Tercer derrame de crudo en la Amazonía en lo que va del año
El nuevo derrame de petróleo registrado en Loreto constituye otro desastre ambiental más en la AmazonÍa peruana. Lo increíble es que no es la primera vez —ni será la última— que algo así sucede. Ya son, según el Organismo Supervisor de Energía y Minas (Osinergmin), ¡37 veces! que ocurre semejante tragedia ambiental en los últimos 25 años; y solo entre 2011 y el 2016 ya suman más de 20. No obstante, la izquierda y los ecologistas radicales que han paralizado varias inversiones mineras (entre ellas Conga y Tía María) guardan un silencio indolente. La tolerancia del ecologismo radical con la catástrofe de Petroperú nos demuestra que en realidad estos grupos no buscan proteger el medio ambiente, sino cambiar el modelo económico.
Pero resulta que Petroperú, por aprobación de una mayoría en el Congreso, también gestionará el Lote 192 y llevará adelante el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, cuyo costo representa la friolera de 3,500 millones de dólares. Nos preguntamos entonces, ¿cómo esta empresa estatal, con incapacidad comprobada, sacará adelante tan importantes proyectos si no puede asumir siquiera el mantenimiento de sus oleoductos? ¿Qué dice el ecologismo radical ante todo esto?
El derrame de crudo, como lo ha confirmado la compañía petrolera estatal, ocurrió en el kilómetro 213 del primer tramo del Oleoducto Nor Peruano, en el distrito de Barranca, en la provincia loretana de Datem del Marañón. Hasta el momento los funcionarios de Petroperú, a través de un comunicado, han señalado que ya se inició el plan de contingencia; sin embargo aún no han determinado el alcance ni mucho menos el impacto de esta nueva tragedia en la flora y fauna, así como en las comunidades nativas aledañas. Vale resaltar que ya son tres veces en lo que va del año que sucede tamaña desgracia.
¿Cuál podría ser la razón de esta nueva tragedia ambiental y social? Quizá la respuesta sea la misma que dio el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental cuando ocurrió el derrame de crudo en febrero de este año, que perjudicó a 16 comunidades campesinas en el distrito de Morona (Loreto), en el tramo dos del Oleoducto. Según la OEFA, las tuberías del tramo dos que transportaban el crudo estaban corroídas y sin el mantenimiento adecuado. En aquel entonces, de forma sorprendente, las autoridades de Petroperú trataron de negar lo evidente y sostuvieron que el derrame de 2,000 barriles de petróleo se dio por “causas naturales”. Un reciente informe periodístico señala que en esta tragedia Petroperú habría “bombeado” crudo sin la aprobación de la OEFA. Si la información es válida, entonces Petroperú se ha zurrado a las leyes del propio Estado.
La aventura de la petrolera estatal no solo ha sido un fiasco medioambiental, sino también social. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ha encontrado alta concentración de cadmio y mercurio (por encima del límite máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud) en la sangre de niños pertenecientes a las comunidades Awajum, Candoshi, y Kukama Camaria, aledañas a las tuberías del oleoducto en manos de Petroperú. A la terrible realidad social y ambiental que viven las comunidades nativas, se suman el drama económico. Los planes de mitigación contra el derrame de crudo apenas han funcionado, y hoy en aquellos ríos —otrora llenos de peces— solo hay residuos de petróleo.
Este nuevo crimen contra la Amazonía y las comunidades nativas debe servir para que el próximo gobierno no se embarque en aventuras estatistas. Y de paso para conocer muy bien la catadura moral de los ambientalistas radicales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario