La COP 20 (Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) y la CMP 10 (Conferencia de Partes Firmantes del Protocolo de Kioto) se están realizando en nuestra capital entre el 1 y 12 de diciembre, con representantes de 194 países, para tomar acuerdos que serán vistos en la reunión de Paris del 2015 donde se decidirá el acuerdo climático global.
Considerando que la protección de los bosques amazónicos es tema esencial y preponderante en estas cumbres, existe una gran incongruencia que nuestro país, como organizador, no tenga una Ley Forestal consensuada que presentar, menos aún, una estrategia nacional de bosques ni de cambio climático.
En el marco de la COP 20 hemos reconocido (a través del coordinador del programa de conservación de bosques del gobierno, Gustavo Suárez de Freitas) un complicado escenario por una creciente deforestación de nuestros bosques con nivel histórico de más de 7 millones de hectáreas destruidas, alcanzando los últimos 13 años niveles máximos con promedios anuales de deforestación desde 80,000 hectáreas el 2001 hasta 145,000 el 2013 (para la FAO es mayor la destrucción: 9.2 millones de hectáreas deforestadas a un promedio anual de 260,000).
Desde julio de 2001 en que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 27308 entró en vigencia nuestra convicción y gestión forestal ha sido muy escasa, con procesos casi paralizados en planificación, investigación, mejoras técnicas, y con falta de supervisión, control, recursos y potencial. Después de 10 años (julio 2011) se promulgó una nueva Ley 29763 consensuada, pero increíblemente hasta la fecha no entra en vigencia por no tener reglamento, cuyo plazo prioritario de elaboración (RM 0048-2012-AG) venció hace 2 años y medio (julio 2012).
Bajo este panorama 80% de nuestros bosques están en emergencia por acciones extractivas e informales (tala ilegal, cambio de suelo, narcotráfico, minería ilegal, etc.) debido principalmente a debilidad institucional, desorden, corrupción, informalidad y falta de supervisión y control (solo unos 100 efectivos controlan y salvaguardan nuestros 70 millones de hectáreas de bosques a pesar que se requieren más de 3,000).
Esta situación está ocasionando la liberación de grandes volúmenes de gases de efecto invernadero en la atmósfera que alteran irremediablemente los regímenes climáticos y de lluvia a escala continental, lo cual representa nuestra mayor falla en el cumplimiento del Protocolo de Kioto.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de diciembre de 2014
Considerando que la protección de los bosques amazónicos es tema esencial y preponderante en estas cumbres, existe una gran incongruencia que nuestro país, como organizador, no tenga una Ley Forestal consensuada que presentar, menos aún, una estrategia nacional de bosques ni de cambio climático.
En el marco de la COP 20 hemos reconocido (a través del coordinador del programa de conservación de bosques del gobierno, Gustavo Suárez de Freitas) un complicado escenario por una creciente deforestación de nuestros bosques con nivel histórico de más de 7 millones de hectáreas destruidas, alcanzando los últimos 13 años niveles máximos con promedios anuales de deforestación desde 80,000 hectáreas el 2001 hasta 145,000 el 2013 (para la FAO es mayor la destrucción: 9.2 millones de hectáreas deforestadas a un promedio anual de 260,000).
Desde julio de 2001 en que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 27308 entró en vigencia nuestra convicción y gestión forestal ha sido muy escasa, con procesos casi paralizados en planificación, investigación, mejoras técnicas, y con falta de supervisión, control, recursos y potencial. Después de 10 años (julio 2011) se promulgó una nueva Ley 29763 consensuada, pero increíblemente hasta la fecha no entra en vigencia por no tener reglamento, cuyo plazo prioritario de elaboración (RM 0048-2012-AG) venció hace 2 años y medio (julio 2012).
Bajo este panorama 80% de nuestros bosques están en emergencia por acciones extractivas e informales (tala ilegal, cambio de suelo, narcotráfico, minería ilegal, etc.) debido principalmente a debilidad institucional, desorden, corrupción, informalidad y falta de supervisión y control (solo unos 100 efectivos controlan y salvaguardan nuestros 70 millones de hectáreas de bosques a pesar que se requieren más de 3,000).
Esta situación está ocasionando la liberación de grandes volúmenes de gases de efecto invernadero en la atmósfera que alteran irremediablemente los regímenes climáticos y de lluvia a escala continental, lo cual representa nuestra mayor falla en el cumplimiento del Protocolo de Kioto.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de diciembre de 2014
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