Un alto grado de contaminación ambiental afecta nuestras ciudades, donde vive el 72% de los peruanos y vivirá más del 90% al 2020. Los pobres están 75% más expuestos a los efectos nocivos de la contaminación atmosférica. La problemática ambiental de las ciudades mineras y pesqueras es persistente. La débil institucionalidad pública y un marco normativo que impide una acción eficaz de control y sanción para evitar o minimizar los impactos sociales, ambientales y económicos negativos son el común denominador.
Una ciudad minera como
Cerro de Pasco ocupa un territorio que se encuentra en disputa permanente con el crecimiento del tajo abierto de la empresa minera Volcan, que presiona por la reubicación de casi la mitad de la ciudad. La gran mayoría de su población tiene plomo en sangre, el 70% cuenta con servicio de agua (entubada, no potable), menos del 20% cuenta con desagües y 30% de desnutrición crónica.
Las ciudades pesqueras como Chancay, Huarmey, y especialmente
Chimbote, representan claramente el grado de contaminación que padecen la población y la economía por ser la ciudad donde se inició la
epidemia del cólera por la alta contaminación de su mar con coliformes fecales (y por consiguiente de los peces que comemos).
En Chimbote, las empresas pesqueras no solo contaminan sus aguas –descargan
sanguaza, proteínas solubles, aceites y grasas sin tratamiento a la bahía El Ferrol–, sino también el aire (y por consiguiente el suelo) con
hidrógeno sulfurado, partículas de hollín y de harina, aminas volátiles y monóxido de carbono. Esto impacta en sus ecosistemas y su entorno, como los
Pantanos de Villa María, una zona de alta biodiversidad; además de ser causa de enfermedades respiratorias, dérmicas y gastrointestinales entre los pobladores.
Frente a esto
el Foro Ciudades para la Vida, en concertación con las Municipalidades y Universidades locales, han impulsado desde 1996 diversas acciones y experiencias de gestión local ambiental en el marco del presupuesto participativo.
CONSTRUCCIÓN CON CONTAMINACIÓNEl crecimiento de las ciudades incide en el nivel de contaminación ambiental, entre otras cosas por la desordenada ocupación del territorio o el descontrol de la emisión de gases tóxicos provenientes de vehículos e industrias,
las descargas de desagües sin tratar (90% van directamente al mar, ríos y acuíferos en general en el Perú) y la no recolección de residuos sólidos y desmonte (hasta el 60% en algunas ciudades).
Lima es una de las ciudades más contaminadas de América Latina. El alto grado de contaminación de su aire se debe en gran parte al parque automotor existente –Lima y callao concentran casi el 70% de éste, la mayoría de los vehículos tienen más de 10 años–. Se estima que el Estado gasta anualmente dos millones 130 mil dólares en atender a enfermos por el material particulado. Algunas instituciones han impulsado
la Campaña por el Aire Limpio y la mejora de la calidad de los combustibles. Asimismo, se ha promovido en el Congreso una Ley por el Aire Limpio, cuyo proyecto ya está dictaminado, pero aún sin aprobar.
Una situación más grave se da en el Callao debido a la contaminación por plomo por el inadecuado manejo de minerales en el muelle y por el transporte del mineral. Más de diez mil niños se encuentran afectados por plomo, un gran porcentaje de ellos supera largamente los límites máximos de peligrosidad establecidos por la
Organización Mundial de la Salud. Una Coordinadora Vecinal (Callao, Ventanilla, Carmen de la Legua) busca dar una salida integral a este grave problema.
Igualmente, el crecimiento de la construcción en el país
(su PBI subió 18% el 2007), en particular en Lima, impacta en la salud de las personas y el ambiente. En el Congreso obran varios proyectos de ley para prohibir el asbesto –una fibra mineral cancerígena, utilizada masivamente desde 1940 en la construcción de techos, tuberías, pisos, tanques de agua, prohibida en la Unión Europea, Australia, Japón, Argentina–, que no han sido aprobados. Asimismo en el Ministerio de Salud está encarpetada una propuesta de Decreto Supremo en el mismo sentido.
La prohibición del
asbesto se asocia a la necesidad de impulsar una construcción sana, segura y limpia. No solo por el problema de salud pública que genera (cáncer al pulmón, mesotelioma pleural, asbestosis tanto en trabajadores como en quien usa o vive con este producto), sino también por los altos costos que demanda su retiro y disposición segura. El
Foro Ciudades para la Vida ha avanzado en experiencias piloto de retiro seguro en un colegio, un centro de salud en Villa El Salvador y el almacén de una empresa, pero sigue pendiente una norma que prohíba su uso y comercialización.
APRENDIZAJE COLECTIVOAdemás del asbesto existe gran cantidad de elementos tóxicos y peligrosos usados en las obras (en pinturas, barnices, lacas, tuberías, tableros aglomerados de madera). Son un grave riesgo que debe ser encarado con políticas públicas que promuevan y alienten su minimización y prohibición progresiva. Promover la certificación o licenciamiento ambiental de las construcciones y de las ciudades en que se construyen es una estrategia voluntaria que las empresas constructoras e industria de la construcción deberían asumir con responsabilidad.
El Ministerio de Vivienda y Construcción, en el 2007, ha elaborado y puesto en consulta el
Reglamento para la Gestión de los Residuos Sólidos de la Construcción, con el que se podría atender adecuadamente buena parte de los residuos urbanos que se generan y acumulan sistemáticamente y sin control en playas, bordes de ríos, carreteras y espacios públicos. Confiamos en que esta propuesta pronto sea aprobada.
Finalmente, luego del
sismo del sur, es menester insistir en la necesidad de normas más estrictas que planifiquen la ocupación segura de nuestro territorio, un uso del suelo densificado pero también más verde y protegiendo nuestras escasas áreas agrícolas, además de controlar la calidad de las construcciones en que habitamos. Es una tarea de todos controlar la informalidad y la impunidad en los procesos constructivos de baja calidad que acarrean pérdidas en dinero y vidas. Este aprendizaje colectivo aun debe ser asimilado por nuestra sociedad y requiere un cambio de paradigmas y de mentalidad creativo y muy innovador acerca de cómo se hace ciudad y cómo se construye en forma ecoeficiente, sana y segura una vivienda o cualquier edificación. Es un imperativo corregir los vacíos y defectos que la Nueva Ley de Edificaciones y Habilitaciones contiene y cuyo Reglamento no podrá absolver. La seguridad de nuestros hijos va primero.
Bajo la Lupa
Así al menos lo publicaba ayer el periódico británico 'The Guardian', apenas veinticuatro horas después de que la ONU hiciera pública su intención de recuperar la credibilidad de sus expertos en el cambio climático, acusados de elaborar informes catastrofistas con argumentos poco sólidos, y abriera la puerta a futuros cambios en sus órganos de dirección. Ajeno de momento a este debate, lo cierto es que las nuevas tesis de Lomborg podrían suponer un gran impulso para los defensores del medio ambiente, a los que hasta la fecha había atacado sin piedad. Pero en su próximo libro, que se publicará en octubre, anuncia que les resarcirá con creces. Lomborg pide a gritos la «inversión anual de miles de millones de euros» en políticas dirigidas a atajar el cambio climático». Las mismas que desde hace casi una década consideraba «gastos innecesarios». Ahora ya no. «Invertir 100.000 millones de dólares (79.000 millones de euros) al año -defiende- significaría que esencialmente podríamos resolver el problema del cambio climático a finales de este siglo». 
