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25 julio 2011

EL PERDÓN Y LA MINERÍA

Las personas pueden perdonar el error, pero no la mentira.

Por eso, estas líneas serán lo más sinceras posibles con usted.


Las acompañan un recuerdo de hace siete años: la primera vez que visité una minera. Iba con el prejuicio encima: las imágenes de ríos con relaves, de una Oroya contaminada, de la tierra saqueada. Para mi sorpresa, durante ese viaje el enemigo abstracto encontró una cara más amigable de lo imaginado: conocí ingenieros ambientales tomándole el pulso al agua, un proyecto para guardar agua de lluvias y cedérsela a los agricultores vecinos y, también, la reforestación de un enorme terreno tras un cierre de mina. La suerte quiso que con los años visitara otras mineras que se esforzaban por ser responsables con su entorno rural, y algo me quedó claro: el mundo se me volvía a presentar con más matices de los que imaginaba. La minería no era buena o mala per se: lo que la movía a un lado o al otro era la calidad profesional de quienes la practicaban.
Fue en ese trance, hace cuatro años, cuando conocí a los funcionarios de nuestra Sociedad Nacional de Minería. En esa mesa conocí a profesionales con virtudes y defectos distintos, como los tenemos todos, pero con una visión común: que los peruanos reconocieran que, junto a esa minería abominable, mayoritariamente informal, que tanto daño le hace a nuestro país, también convive una en proceso de consolidación, responsable con los vecinos, el Estado y sus accionistas. Que algunas de esas empresas sentadas en la mesa habían tenido accidentes y metidas de pata en el pasado, eso era claro. Pero también era claro que habían sido eso, accidentes, y no métodos planificados de ejecución. Con ese conocimiento me sobrevino otra noción: la minería es un factor tan gigantesco en la economía de nuestro país, que pretender crecer sin ella es utópico. Un estudio del Instituto Peruano de Economía señala que en el año 2009, el 32.4 % de los pagos al fisco peruano provino de los impuestos mineros. Dos años antes, había sido el 49%. Otro informe del Ministerio de Energía y Minas señalaba, en enero de 2011, que el 60% de las exportaciones peruanas provenían de la minería.

Estas cifras sugieren que la minería es un gigante necesario, al menos mientras no desarrollemos otras actividades, algo que definitivamente debemos hacer: nunca ha sido bueno tener todos los huevos en una sola canasta. El problema es que consolidar esas alternativas tomará décadas, y el país no para de demandar ingresos. Por eso, al menos durante estos años, nos conviene atraer minería responsable que mantenga el crecimiento y financie tantas tareas de integración y de servicios vitales que hacen falta. Fue así que cuando la Sociedad de Minería me buscó para asesorarla en una campaña relámpago que apoyara esta idea, estuve de acuerdo. Sus técnicos tenían la data estadística y, sabiéndose núcleo de muchas miradas, la examinaron con esa carga. Uno de los comerciales resultantes fue aquel famoso de Oblitas. A pesar de haber sido testeado y aprobado, no era seguro que saliera, pues era muy directo con el tema de los impuestos. Sin embargo, el calor de la Copa América hizo que apareciera, de la noche a la mañana, durante un partido clave.

Por él he recibido adhesiones. Pero también muchos palos
Un amable representante de la Sociedad de Minería, cuyo nombre me reservo, me hizo ver el lado bueno: con poquísimos recursos, el tema de la competitividad de las inversiones mineras se ha puesto en agenda y ya está en discusión. Si mi contraparte sabe verle el lado amable, ¿por qué estoy yo tan apagado?

¿Por qué cargo con la sensación de tener que pedir perdón, aunque no sé exactamente de qué? Momentos antes de escribir estas líneas, tuve la respuesta.

No es que deba pedir perdón por trabajar para mineros. Sobre todo, para mineros que durante años me han demostrado un esfuerzo por ser responsables.
Debo pedir perdón por el recurso.

Alguna vez hice alusión a Chile para defender nuestro pisco. Y resultó.

Esta vez hice lo mismo y, aunque se generó el mismo revuelo, contradije una noción que aprendí desde entonces: se puede comunicar, pero sin necesidad de revivir pulsiones no constructivas.

Aquella vez estuvo bien: hoy debemos ser otro país.

Por eso es que le pido perdón.
Bajo La Lupa

05 julio 2011

MINEROS PLANTEAN HUELGA DE ÚLTIMA HORA

En la medida de fuerza, que se acataría mañana miércoles 6 y jueves 7 de julio, en donde participarían los sindicatos de trabajadores de las mineras clave del país.
Los trabajadores de algunas mineras clave en Perú, un importante productor mundial de metales, discutirán la noche del martes una huelga convocada a última hora por el gremio nacional en demanda de mayores beneficios para su jubilación, dijeron líderes sindicales.

En la huelga, prevista para el 6 y 7 de julio, participarían los sindicatos de algunas unidades de la productora de metales preciosos Buenaventura , de la cuprífera Southern Copper y de la polimetálica Volcan, entre otras. El paro fue convocado por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, que normalmente planea con semanas de anticipación las huelgas nacionales.

“Convocamos a un paro de 48 horas para los días 6 y 7 de este mes en contra de lo que se pretende hacer (...) de dejar sin efecto la ley de creación de un fondo de jubilación minera”, dijo a Reuters el líder sindical Luis Castillo. La federación minera había convocado para el 30 de mayo a una huelga nacional pero la suspendió a última hora por la proximidad de las elecciones presidenciales en el país, que se realizaron el 5 de junio.

De los últimos tres planes de paralizar labores a nivel nacional, dos fueron cancelados y el otro -en octubre del 2009- no contó con el apoyo de unidades clave, controladas principalmente por firmas extranjeras. Perú es el segundo productor mundial de plata y cobre, sexto de oro y sus exportaciones mineras representan el 60% de las ventas totales del país. Los trabajadores mineros busca la promulgación de una ley que fue aprobada recientemente por el Congreso, que busca la creación de un fondo con aportes de las empresas del sector y del salario del trabajador que complemente una jubilación que está muy por debajo de lo que perciben actualmente.

