MINERÍA ILEGAL EN MADRE DE DIOS

Comunidades presentarían niveles de mercurio tres veces por encima del límite máximo permisible internacionalmente. Experto no descarta que en un futuro el Perú afronte demanda por permitir que mercurio afecte la vida en otros países.

Tambopata en sobrevuelo Foto: Sernanp

Un informe del diario La República divulgado hoy demostró cómo la minería ilegal que emplea insumos químicos como el mercurio se ha apoderado de importantes extensiones en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, en la región Madre de Dios.

Hasta este lugar llegaron, además de periodistas, representantes del Ministerio del Ambiente (Minam) quienes dieron fe de la existencia de nuevas zonas afectadas por la ilegal actividad en la región. Una de ellas se ubica en el límite entre Cusco, en la zona de montaña del distrito minero Quincemil, y Madre de Dios, donde se halla un enclave minero que opera a través de compañías extranjeras.

Otra zona identificada es Huepetuhe, que alberga gran cantidad de mineros informales desde hace varios años. Una tercera zona es la que corresponde a las comunidades nativas del Alto Madre de Dios, como la Reserva Comunal Amarakaeri (RCAM), y las que se ubican en la cabecera del río Malinowski. La RCAM se ubica en los distritos de Fitzcarrald, Manú, Madre de Dios y Huepetuhe, en la provincia de Manú. Según el informe periodístico en esta zona se extienden de manera incontenible los principales focos de minería.

En el caso de zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, los mineros al servicio de las mafias de la extracción de oro -que trabajarían de la mano con el narcotráfico- ya no solo se encontrarían en esta zona sino que habrían ampliado su radio de acción a la misma reserva.

El acelerado crecimiento de la actividad minera en Madre de Dios
A inicios de la década del 90, la zona afectada por la actividad minera no superaba las 900 hectáreas en Madre de Dios. En el 2000, la cifra ascendió a 6,254 hectáreas y en el 2011, según cifras del Ministerio del Ambiente, la zona impactada por la minería alcanzaba las 32,750 hectáreas.

Este impacto se registra entre las zonas de Huepetuhe, Delta y Guacamayo, este último ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Tambopata. Tal como recuerda José de Echave, de la asociación CooperAcción, en su artículo: “Ay Madre de Dios“, en los últimos años más de cinco mil hectáreas en la zona de amortiguamiento de la citada reserva han sido ocupadas.

En este espacio el avance incontrolado de la minería  ha ocasionado que los cauces de ríos sean alterados irremediablemente por el uso de maquinarias que están prohibidas. A ello se suman los daños los ocasionados por el uso de mercurio que impacta directamente y de modo persistente en la población indígena.

Según el reconocido ecólogo tropical Luis E. Fernández “en todas las comunidades de Madre de Dios se presentan niveles (de mercurio) tres veces por encima del límite máximo permisible internacionalmente”.
Esto quedó demostrado luego que se analizaron muestras de cabello de más de 1.000 personas de distintas comunidades de la región. En entrevista con el diario El Comercio, sostuvo que los altos niveles de mercurio y metilmercurio, se debe al consumo de pescado contaminado. Para el experto, los niveles altos de mercurio en la población tienen su causa en la minería ilegal. Precisó que en Madre de Dios el mercurio también se encuentra en el aire (donde lo queman), y más aun en las zonas donde hay tiendas de compra y venta de oro ilegal.

Indemnización multimillonaria
Aunque aún es prematuro afirmarlo, el Perú podría ser demandado por daños ambientales internacionales y obligado a pagar una indemnización multimillonaria por permitir que el mercurio de la minería ilegal que se desarrolla en su jurisdicción afecte la vida de otros Estados. Esto es posible ya que nuestros ríos se comunican con el resto de países amazónicos y que el mercurio es un metal que nunca se disuelve, sino todo lo contrario, se acumula a través de la cadena trófica en los peces, así como en las personas y fauna silvestre que se alimentan de ellos.

Este peligroso escenario para el Perú fue recreado por el abogado experto en Derecho ambiental Lorenzo de la Puente Brunke en un artículo publicado la semana pasada en el diario Gestión. El abogado sostiene que la demanda “podría interponerla un país amazónico o de la cuenca del Atlántico que advierta las consecuencias de ‘nuestro’ mercurio en su territorio”. Pero esta realidad no es tan lejana. Él mismo señala que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ya ha recibido este tipo de demandas cuyo fundamento último está expresado en el principio 21 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 1972.

Según el mismo, el Perú “tiene el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental” pero también tiene “la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción (…) no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional”.
Servindi

EXISTE UN COMERCIO JUSTO PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA?

