y la comunidad se debilita.

Esto implica la pérdida de formas de vida, culturas, y también de soberanía alimentaria, ya que no se pueden cultivar más los alimentos con la práctica tradicional de agricultura itinerante. Se trata de un control del territorio, de aquellas zonas donde el bosque se mantiene en pie, que es donde los promotores de REDD van a buscar el carbono, pero es también donde viven las comunidades, generando así un conflicto con ellas en cuanto a su uso del bosque.

Para ganar su apoyo, los promotores de REDD llegan con promesas de empleo, dinero y proyectos sociales para la comunidad, como compensación de las pérdidas por no poder hacer más uso del bosque.

Muchas veces la comunidad acepta el proyecto REDD pensando que así mejorará su vida. Pero luego se encuentra con varios problemas. Uno de ellos surge cuando algunos integrantes de la comunidad son empleados como guardias forestales, debiendo vigilar que los otros miembros de la comunidad no corten árboles, ni cacen ni pesquen ni cultiven en el bosque - REDD enfrenta unos contra otros. Otro problema puede surgir cuando ofrecen dinero a cambio del cual la comunidad debe crear una nueva organización, con un formato preestablecido, para administrar los recursos – esto puede causar conflictos con la organización tradicional de la comunidad.

Los proyectos REDD no tienen como objetivo el bienestar de toda la comunidad, por eso beneficia a algunos de sus miembros y a otros no, mientras que a otros incluso los perjudica y excluye. El resultado es la división de la comunidad, lo que afecta negativamente su capacidad de organización, algo fundamental para luchar contra los impactos negativos del proyecto y garantizar o retomar el control del territorio.

El objetivo central de los proyectos REDD es "vender” carbono y hacer dinero con el proyecto, no resolver los problemas que son comunes a muchas comunidades, como la falta de reconocimiento de sus derechos sobre el territorio o problemas en los servicios de salud, educación, transporte, comercialización de la producción comunitaria. O sea, la falta de políticas públicas adecuadas. Esto no lo resolverá REDD.

Como tampoco resolverá REDD el problema de la deforestación. Estos proyectos se realizan en una determinada superficie de bosque. Fuera de ese espacio, se puede seguir conlas actividades destructivas.

¿Y quiénes financian los proyectos REDD? Además de algunos gobiernos figuran industrias contaminantes que quieren mostrar que "compensan” de alguna forma su contaminación en otro lugar. Pero la "compensación” con la compra de carbono no resuelve el futuro de los bosques ni del cambio climático, porque las materias primas que necesitan esas industrias – minerales, petróleo, carbón, grandes insumos de electricidad de grandes represas hidroeléctricas – vienen muchas veces de áreas de bosque. Las empresas continúan contaminando y deforestando, pero con REDD se "maquillan de verde” argumentando que ponen dinero en proyectos que "reducen” la deforestación.

Otros actores de los proyectos REDD son grandes ONGs, técnicos del Estado, consultores, que se ocupan de la coordinación y las cuestiones "técnicas” del proyecto.

En parte, no es difícil entender qué es REDD. Pero es muy difícil o imposible entender que la contaminación de un lugar pueda ser compensada por una actividad realizada a miles de kilómetros de distancia. Y es más difícil aún de entender que, además, la contaminación dé lugar a nuevos negocios, como la compra y venta de carbono, en el llamado mercado de carbono.

Las comunidades afectadas explican REDD diciendo que hay un problema de contaminación en un lugar distante de su comunidad y los promotores de REDD intentan resolver ese problema dentro del territorio de la comunidad, o sea, dentro de su "casa”. Por eso sugieren que lo mejor es resolver el problema donde surgió, y no en su territorio, donde les traen aún más problemas. Es claro que una solución lógica y mucho más simple y sensata para los grandes problemas de la contaminación es pararla donde se está realizando.

También se sabe que la mejor forma de cuidar el bosque es garantizar a los pueblos del bosque y demás comunidades que dependen de él sus derechos territoriales y de usufructo y apoyarlos, además de contribuir con sus formas de conservación y manejo del territorio. Y sin duda es preciso enfrentar y prohibir las causas directas de la deforestación, entre ellas la minería, la explotación de petróleo, la construcción de grandes represas, la expansión de monocultivos…También es necesario cambiar el gran consumo de productos y energía de apenas una minoría de la humanidad, sobre todo en Estados Unidos y Europa.

Pero REDD no propone nada de eso, al contrario. Habilita a las empresas a contaminar y a seguir deforestando… en otro lado.

La buena noticia es que en el mundo entero crece la resistencia contra REDD. Las comunidades se organizan cada vez más para garantizar y reconquistar el control y el uso colectivo de sus territorios. Un paso importante de esa lucha es saber de otras comunidades, de lo que realmente ocurrió con REDD. Es saber que la lucha es de varias comunidades, es saber que uniéndose y organizándose es posible parar esa nueva forma de destrucción.
Resúmen de la Cartilla
Adital