Hace unas semanas una investigación realizada por IDL-Reporteros puso la alerta sobre el peligro en que se encuentran los bosques de nuestra Amazonía. Si bien, la devastación que causa la minería ilegal en Madre de Dios causa un serio perjuicio al pulmón de nuestro país, hay además otra amenaza. Este es el caso de la palma aceitera, un cultivo promovido como alternativa de recuperación de terrenos deforestados, ocupados por la coca, desde hace muchos años.
La amenaza consiste en los cuatro proyectos del Grupo Palmas, grupo que forma parte del Grupo Romero, que eliminarían más de 23 mil hectáreas de bosques primarios. El Grupo Palmas inició sus actividades con Palmas del Espino en el Alto Huallaga en 1979. Ahora, presenta cuatro nuevos proyectos: Tierra Blanca, Santa Catalina, Santa Cecilia y Manití que, como señala la ONG inglesa Enviromental Investigation Agency, implicaría la deforestación de 23 mil 143 hectáreas de bosques primarios y bosques de producción permanente. Sin embargo, esta cifra corresponde a 6 mil 424 hectáreas más de las que el Grupo Palmas reconoce en sus estudios.
Todo esto ocurre por ciertos factores que deberían remediarse de inmediato. Por ejemplo, el hecho de que existan contradicciones entre unas leyes y otras y la falta de aprobación del reglamento para que la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre entre en vigencia. Sólo así el Ministerio de Ambiente podrá tener una opinión vinculante en estos temas que le atañen directamente, y no dejará toda la decisión al Ministerio de Agricultura como actualmente sucede.
El caso del Grupo Palmas se explica justamente por estos vacíos que permiten ciertas maniobras. El proyecto no debería expandirse a los bosques primarios o bosques vírgenes donde no ha intervenido el ser humano. Sin embargo, pese a que estos últimos se encuentran protegidos legalmente en nuestro país, se considera que si el suelo de uno de estos boques es apto para la agricultura puede ser deforestado mediante la tala, la quema, etc. Por ello urge la aprobación del reglamento de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Si bien en los Estudios de Impacto Ambiental presentados por el Grupo Palmas, 20 mil 947 hectáreas de las que quieren deforestar son bosques primarios, los representantes de la empresa han negado a IDL-Reporteros
que fueran a entrar a los mismos. Sin embargo, la alerta continúa porque este grupo ya ha obtenido un permiso parcial por parte del Ministerio de Agricultura para uno de sus cuatro proyectos. Mucho cuidado con eso.
No sólo alarma el permiso parcial concedido al Grupo Palmas, lo cual motivó la preocupación del Ministerio de Ambiente que envió un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros con la finalidad de alertarlos sobre este problema; sino también el hecho de que se trata de un grupo que tiene ciertas demandas judiciales sin resolver, como aquella interpuesta por la procuraduría de delitos ambientales del Ministerio de Ambiente y la Fiscalía especializada en materia ambiental de San Martín, por haber deforestado mil 900 hectáreas de bosques al pretender expandir su frontera agrícola.
Las revelaciones presentadas en IDL-Reporteros cobran relevancia toda vez que ha habido una intención de eliminar, durante las últimas semanas, la minería informal e ilegal, de modo que se pueda preservar nuestros recursos naturales. Sin embargo, también cabe prestar atención a estas maniobras que emplean ciertas empresas para hacerse de mucho dinero a costa de dañar irreversiblemente nuestro territorio, en este caso con la siembra indiscriminada de palma aceitera.
Otra Mirada
Todo esto ocurre por ciertos factores que deberían remediarse de inmediato. Por ejemplo, el hecho de que existan contradicciones entre unas leyes y otras y la falta de aprobación del reglamento para que la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre entre en vigencia. Sólo así el Ministerio de Ambiente podrá tener una opinión vinculante en estos temas que le atañen directamente, y no dejará toda la decisión al Ministerio de Agricultura como actualmente sucede.
El caso del Grupo Palmas se explica justamente por estos vacíos que permiten ciertas maniobras. El proyecto no debería expandirse a los bosques primarios o bosques vírgenes donde no ha intervenido el ser humano. Sin embargo, pese a que estos últimos se encuentran protegidos legalmente en nuestro país, se considera que si el suelo de uno de estos boques es apto para la agricultura puede ser deforestado mediante la tala, la quema, etc. Por ello urge la aprobación del reglamento de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Si bien en los Estudios de Impacto Ambiental presentados por el Grupo Palmas, 20 mil 947 hectáreas de las que quieren deforestar son bosques primarios, los representantes de la empresa han negado a IDL-Reporteros
que fueran a entrar a los mismos. Sin embargo, la alerta continúa porque este grupo ya ha obtenido un permiso parcial por parte del Ministerio de Agricultura para uno de sus cuatro proyectos. Mucho cuidado con eso.
No sólo alarma el permiso parcial concedido al Grupo Palmas, lo cual motivó la preocupación del Ministerio de Ambiente que envió un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros con la finalidad de alertarlos sobre este problema; sino también el hecho de que se trata de un grupo que tiene ciertas demandas judiciales sin resolver, como aquella interpuesta por la procuraduría de delitos ambientales del Ministerio de Ambiente y la Fiscalía especializada en materia ambiental de San Martín, por haber deforestado mil 900 hectáreas de bosques al pretender expandir su frontera agrícola.
Las revelaciones presentadas en IDL-Reporteros cobran relevancia toda vez que ha habido una intención de eliminar, durante las últimas semanas, la minería informal e ilegal, de modo que se pueda preservar nuestros recursos naturales. Sin embargo, también cabe prestar atención a estas maniobras que emplean ciertas empresas para hacerse de mucho dinero a costa de dañar irreversiblemente nuestro territorio, en este caso con la siembra indiscriminada de palma aceitera.
Otra Mirada
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