Clara en sus apreciaciones, la presidenta de la Junta de Fiscales, Carmen Miranda Vidaurre, sostiene que las investigaciones iniciadas en relación a los proyectos de saneamiento en Lambayeque y Chiclayo deben ser céleres y efectivas a fin de sancionar a los verdaderos responsables de la mala ejecución de estos y los presuntos delitos medioambientales y contra la salud generados a partir de la exposición de aguas servidas en las calles de ambas ciudades.
Empero, la fiscal decana refiere que la ciudadanía no puede asumir que el Ministerio Público es la única institución con capacidad de actuar ante las irregularidades que se estarían presentando en las obras de Lambayeque a cargo de los consorcios “San Pedro” y “Santiago”, y en la capital departamental encargadas al consorcio “Chiclayo”.
“Nosotros como Ministerio Público no tenemos la función de controlar o supervisar cómo es que se realizan las licitaciones de las obras y mucho menos de qué manera se ejecutan, hacer eso sería convertirnos en fiscalizadores de todo y eso no es bueno para la tranquilidad de la ciudanía. Cuando los vecinos elegimos una autoridad lo hacemos porque confiamos en ella, no porque sospechamos de ella, y lamentablemente ahora se sospecha de todo. El rol de los ciudadanos es confiar en su autoridad hasta que surjan indicios de irregularidades o corrupción, ante lo cual recién puede actuar el Ministerio Público, pero también la Contraloría y otros organismos que sí están llamados a vigilar la transparencia de los procedimientos públicos”, comenta.
Carmen Miranda añade que el poblador, que aún considera que todas las presunciones deben terminar en denuncia y sanción penal, debe entender que el Ministerio Pública únicamente es el persecutor del delito. “La prevención, en estos casos, está en manos de los órganos de control del Estado que deben actuar desde el momento en que se inicia un proceso de selección o contratación entre entidades públicas y empresas existiendo de por medio recursos públicos. La fiscalía actúa cuando el delito ya se cometió”, explica.
ASUNTOS A INVESTIGAR
A fines del 2012, la Procuraduría Pública Municipal de Chiclayo formuló las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público por el hallazgo de una docena de cartas fianzas falsas presentadas a la comuna por empresas contratistas con el propósito de hacerse de diversas licitaciones para la ejecución de obras. Entre las cartas figuran las del Consorcio Supervisor Chiclayo, responsable de la supervisión de la millonaria obra de saneamiento básico en el centro de la ciudad.
En tanto el 28 de febrero pasado la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lambayeque, con disposición N° 03, determinó que existen razones de peso para que se inicie la investigación preparatoria a los funcionarios municipales y responsables del consorcio “San Pedro” por la ejecución de los trabajos de renovación y ampliación de las redes de agua y alcantarillado en la ciudad de Lambayeque; así como a los funcionarios de EPSEL y el consorcio “Santiago”, ejecutores de la renovación de los colectores Sur y Castilla de la “Ciudad Evocadora” por la presunta comisión de delitos como contaminación del ambiente, contaminación de bienes o insumos destinados al uso o consumo humano, y colusión. “Hay investigaciones ya en marcha y estas deberán dar sus resultados”, señala la titular del Ministerio Público en Lambayeque, quien considera que la ciudadanía debe evaluar el rol que cumple cada órgano de control y si estos cumplen con su labor en defensa de los intereses de la ciudadanía y el Estado.
POSTURA FISCAL
Si bien la presidenta de la Junta de Fiscales deja clara la responsabilidad que tiene los organismos supervisores, reconoce también que la inexistencia de una fiscalía especializada en materia medioambiental limita la función preventiva frente a la comisión de delitos por contaminación, como los que se generarían con las obras de saneamiento en ejecución tanto en Lambayeque como en Chiclayo.
