En diciembre de este año, entre el 1º y el 12 para ser exactos, se llevará a cabo en Lima la COP20, cumbre climática que se realiza anualmente en diversos países con el objetivo de examinar la aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que busca, sobre todo, reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Además, se realiza en este espacio un seguimiento a las negociaciones entre los países y los nuevos compromisos asumidos con dicho propósito.
No obstante, diversas organizaciones de la sociedad civil buscan repercusión aprovechando el espacio y nos sumamos a la iniciativa. El día lunes se publicó un comunicado con las exigencias de la Sociedad Civil al Gobierno Peruano de cara a la COP20. En el plano de las negociaciones internacionales exigen informar en los plazos establecidos por la posición del Estado peruano en el marco de las negociaciones para la elaboración de un borrador de Acuerdo Climático Global que servirá de documento base para su debate y aprobación en la COP21 (París 2015). Además, solicitan la presentación de un avance en relación con los compromisos voluntarios de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero asumidos en el año 2009.
En el plano de la agenda ambiental interna solicitan la información sobre el estado actual de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, tal vez uno de los temas más relevantes ya que el gobierno estableció el 23 de julio un plazo de 20 días para hacerla. Asimismo, se solicita un informe sobre las propuestas y observaciones que presentaron las organizaciones de la sociedad civil respecto a la misma. Finalmente, se solicita formalmente que se instale la Comisión Nacional de Cambio Climático.
La política gubernamental desde hace, cuando menos dos décadas, no sólo ha desperdiciado la oportunidad de hacer de la agenda medioambiental una prioridad, sino que han evadido un tema de relevancia internacional. Además, la recurrente desregulación como respuesta a cualquier problema hace que por un lado la responsabilidad estatal sea cada vez menos significativa y, por otro, que se atente contra los derechos ciudadanos. Recordemos que la mayor cantidad de conflictos sociales durante los últimos años tiene motivos socioambientales ya que no se hace la consulta previa a los pobladores involucrados en los territorios indígenas, pero tampoco se considera el impacto que las actividades extractivas causen en los espacios en que se desarrollen.
La COP20 es una buena oportunidad para hacerle notar, al gobierno y a los grandes intereses empresariales que aplauden paquetazos como el arriba mencionado, que existe una preocupación generalizada sobre nuestro entorno y que no estamos dispuestos a evadir, como ellos, una agenda que nos afecta y afectará a todos y todas.
Otra Mirada
Se trata de una conferencia importante y que tiene repercusión mundial. Por ello, ser la sede de la misma implica además de una responsabilidad significativa, una oportunidad para liderar esta lucha por el medio ambiente, tomando en cuenta que somos uno de los países más afectados debido a la enorme biodiversidad con la que contamos en nuestro territorio. Sin embargo, ante el reto la respuesta del gobierno ha sido tibia y, en ocasiones, contraproducente.
En el plano de la agenda ambiental interna solicitan la información sobre el estado actual de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, tal vez uno de los temas más relevantes ya que el gobierno estableció el 23 de julio un plazo de 20 días para hacerla. Asimismo, se solicita un informe sobre las propuestas y observaciones que presentaron las organizaciones de la sociedad civil respecto a la misma. Finalmente, se solicita formalmente que se instale la Comisión Nacional de Cambio Climático.
La política gubernamental desde hace, cuando menos dos décadas, no sólo ha desperdiciado la oportunidad de hacer de la agenda medioambiental una prioridad, sino que han evadido un tema de relevancia internacional. Además, la recurrente desregulación como respuesta a cualquier problema hace que por un lado la responsabilidad estatal sea cada vez menos significativa y, por otro, que se atente contra los derechos ciudadanos. Recordemos que la mayor cantidad de conflictos sociales durante los últimos años tiene motivos socioambientales ya que no se hace la consulta previa a los pobladores involucrados en los territorios indígenas, pero tampoco se considera el impacto que las actividades extractivas causen en los espacios en que se desarrollen.
La COP20 es una buena oportunidad para hacerle notar, al gobierno y a los grandes intereses empresariales que aplauden paquetazos como el arriba mencionado, que existe una preocupación generalizada sobre nuestro entorno y que no estamos dispuestos a evadir, como ellos, una agenda que nos afecta y afectará a todos y todas.
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