Entre los sindicatos que discutirán la huelga de 48 horas figuran los de la unidad de Toquepala de Southern Copper, la productora de zinc y plata Volcan y la minera de hierro Shougang Hierro Peru. En tanto los trabajadores de la mina Uchucchacua, la principal productora de plata de Buenaventura, confirmaron su adhesión al paro laboral. Sin embargo, los trabajadores de Antamina, una importante productora de cobre y zinc controlada por BHP Billiton y Xstrata , así como los de Cerro Verde de Freeport descartaron plegarse a la huelga.
REUTERS

09 marzo 2011

Ambiente, economía y debate político

No hace mucho el Banco Mundial presentaba un informe en el que señalaba que el costo de la degradación ambiental en el Perú equivalía al 3.9% del Producto Bruto Interno.  ¿Cuánto le cuestan al país los conflictos ambientales?¿Cuánto nos ha costado el colapso de los relaves mineros de Caudalosa Chica en los ríos de Huancavelica o los años de contaminación del Corrientes, Pastaza o el Marañón por las petroleras? ¿Cuánto nos cuesta Madre de Dios o La Oroya y los daños a la salud ocasionados por Doe Run? ¿Cuánto nos cuestan los cinco mil pasivos ambientales mineros regados por el país?

Cualquier propuesta seria de gobierno debería partir de la premisa que la gestión ambiental es una estrategia central para generar desarrollo. Sin embargo, uno de los balances más negativos de los últimos gobiernos tiene que ver precisamente con lo ambiental, y por lo que vienen presentando los actuales candidatos no hay muchas razones para ser optimista sobre lo que pasará en los próximos cinco años.

Pese a que la política ambiental en nuestro país es relativamente nueva, no solo no termina de consolidarse sino que muestra una peligrosa tendencia de retroceso: un buen ejemplo son los recientes decretos de urgencia que intentaron favorecer proyectos de inversión flexibilizando requisitos ambientales. Este hecho muestra que la política ambiental sigue siendo vista como un obstáculo para la inversión y que se pretende pasar por encima de los procedimientos establecidos.

De nada ha servido crear un Ministerio del Ambiente con facultades recortadas, sin recursos ni respaldo político. Una de las críticas a la gestión del ministro Brack es precisamente el haberse prestado al juego de un gobierno que carece de sensibilidad en el tema y su falta de decisión para liderar la política ambiental que el país requiere con urgencia.
Se necesita un giro de 180°. El propio Banco Mundial reconoce que las políticas que se siguen en el Perú han tenido como efecto el debilitamiento de las normas ambientales. Debemos desarrollar y no recortar la política ambiental. Algunas pistas: necesitamos terminar de construir una verdadera autoridad ambiental autónoma que recupere credibilidad y que asegure la supervisión e implementación de instrumentos rigurosos para la protección ambiental.
Se necesita abordar con urgencia el tema del agua que se ha convertido en una fuente de serios conflictos entre regiones: los recursos hídricos con los que cuenta el país no son bien utilizados ni se distribuyen adecuadamente. Además, en el tema del agua debemos abordar dos problemas graves: la disminución alarmante del recurso y su contaminación.

Una nueva gestión ambiental implica el fortalecimiento de las capacidades de prevención de impactos, más aún en un escenario de cambio climático; necesitamos evaluaciones ambientales rigurosas; límites máximos permisibles de emisiones que se actualicen a los mejores estándares internacionales; que se implementen los instrumentos de ordenamiento territorial y zonificación económica y ecológica.
Una política ambiental seria logrará, entre otras cosas, atraer inversión responsable que un país serio necesita. La otra inversión, la que no acepte someterse a los criterios de certificación ambiental, no la necesitamos. Miremos el ejemplo de La Oroya y el caso Doe Run, para darnos cuenta de los riesgos que debemos evitar. Una verdadera política ambiental es la mejor garantía de desarrollo económico.
Otra Mirada

24 enero 2011

LEYES MINERAS, AGRARIAS Y AMBIENTALES QUE NECESITA LAMBAYEQUE CON URGENCIA

Este es un tema polémico, porque las leyes en el Perú son para todos los peruanos, sin considerar la región. Sin embargo, si hablamos de Lambayeque, los analistas opinan que hay algunas normas específicas que podrían motivar un mayor despegue regional. Algunas de estas leyes son:

Ley para que Lambayeque reciba el Canon Minero. Actualmente, Lambayeque no recibe canon minero, el cual es la participación del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos minerales de cada zona. El canon minero es el 50% del impuesto a la renta pagado por las compañías mineras. De este monto, el 10% tiene como beneficiario a los municipios distritales donde se explota el recurso natural; 25% al municipio provincial; 40% a todos los municipios de la región; y finalmente el 25% al gobierno regional, de los cuales, 20% está destinado a las universidades. Una distribución similar es la correspondiente a la regalía minera, que una mina como Cañariaco tendría que pagar (entre 2 y 3% del valor de sus ventas).

Según el último Mapa de la Pobreza elaborado por el INEI Cañaris en Lambayeque es uno de los distritos más pobres del Perú, pues el 91.7% de su población no cuenta con sus necesidades básicas insatisfechas (agua, desague, electricidad) y no perciben los ingresos mínimos para vivir, que en el ámbito rural es de 171 soles al mes. Pero Cañaris no es pobre en recursos naturales, pues en su subsuelo alberga uno de los depósitos de cobre más interesantes de nuestro país con un contenido 6,460 millones de libras de cobre. Si consideramos que el precio de este metal básico varía entre US$1.5 y US$4 por libra; las ventas del metal contenido fluctuarían entre 9,690 y 25,840 millones de dólares, en los 19 años de producción que sus propietarios, Candente Resources Corporation (CRC), han estimado.

Actualmente el total de exportaciones de Lambayeque es cercano a los US$240 millones anuales. La entrada en producción de Cañariaco implicaría ventas adicionales al exterior entre US$510 y US$ 1,360 millones de dólares, dos a cinco veces más que las actuales.

Esta semana, la canadiense Candente Copper anunció que recibió un avance del estudio de prefactibilidad de su proyecto de cobre Cañariaco Norte, que señala que requiere una inversión de capital de 1,565 millones de dólares para el desarrollo de la mina.