“Pese a la limitación hacemos todo lo necesario, lo posible, pero muchas veces se escapa de nuestras manos abarcar tantas deficiencias de naturaleza administrativa que tienen los alcaldes y allí está, por ejemplo, el distrito José Leonardo Ortiz lleno de basura, falta de limpieza pública y otros problemas que se ven en todo lugar al que concurrimos. Pero hay que ser francos y reconocer que no todo puede ser responsabilidad de las autoridades, los ciudadanos debemos tener clara la visión de la ciudad en la que queremos vivir y contribuir a que esta sea mejor. La tranquilidad de los vecinos de Chiclayo y Lambayeque se ha visto superada por la deficiencia e ineptitud de las autoridades, pero también por sus propios errores como colectividad”, indica.
Carmen Miranda refiere que con el puntual trabajo de los fiscales en las investigaciones iniciadas se buscará sanción para los responsables de los malos trabajos en las obras de saneamiento, cuyo impacto negativo en la ciudadanía, el ornato y las actividades comerciales son preocupantes.
“Ante los problemas presentados para las autoridades es fácil deslindar responsabilidades y señalar a otros, sin embargo con una buena investigación vamos a dar con los responsables y buscar una sanción en la medida que sus actos estén previstos como delitos, pero también debe tenerse en cuenta que no todos los hechos son delitos y por el contrario deben ser canalizados administrativamente, donde el Ministerio Público no tiene nada que ver. Nosotros no podemos sobrepasar nuestras atribuciones y asumir funciones que le competen a otros entes”, manifiesta.
En tal sentido, la autoridad del Ministerio Público refiere que los fiscales deben actuar con celeridad. “He dado algunas instrucciones a los fiscales para que actúen de inmediato e identifiquen a los autores de la penosa situación que atraviesan Chiclayo y Lambayeque. Todos sabemos que hay empresas que no han cumplido, que las obras han estado o están abandonadas y que los supervisores no están desempeñándose adecuadamente, lo que está generando graves problemas a los que el Ministerio Público no puede ser ajeno”, señala.
META ANUAL
Por otro lado, en relación a lo proyectado para este año por el Ministerio Público de Lambayeque respecto a la resolución de casos, Miranda Vidaurre sostiene que la meta es llegar a dos puntos más sobre la meta alcanzada en el 2012, cuando ella se desempeñó como fiscal coordinadora del distrito judicial. Quiere decir que para este año se estima que los fiscales resolverán el 87% de las denuncias que se presenten asegurando la celeridad y eficacia que el Nuevo Código Procesal Penal garantiza a los ciudadanos.
Desde abril del 2009, en que se implementó el Nuevo Código en Lambayeque, a enero de este año, se han logrado seis mil 700 condenas gracias al trabajo fiscal, 20 de las cuales, en el 2012, fueron a cadena perpetua por casos como violación de menores y robo agravado. En estos casi cuatro años el Ministerio Público en su ámbito regional ha resuelto 86 mil 80 casos, exponiendo como otros logros un total de tres mil 467 cuadernos de ejecución de sentencia. Miranda Vidaurre, quien entre el 2009 y el 2010 presidió por primera vez la Junta de Fiscales de Lambayeque, indica que uno de los lineamientos de su política de gestión es que el fiscal esté a tiempo en los sucesos que se presentan, sobre todo en los que hay que recoger evidencia criminal que servirá como base de la investigación.
“A veces la población se puede quejar de algunas deficiencias que nosotros aceptamos, toda vez que estamos en un proceso de implementación del Nuevo Código Procesal Penal porque recién tenemos cuatro años desde que se aplicó su uso y sobre todo porque muchos de los fiscales con los que iniciamos el proceso han sido reemplazados por fiscales titulares que tiene que seguir adaptándose al nuevo sistema”, explica.
Resultados de la eficiencia lograda en el Ministerio Público de Lambayeque es que el año pasado 14 despachos fiscales de la jurisdicción se hicieron acreedores del bono de productividad siendo reconocidos a nivel nacional. “Desde mi cargo como presidenta de la junta no dirijo el trabajo de los fiscales, pues ellos gozan de total independencia en su trabajo. Sin embargo, es bueno que ellos sepan cuáles son las demandas de la población, las quejas que esta tiene y cómo perciben la labor que ellos desempeñan”, señala.
