16 abril 2014

CAMBIO CLIMÁTICO AMENAZA LA SEGURIDAD, LA ALIMENTACIÓN Y LA HUMANANIDAD

De acuerdo al más reciente reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), ya estamos viviendo las consecuencias del cambio climático pero éstas podrían ser peores.

"Nadie en este planeta quedará intacto de los impactos del cambio climático". Esas fueron las palabras de Rajendra Pachauri, presidente del  Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).

El día de ayer el Grupo de Trabajo II, encargado de temas sobre Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad del IPCC dio a conocer su contribución al 5º Informe de Evaluación del mencionado grupo, enfocándose en las consecuencias que el cambio climático traerá a la forma de vida de los seres humanos.

La conclusión es clara. El cambio climático es una realidad que nos está afectando y cuyas consecuencias estamos viviendo día a día. No es casualidad que los glaciares se estén derritiendo o que el Ártico se esté deshielando a niveles inesperados, que miles de arrecifes de coral en el océano se estén muriendo, o que hayamos sido testigos en los últimos tiempos de cambios de temperatura extremos e incluso desastres de gran magnitud.

Pero esto es sólo el comienzo. El cambio climático también amenaza la seguridad alimentaria y la seguridad humana, de acuerdo al esfuerzo conjunto de más de 300 científicos e investigadores durante los últimos 3 años. "Chris Field, uno de los principales autores del reporte, señaló que estamos en una era en la que el cambio climático ya no es una hipótesis del futuro".
Inundaciones en Pakistán en 2010, el tipo de fenómenos meteorológicos extremos
que dice el IPCC es el resultado del cambio climático.
Fotografía: Asif Hassan / AFP / Getty Images
El cambio climático, junto con otros factores sociales existentes como la pobreza y la desigualdad, hacen que las amenazas a la vida sean más directas. Estos riesgos tienen el potencial de convertirse en una crisis humanitaria, como algunos de los desastres que han sucedido desde el año 2000, como las olas de calor en Europa, los incendios en Australia o las inundaciones en Pakistán.

La población mas vulnerable y que sufrirá la mayoría de los efectos son las personas de bajos recursos y las personas mayores. Los gobiernos no tienen sistemas especiales para proteger a estas poblaciones. por lo que será todo un desafío evitar que sean estos sectores lo más afectados.

A pesar de que ya hemos sido testigos de los signos del cambio climático, este reporte presenta una conexión de la que no se había hablado: la relación que hay entre la escasez de alimentos y el conflicto. Por primera vez, el cambio climático junto con la pobreza y una crisis económica, podrían provocar una guerra y desplazamientos forzosos de las personas de sus hogares.

El cambio climático ya ha influido en la reducción del suministro mundial de alimentos. Los rendimientos de los cultivos, en especial del trigo, van a la baja. Por lo tanto, crecen las dudas sobre si la producción de alimentos podrá ir a la par que el crecimiento poblacional. Algunos escenarios plantean que habrá dramáticas caídas en la producción global de trigo y reducción en la producción de maíz.

No solamente la producción de granos está en peligro, sino que también otras fuentes de alimentos como las pesquerías. Se prevé que en algunas áreas de los trópicos habrá una caída de entre el 40 y 60% de la producción de productos pesqueros.

Además, está escasez de alimentos trae aparejada una alza en los precios de los alimentos, así como inestabilidad política. Como ejemplo, tenemos la crisis alimentarios de 2008 y los conflictos derivados de ella en Asia y África.

En unos cuantos lugares se han visto efectos positivos derivados de un ciclo agrícola más largo provocado por el cambio climático, pero en general, no existen beneficios en cuanto a la producción de alimentos.

Con este reporte, los expertos esperan que los gobiernos finalmente actúen, contrario a lo que han venido haciendo. Asimismo esperan que todos nosotros actuemos, tanto para reducir nuestras emisiones de gas de efecto invernadero, como para iniciar acciones para adaptarnos a este fenómeno.
The Guardian

31 marzo 2014

ANÁLISIS DE LA LEY DE CONSULTA PREVIA EN EL PERÚ

Aunque el Gobierno Sí esfuerce Porción señalar lo contrario, él aqui Cierto es Que se ha Hecho Poco en materia de Aplicación de la consulta previa Es Un Los Pueblos Indígenas u originarios en Casos de Industrias extractivas. Una aleta de estudio Más Sobre de Como el Gobierno y la sociedad en general, ven el Tema, pecado Compartimos consultape.com Porción vídeo Elaborado.
El 2015 Sí cumplen dos Décadas de Que en el Perú entro en vigencia el Convenio núm. 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Y entonces from La Realidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas en CASI nada ha Cambiado .