Dicho monto incluye los costos de alquiler de equipo minero, capital de trabajo y costos de cierre de la mina que tendrá una vida útil de 22 años, señaló en un Hecho de Importancia enviado a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev).

Y hablando de medio ambiente, urge mejorar legislación de áreas naturales protegidas, como por ejemplo respecto al Bosque de Pómac, así como el incentivo a la creación de "Áreas de conservación regionales, municipales y privadas". Es también importante desarrollar reglamentaciones para defender las áreas marinas y áreas marino costeras.

Otro aspecto necesario es la legislación para proteger patrimonio cultural de las épocas lítica, prehispánica, virreinal, republicana y contemporánea en Lambayeque, la cual está en serio estado de peligro. Hace algunos años, el Colegio de Abogados de Lambayeque presentó un proyecto de ley para permitir sindicalización de policías y permitir su derecho a huelga, tema que todavía continúa en debate.

Y atención: cuando empiece en funcionamiento la irrigación de Olmos, se requerirán mejorar las leyes de apoyo a las asociaciones de agricultores, así como perfeccionar las leyes de aguas y las vinculadas a la agroexportación de acuerdo al nuevo contexto agrícola que se viene.

21 enero 2011

EXPONEN PROYECTO MINERO EN CAÑARIS ANTE PRESIDENTE REGIONAL - LAMBAYEQUE

Representantes de la empresa Candente Cooper expusieron ante el presidente Humberto Acuña y funcionarios del Gobierno Regional de Lambayeque, un informe sobre la situación actual del proyecto minero que vienen ejecutando en el distrito de Kañaris, en la provincia de Ferreañafe.

12 enero 2011

Minería y evaluación ambiental: conflicto de intereses

Hace unos meses el viceministro de Minas, Fernando Gala, dijo que “los proyectos que deben arrancar el 2012 suman inversiones de US$ 14,000 millones, todos los cuales ya tienen audiencia pública efectuada –con excepción de Tía María–”. El viceministro dijo que el principal proyecto es Las Bambas, con una inversión de US$ 4,200 millones.

También están, dijo, “Antamina, cuya ampliación significa una inversión de US$ 1,000 millones; Toromocho, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) será aprobado en los próximos meses y debe arrancar el 2012 con US$ 2,200 millones; Antapaccay, que es otra mina de Xstrata y debe arrancar el 2012, con US$ 1,300 millones; Minas Conga, oro, con US$ 2,800 millones; Quellaveco con US$ 2,500 millones y Tía María, proyecto que se espera sea aceptado por la población de Arequipa”. Como se aprecia, el viceministro Gala está muy satisfecho por la puesta en marcha de estas inversiones y transpira optimismo por todos lados, a tal punto que nos dice, por ejemplo, “que el EIA de Toromocho será aprobado en los próximos meses”.

¿Quién aprueba los EIA del sector minero? Los aprueba la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas, que está subordinado funcionalmente al… viceministro de Minas. Todos queremos creer que la DGAAM cumple con los requerimientos de la ley y que toma sus decisiones de manera independiente a lo que piensa el viceministro.

Pero también podemos pensar que existe una fortísima presión para “lograr las metas de inversión” de US$ 14,000 millones, que son un objetivo explícito del Ministerio. Así, este es un típico caso de conflicto de intereses: de un lado, los intereses del ministerio; de otro, los intereses de la sociedad, que desea que exista una adecuada fiscalización ambiental.

Por eso, en Chile, Brasil y Colombia los EIA de Minería (y los de hidrocarburos) los analiza y aprueba (o desaprueba) una institución independiente. En Chile es el Ministerio del Ambiente, a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En Brasil es el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA, adscrito al Ministerio del Ambiente) y en Colombia es el Ministerio del Ambiente (Decreto 1220 del 2005).

¿Y por qué en el Perú los EIA no son evaluados y aprobados por el Ministerio del Ambiente, que se creó en mayo del 2008? Porque lo impidió la fuerza de los “lobbies” mineros. Se argumentó que el nuevo Ministerio del Ambiente “no tenía las capacidades ni el personal idóneo” para hacerlo. Y ya está, porque “el que puede, puede”.

No sucedió lo mismo, sin embargo, con los mecanismos de fiscalización de las inversiones mineras, que le fueron retiradas al Osinergmin a principios del 2010 y se transfirieron al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente. Se sabe que Osinergmin venía realizando las labores con capacidad y había dictaminado sanciones importantes a los incumplimientos (www.cristaldemira.com, 25/01/2010).

Dicho esto, estamos de acuerdo en que esas funciones las asuma la OEFA y esperamos que en estos meses de funcionamiento ya esté cumpliendo a cabalidad con sus responsabilidades. Si esto es así, ¿por qué la DGAAM del Ministerio de Energía y Minas no se puede también trasladar al Ministerio del Ambiente?

Así ya no habría conflicto de intereses porque las declaraciones del viceministro Gala serían las de un funcionario del gobierno que no tiene ingerencia directa sobre los técnicos del Ministerio del Ambiente. Si esa transferencia se diera, estamos seguros de que mejoraría la “licencia ambiental” y, con ello, disminuirían buena parte de los conflictos ambientales y sociales. Salvo peor parecer.

*Humberto Campodónico es profesor de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro de Actualidad Económica del Perú.

07 enero 2011

Denuncian que minera canadiense explorará territorios de los awajún sin consulta previa

Luego de obtener los permisos correspondientes por parte del gobierno peruano, la minera canadiense New Dimension Resources (NDR) se dispone a realizar los trabajos de exploración de oro en la región Amazonas, pese a la oposición de la población awajún del Cénepa.

El presidente de Minera NDR, Fred Hewett, dijo que el año pasado la subsidiaria en el Perú realizó dos programas en las concesiones que posee en el Cénepa, lo que dieron como resultado valores positivos de sedimentos de oro.

El empresario minero agregó que hace poco su compañía obtuvo la última confirmación el título de la concesión original dentro del proyecto Cenepa, lo cual puso fin a un proceso iniciado en el 2006.

El proyecto Cenepa abarca una propiedad total de más de nueve mil hectáreas en la frontera con Ecuador y su proyección abarca el sur de un cinturón de minerales de 20 kilómetros de largo que incluye el proyecto Cóndor y el descubrimiento Fruta del Norte en dicho país.