A juzgar por lo que declaran los pequeños productores (PP), el comercio justo (CJ)(1) no existe, pues los intermediarios son los que tienen todas las ventajas. Hace treinta años surgió en Europa un movimiento —conformado por varias organizaciones de la sociedad civil— decidido a instaurar un comercio justo. ¿En qué consistía? En reconocer y valorar los bienes generados por pequeños productores. Dicho movimiento creó así el sello de Fairtrade Labelling Organizations (FLO), para promover condiciones laborales y económicas justas para los PP.

Pero lo que nació como un sistema exclusivo para la pequeña agricultura en el mundo, ahora también beneficia a transnacionales como Dole, Neuman, entre otras.

«Cuando la demanda de comercio justo empezó a crecer, el sello FLO se vio en la necesidad de contar con mayor producción, y es ahí cuando empiezan a incorporarse transnacionales, beneficiándose también a los trabajadores de estas», explica Arnaldo Neira, expresidente de la Coordinadora Nacional de Comercio Justo Perú (CNCJ). En resumen, no se está cumpliendo el objetivo principal del sistema: reivindicar el trabajo del pequeño productor.

En la actualidad existen una serie de cuestionamientos, en el Perú, sobre cómo el CJ beneficia al PP y si, en efecto, lo hace. Frente a ello, surgen varias preguntas: ¿cuál es el rol del Ministerio de Agricultura en todo esto?, ¿existe algún ente regulador de este sistema?, ¿qué políticas públicas están pensadas para impulsar el CJ? Tal parece que la respuesta en todos los casos es negativa.

Por ello, urge —por lo menos a nivel local— implementar políticas agrarias para promover el CJ y a los pequeños productores, e impulsar así un sistema sostenible. Por ahora, solo hay un trabajo aislado de organizaciones de la sociedad civil, que, a vista de las evidencias descritas anteriormente, viene dándose aún con muchas taras.

Datos positivos
Pese a todo, la iniciativa del CJ necesita seguir siendo impulsada, pues no se puede negar el impacto que ha tenido hasta el momento en los pequeños productores. Arnaldo Neira menciona que «si uno visita cualquier organización articulada al comercio justo, es evidente la huella positiva que ha tenido en sus vidas: muchos han mejorado sus procesos agronómicos; otros, la zona donde viven, con carreteras y postas.

Sin embargo, es indudable que aún falta más trabajo por hacer»(2). Sólo en 2012, el Perú exportó más de 400 mil quintales de café bajo la modalidad de CJ(3). Es un dato que revela la creciente importancia de este sistema entre los productores peruanos.

Notas:
(1) «El Comercio Justo es una asociación comercial que se basa en el diálogo, la transparencia y el respeto, y que intenta conseguir más igualdad en el comercio internacional. Contribuye al desarrollo sostenible porque ofrece mejores condiciones comerciales a los trabajadores marginados» (definición internacional).
(2) Según informa la CNCJ Perú, una parte del dinero recibido como parte del CJ es invertido en mejorar los procesos de producción y el desarrollo local de los productores y sus familias.
(3) Información tomada de la Coordinadora Nacional de Comercio Justo Perú.
Revista Agraria N° 154

DERECHOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS

Aproximadamente cuatro millones y medio de peruanos viven organizados en las 6,069 comunidades campesinas que se encuentran en todo el Perú y controlan un total de 23’643,958.06 hectáreas, es decir el 18.74% del territorio nacional.

Las comunidades campesinas son importantes abastecedoras de alimentos para el mercado interno y son guardianas de nuestra gran diversidad biológica y cultural. Uno de sus múltiples problemas es el desconocimiento de sus derechos, sobre todo en lo concerniente al aprovechamiento de los recursos naturales ubicados en sus tierras. El problema se agudiza por las políticas que favorecen las grandes inversiones privadas en sus tierras.

Esta compilación de normas legales busca contribuir a llenar ese vacío, poniendo en manos de los comuneros y comuneras y de las dirigencias comunales una herramienta que les permita contar con información legal pertinente y actualizada, que se convierta en un instrumento para fortalecer su acción en el marco del respeto a sus derechos.

Esta es la tercera edición de esta compilación, lo que confirma su importancia y el compromiso de nuestras instituciones con las comunidades. Esta nueva entrega, además de incluir dos nuevos reglamentos (que corresponden a la Ley de Recursos Hídricos y a la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas), contiene una breve información de la situación de las comunidades en materia de reconocimiento y titulación de sus tierras.
Documento Completo

QUE NOS DICE EL CENSO AGROPECUARIO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Recientemente se difundió un avance de los resultados definitivos del IV Censo Nacional Agropecuario realizado el año 2012. Algunos de los cuadros presentados nos llamaron la atención por su posible relación con los efectos del cambio climático. Uno de estos cuadros fue el relativo a tierra agrícola no trabajada y razón por la que no será trabajada. Como puede observarse en el gráfico siguiente, la principal razón, esgrimida por el 48.9% de los productores agropecuarios para no trabajar sus tierras fue la falta de agua. Comparativamente, en el Censo del año 1994, solamente 18% de los productores a nivel nacional señalaban la falta de agua como una razón para no trabajar sus tierras.