CONTRA LA CRIMINALIDAD
El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público ha identificado, tras evaluar los informes alcanzados por los fiscales de Lambayeque, cinco “puntos calientes” de incidencia delictiva en la región. Estos puntos son, además de espacios geográficos determinados, problemas como delincuencia común, microcomercialización de drogas y trata de personas.
“Hemos elaborado un plan operativo anual para atacar todos esos puntos y necesitamos, lógicamente, la colaboración de la Policía Nacional, porque nosotros no tenemos ni el equipamiento ni la fuerza que esta posee. Hasta el momento nuestras actividades respecto a la lucha contra la delincuencia no han sido incluidas en el Plan Regional de Seguridad Ciudadana que tiene el consejo que lidera el Gobierno Regional, pero confiamos en que esto se dará en las próximas semanas porque ya se ha informado sobre la estrategia que desarrollamos nosotros”, refiere.
Precisamente en relación al desempeño del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, Miranda Vidaurre lamenta que ya no se ejecuten evaluaciones trimestrales como se realizaban cuando presidía el gobierno lambayecano Nery Saldarriaga de Kroll, lo que posibilitaba la medición de resultados conjuntos con el trabajo de todas las instituciones participantes.
“Un plan de seguridad lo puede presentar cualquiera, pero el asunto está en las acciones y resultados que se tienen. Yo considero que está faltando control, seguimiento, monitoreo e informes periódicos de lo que se está haciendo. Se necesita más articulación del trabajo que realiza cada institución de manera independiente”, asevera la presidenta de la Junta de Fiscales.
+ NOTICIAS
• Los fiscales César Bravo Llaque, Giovana Del Río Carreño, Marena Mendoza Sánchez, Mariana Vásquez Zagaceta y Mercedes Pintado Delgado disputan las tres plazas para titulares superiores (dos penales y una civil), al ser los únicos que calificaron las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura.
• El Distrito Judicial de Lambayeque tiene 185 fiscales.
• Para este año se tiene programada la construcción del Módulo Básico de Justicia de José Leonardo Ortiz.
Semanario Expresión
Empero, la fiscal decana refiere que la ciudadanía no puede asumir que el Ministerio Público es la única institución con capacidad de actuar ante las irregularidades que se estarían presentando en las obras de Lambayeque a cargo de los consorcios “San Pedro” y “Santiago”, y en la capital departamental encargadas al consorcio “Chiclayo”.“Nosotros como Ministerio Público no tenemos la función de controlar o supervisar cómo es que se realizan las licitaciones de las obras y mucho menos de qué manera se ejecutan, hacer eso sería convertirnos en fiscalizadores de todo y eso no es bueno para la tranquilidad de la ciudanía. Cuando los vecinos elegimos una autoridad lo hacemos porque confiamos en ella, no porque sospechamos de ella, y lamentablemente ahora se sospecha de todo. El rol de los ciudadanos es confiar en su autoridad hasta que surjan indicios de irregularidades o corrupción, ante lo cual recién puede actuar el Ministerio Público, pero también la Contraloría y otros organismos que sí están llamados a vigilar la transparencia de los procedimientos públicos”, comenta.
Carmen Miranda añade que el poblador, que aún considera que todas las presunciones deben terminar en denuncia y sanción penal, debe entender que el Ministerio Pública únicamente es el persecutor del delito. “La prevención, en estos casos, está en manos de los órganos de control del Estado que deben actuar desde el momento en que se inicia un proceso de selección o contratación entre entidades públicas y empresas existiendo de por medio recursos públicos. La fiscalía actúa cuando el delito ya se cometió”, explica.