El proyecto Cóndor fue adquirido por la también canadiense Kinross Gold Corporation en setiembre del 2008 y tiene recursos minerales inferidos en el depósito Fruta del Norte de 13.7 millones de onzas de oro.

Fred Hewett dijo finalmente que ahora que NDR recibió los 10 títulos de las concesiones originales que necesitaba, se concentrará en el desarrollo del proyecto Cenepa, que tiene una importante extensión.
Servindi

22 noviembre 2010

Fatalidades Mineras en el Perú

Del 2000 a octubre del 2010 se registraron 676 accidentes fatales en la actividad minera formal en el Perú, de los cuales 447 correspondieron a empresas contratistas mineras y 229 a las propias empresas mineras, según las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (www.minem.gob.pe).
En total existen 120,000 trabajadores en la minería formal a nivel nacional, de los cuales más de las 2/3 partes pertenecen al régimen de "contratas" o "services".
Las estadísticas no toman en cuenta los accidentes fatales de la minería informal, que emplea 80,000 personas (de acuerdo al informe del Ing. Héctor Benavente, de la empresa RIDAMI). Por tanto, podría duplicarse la cifra de accidentes fatales si se incluye a este sector, debido a sus condiciones precarias.Siempre según el MEM, fue en el 2002 cuando se produjo el récord de 74 accidentes fatales en la minería formal, correspondiéndoles 52 a las contratistas y 22 a las empresas mineras (ver gráfico). En el 2009 hubo 56 accidentes fatales, igual que en el 2010 (hasta octubre).

El MEM también proporciona la cifra de accidentes fatales desagregada por sectores. Así, de enero a octubre del 2010, 39 muertes correspondieron a la gran y mediana minería y 17 a la pequeña minería. A modo de comparación, tenemos que del 2000 al 2009 en Chile se produjeron 342 accidentes fatales según el Servicio Nacional de Geología y Minería (www.sernagoemin.cl), lo cual da un promedio de 34 muertos anuales, la mitad de la consignada en el Perú.

En Chile la cantidad de trabajadores mineros es similar a la peruana. Según un estudio de Sandra Leiva de la Universidad Arturo Prat de Iquique, en el 2006 había un total de 134,000 mineros, de los cuales 48,000 pertenecían a las empresas y 86,000 eran mineros "sub-contratados" (el equivalente a nuestras "services"). Lo que querría decir, de un lado, que la productividad en Chile es superior a la peruana (sus exportaciones mineras duplican las nuestras) y, de otro, que, a pesar de todo, la seguridad en el trabajo es mayor a la nuestra pues tienen menos accidentes fatales.

Esto no quiere decir que en Chile no haya fuertes quejas acerca de su "precario" régimen laboral, lo que se ha podido apreciar con el accidente que dejó atrapados a 33 mineros. A nivel internacional también hay una alta cantidad de accidentes fatales. Dice la OIT que la minería emplea el 1% de la fuerza de trabajo mundial, pero registra el 8% de los accidentes fatales. Agrega la OIT que China ostenta la cifra más alta de muertos: 2,639 muertos en el 2009, lo que, sin embargo, refleja una importante disminución con respecto a los 7,000 muertos del 2002. Para remediar este flagelo humano se ha establecido la Convención de Seguridad y Salud en Minas de la OIT. Pero solo 24 naciones la han ratificado, entre ellas EEUU, Brasil, Perú y Sudáfrica. No lo ha hecho Chile, el mayor productor mundial de cobre, ni tampoco Australia, Canadá, Congo, India, Rusia y Ucrania.

El altísimo nivel de utilidades de las empresas mineras de los últimos años no se condice con la elevada cantidad de accidentes fatales. En el Perú, urge una revisión exhaustiva de la legislación que permite el crecimiento casi indiscriminado de las "services", régimen precario donde se registra la mayor cantidad de accidentes fatales. Esto implica, también, mayores controles del propio MEM y del Ministerio de Trabajo que, muchas veces, brilla por su ausencia.

Para terminar, aquí no mencionamos el daño –muchas veces fatal– que produce la contaminación de la industria minera, como la de La Oroya, ni tampoco el impacto negativo en el medio ambiente. Esto debe cambiar.

Humberto Campodónico
Bajo La Lupa

06 septiembre 2010

¿En qué ciudades queremos vivir?

Un alto grado de contaminación ambiental afecta nuestras ciudades, donde vive el 72% de los peruanos y vivirá más del 90% al 2020. Los pobres están 75% más expuestos a los efectos nocivos de la contaminación atmosférica.
La problemática ambiental de las ciudades mineras y pesqueras es persistente. La débil institucionalidad pública y un marco normativo que impide una acción eficaz de control y sanción para evitar o minimizar los impactos sociales, ambientales y económicos negativos son el común denominador.

Una ciudad minera como Cerro de Pasco ocupa un territorio que se encuentra en disputa permanente con el crecimiento del tajo abierto de la empresa minera Volcan, que presiona por la reubicación de casi la mitad de la ciudad. La gran mayoría de su población tiene plomo en sangre, el 70% cuenta con servicio de agua (entubada, no potable), menos del 20% cuenta con desagües y 30% de desnutrición crónica.

Las ciudades pesqueras como Chancay, Huarmey, y especialmente Chimbote, representan claramente el grado de contaminación que padecen la población y la economía por ser la ciudad donde se inició la epidemia del cólera por la alta contaminación de su mar con coliformes fecales (y por consiguiente de los peces que comemos).

En Chimbote, las empresas pesqueras no solo contaminan sus aguas –descargan sanguaza, proteínas solubles, aceites y grasas sin tratamiento a la bahía El Ferrol–, sino también el aire (y por consiguiente el suelo) con hidrógeno sulfurado, partículas de hollín y de harina, aminas volátiles y monóxido de carbono. Esto impacta en sus ecosistemas y su entorno, como los Pantanos de Villa María, una zona de alta biodiversidad; además de ser causa de enfermedades respiratorias, dérmicas y gastrointestinales entre los pobladores.

