COMISIÓN AGRARIA LE DIJO NO AL EJECUTIVO: “Estamos demostrando nuestro compromiso con el agro”, exclamó José León Rivera, presidente de la Comisión Agraria del Congreso de la República, luego que en su primera sesión descentralizada, que se desarrolló en Chiclayo el viernes último, el grupo de trabajo aprobara mantener la vigencia de la Ley PREDA.
La importancia de la norma radica en que a través de ella miles de agricultores en el país, que mantenían deudas con entidades de crédito, han tenido la oportunidad de refinanciar sus compromisos económicos y evitar de esta manera la pérdida de sus tierras por los remates y embargos.
Lograr la aprobación de la ley no fue tarea fácil. Por años los agricultores de país se movilizaron para que el Congreso atienda su pedido, hecho que se concretizó en septiembre del 2010, cuando con 69 votos a favor el legislativo dio luz verde al Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria - PREDA, otorgando un fondo de 50 millones de soles para su aplicación y estableciendo un año para su vigencia.
De los 50 millones, a la fecha, según los reportes alcanzados por la Asociación de Bancos del Perú – ASBANC, 30 millones han sido empleados por los agricultores, quedando 20 millones restantes que con el vencimiento del período de vigencia de norma habrían revertido al tesoro público. Sin embargo, en septiembre de este año el Poder Ejecutivo alcanzó un proyecto de Ley a la Comisión Agraria para suspender la vigencia del PREDA, aún cuando el 40% de los recursos asignados no habían sido empleados por los agricultores, dejando desprotegidos a gran parte de los cinco mil 800 hombres del campo a los que, desde su concepción, buscó beneficiar la norma.
DECISIÓN FIRME
Desde Chiclayo y con el quórum reglamentario para una sesión descentralizada, la Comisión Agraria, presidida por el congresista liberteño José León Rivera, tomó la coherente decisión de ampliar por 90 días más la efectividad de la ley, permitiendo de esta manera que aquellos pequeños agricultores que no pudieron acogerse al PREDA durante su primer año de vigencia, lo hagan ahora y así salvaguarden su propiedad.
“Es un acto trascendental, por cuanto como congresistas recogemos el pedido de los agricultores del país y reafirmamos el compromiso que tenemos con el agro. La Ley PREDA debe seguir vigente y todos somos llamados a vigilar su cumplimiento y que se logre el objetivo que tiene, como es la restructuración de la deuda agraria”, refirió León Rivera, quien dirigió la sesión desarrollada en las instalaciones de la Universidad de San Martín de Porres - Filial Norte.
Estuvieron presentes los congresistas, Kenji Fujimori Higuchi, Alejandro Aguinaga Recuenco, Héctor Becerril Rodríguez, Yehude Simon Munaro, Enrique Wong Pujada, Claudia Coari Mamani, Emiliano Apasa Condori, Wilder Ruiz Loayza, Agustín Molina Martínez y Virgilio Acuña Peralta.
PROBLEMAS AGRARIOS
La comisión también planteó atender la problemática generada a los productores algodoneros del país con la libre importación de la fibra de la India sin ningún tipo de gravamen, aún cuando el Perú o mantiene Tratado de Libre Comercio con el mercado hindú.
“Sólo se está haciendo eso para beneficiar a los textileros de Gamarra en Lima, pero ellos no son los únicos que existen en el Perú”, expresó el parlamentario Kenji Fujimori. En tanto, Yehude Simon señaló que las comunidades campesinas del norte reclaman la reforestación de sus cabeceras de cuenca a fin de garantizar la generación de recurso hídrico para la irrigación de los valles, así como ejercer acciones eficientes para frenar la contaminación de los afluentes y ríos por la actividad minera que se desarrolla en las regiones de la sierra.
Simon expuso la necesidad de atender también la situación económica de los agricultores, quienes se ven afectados por el incremento constante en el precio de los fertilizantes como la urea, cuya importación es manejada en el país únicamente por dos empresas.
“Lambayeque tiene una buena experiencia que puede replicarse en otras partes del país, toda vez que una junta de usuarios de manera organizada pudo adquirir urea en grandes cantidades para venderla entre sus agremiados a un precio más accesible que el que ofrecen las importadoras”, refirió el legislador.
La propuesta de Simon Munaro fue respaldada por el congresista Agustín Molina, quien consideró necesario que los representantes de las importadoras de urea en el país sean convocados a la Comisión Agraria en su próxima sesión, a fin de que expliquen por qué el precio del fertilizante se incrementa cada vez que se inician las campañas de siembra perjudicando directamente a los pequeños productores.
ACCIONES AZUCARERAS
Más enfático fue el parlamentario Héctor Becerril Rodríguez al sostener que era obligación del grupo de trabajo citar al presidente de Proinversión, Jorge León, para que explique qué acciones ha emprendido hasta el momento el organismo para hacer efectiva la transferencia de las acciones que posee el Estado en las empresas azucareras Pomalca, Tumán y Cayaltí a favor de los trabajadores, como pago de sus acreencias laborales, en razón de que dicha norma, dada por el gobierno anterior, tiene plazo vigente hasta el 31 de diciembre de este año y hasta el momento no se sabe cómo se viene dando el proceso.