La costa fue la región donde más se percibió la insuficiencia del recurso, pero también en la sierra, uno de cada tres agricultores que declaró que no trabaja sus tierras agrícolas manifestó que la razón fue la falta de agua.

Este aumento en la cantidad de agricultores que afirman que no trabajan sus tierras debido a la falta de agua no necesariamente se explica por una menor oferta hídrica. Podría explicarse por diversos factores, como la expectativa de los empresarios en Chavimochic y otros proyectos de irrigación en la costa que esperan disponer de más agua en los próximos años para cultivar áreas que actualmente no son trabajadas. Pero no hay duda de que cada vez más productores agropecuarios encuentran insuficiente la cantidad de agua de que disponen.

Otro dato del CENAGRO IV relacionado al cambio climático es el relativo a “Superficie agrícola según riego o secano”, en que se muestra que las tierras regadas solo con agua de las lluvias representan más del 60% del total nacional, especialmente en la sierra (51%) y selva (44.5%). Esto es importante porque al depender de la lluvia, los agricultores son más vulnerables a los posibles cambios en los patrones de precipitación como consecuencia del cambio climático. Si bien es cierto que la superficie con riego ha aumentado de 31.6% a 36.2% entre 1994 y 2012, aún falta mucho por hacer.

Si a estos datos del Censo Agropecuario añadimos los resultados de diversos estudios que advierten sobre una menor disponibilidad de agua durante la época de estiaje en las próximas décadas (1), encontramos un escenario en que es muy probable que se presente una mayor competencia por el recurso hídrico en el país, y no solamente entre los productores agropecuarios. Como consecuencia del aumento de la población y del crecimiento económico, otros usuarios de agua -como las empresas generadoras de energía, las mineras, o la población urbana- están aumentando su demanda del recurso, por lo que es esencial aplicar los principios de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, permitiendo la participación equitativa de todos los usuarios de agua en la gestión del recurso, y contribuyendo así a la prevención y solución de conflictos, debido a varios factores entre los cuales se encuentra el cambio climático.

(1) Por ejemplo, el estudio “Cambio climático en la Cordillera Blanca: retroceso de los glaciares y los recursos hídricos” Por Michel Baraer, Bryan Mark, Adam French, Jeffrey McKenzie y Ricardo Jesús Gómez López que muestra que el retroceso continuo de los glaciares en la Cordillera Blanca tendrá impactos importantes tanto en la cantidad como en la calidad del agua del Río Santa en el futuro, sobre todo en época de estiaje. Con la probabilidad de que la disponibilidad futura de agua durante la época de estiaje sea aproximadamente 30% inferior a la disponibilidad actual. 

Otro estudio difundido este año -”Estado actual de los glaciares en los Andes tropicales” por A. Rabatel, Wilson Suarez, Francou B., A. Soruco, Jesús Gómez López, B. Cáceres, J. L. Ceballos y R. Basantes advierte que los glaciares menores a 5,400 metros s.n.m. podrían desaparecer en este siglo, afectando a las regiones que se abastecen de agua proveniente de glaciares, especialmente durante la época de estiaje.

Observatorio de Cambio Climático

QUE ES LO QUE PASARÁ - VIDEO DE ANIMACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Ya no hay peces que pescar en Piura, ni agua con qué regar las cosechas en Cusco. En Iquitos, el caudal del río es impredecible. ¿Qué relación tienen estos hechos que afectan nuestra vida cotidiana?

Cambia.pe presenta estas historias de cambio climático en nuestro país: son casos que revelan la cotidianeidad de muchos peruanos trabajadores, para quienes estas variables climáticas representan un reto que sólo puede ser afrontado con información y con acciones concretas.

"¿Qué es lo que pasará?" es el nombre del video de animación desarrollado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) que muestra los desafíos de nuestros pobladores frente al cambio climático, pero además, muestra ejemplos sobre cómo hacer frente a esta realidad.

El video cuenta con el apoyo de la fundación MacArthur, la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN) y el Ministerio del Ambiente del Perú (Minam) y se enmarca dentro de las actividades de cara a la Conferencia de la Partes de Cambio Climático (COP 20) que, en el próximo año se realizará en el Perú.
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