Últimamente los conflictos sociales por recursos naturales han tenido un notable incremento, presentándose principalmente en espacios sociales rurales, situados en los márgenes del mercado y del Estado. El origen inmediato de muchos de estos conflictos es la expansión de las industrias extractivas, proyectos hidroenergéticos e infraestructura de transportes que no toman en cuenta la sostenibilidad del medio ambiente y la relación del hombre con su ecosistema.
He tomado como base y sustento para este artículo el documento presentado por la Mesa de Interculturalidad "Propuestas de Políticas Públicas hacia una democracia Intercultural" en la que se plantea una agenda de debate sobre el sentido de bien común implicado en el modelo de crecimiento económico y sobre el necesario desarrollo del sistema de derechos, con atención particular al lugar de las sociedades indígenas y rurales en la ecología política del país.
Debemos tomar en cuenta que los procesos de desertificación y de cambio climático implican tendencias hacia una escasez crítica de recursos naturales, lo que en el Perú, significa especialmente escasez del agua. Estas tendencias inciden (y lo harán aún más en el futuro) en la agudización de los conflictos sociales.Estos procesos aumentarán las condiciones de vulnerabilidad de la población peruana ante las catástrofes naturales, incluyendo las sequías. Son las sociedades campesinas e indígenas quienes presentan las mayores condiciones de vulnerabilidad porque dependen altamente de la producción tradicional en tierras frágiles para su subsistencia y sufren, a la vez, una situación de severa exclusión social y precariedad en el ejercicio de sus derechos.
Los conflictos sociales y la vulnerabilidad ante las catástrofes son manifestaciones de la urgencia de una nueva comprensión y gestión de los procesos sociales y ambientales, que no están divididos sino compenetrados en una misma ecología política.
Esta urgencia expresa nuevas condiciones globales y de largo plazo, implica factores estructurales y no solo coyunturales, exige la incorporación inmediata de la sostenibilidad y de la reducción de las desigualdades en el crecimiento económico, atañe al riesgo de la vida de las personas, y afecta los derechos de las generaciones futuras y especialmente de todas las minorías, que son comúnmente los sectores más vulnerables, sean estas étnicas/culturales, de género, regionales o de otra índole.
Se trata de una agenda de cambio de época que requiere de significativas transformaciones en el sistema político democrático, el modelo de crecimiento económico y los modos de apropiación del territorio. La interculturalidad promueve el reconocimiento de los aportes de las diversas culturas e implica el aprendizaje de la gestión de la diversidad y la complejidad de los pueblos.
Quiero destacar las propuestas que se refieren al cuidado y preservación del ecosistema, tales como: Incorporación de enfoques ecosistémicos y de desarrollo territorial en las políticas de extracción de recursos naturales y de expansión de infraestructura, incluyendo instrumentos eficaces de ordenamiento territorial; Política de salud específica e integrales para la protección a los pueblos indígenas de la Amazonía, que son supervivientes a anteriores catástrofes demográficas y altamente vulnerables a nuevas catástrofes en el actual escenario y Desarrollo de programas específicos y autónomos para pueblos y comunidades indígenas, dentro del sistema educativo nacional que nos lleven a la defensa de la Biodiversidad, cultura y la población de los pueblos indígenas en nuestro país.
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