ASUNTOS A INVESTIGAR
A fines del 2012, la Procuraduría Pública Municipal de Chiclayo formuló las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público por el hallazgo de una docena de cartas fianzas falsas presentadas a la comuna por empresas contratistas con el propósito de hacerse de diversas licitaciones para la ejecución de obras. Entre las cartas figuran las del Consorcio Supervisor Chiclayo, responsable de la supervisión de la millonaria obra de saneamiento básico en el centro de la ciudad.
En tanto el 28 de febrero pasado la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lambayeque, con disposición N° 03, determinó que existen razones de peso para que se inicie la investigación preparatoria a los funcionarios municipales y responsables del consorcio “San Pedro” por la ejecución de los trabajos de renovación y ampliación de las redes de agua y alcantarillado en la ciudad de Lambayeque; así como a los funcionarios de EPSEL y el consorcio “Santiago”, ejecutores de la renovación de los colectores Sur y Castilla de la “Ciudad Evocadora” por la presunta comisión de delitos como contaminación del ambiente, contaminación de bienes o insumos destinados al uso o consumo humano, y colusión. “Hay investigaciones ya en marcha y estas deberán dar sus resultados”, señala la titular del Ministerio Público en Lambayeque, quien considera que la ciudadanía debe evaluar el rol que cumple cada órgano de control y si estos cumplen con su labor en defensa de los intereses de la ciudadanía y el Estado.
POSTURA FISCAL
Si bien la presidenta de la Junta de Fiscales deja clara la responsabilidad que tiene los organismos supervisores, reconoce también que la inexistencia de una fiscalía especializada en materia medioambiental limita la función preventiva frente a la comisión de delitos por contaminación, como los que se generarían con las obras de saneamiento en ejecución tanto en Lambayeque como en Chiclayo.
“Pese a la limitación hacemos todo lo necesario, lo posible, pero muchas veces se escapa de nuestras manos abarcar tantas deficiencias de naturaleza administrativa que tienen los alcaldes y allí está, por ejemplo, el distrito José Leonardo Ortiz lleno de basura, falta de limpieza pública y otros problemas que se ven en todo lugar al que concurrimos. Pero hay que ser francos y reconocer que no todo puede ser responsabilidad de las autoridades, los ciudadanos debemos tener clara la visión de la ciudad en la que queremos vivir y contribuir a que esta sea mejor. La tranquilidad de los vecinos de Chiclayo y Lambayeque se ha visto superada por la deficiencia e ineptitud de las autoridades, pero también por sus propios errores como colectividad”, indica.
Carmen Miranda refiere que con el puntual trabajo de los fiscales en las investigaciones iniciadas se buscará sanción para los responsables de los malos trabajos en las obras de saneamiento, cuyo impacto negativo en la ciudadanía, el ornato y las actividades comerciales son preocupantes.
“Ante los problemas presentados para las autoridades es fácil deslindar responsabilidades y señalar a otros, sin embargo con una buena investigación vamos a dar con los responsables y buscar una sanción en la medida que sus actos estén previstos como delitos, pero también debe tenerse en cuenta que no todos los hechos son delitos y por el contrario deben ser canalizados administrativamente, donde el Ministerio Público no tiene nada que ver. Nosotros no podemos sobrepasar nuestras atribuciones y asumir funciones que le competen a otros entes”, manifiesta.
En tal sentido, la autoridad del Ministerio Público refiere que los fiscales deben actuar con celeridad. “He dado algunas instrucciones a los fiscales para que actúen de inmediato e identifiquen a los autores de la penosa situación que atraviesan Chiclayo y Lambayeque. Todos sabemos que hay empresas que no han cumplido, que las obras han estado o están abandonadas y que los supervisores no están desempeñándose adecuadamente, lo que está generando graves problemas a los que el Ministerio Público no puede ser ajeno”, señala.
META ANUAL
Por otro lado, en relación a lo proyectado para este año por el Ministerio Público de Lambayeque respecto a la resolución de casos, Miranda Vidaurre sostiene que la meta es llegar a dos puntos más sobre la meta alcanzada en el 2012, cuando ella se desempeñó como fiscal coordinadora del distrito judicial. Quiere decir que para este año se estima que los fiscales resolverán el 87% de las denuncias que se presenten asegurando la celeridad y eficacia que el Nuevo Código Procesal Penal garantiza a los ciudadanos.