En setiembre de 2011, CUANDO EL GOBIERNO DE Ollanta Humala promulgó la Ley de consulta previa es un Los Pueblos Indígenas u originarios-Ley N ° 29.785 - se penso Una Vez Más Que this Realidad podia change. Sin embargo, ésto no ha ocurrido.

Segun el Viceministerio de Interculturalidad, a la Fecha SÓLO SE ha cerrado sin Proceso de consulta previa en Hidrocarburos, MIENTRAS Que en minería Ninguno. La Respuesta a this Ausencia Responde un Múltiples factors. Los invitamos a ver de el vídeo y Sacar Conclusiones Propias sus.


El Recoge vídeo Declaraciones de Expertos de como Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Intituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Monge, antropólogo e Investigador del Centro de Estudios y Promoción de Desarrollo (DESCO), Javier La Rosa, profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP, Other entre.

19 marzo 2014

LAS INEQUIDADES DEL PROYECTO OLMOS

La fase de producción agrícola del Proyecto de Irrigación Olmos Tinajones (PEOT), ubicado en el departamento de Lambayeque, comprende la irrigación de 43,500 hectáreas distribuidas de la siguiente manera: 38,000 ha., que fueron adquiridas por 16 grandes empresas luego de dos subastas públicas, y 5,500 ha. de propiedad de los pobladores del valle viejo de Olmos.
¿Cuántos pobladores o agricultores locales se beneficiarán con Olmos?
En las 5,500 ha. serán beneficiados 514 pobladores, de los cuales el 37.35% tendrán su primera incursión en la agriculturacon la llegada de las aguas del proyecto, luego de haberse dedicado en su mayoría al pastoreo de animales bóvidos y menores, labor que dejarán de realizar para apostar por la agricultura.
Para impulsar la competitividad de ese conjunto de pequeños y medianos agricultores, el PEOT está fomentando su asociatividad mediante charlas y pasantías en lugares donde este modelo ha tenido éxito, como el sector del banano orgánico de Sullana. Sin embargo, esta oportunidad se está llevando a cabo tan sólo con los representantes de los cinco bloques de riego, en los que ha sido dividido el valle Viejo de Olmos, para que estos a su vez presidan las futuras asociaciones y motiven a los demás agricultores a unirse.

¿Cuál es el beneficio concreto que ofrece el proyecto a los pequeños y medianos agricultores?
Uno de los principales compromisos de H2Olmos (Odebrecht) y el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) para con los beneficiarios del proyecto Olmos es la provisión de infraestructura y de agua para el riego de sus lotes. Sin embargo, la materialización de este compromiso distingue caras: una cosa son los 16 dueños de las 38 mil ha., y otra cosa muy distinta los 514 agricultores del valle Viejo.

Para los primeros, H2Olmos y el GRL se han comprometido a construir tanto la infraestructura hidráulica mayor cuya función es llevar el recurso hídrico hacia los bloques y sectores de riego, como la infraestructura hidráulica menor que se desprende de esta última y conduce el agua hasta cada lote.

Para los 514 beneficiarios del valle viejo la situación no es tan favorable: contarán solamente con la infraestructura hidráulica mayor y un hidrante del cual deberán extraer el agua, mermando así sus posibilidades de obtener el agua de riego en cada predio. Esta, sin duda, es una decisión desconcertante considerando que son los futuros pequeños y medianos agricultores olmanos quienes tendrían mayores dificultades económicas para la construcción de los canales faltantes.

Ante ello, la JURO ha tenido que idear formas para remediar esta situación de inequidad, contactándose con el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) para la elaboración del perfil de un proyecto de riego menor, que costaría aproximadamente S/. 204 millones[2]. Según la JURO, ya se ha presentado el perfil al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pero todavía no se sabe si este financiaría el proyecto de construcción de infraestructura menor totalmente, o si se requerirá a los agricultores del valle viejo que pongan alguna contraparte económica.