Frente a esto el Foro Ciudades para la Vida, en concertación con las Municipalidades y Universidades locales, han impulsado desde 1996 diversas acciones y experiencias de gestión local ambiental en el marco del presupuesto participativo.

CONSTRUCCIÓN CON CONTAMINACIÓN
El crecimiento de las ciudades incide en el nivel de contaminación ambiental, entre otras cosas por la desordenada ocupación del territorio o el descontrol de la emisión de gases tóxicos provenientes de vehículos e industrias, las descargas de desagües sin tratar (90% van directamente al mar, ríos y acuíferos en general en el Perú) y la no recolección de residuos sólidos y desmonte (hasta el 60% en algunas ciudades).

Lima es una de las ciudades más contaminadas de América Latina. El alto grado de contaminación de su aire se debe en gran parte al parque automotor existente –Lima y callao concentran casi el 70% de éste, la mayoría de los vehículos tienen más de 10 años–. Se estima que el Estado gasta anualmente dos millones 130 mil dólares en atender a enfermos por el material particulado. Algunas instituciones han impulsado la Campaña por el Aire Limpio y la mejora de la calidad de los combustibles. Asimismo, se ha promovido en el Congreso una Ley por el Aire Limpio, cuyo proyecto ya está dictaminado, pero aún sin aprobar.

Una situación más grave se da en el Callao debido a la contaminación por plomo por el inadecuado manejo de minerales en el muelle y por el transporte del mineral. Más de diez mil niños se encuentran afectados por plomo, un gran porcentaje de ellos supera largamente los límites máximos de peligrosidad establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Una Coordinadora Vecinal (Callao, Ventanilla, Carmen de la Legua) busca dar una salida integral a este grave problema.

Igualmente, el crecimiento de la construcción en el país (su PBI subió 18% el 2007), en particular en Lima, impacta en la salud de las personas y el ambiente. En el Congreso obran varios proyectos de ley para prohibir el asbesto –una fibra mineral cancerígena, utilizada masivamente desde 1940 en la construcción de techos, tuberías, pisos, tanques de agua, prohibida en la Unión Europea, Australia, Japón, Argentina–, que no han sido aprobados. Asimismo en el Ministerio de Salud está encarpetada una propuesta de Decreto Supremo en el mismo sentido.

La prohibición del asbesto se asocia a la necesidad de impulsar una construcción sana, segura y limpia. No solo por el problema de salud pública que genera (cáncer al pulmón, mesotelioma pleural, asbestosis tanto en trabajadores como en quien usa o vive con este producto), sino también por los altos costos que demanda su retiro y disposición segura. El Foro Ciudades para la Vida ha avanzado en experiencias piloto de retiro seguro en un colegio, un centro de salud en Villa El Salvador y el almacén de una empresa, pero sigue pendiente una norma que prohíba su uso y comercialización.

APRENDIZAJE COLECTIVO
Además del asbesto existe gran cantidad de elementos tóxicos y peligrosos usados en las obras (en pinturas, barnices, lacas, tuberías, tableros aglomerados de madera). Son un grave riesgo que debe ser encarado con políticas públicas que promuevan y alienten su minimización y prohibición progresiva. Promover la certificación o licenciamiento ambiental de las construcciones y de las ciudades en que se construyen es una estrategia voluntaria que las empresas constructoras e industria de la construcción deberían asumir con responsabilidad.

El Ministerio de Vivienda y Construcción, en el 2007, ha elaborado y puesto en consulta el Reglamento para la Gestión de los Residuos Sólidos de la Construcción, con el que se podría atender adecuadamente buena parte de los residuos urbanos que se generan y acumulan sistemáticamente y sin control en playas, bordes de ríos, carreteras y espacios públicos. Confiamos en que esta propuesta pronto sea aprobada.

Finalmente, luego del sismo del sur, es menester insistir en la necesidad de normas más estrictas que planifiquen la ocupación segura de nuestro territorio, un uso del suelo densificado pero también más verde y protegiendo nuestras escasas áreas agrícolas, además de controlar la calidad de las construcciones en que habitamos. Es una tarea de todos controlar la informalidad y la impunidad en los procesos constructivos de baja calidad que acarrean pérdidas en dinero y vidas. Este aprendizaje colectivo aun debe ser asimilado por nuestra sociedad y requiere un cambio de paradigmas y de mentalidad creativo y muy innovador acerca de cómo se hace ciudad y cómo se construye en forma ecoeficiente, sana y segura una vivienda o cualquier edificación. Es un imperativo corregir los vacíos y defectos que la Nueva Ley de Edificaciones y Habilitaciones contiene y cuyo Reglamento no podrá absolver. La seguridad de nuestros hijos va primero.
Bajo la Lupa

21 julio 2010

CONCIENCIA AMBIENTAL: sanción más prevención

Finalmente, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha sancionado a la Compañía Minera Caudalosa por el daño irreparable que causaron sus relaves en perjuicio del río huancavelicano Escalera y sus afluentes, a fines del mes pasado. La medida es correcta, aunque no se puede decir lo mismo de la reacción de la empresa sancionada que, de acuerdo con lo informado, no solo está pidiendo explicaciones sobre el monto de la multa aplicada (36 millones de soles), sino que además cuestiona la autoridad de la ANA para fiscalizarla.