Desde abril del 2009, en que se implementó el Nuevo Código en Lambayeque, a enero de este año, se han logrado seis mil 700 condenas gracias al trabajo fiscal, 20 de las cuales, en el 2012, fueron a cadena perpetua por casos como violación de menores y robo agravado. En estos casi cuatro años el Ministerio Público en su ámbito regional ha resuelto 86 mil 80 casos, exponiendo como otros logros un total de tres mil 467 cuadernos de ejecución de sentencia. Miranda Vidaurre, quien entre el 2009 y el 2010 presidió por primera vez la Junta de Fiscales de Lambayeque, indica que uno de los lineamientos de su política de gestión es que el fiscal esté a tiempo en los sucesos que se presentan, sobre todo en los que hay que recoger evidencia criminal que servirá como base de la investigación.
“A veces la población se puede quejar de algunas deficiencias que nosotros aceptamos, toda vez que estamos en un proceso de implementación del Nuevo Código Procesal Penal porque recién tenemos cuatro años desde que se aplicó su uso y sobre todo porque muchos de los fiscales con los que iniciamos el proceso han sido reemplazados por fiscales titulares que tiene que seguir adaptándose al nuevo sistema”, explica.
Resultados de la eficiencia lograda en el Ministerio Público de Lambayeque es que el año pasado 14 despachos fiscales de la jurisdicción se hicieron acreedores del bono de productividad siendo reconocidos a nivel nacional. “Desde mi cargo como presidenta de la junta no dirijo el trabajo de los fiscales, pues ellos gozan de total independencia en su trabajo. Sin embargo, es bueno que ellos sepan cuáles son las demandas de la población, las quejas que esta tiene y cómo perciben la labor que ellos desempeñan”, señala.
CONTRA LA CRIMINALIDAD
El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público ha identificado, tras evaluar los informes alcanzados por los fiscales de Lambayeque, cinco “puntos calientes” de incidencia delictiva en la región. Estos puntos son, además de espacios geográficos determinados, problemas como delincuencia común, microcomercialización de drogas y trata de personas.
“Hemos elaborado un plan operativo anual para atacar todos esos puntos y necesitamos, lógicamente, la colaboración de la Policía Nacional, porque nosotros no tenemos ni el equipamiento ni la fuerza que esta posee. Hasta el momento nuestras actividades respecto a la lucha contra la delincuencia no han sido incluidas en el Plan Regional de Seguridad Ciudadana que tiene el consejo que lidera el Gobierno Regional, pero confiamos en que esto se dará en las próximas semanas porque ya se ha informado sobre la estrategia que desarrollamos nosotros”, refiere.
Precisamente en relación al desempeño del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, Miranda Vidaurre lamenta que ya no se ejecuten evaluaciones trimestrales como se realizaban cuando presidía el gobierno lambayecano Nery Saldarriaga de Kroll, lo que posibilitaba la medición de resultados conjuntos con el trabajo de todas las instituciones participantes.
“Un plan de seguridad lo puede presentar cualquiera, pero el asunto está en las acciones y resultados que se tienen. Yo considero que está faltando control, seguimiento, monitoreo e informes periódicos de lo que se está haciendo. Se necesita más articulación del trabajo que realiza cada institución de manera independiente”, asevera la presidenta de la Junta de Fiscales.
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• Los fiscales César Bravo Llaque, Giovana Del Río Carreño, Marena Mendoza Sánchez, Mariana Vásquez Zagaceta y Mercedes Pintado Delgado disputan las tres plazas para titulares superiores (dos penales y una civil), al ser los únicos que calificaron las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura.
• El Distrito Judicial de Lambayeque tiene 185 fiscales.
• Para este año se tiene programada la construcción del Módulo Básico de Justicia de José Leonardo Ortiz.
Semanario Expresión
