Para Acuña Peralta la situación al parecer es bastante clara y afirma que el Gobierno Regional no tomará decisiones al respecto hasta que una empresa consultora contratada por la administración lambayecana, determine si en efecto la Concesionaria Trasvase Olmos - CTO ha realizado gastos adiciones en la perforación del túnel, ascendentes al monto referido.
ANUNCIA SORPRENDENTE
Sin embargo, lo que ha generado conmoción en las esferas regionales es la decisión de la constructora, que a través de un comunicado nacional publicado el miércoles 8 d.c. dio cuenta de su retiro de la obra y por ende, la paralización de los trabajos en el Transandino, en tanto el Gobierno Regional no defina la situación del pago adicional.
La constructora basa su decisión en la supuesta demora del supervisor de la concesión, que en este caso es el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, para pronunciarse respecto al informe elaborado por la consultoría externa que efectuó la Universidad del Pacífico, la misma que determinó la existencia de los sobrecostos realizados por Trasvase Olmos en la perforación del túnel.
Vale decir que la concesionaria remitió desde hace más de dos meses al Gobierno Regional diversas cartas comunicando de la situación, la mismas que – tal como explica Juan Andrés Marzano Soto, Gerente General de CTO – debieron tomarse en consideración a fin de prever hechos como el presentado, que a todas luces perjudica a Lambayeque, más aún porque falta poco más de un kilómetro para que los frente oriente y occidente del túnel se unan y así se pueda culminar con la obra del trasvase.
DECISIÓN SIN FUNDAMENTO
Sin embargo, el presidente regional, Humberto Acuña ha señalado que no existe fundamento para que la Concesionaria suspenda las obras por una supuesta demora en el pronunciamiento técnico del supervisor.
Acuña Peralta, explicó que la clausula 3.3 del Contrato de Concesión para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos, indica que “en los casos que dicha demora ocasione perjuicio económico – financiero al Concesionario (CTO), se otorgará la prórroga necesaria del plazo de la Concesión, para que el Concesionario pueda resarcirse de dicho perjuicio mediante el cobro de remuneración unitaria básica durante el período adicional de la concesión. El perjuicio deberá encontrarse acreditado y determinado en un informe emitido por una firma de consultores independientes de prestigio y experiencia, seleccionada y contratada por el Concesionario, con la previa autorización del Supervisor. En atención a este informe y a su propio criterio técnico, el Supervisor (PEOT) propondrá al Concedente (Gobierno Regional) el plazo y condiciones de la prórroga para su aprobación”.
Es decir, el Gobierno Regional no debe pagar en montos económicos los sobrecostos generados por la perforación del túnel, mas sí, admitir que la concesión se prolongue por un tiempo definido en coordinación con la autoridad técnica del proyecto, PEOT.
AÚN HAY TIEMPO
El presidente regional señala que según la citada cláusula, se prevé la obligación del PEOT en calidad de supervisor de emitir un informe, sin embargo, no establece plazo determinado para tal pronunciamiento.
Además, el informe final del estudio “Perjuicio Económico Financiero por los retrasos en el Proyecto Trasvase Olmos”, elaborado por el Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico, demanda un tiempo prudencial para su análisis técnico, legal y económico por la considerable magnitud y complejidad del caso, aseveró el gobernante regional.
“El supervisor, en este caso el PEOT, se encuentra en el plazo razonable para emitir su pronunciamiento final sobre el pedido de la Concesionaria Trasvase Olmos, siendo innecesaria la suspensión de las obras de perforación en el Túnel Trasandino. Por ello, hemos convocado a la concesionaria para dialogar y resolver este impase”, manifestó.
El presidente Acuña Peralta aclaró que el informe de la Universidad El Pacífico, correspondiente a los sobrecostos en las obras ejecutadas hasta abril del año pasado, fue presentado el 30 de diciembre del 2010 y demandó un análisis de más de cuatro meses.
“No se puede pretender que el supervisor emita un pronunciamiento en un plazo menor al utilizado por la citada universidad, máxime si se tiene en cuenta que el PEOT es una institución pública sujeta a restricciones presupuestales y en función a la complejidad del análisis”, puntualizó.
NUEVO ESTUDIO
Asimismo, anunció que en los próximos días se convocará a una contratación pública para seleccionar a un analista económico financiero que evalúe el supuesto sobregasto exigido por Concesionaria Trasvase Olmos, así como, definir si corresponde o no asumir ese pago por parte de la región.
“Nuestra posición ha sido comunicada oficialmente a través de varios documentos a la Concesionaria Trasvase Olmos. Luego del informe final de este consultor externo, en un plazo estimado que no debe exceder de agosto, el Gobierno Regional tomará una decisión, pero debo advertir que no permitiré presiones por Olmos, el proyecto debe continuar porque no sólo está en juego el proceso de subasta de las 38 mil hectáreas, sino el futuro de toda una región”, recalcó.
SIN INCUMPLIMIENTO
Reiteró que en atención al contrato, la única forma de reconocer el sobrecosto de la obra es con la extensión de la concesión, la misma que podría ser entre 10 y 13 más, a los 20 establecidos ya por el contrato que se firmó el 23 de marzo del 2006.
“Nosotros no estamos incumpliendo el contrato, al contrario la decisión de paralizar las obras de trasvase carece de sustento legal y contractual; el concesionario estaría incumpliendo las obligaciones y de ser necesario se aplicarán las penalidades previstas en el mismo contrato de concesión”, aseveró Acuña Peralta.
+ NOTICIAS
• Las obras de trasvase cuentan con el 94% de avance constructivo, ya se culminó con la Presa Limón y obras conexas como Bocatomas Definitiva y Provisional, así como el Aliviadero, Desvío y Purga.
• El Túnel Trasandino, obra medular del proyecto, cuenta con más de 18 kilómetros perforados, restando mil 230 metros para terminar.
• De acuerdo al contrato de concesión, el Estado deberá pagar a CTO cerca de 30 millones de dólares anuales por el agua trasvasada se use o no; siendo prioritario contar con las obras de riego a fin de generar la producción de las tierras en el más breve plazo.
Semanario Expresión
1 comentario:
no existe fundamento para que la Concesionaria suspenda las obras por una supuesta demora en el pronunciamiento técnico del supervisor. la única forma de reconocer el sobrecosto de la obra es con la extensión de la concesión
Publicar un comentario