En resumen, todo apunta a que en lugar de valorar su mayor número o niveles de pobreza, en comparación a los 16 dueños de las 38 mil hectáreas de Olmos, tanto el GRL como H2Olmos conciben a los beneficiarios locales del proyecto como una carga por la que no están dispuestos a arriesgarse, tanto así que, como señala LRA Nº 122, la responsabilidad de H2Olmos de cobrar a los agricultores locales la tarifa de agua dejará de ser exigible si estos no cumplen oportunamente con el pago en un plazo de 6 meses. En tal caso el problema se trasladará al GRL.

El Estado, entonces, ha firmado un contrato sumamente desventajoso que no es acorde a su compromiso de atender las necesidades de todos sus ciudadanos por igual si no que está negociado de tal manera que los principales beneficiarios sean el concesionario y los grandes inversionistas, restándole importancia a los aspectos del proyecto relacionados a los pequeños y medianos agricultores de Olmos.

Bibliografía
Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), (2010). “Proyecto Olmos: ¿Quién gana y quién pierde?” La revista agraria. Lima, número 122.

10 marzo 2014

LOS ESTATUTOS DE COMUNIDADES CAMPESINAS. Justificación para su actualización

La Ley General de Comunidades Campesinas (24656) establece, en su primera disposición transitoria, que “las comunidades campesinas elaborarán si propio Estatuto, que regirá su organización y funcionamiento, considerando sus particularidades, dentro del marco de la presente Ley y su Reglamento”. Cuando el estatuto es aprobado en asamblea general de comuneros se convierte en el más importante instrumento de gestión de una comunidad campesina. Por eso en nuestro regreso al mundo  de las comunidades campesinas estamos tomando nota que los  estatutos vigentes de las comunidades campesinas, en su versión original, datan de principios de los años noventa y ya el tiempo los está convirtiendo en documentos absoletos que necesitan ser actualizados..

Presentamos algunas de las consideraciones que sustentan la necesidad que las comunidades campesinas actualicen sus estatutos y que lo hagan siguiendo los procedimientos establecidos. Nos permitimos compartir algunas de estas consideraciones:

Se necesitan medidas más adecuadas para que las comunidades campesinas refuercen su rol de promotoras del desarrollo rural, como protagonistas en la lucha contra la pobreza, que se visibilice mejor su contribución en la lucha contra la inseguridad ciudadana y se las vea como los defensores del medio ambiente, la seguridad alimentaria y la economía familiar. Esto permitirá aparecer como instituciones que apuestan por el futuro, por la inclusión y por el desarrollo integral.

En la mayoría de los casos se necesita complementar las referencias al territorio comunal con una descripción de los principales hitos o linderos comunales, el listado de sus colindantes (si no fueran muchos) consignar el área titulada, las áreas en controversia y su correspondiente situación legal de tal manera que todos los comuneros tengan esta información básica.

Que en las dos últimas décadas se han formulado y aprobado nuevas políticas públicas relacionadas con programas sociales, con programas presupuestales, con espacios de participación y concertación y con normas de carácter internacional que tienen que ser contempladas en los estatutos de las comunidades campesinas. Igualmente debe aparecer la preocupación por la salud, por la educación, por los servicios básicos, por la igualdad de oportunidades, por el cumplimiento de los convenios internacionales y con otras instituciones públicas y privadas.

Que se fortalezca la institucionalidad comunal y los derechos de los comuneros y familias comuneras. Se tiene que afrontar medidas para eliminar o reducir las acciones de directivas corruptas o sumisas que trafican con los activos de la comunidad y generan el caos institucional. Tienen que generarse mecanismos más efectivos para la mejor defensa de la propiedad comunal, para el uso y disfrute de las tierras y recursos naturales por parte de los comuneros empadronados y sus respectivas familias. Que se vean mecanismos justos y democráticos para incorporar nuevos comuneros de manera formal y que se formalice los traspasos, alquileres y sucesiones familiares de las parcelas.

La formulación de un Estatuto Comunal actualizado supone entonces dos actividades previas: la recopilación de la mayor cantidad de estatutos de las comunidades campesinas para tener mayor claridad de los artículos que se deben eliminar, modificar o introducir. Por otro lado se requiere una nueva lectura de la normatividad relativa a comunidades campesinas, especialmente las expedidas en los últimos diez años y someterla a análisis de las otras normas legales y de normas o convenios internacionales suscritos por el Perú.
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Nota: Es una iniciativa que estamos trabajando en coordinación con Fedeccal, CIPDES, Tu Tierra e INDER.
Blog de Pedro Alva Mariñas

05 marzo 2014

¿DEBEMOS DE HABLAR DE JUSTICIA CLIMÁTICA?