Sin duda, falta conciencia ambiental en todos los niveles. Desde la autoridad responsable que debe anticiparse a los atropellos que se perpetran contra el ecosistema, hasta las empresas que cumplen labores extractivas, llamadas a reconocer que más allá de las multas nada devolverá la situación al estado original.
Los ríos Escalera y sus afluentes —Huachocolpa, Opamayo y Lircay— fueron contaminados gravemente. Las concentraciones de metales en sus aguas, producto de los relaves que recibieron, sobrepasaron los límites permitidos, al punto que han quedado inutilizadas para el consumo humano y para la actividad agrícola. Es decir, un daño ecológico mayúsculo, invalorable porque no tiene precio, y que pudo evitarse. Más bien, lo que corresponde ahora es que la minera proceda de inmediato a presentar un plan de mitigación y restauración de la calidad del agua, que le ha exigido la ANA para, por lo menos, reducir la magnitud de perjuicios que en otros países —probablemente, con mayor conciencia ecológica— habrían ameritado incluso sanciones mucho más drásticas a las aplicadas por las autoridades peruanas.
Por su parte, dichas instancias públicas tienen que tomar nota de lo sucedido en Huancavelica y, como hemos señalado en este espacio, no conformarse con acudir solo cuando la crisis ya se produjo. Lo que se necesita es que actúen de manera preventiva para evitar mayores impactos ambientales.
Esto implica, a su vez, varias tareas que la ANA y, sobre todo, Osinergmin tendrían que cumplir, empezando por exigir sólidos estudios de impacto ambiental antes de autorizarse la realización de obras o proyectos de desarrollo. Esto compromete también a los gobiernos municipales y regionales que parecen actuar de convidados de piedra en estos casos. Se necesita revertir los procesos negativos en el ambiente, para lo cual se requiere hacer cumplir, supervisar y fomentar los programas de adecuación y manejo ambiental y los ISO 14000.
Nadie se opone a la inversión, y menos a la minera que tantos beneficios ha generado al país en los últimos años. Lo que se demanda es que los negocios se ajusten a las exigencias medioambientales mínimas, con base en un verdadero sistema nacional de gestión ambiental, que no está funcionando, para relanzar la responsabilidad social y empresarial en el tema.
Una empresa es socialmente responsable cuando vela por el bienestar de sus trabajadores y sus familias, así como cuando mantiene una coherente política hacia sus proveedores. Pero, además, cuando trabaja activamente en provecho del bienestar y del ecosistema de las jurisdicciones donde desarrolla sus actividades industriales, extractivas o comerciales.
El Comercio

20 julio 2010

Rechazo la Minería

Las comunidades campesinas de los distritos de San José de Ticllas, Vinchos, Socos y Santiago de Pischa en Ayacucho y Santo Tomás de Pata, en Huancavelica, acordaron no suscribir ningún contrato de servidumbre para actividades mineras en sus territorios.
Señalan que la minería representa una amenaza a la agricultura, ganadería y fuentes de agua, y por el contrario impulsarán el desarrollo alternativo interdistrital haciendo realidad la forestación y reforestación total en el cerro Ccewahuillca y los cerros colindantes con los distritos Vinchos, Socos y Ticllas.
Como parte del fortalecimiento institucional acordaron concluir con el proceso de saneamiento físico y legal de sus territorios comunales, en particular, la titulación de tierras de las comunidades campesinas del distrito de San José de Ticllas.
El evento denominado II Encuentro Interdistrital Comunal Vinchos, Socos, San José de Ticllas, Santiago de Pischa, fue realizado en la cumbre del cerro Ccewahuillca, y contó con la asistencia de alrededor de 200 representantes así como de la congresista Juana Huancahuari.
La organización estuvo a cargo del Frente de Defensa de los recursos naturales y del medio ambiente de los distritos Vinchos, Socos y Ticcllas.
Por Vinchos asistieron los representantes de las comunidades de Ñaupallaccta, Opancca, Antapuna, Hatunpampa, Itanayoc, Paccha, Choccyacc y Vinchos.

Por Ticllas estuvieron presentes delegados de Campamento, Chullumpampa, Rumihuasi, Carmen Alto, Ticllas, Santa Rosa e Incapampa.
Por el distrito de Santiago de Pischa, las comunidades de Atacocha, Molinos, Titimina, Cachi, Piwan. Por Socos, Maucallaccta, Yanayaco y Pucaloma, Luyanta. También asistieron representantes de Cedro y los gobiernos locales, entre otros.
Por el distrito huancavelicano de Santo Tomás de Pata asistieron delegados de las comunidades de Patallaccta.
Los organizadores anunciaron que continuarán realizando eventos informativos y de capacitación en los distritos.
Servindi

15 julio 2010

Peligroso incremento de proyectos mineros en la selva agudiza conflictos

Los proyectos de la minería metálica se han desplazado “peligrosamente” de la sierra a la selva en donde existen reservas nacionales y parques nacionales que albergan áreas de frágiles ecosistemas.Así lo indica el sexto y último reporte elaborado por el Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) en el Perú presentado el miércoles 14 por José De Echave de la asociación CooperAcción y Pablo Sánchez de Grufides.
La presencia de empresas mineras en estas zonas de ecosistemas frágiles como cabeceras de cuenca, páramos andinos y zonas de selva agrava la situación de los conflictos sociales. Se cita como ejemplo, la Cordillera del Cóndor, en donde también habitan los pueblos Awajun y Wampis, que participaron en los lamentables hechos de Bagua, al defender su territorio de la explotación de la minería. La minería ha aumentado en Amazonas en un 17 por ciento, concentrándose en su mayoría en la zona del Cenepa.

Observaciones desnaturalizan Ley de Consulta
José De Echave, representante de la asociación CooperAcción, señaló en la presentación que es necesario implementar mecanismos de consulta ciudadana como la Ley del Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas u Originarios, estipulada en el Convenio 169 de la OIT. Para De Echave, las ochos observaciones presentadas por el Ejecutivo “modifican aspectos sustantivos de la ley y termina por desnaturalizarla”.
“Una de ellas señala que la consulta no puede limitar o prohibir que el Estado tome medidas en función del interés nacional. Se señala además que la ley de consulta implica el riesgo de retrasar o detener el desarrollo del país”, indicó.
En ese sentido, el especialista señala que las “observaciones del Ejecutivo representan un peligroso retroceso que afectará las relaciones entre Estado y los pueblos indígenas”.
“Habrá que esperar las reacciones que se produzcan en el Congreso y cómo las organizaciones de comunidades defienden lo avanzado”, refirió.
El Informe también destaca la evolución de los conflictos vinculados a la actividad minera en las regiones de Arequipa y Lambayeque, dos regiones en las que las poblaciones comienzan a mostrar preocupación por proyectos como Tía María y La Zanja.
El informe también resume la situación de la minería en Piura, Cajamarca, Apurimac, Junín y Cusco y estará disponible en la internet en los próximos días y se puede solicitar a la dirección: prensa@cooperaccion.org.pe
Servindi

09 julio 2010

Miles acatan Paro de 48 horas por Crimen Ecológico de Angares

Más de dos mil representantes de organizaciones, gremios e instituciones de la provincia de Angaraes, región Huancavelica, realizaron ayer una marcha en Lircay, capital de la provincia, en el primer día de paro de 48 horas.La medida de protesta se adoptó en rechazo a la avalancha de residuos tóxicos provocada por el estallido de una presa de relaves de la empresa minera Caudalosa Chica.Carlos Candiotti Ordóñez, secretario del Comité de Fiscalización y dirigente nacional de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI Perú), señaló que la principal exigencia del paro preventivo es el cierre definitivo de la mina que opera Caudalosa Chica.

