Desastres socio-ecológicos y responsabilidad política y empresarial

La misma lógica de desarrollo, que ha llevado a la escasez de materias primas, conduce a la realización de proyectos técnicamente cada vez más complejos, en lugares más remotos, y con la consecuente peligrosidad aumentada. Cerrar ojos y oídos está a la orden del día para los gobiernos de Norte y de Sur. Dejar hacer. Y maquillar de verde: pretendiendo que toda iniciativa industrial y extractiva es sostenible, verde o renovable. Igual si están extrayendo petróleo, oro, uranio, cobre o hasta cultivando soja transgénica, para las empresas todo es “sostenible”. E incomprensiblemente, las políticas les apoyan.

Después de contemplar aliviados como la Pachamama gustó de volver a parir milagrosamente a los 33 mineros chilenos, y de haber derramado lágrimas y suspiros de alivio frente a la caja boba, es el momento para reenfriar la cabeza y volver a la reflexión. Los medios masivos se centran en el drama humano, y en lo anecdótico, dando menor espacio a las condiciones sociales, económicas y políticas que crearon este y otros desastres recientes. Por la gravedad de las consecuencias, empresas y gobiernos deberían enfrentar la responsabilidad criminal, por ser quienes causan una destrucción y contaminación de estas dimensiones con sus actividades y sus políticas. Por la imposición de una economía basada en el crecimiento sin límites, se puede preveer fácilmente que este tipo de catástrofes irán en aumento a futuro.

Los que siguen son hechos contundentes que ejemplifican la situación. Chile es el productor de cobre más importante del mundo La mina San José es una explotación de cobre y oro muy antigua, situada cerca de la ciudad de Copiapó, en el desierto de Atacama. Pertenece a la Compañía Minera San Esteban, que practica la mediana minería. En operación desde el siglo XIX, se ha vinculado a varios accidentes mortales en el pasado que motivaron su cierre hace unos años durante un breve período. Tras su reapertura, en los últimos cuatro años hubo tres accidentes fatales. La empresa acumula denuncias por su inseguridad, que una vez más se vio trágicamente confirmada por el accidente que dejó a los muy famosos 33 mineros enterrados a más de 700 mts. de profundidad durante más de 70 días. Apenas un mes antes del derrumbe hubo, en la mina un accidente con una víctima que sufrió amputación de una pierna. De acuerdo a las denuncias, las irregularidades de la compañía San Esteban incluyen entre otras muchas, el retraso del anuncio del accidente, violación de medidas de seguridad y el no pago del seguro social de los mineros. Pero nada sucedió a la empresa.

La mina San José forma parte de un complejo minero que produce alrededor de 1.200 toneladas de cobre al año. El cobre es la principal exportación del país y una de las mayores fuentes de ingresos. A pesar de eso, las medidas de seguridad y el control en este sentido del sector deja muchísimo que desear. No sé porqué, pero cuando el presidente de Chile declara satisfecho cómo y cuánto van a mejorar, no me lo termino de creer.

El lodo tóxico que se “vertió” en Hungría

Ocurrido el 4 de octubre de 2010 y aun de plena actualidad, el accidente de la planta de alúmina (óxido de aluminio Al2O3) en la ciudad de Ajkai al oeste de Hungría es otro “síntoma” de un sistema político-económico irracional. La alúmina es un sub-producto que resulta de refinar la bauxita (http://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BAmina), y que se utiliza para la producción de aluminio y otros productos.

Los medios de comunicación de masas hablan de “vertido” o “fuga”, lo que sugieren al oyente o al lector la sensación de un problema pequeño y bajo control. Pero fue una riada, un derrame, un torrente de lodo tóxico rojo-anaranjado con radiactividad y lleno de metales pesados, que se desparramó por todo el medio, los campos de cultivo, las aguas, la vegetación, las calles. Al menos nueve personas han resultado muertas, y más de 150 heridas. Cientos de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Constituye la mayor catástrofe ecológica en la historia de Hungría y sus consecuencias sobre la salud aún no han sido desveladas. Son varios los pueblos que han resultado afectados, como Kolontar o Devecser. Un afluente del Danubio ha resultado afectado. Los costos de limpieza ascenderán a millones de euros. Los daños permanecerán en el ambiente durante décadas, y eso, no hay dinero que lo compense.

