La estrategia del gobierno contra la minería ilegal avanza muy lentamente, a pesar de la gravedad del problema menos del 1% de mineros se han formalizado, son insuficientes las interdicciones e ineficiente el control de insumos, y a pesar de la depredación por más de 80 años de nuestra Amazonía, no hay un solo capo de la mafia minera ilegal encarcelado.
Pero además, es preocupante que no se considere como parte esencial de esta problemática los pasivos ambientales mineros (PAM) –considerados una dimensión no visibilizada de la minería– generados durante décadas por antiguas mineras –estatales y privadas– cerradas y abandonadas, cuyos residuos (relaveras, bocaminas, escorias, sulfatos, ácidos y óxidos minerales) discurren durante períodos de lluvias como torrentes amarillentos y rojizos contaminando cabeceras de cuencas, ríos, suelos, causando graves daños en la salud poblacional, la agricultura, ganadería y ecosistema circundante.
El inventario inicial del Ministerio de Energía y Minas aprobado el 2006 (RM 290-2006-MEM/DM) registra 850 PAM e increíblemente solo se asignaron S/. 3 millones para su remediación, a pesar que según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) se requerirían como mínimo S/. 660 millones.
En los siguientes inventarios los PAM se incrementaron exponencialmente, pero lamentablemente sin ser remediados. En el inventario 2010 se registraron 5,551, el 2011 aumentaron a 6,847, y el último (octubre 2013) aumentaron hasta 8,206, identificándose solo 918 responsables (11.2%), los 7,288 restantes figuran “No Identificados” a pesar de contarse con los nombres del derecho minero y del titular. Además, de éstos 8,206 PAM solo 844 (10.2%) tienen “Estudios Ambientales”, y de las 60 cuencas con actividad minera, no se ha inspeccionado ni la quinta parte.
Bajo este panorama, mientras la Dirección General de Minería no identifique los responsables de los PAM, el gobierno debe asumir su remediación, y esto no se cumple. Lo inaudito es que en junio 2013, el gobierno asignó solo S/. 40 millones para las zonas más impactadas en Cajamarca y Áncash (más de 1,000 pasivos en cada región), y Puno (más de 500).
Dichos recursos son irrisorios si consideramos que la remediación de cada PAM comprende una serie de costosas actividades, entre otras, el taponeo de bocaminas, estabilización física y química de relaves, canchas de desmonte y tajos, construcción de canales, muros, modificación de taludes, recuperación del suelo y desarrollo de la revegetación de la zona.
Expreso
Pero además, es preocupante que no se considere como parte esencial de esta problemática los pasivos ambientales mineros (PAM) –considerados una dimensión no visibilizada de la minería– generados durante décadas por antiguas mineras –estatales y privadas– cerradas y abandonadas, cuyos residuos (relaveras, bocaminas, escorias, sulfatos, ácidos y óxidos minerales) discurren durante períodos de lluvias como torrentes amarillentos y rojizos contaminando cabeceras de cuencas, ríos, suelos, causando graves daños en la salud poblacional, la agricultura, ganadería y ecosistema circundante.
El inventario inicial del Ministerio de Energía y Minas aprobado el 2006 (RM 290-2006-MEM/DM) registra 850 PAM e increíblemente solo se asignaron S/. 3 millones para su remediación, a pesar que según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) se requerirían como mínimo S/. 660 millones.
En los siguientes inventarios los PAM se incrementaron exponencialmente, pero lamentablemente sin ser remediados. En el inventario 2010 se registraron 5,551, el 2011 aumentaron a 6,847, y el último (octubre 2013) aumentaron hasta 8,206, identificándose solo 918 responsables (11.2%), los 7,288 restantes figuran “No Identificados” a pesar de contarse con los nombres del derecho minero y del titular. Además, de éstos 8,206 PAM solo 844 (10.2%) tienen “Estudios Ambientales”, y de las 60 cuencas con actividad minera, no se ha inspeccionado ni la quinta parte.
Bajo este panorama, mientras la Dirección General de Minería no identifique los responsables de los PAM, el gobierno debe asumir su remediación, y esto no se cumple. Lo inaudito es que en junio 2013, el gobierno asignó solo S/. 40 millones para las zonas más impactadas en Cajamarca y Áncash (más de 1,000 pasivos en cada región), y Puno (más de 500).
Dichos recursos son irrisorios si consideramos que la remediación de cada PAM comprende una serie de costosas actividades, entre otras, el taponeo de bocaminas, estabilización física y química de relaves, canchas de desmonte y tajos, construcción de canales, muros, modificación de taludes, recuperación del suelo y desarrollo de la revegetación de la zona.
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