El citado Comité presentó una demanda penal contra la empresa y anunció que denunciará al Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), documento que viene siendo preparado por un equipo de abogados de la provincia. La demanda penal presentada ante la Fiscalía Provincial de Angaraes contra los directivos de la empresa minera Caudalosa Chica incluye el pedido de una indemnización de cien mil dólares para cada comunidad afectada.

Los relaves mineros han contaminado gravemente los ríos Opamayo, Urubamba, Cachi y Mantaro, que proveen de agua para el consumo humano, agrícola y ganadero a más de diez comunidades indígenas de la zona. El pueblo de Angaraes exige también la presencia de una Comisión de Alto Nivel conformada, entre otros, por los ministros de Energía y Minas, Pedro Sánchez Gamarra, y del Ambiente, Antonio Brack Egg, la Defensoría del Pueblo y el Gobierno Regional de Huancavelica, para que evalúe en el lugar de los hechos las consecuencias del derrame de relaves mineros.

Candiotti anunció que el Comité de Fiscalización denunciará también a los funcionarios responsables del sector Energía y Minas, la Dirección de Energía y Minas de Huancavelica y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERMIN). En los próximos días presentará una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA contra el Estado peruano,

Mientras tanto en Lima, congresistas de oposición anunciaron que exigirán la presencia de los ministros del Ambiente y de Energía y Minas en el Legislativo, para que expliquen las causas del desborde de relaves y las sanciones que se aplicarán. El Ministerio del Ambiente ha declarado en emergencia la zona y la Autoridad Nacional del Agua inició un proceso para sancionar a la minera Caudalosa Chica, producto del cual la empresa podría ser sancionada con una multa de 36 millones de nuevos soles, aproximadamente 12 millones de dólares.
Servindi

08 abril 2010

La maldición del Oro Madre de Dios un desastre ecológico

En el departamento de Madre de Dios, con una superficie de 8.5 millones de hectáreas existe una zona minera potencial con más de 627 mil hectáreas, con 1,951 derechos mineros vigentes, de los cuales más de 265 mil hectáreas con denuncios mineros están sobrepuestas con áreas naturales protegidas, tierras de comunidades nativas, concesiones maderables, de conservación, ecoturismo y reforestación. Esto será evidentemente una fuente renovada de conflictos entre colonos, nativos y los informales del oro.

La búsqueda de oro que existe en las orillas de antiguos cursos fluviales, más la explotación de oro en placeres auríferos aluviales en los ríos está provocando toda una tragedia ecológica que ha concitado el mayor interés ambiental ante la depredación de más de 18 mil hectáreas por año solamente en el departamento oriental que limita con el Brasil y Bolivia. Considerado como uno de los más pobres, sin embargo, tiene una riqueza ecológica de primer orden, tanto en lo forestal, en la biodiversidad, con un potencial turístico creciente en sus diversos parques y reservas naturales.

Si a ello se agrega que solamente 24 concesiones mineras tienen la llamada licencia ambiental, en un departamento donde se estima una extracción de oro anual superior a las 550 mil onzas de oro que utiliza de manera intensiva el mercurio en el proceso de amalgama, y cuyo derivado altamente tóxico, el metil mercurio, no se recupera en el proceso productivo estamos ante una tragedia ambiental que termina en un envenenamiento masivo en cadena de peces, animales, aire, suelos y personas.

Esta realidad se agudiza en razón de los altos precios del oro que superan los US$ 1,000 dólares la onza con tendencia al incremento, y del subempleo de miles de migrantes puneños y cuzqueños que ofertan su fuerza de trabajo en las peores condiciones laborales, y como en el Medio Oeste americano, con el sueño del éxito empresarial impera la ley del más fuerte, y el Estado resulta un ente pasivo ante la destrucción ecológica y la evasión de importantes recursos fiscales.

Según la información proporcionada por el ministro de Medio Ambiente en Madre de Dios se han detectado en las operaciones más de 550 cargadores frontales, volquetes Volvos, más de 150 dragas en los ríos que se valorizan entre 200 mil dólares a un millón de dólares, más de 800 chupaderas con motores que utilizan derivados del petróleo.

Se estima en más de 4,100 barriles diarios el consumo de diesel 2 y gasolinas que se utiliza preferentemente en las operaciones mineras intensivas en el uso de mercurio que sobrepasan los 30 mil kilos anuales.

De existir voluntad política y económica para formalizar una actividad ilegal que no tiene nada de artesanal ni de la pequeña minería, se debería ejercer mecanismos de mercado más una fuerte regulación en el control de los combustibles y en la licencia para el uso del mercurio. Por ello, creemos que el plan de solución expuesto por el señor ministro para una solución está condenado al fracaso.

Según la exposición realizada se debe:

1.Suspender los petitorios mineros.
2.Establecer las Zonas de Exclusión Minera.
3.Prohibir las dragas y similares en los ríos.
4.Formalizar las actividades mineras en las zonas permitidas.
5.Rehabilitar las áreas depredadas.
6.Comprometer a los sectores involucrados a participar en la solución.
7.Apoyar al gobierno regional de Madre de Dios para cumplir con sus funciones.
SERVINDI

07 abril 2010

Gobierno y grandes capitales son culpables de la minería informal

En diálogo con LA PRIMERA, el especialista en temas amazónicos Roger Rumrrill identificó a los verdaderos culpables del conflicto de la minería informal: Los gobiernos, porque dejaron que el problema creciera, y en particular la administración de Alan García que no tuvo la capacidad para resolverlo.