El petróleo de BP regó el Golfo de México
El caso de BP pasó de largo. Ya no se habla de él. La friolera de 4,9 millones de barriles de crudo fluyeron desde el fondo del mar de manera ininterrumpida desde el 20 de abril de 2010 y durante los 85 días que tomó controlar el vertido. En Europa, en el mar del Norte y en el Mediterráneo existen cientos de plataformas petroleras (*). Pero la Comisión Europea, tras examinar la normativa existente en esta materia, acaba de suavizar su anunciada intención de controlar estrictamente las plataformas marinas de extracción de petróleo con el fin de evitar catástrofes ambientales como la de BP en el golfo de México. En lugar de una moratoria, establecería una mera opción a tomar por los diferentes estados miembro. La disminución en las exigencias se estaría debiendo a los intereses del sector, muy bien representados en Bruselas.

Además, de acuerdo a la lógica del crecimiento global que marca la Unión Europea y que crea la necesidad de abrir nuevas plataformas petrolíferas, las empresas deberán disponer de un plan de emergencia y probar que tienen disponibles los medios financieros necesarios para pagar los daños medioambientales, a las especies marinas protegidas y a los hábitats naturales que pueda causar un accidente. Esto indica ciertas buenas intenciones, pero no consideran que muchos de estos daños son irreparables.
Racionalizar y reducir el consumo de gas y petróleo y reducir paralelamente los mercados energéticos no es contemplado por la oficialidad como una opción ni como un camino a tomar.

¿Qué nos va a quedar?
Pues a este paso, nada. La misma lógica de desarrollo, que ha llevado a la escasez de materias primas, conduce a la realización de proyectos técnicamente cada vez más complejos, en lugares más remotos, y con la consecuente peligrosidad aumentada.
Cerrar ojos y oídos está a la orden del día para los gobiernos de Norte y de Sur. Dejar hacer. Y maquillar de verde: pretendiendo que toda iniciativa industrial y extractiva es sostenible, verde o renovable. Igual si están extrayendo petróleo, oro, uranio, cobre o hasta cultivando soja transgénica, para las empresas todo es “sostenible”. E incomprensiblemente, las políticas les apoyan. Y la sociedad civil cada vez tiene menos margen de denuncia, pues se empieza a restringir peligrosamente la libertad de expresión y opinión, así como a criminalizar a los movimientos sociales. Y la economía sigue por los suelos. Si la mayoría de las grandes empresas están destinando gran cantidad de recursos a conformar su responsabilidad social corporativa, que en la mayoría de los casos consiste en burbujas de apariencias y buenas intenciones, aunque vacías, que paguen lo que deben a la sociedad y a la naturaleza. El caso más actual de los tres que hemos tocado lo muestra claramente: los “responsables” de la compañía minera chilena sabían perfectamente que en el yacimiento San José no había vías de escape ni ventilación adecuada, ni la fortificación necesaria. Y las autoridades también, porque fueron hechas denuncias ante las autoridades en diversas ocasiones.

Mientras ministros y presidentes se pasean por los lugares en los que han sucedido estas catástrofes, los ecologistas nos preguntamos quién va a ser la primera autoridad, alto cargo o propietario de transnacional en pagar la responsabilidad criminal por las diferentes tragedias personales y socio-ambientales, los traumas, la contaminación, la destrucción. Cada país y su contexto se enfrentarán a sus accidentes y tragedias de modo diferenciado. Lo que sí tendrán en común los desenlaces será con toda seguridad, que los auténticos responsables no serán los que paguen las consecuencias, sino los trabajadores de las minas o las plantas de producción, la población circundante y el medio ambiente. Y la impunidad seguirá su avance implacable en la sociedad global cuya economía global se dedica a producir bienes globales que desplaza por el globo arrasando con todo lo que se encuentra a su paso.

La respuesta está en no aceptar este tipo de proyectos, como ya sucede en miles de lugares en todo el Sur y el Norte global. La población está reaccionando. Nadie quiere las plantas industriales en su suburbio, las minas a cielo abierto en su reserva de bosque primario, las hidroeléctricas en su río, ni los vertidos nucleares en su patio trasero. Un mínimo porcentaje de todo esto es realmente necesario. Una de las claves está en reducir el consumo de energía y bienes.

En vivir una vida más de acuerdo a la naturaleza, más cerca de la tierra, más amigable con el ambiente y con el otro. En replantear nuestra sociedad y las bases éticas sobre las que se asienta. Ahora o nunca.

Nota:
(*) Hay casi 900 instalaciones en alta mar en funcionamiento en la UE: 486 en el Reino Unido, 181 en Países Bajos, 61 en Dinamarca, 2 en Alemania, 2 en Irlanda, 123 en Italia, 4 en España, 2 en Grecia, 7 en Rumanía, 1 en Bulgaria, y 3 en Polonia. Chipre y Malta en un futuro próximo.
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