Resulta preocupante, además, que los gremios agrarios, la principal organización que impulsa y representa los intereses de la actividad agropecuaria, hayan perdido el protagonismo político que tuvieron en la década de 1960 y parte de la década de 1970. Hoy, las organizaciones agrarias se encuentran fragmentadas y debilitadas.
La Revista Agraria dedica su última edición a explorar los actuales problemas y desafíos que enfrentan los gremios agrarios y, además, las propuestas que plantean para lograr su fortalecimiento. Para ello, realizó una mesa redonda con la participación de cuatro destacados dirigentes agrarios nacionales: Lucila Quintana Acuña, productora cafetalera en Amazonas y presidenta de la Convención Nacional del Agro Peruano; Blandina Contreras Yance, dirigente ayacuchana y secretaria de relaciones exteriores de la Confederación Campesina del Perú; Héctor Guevara Rivera, gerente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú; y Marcelino Bustamante López, dirigente ancashino y secretario de actas y archivos de la Confederación Nacional Agraria. Aquí un resumen de lo más importante.
Política agraria desfavorable
Las políticas del presente gobierno están dirigidas, principalmente, a apoyar los programas de agroexportación, olvidando al sector agropecuario para el consumo interno. No existe un programa nacional dirigido a las pequeñas organizaciones de productores para garantizar la productividad de los mismos. Para la derecha peruana, el campesino es visto como un atraso, que no aporta con propuestas e incluso el ex presidente Alan García se atrevió a llamarlos “perro del hortelano”.
Los problemas más álgidos
Las tareas de formalización de las comunidades campesinas y la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en situación de aislamiento están desarticuladas, por lo que no hay un avance notable. Un segundo problema es la controvertida aplicación de la Ley de Consulta Previa, cuya labor no solo es poco reconocida por las organizaciones indígenas, sino altamente cuestionada por los gremios agrarios porque se dejó fuera de la aplicación de esta ley a las comunidades de la costa y de la sierra.
Las propuestas
Urge una decisión política que impulse una fuerte inversión, desarrollo de capacidades organizativas, innovación y tecnología a favor del sector agropecuario. Se tiene que garantizar la reestructuración de las organizaciones a través de mecanismos de asociatividad e incentivos, así como la elaboración y aplicación de un plan de desarrollo para las comunidades campesinas.
La actividad agropecuaria es fundamental para el desarrollo de la soberanía alimentaria porque es la principal abastecedora de la canasta de alimentos nacional. Por ello, es necesario replantear la estrategia de desarrollo integral e impulsar a la pequeña agricultura para que se convierta en la proveedora de los mercados locales. Lo peor es que aún está pendiente de aprobación definitiva la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que el año pasado pasó a ser reconsiderada a pedido de la parlamentaria fujimorista Martha Chávez. ¿Por qué no se aprueba de una vez esta norma? ¿A favor de quién está el pleno del Congreso?
Otra Mirada
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