También el decreto de urgencia de formalización, que no fue dialogado ni difundido, los grandes mineros que no se mencionan y la burocracia corrupta del ministerio de energía y Minas.

¿Cuál es el análisis que usted hace de la minería informal?
Lo que se veía venir es esto. El desastre ambiental en Huaypetue (Madre de Dios) duró 20 años y esta explotación minera en Delta y Guacamayo es el resultado de dos años de extracción, es decir, durante este gobierno aprista, que no ha hecho nada por desmontar esta bomba social, ambiental y política.

¿Por qué no lo hizo?
Obsesionado por la gran minería, no ha mirado a la pequeña minería y ha dejado que en estos años haya una acumulación de superposiciones. Es decir, en una parcela forestal, el gobierno dio parcelas agrícolas y sobre éstas ha dado concesiones mineras.

¿Y la Dirección Regional de Minería de Madre de Dios?
Conversé con su director, Rony Pastor, en diciembre del año pasado y dijo que no podía hacer nada porque esto rebasaba sus posibilidades porque su Dirección eran él, su secretario y su camioneta. Mientras tanto, ya había 20 mil mineros informales sólo en esa región.

¿Cómo nace la idea de la formalización en el Ejecutivo?
El ministro Brack anuncia la prohibición de esta gran maquinaria. En tanto, las negociaciones fueron muy malas. Hasta ahora no se menciona a los causantes y hay por lo menos 100 grandes propietarios de parcelas que cuentan con 100 mil hectáreas y estos reclutan a centenares de mineros a los que llaman “invitados” y toman acuerdos: la mitad de oro para ti y la otra mitad para mí. Estos grandes propietarios son los que tienen las cuadrículas mineras y allí los ubican a los pequeños mineros.

¿Entonces los grandes mineros son los autores irresponsables de este caso?
Efectivamente y luego están los propietarios de las dragas que son los grandes capitalistas y luego los que abastecen de insumos químicos y nadie los ha tocado.

¿Entonces lo que el Estado ha hecho es dejar que estalle esta bomba de tiempo? ¿entonces el DU 012 es la chispa que encendió el bosque...?
A eso hay que agregarle el precio. Hace dos años, la onza costaba 200 dólares y ahora está a mil 100 dólares. Ahora se matan por eso.

Pero el gobierno dice que el 012 es sólo para Madre de Dios.
Pero el problema es que con la aplicación de los principios y normas de este decreto de urgencia se puede hacer extensivo a otras regiones. Por eso los mineros de Arequipa y Ayacucho dicen que, si aceptan, mañana aplican el decreto en sus regiones.

¿Qué hay detrás de estas leyes de formalización?
Creo que la formalización es una idea planteada por el ministro Brack pero con la anuencia de las empresas grandes que ahora están aplaudiendo.

Pero es necesaria la formalidad.
La formalización de esta gran minería bajo el control de grandes mineros con sistemas esclavistas de trabajo, es necesaria. Las dragas cuestan un millón de dólares pero que no carguen la culpa de manera demagógica a los pequeños porque detrás de ellos está el gran capital minero.

¿Sólo ellos están detrás de esta gran minería informal?
No. También están los funcionarios del ministerio de energía y Minas, que otorgan las concesiones y cuadrículas, las autorizaciones para operar las dragas y otros permisos.

¿Es posible que haya infiltrados en esta protesta minera?
Es posible pero han aceptado dialogar y formalizarse porque saben que es imposible no formalizarse y yo estoy de acuerdo con la idea de formalizar a los mineros pero lo que me parece mal es el procedimiento porque no es político. El gobierno debió dialogar y consultar con ellos este decreto de urgencia y no lo hizo. Igual ocurrió con el decreto legislativo que provocó el baguazo.

La Primera

12 febrero 2010

Alertan sobre minería ilegal en Tambogrande

A las poblaciones de Tambogrande, Suyo, Las Lomas y Sapillica les toca vivir una gran problemática social que viene dada por la contaminación ambiental, depredación de bosques, invasión de tierras, y personas que exponen su vida trabajando sin la menor precaución en la minería artesanal-informal, cuyos desechos van contaminando los causes de los ríos y las grandes extensiones de cultivo de Mango y Limón.
Según el alcalde de Tambogrande, Segundo Moreno, en dichas localidades los mineros artesanales no utilizan ninguna medida de protección durante la manipulación de reactivos químicos letales como el cianuro y el mercurio.
Moreno Pacherrez dio a conocer que son tres los centros poblados donde operan los mineros artesanales desde hace varios años. Afirmó que se reunirá con las Juntas de Regantes y organizaciones civiles para implementar el Decreto Supremo 027 que prohíbe toda actividad minera cerca de los ríos Quiroz y Chipillico.

Fuente: Enlace Nacional

19 noviembre 2009

Agricultores de Lambayeque reclaman contra actividades mineras en ríos de la región

Nuevamente los hombres del campo marchan contra minería en cabeceras de cuencas. Esta vez son los agricultores de los valles de la región lambayecana, los del Valle Chancay, los representantes de las municipalidades de las provincias de Santa Cruz y San Miguel de Cajamarca, así como las rondas campesinas y frentes de defensa. Ellos se movilizaron por las calles de Chiclayo para pedir la intermediación del gobierno regional de Lambayeque en su lucha por la defensa del agua y del medio ambiente, ante la amenaza de explotaciones mineras en la cabecera de la cuenca de los ríos que los abastecen.



Ellos fueron atendidos por el vicepresidente del gobierno regional, Luis Becerra; el gerente general, Marco Cardoso; y el director regional de agricultura, Leoncio Navarrete, a quienes les entregaron un memorial y plantearon la problemática de las mineras que perjudican el agua y el medio ambiente.

Según indicaron, es la Minera Buenaventura, con su proyecto La Zanja, la que está en la cuenca y perjudica los ríos Olmos, Cascajal, Motupe, La Leche, Chancay, Lambayeque y Zaña, que no sólo abastecen de agua a la agricultura, si no también el consumo poblacional de toda la región lambayecana. Refirieron también, que presentarán un memorial al gobierno central, al premier y al ministro del Medio Ambiente. Además, exigirán la solución de sus demandas en beneficio de la región Lambayeque.
Fuente: Enlace Nacional