RECORTE PRESUPUESTAL
Los parlamentarios se mostraron de acuerdo, por unanimidad, en pedir al Ministro de Agricultura, Miguel Caillaux y al titular de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, explicaciones sobre la reducción del presupuesto asignado para agricultura para el próximo año, en razón de que esto tiene impacto directo en el desarrollo del sector.
“Es una preocupación latente la que se está presentando, por cuanto nos extraña que siendo el agro el sector más importante del país se le haya recortado el presupuesto para el próximo año”, aseveró León Rivera.
En tanto el parlamentario Enrique Wong señaló que el Estado debe invertir más en obras de irrigación y prevención de desastres que afectan a la agricultura, más aún porque quedó desactivado el Programa de Encauzamiento de Ríos y Protección de Estructuras de Captación – PERPEC, que era el único que recibía recursos destinados para tal fin.
DEUDA DEL ESTADO
Durante la sesión descentralizada de la Comisión Agraria del Congreso de la República, también participó el presidente regional Humberto Acuña Peralta, quien resumiendo la problemática del agro en Lambayeque afirmó que el Estado mantiene una gran deuda con el sector, exhortando a los parlamentarios a legislar y promover el incremento presupuestal.
“Los agricultores siguen sin tener titulación en sus tierras, enfrentan problemas por falta de tecnología y asistencia técnica y, sobre todo, tienen que hacer frente a la carencia de recurso hídrico que nos afecta. El Estado tiene una gran deuda con la agricultura y el deber de los congresistas debe ser legislar para que el sector reciba mayor atención y apoyo”, exclamó el mandatario regional.
Acuña Peralta indicó que Lambayeque tiene grandes potencialidades agrarias, no sólo por poseer el valle más extenso del país, como es el Chancay – Lambayeque, sino también por tener características de suelo y clima que le dan ventaja frente a otras regiones, y por estar próxima la puesta en marcha del Proyecto Hidroenergético Olmos.
“Lambayeque enfrenta un serio problema de salinización de tierras y es necesaria la zonificación de cultivos para evitar la sobreproducción de arroz, por ejemplo. Los agricultores requieren de mayores capacidades para asociarse, competir y crecer juntos, esa es una tarea pendiente que como autoridades estamos obligados a ejecutar”, indicó el gobernante.
NO AL MONOPOLIO
Durante la participación de los gremios, destacó la posición firme que sentó el presidente de la Federación de Trabajadores Azucareros – FETAP, Demetrio Ruiz, al invocar a los parlamentarios a que pongan fin a la expansión de la propiedad agrícola concentrada en grupos empresariales que generan monopolios en el país.
El dirigente citó el ejemplo del Grupo Gloria, que entre las regiones Ancash y La Libertad concentra más de 61 mil hectáreas de terreno, lo que permite a la empresa decidir libremente el encarecimiento del precio del azúcar en el mercado nacional.
“Debe ponerse fin al megafundio que los grupos de poder económico vienen implantando en el país, convirtiéndose en devoradores de la competencia en la producción de azúcar en el mercado nacional a vista y contemplación de las autoridades del gobierno. El presidente Ollanta Humala se comprometió a acabar con esta suerte de gamonalismo agrario y debe cumplir”, expresó con énfasis.
Por otro lado, el dirigente saludó la iniciativa del congresista Héctor Becerril para que el presidente de Proinversión acuda al Congreso a explicar cómo se viene desarrollando el proceso de transferencia de las acciones que mantiene el Estado en las empresas agroindustriales de Lambayeque a favor de los trabajadores, y aseveró que la FETAP respalda la lucha de los azucareros de Andahuasi, rechazando la intromisión política en el asunto de la empresa, tal como ha quedado evidenciado con el caso del segundo vicepresidente de la República, Omar Chehade.
INVESTIGACIÓN URGENTE
Del mismo modo, el presidente de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, Carlos Peña Relúz, se pronunció sobre la devolución de los beneficios sociales a los trabajadores de la industria azucarera, así como a la reorganización y modernización del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, y del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI.
“No es posible que el INIA se haya convertido en un elefante blanco porque ha dejado de investigar, de generar innovación para el sector, aún cuando existe mucho qué hacer por el agro. Lo mismo sucede con el PSI. En el Perú somos más de nueve millones de agricultores y queremos que el Estado atienda nuestras demandas, que los funcionarios de las Autoridades Administrativas del Agua sean seleccionados por concurso público, pero también que los gobiernos regionales se preocupan más por los agricultores”, aseveró Peña Relúz.
Semanario Expresión
La COP21 fue un ejemplo contundente de hasta qué punto los Millennials se están haciendo cargo del futuro del planeta. Según una encuesta, el 65% de ellos se cree capaz de hacer algo por el cambio climático, y muchos ya vienen participando activamente de esta transformación, como miembros oficiales de distintas delegaciones y ONGs, en representación de un movimiento juvenil mundial mucho más amplio.