Hasta ahora se ha dicho que el concepto de justicia es aplicable solo a los seres humanos. La cuestión es si podemos expandir la idea de la comunidad de justicia para incluir a la naturaleza no humana. Como consecuencia de la crisis global, el siglo XXI se ha caracterizado por los intentos de aplicar la ética a la economía. Si se aplica la ética al calentamiento global, las políticas de cambio climático se convierten en políticas de justicia climática. Es la justicia entre ricos y pobres, desarrollados y subdesarrollados, entre las generaciones actualmente existentes y las que vienen.
Para ser justos hay que empezar diferenciando. A diferencia de las leyes ciegas, la justicia mira bien a quién favorece. Considerar los principios de justicia conduce a una noción de responsabilidad diferenciada, aunque común, sobre las distintas conductas que repercuten en cambiar el clima.

Es importante distinguir emisiones nacionales y emisiones per cápita, países pobres y ricos, los que ya se desarrollaron y los emergentes. Ciertas naciones pueden producir un alto grado de contaminación por su cantidad de población, no porque cada poblador haga mayores emisiones. China es ahora el más grande exhalador de dióxido de carbono, con veintiuno por ciento de las emisiones mundiales, pero sus emisiones per cápita son solo una fracción de las que hacen las naciones ya industrializadas. Cada ciudadano chino es responsable de la quinta parte de las emisiones de un norteamericano.

También hay que considerar que las emisiones pueden ser exportadas. Los países ricos están exportando sus manufacturas sucias a China. ¿Es justo que China sea acusada de producir altos niveles de emisiones mientras quien ordena la fabricación es Estados Unidos? ¿Quién es responsable sino el que ha trasladado a otro país las industrias que no quiere tener en casa?

Otro asunto es la responsabilidad histórica de los países tempranamente industrializados y de los industrializados tardíamente. Los países tienen derecho al desarrollo. Las naciones ricas piden que los emergentes hagan sacrificios que ellas no hicieron en su momento ni están dispuestas a hacer.

¿Quiénes demandan y se benefician con el uso de las manufacturas chinas, indias, vietnamitas? Los ricos de las naciones pobres han desmantelado las industrias nacionales para evitar los derechos laborales y se han convertido en importadores que no pagan impuestos porque actúan en mercados abiertos. También son responsables.

¿Entre las generaciones actuales y las que vienen, qué puede significar un futuro sostenible?
Las respuestas tienen que ver con nuestra relación ética con el mundo natural y los límites que la naturaleza fija al desarrollo. La cuestión es si las estrategias políticas y los cambios institucionales pueden ser derivados directamente de los compromisos éticos. La relación entre los compromisos éticos y la política real es muy difícil. Esa relación pasa por las distintas posiciones políticas y sus modalidades democráticas o autoritarias de gestión pública.

Los debates contemporáneos están dominados por la búsqueda de compatibilidad entre el crecimiento económico y la protección ambiental para evitar la suma cero entre prosperidad y daño ambiental. Un Estado verde puede lograrlo.

En su libro The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty (El Estado verde: repensando la democracia y la soberanía. Cambridge, MIT Press, 2004), Robin Eckersley sostiene que el enfoque ambiental es inevitable para los estados contemporáneos tanto en sus relaciones con sus ciudadanos como con el mundo global.

¿Qué distingue al Estado verde del Estado liberal clásico? Se trata de un estado posliberal que cuestiona al capitalismo depredador y al especulativo, fijándoles reglas en defensa del medio ambiente y los seres humanos. Su estrategia empieza por el principio de que quien contamina paga y repara el daño producido. De ser soberano y egoísta el Estado pasa a ser un actor comprometido con el bienestar ambiental global y local.

*Héctor Béjar es abogado y sociólogo. Doctor en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Premio Latinoamericano de Ensayo de la Casa de las Américas. Miembro del Consejo Mundial del Llamado Global contra la Pobreza. Profesor de Política Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor de Políticas Públicas en el Centro de Altos Estudios Nacionales.
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