Hace más de 3 años (22 julio 2010) se publicó la “Ley de creación del Ministerio de Cultura” (N° 29565) para fomentar la cultura y principalmente para conservar y proteger nuestro vasto y extraordinario patrimonio cultural, sin embargo, poco o nada se ha avanzado, y se incrementa la destrucción progresiva de nuestros monumentos arqueológicos.
Hace solo un mes grupos de agricultores destruyeron 3 hectáreas de una zona intangible de Luya (Lambayeque) donde existen restos de una Plaza ceremonial de 1,000 años de antigüedad que sería sede del reino de Nor (nieto de Naylamp), pero lo más indignante es que las labores arqueológicas del proyecto se paralizaron por falta de presupuesto y no existía señalización ni control.
En Nasca, invasores han destruido conjuntos de líneas y trapecios del complejo arqueológico (en Cerros Altos y Huaca La Calera II) usando maquinaria pesada, construyendo cercos de piedras y lotizando terrenos. Según el arqueólogo Giuseppe Orefici, esto sucede por la indiferencia de las autoridades encargadas de protegerlo.
Hace pocos meses, para uso de cultivos, fueron destruidos 100 metros de un camino chimú de 600 años de antigüedad del Complejo Arqueológico de Chiquitayab en Ascope (La Libertad), también 450 hectáreas de la reserva ecológica de Chiparrí y tasa hídrica de Tinajones, y además, 5 de las 24 hectáreas del complejo arqueológico más importante de la cultura Chancay, Pisquillo Chico (Huaral). Más cerca, en Carabayllo, Lima, han invadido parte del complejo monumental Huaycoy (1800 a.C) y actualmente se venden terrenos de 90 m2 a US$ 20,000.
En febrero 2012, el director ejecutivo en el Perú del World Monument Fund (WMF), Juan de la Puente, nos advertía que “la gestión y protección del patrimonio en el Perú es un desastre”.
Esta grave e indignante situación de nuestro patrimonio cultural se explica por:
1) El gobierno no tiene voluntad política para otorgarle prioridad y no toma conciencia de su descuido, incumpliendo el mandato constitucional de protegerlo (artículo 21°);
2) Los recursos asignados al sector Cultura son mínimos (0.29% del presupuesto general, unos S/. 60 millones anuales);
3) No se le asocia a una visión de desarrollo nacional;
4) Falta de capacidad de gestión, desidia y abandono, en su administración, preservación y protección, a nivel local y regional; y
5) Falta una ley de mecenazgo que permita el necesario concurso de la empresa privada.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de noviembre de 2013
En Nasca, invasores han destruido conjuntos de líneas y trapecios del complejo arqueológico (en Cerros Altos y Huaca La Calera II) usando maquinaria pesada, construyendo cercos de piedras y lotizando terrenos. Según el arqueólogo Giuseppe Orefici, esto sucede por la indiferencia de las autoridades encargadas de protegerlo.
Hace pocos meses, para uso de cultivos, fueron destruidos 100 metros de un camino chimú de 600 años de antigüedad del Complejo Arqueológico de Chiquitayab en Ascope (La Libertad), también 450 hectáreas de la reserva ecológica de Chiparrí y tasa hídrica de Tinajones, y además, 5 de las 24 hectáreas del complejo arqueológico más importante de la cultura Chancay, Pisquillo Chico (Huaral). Más cerca, en Carabayllo, Lima, han invadido parte del complejo monumental Huaycoy (1800 a.C) y actualmente se venden terrenos de 90 m2 a US$ 20,000.
En febrero 2012, el director ejecutivo en el Perú del World Monument Fund (WMF), Juan de la Puente, nos advertía que “la gestión y protección del patrimonio en el Perú es un desastre”.
Esta grave e indignante situación de nuestro patrimonio cultural se explica por:
1) El gobierno no tiene voluntad política para otorgarle prioridad y no toma conciencia de su descuido, incumpliendo el mandato constitucional de protegerlo (artículo 21°);
2) Los recursos asignados al sector Cultura son mínimos (0.29% del presupuesto general, unos S/. 60 millones anuales);
3) No se le asocia a una visión de desarrollo nacional;
4) Falta de capacidad de gestión, desidia y abandono, en su administración, preservación y protección, a nivel local y regional; y
5) Falta una ley de mecenazgo que permita el necesario concurso de la empresa privada.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de noviembre de 2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario